Claudia Briones y Patricia Agosto - Luchas y resistencias Mapuche por los bienes de la naturaleza(1)

En la etapa actual de capitalismo flexible, la reproducción del sistema de acumulación pasa por la apropiación de los bienes de la naturaleza renovables y no renovables en diversas partes del mundo. Para sostener el crecimiento de sus economías, los capitales de los grandes países industriales, muchos de ellos transnacionales, buscan aprovisionarse de esos bienes en otras regiones con complicidad de estados y capitales nacionales que alientan políticas de saqueo y expropiación. Por sus riquezas en agua, minerales, biodiversidad, petróleo, gas, recursos forestales, América Latina devino escenario clave de esta nueva disputa por territorios y los bienes de la naturaleza entre los grandes capitales nacionales y extranjeros y las comunidades asentadas en esos territorios.
Entre esas comunidades se encuentran los pueblos originarios, que han adquirido un nuevo protagonismo en las luchas en defensa de la naturaleza y se han convertido en sujetos políticos con un proyecto histórico propio. Ese protagonismo no es casual. Muchos de los bienes de la naturaleza acechados y saqueados por los grandes capitales están ubicados en territorio ancestral de las comunidades indígenas. Y la lucha que emprenden es un grito de denuncia frente a las consecuencias que acarrea la destrucción de ambientes con los que ellos han convivido en forma armónica a lo largo de su existencia. 
El Pueblo Mapuche es uno de los pueblos originarios que viene siendo asediado en sus derechos ancestrales desde la misma constitución de los estados nacionales de la Argentina y Chile—estados ambos que se apoyaron en la negación de la diversidad y en el exterminio de los pueblos considerados atrasados para ocupar tierras a ser incorporadas a la producción capitalista. Por eso confronta con interpretaciones de investigadores como Rodolfo Casamiquela que deniegan la vinculación precolonial de contingentes a ambos lados de la Cordillera y los acusa de extranjeros o visitantes en espacios ocupados tradicional y ancestralmente.
Pero lo cierto es que el Pueblo Mapuche sobrevivió y continúa ocupando, a pesar del despojo, una zona con importantes recursos naturales. En el caso de la Argentina se trata de la Patagonia, al sur del país, región codiciada por quienes se adueñan de grandes extensiones de tierras y explotan sus recursos con la lógica de la acumulación. Es una región donde la disputa por tales bienes conlleva la violación de los derechos humanos y los derechos ancestrales de las comunidades mapuche, que se convierten en protagonistas de las resistencias junto con poblaciones, vecinos y movimientos sociales.    
El protagonismo del Pueblo Mapuche en la lucha por la defensa de la naturaleza se ancla en su cosmovisión, en su concepción de territorio y en el lugar que ocupa la espiritualidad en su cultura. El territorio es concebido no sólo como un espacio geográfico donde se habita, sino como ámbito en el que los seres humanos y la naturaleza constituyen un todo indivisible, un círculo equilibrado de vida. La relación seres humanos y naturaleza se piensa circular, armónica y basada en el principio de la reciprocidad –se da y se recibe a la vez-. A partir de esta concepción, la identidad mapuche se sustenta en la necesidad de estar en equilibrio con el todo, que incluye elementos naturales, culturales y espirituales. Por ello se oponen tan incansablemente a la destrucción del territorio. Asesinar un río, una montaña, un bosque o contaminar la tierra es sinónimo del quiebre de esa relación. Perder un elemento de la naturaleza implica también perder un elemento de la cultura.     
Esta cosmovisión es incompatible con los intereses de las poderosas corporaciones transnacionales y nacionales que utilizan recursos también poderosos para apropiarse de los bienes de la naturaleza en territorio ancestral mapuche, y buscan la complicidad de los poderes políticos locales, provinciales y nacionales para enfrentar las resistencias que construyen las comunidades frente al saqueo. Así, la militarización en las zonas en disputa; la aprobación de leyes terroristas, intentando aplicarlas a quienes se resisten; y la judicialización y criminalización de las luchas, acusando muchas veces a los protagonistas de las mismas de “usurpadores” de las tierras en disputa, forman parte del cuadro de situación. La represión policial y de otras fuerzas de seguridad; las órdenes de desalojo y la apertura de causas penales por parte de la justicia; la venta ilegal de tierras supuestamente fiscales; las permanentes intimidaciones de empresarios y fuerzas públicas completan el cuadro, siendo formas frecuentemente aplicadas por los poderes privados y públicos contra los pueblos originarios, en su afán de hacer desaparecer los obstáculos para concretar grandes negociados.  
Estas prácticas ignoran los derechos territoriales, culturales e identitarios indígenas sancionados por el Convenio 169 de la OIT (ratificado en el país en 2001) y por la Constitución Nacional reformada en 1994, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios a la formación de los propios estados, así como su derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas. Queda por verse qué garantías tendrán las comunidades a partir de la aprobación, el 1 de noviembre de 2006, de la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena que frena por cuatro años los desalojos de comunidades, con el propósito de relevar –en vistas a regularizar- la situación territorial de las comunidades originarias existentes en el país para poder supuestamente a futuro garantizar el control de los bienes de la naturaleza por los pueblos originarios.          
En todo caso, entre las empresas que los mapuche deben enfrentar en defensa de la naturaleza se hallan empresas petroleras, corporaciones que financian mega emprendimientos hidroeléctricos, forestales, turísticos y mineros y grandes terratenientes, muchos de los cuales son extranjeros.
En la lucha contra una empresa petrolera se destaca la Comunidad Lonko Purrán de la provincia de Neuquén. Esta comunidad, como otras en el mundo y en Patagonia,  sufre el impacto de la explotación hidrocarburífera por parte de la empresa Repsol YPF. Por esta razón, el 16 de junio de 2006 el Lonko de la comunidad, Martín Velázquez Maniqueo, participó en representación del Pueblo Mapuche en la Contrajunta de Afectados por Repsol YPF, para denunciar la contaminación y los impactos culturales que la explotación petrolera trae a distintos pueblos originarios de América Latina.
La comunidad Lonko Purrán no sólo debe enfrentar a la empresa española instalada dentro de su territorio, sino también a la estadounidense Apache Corporation, que pretende explorar y explotar siete pozos en territorio mapuche. Hasta ahora, el proyecto ha sido frenado por las acciones de protesta emprendidas por la comunidad. Entre ellas se cuenta el bloqueo de caminos utilizados por la empresa, realizado el 28 de diciembre de 2004. Si bien en el contexto regional los efectos de las explotaciones petroleras no son nuevos, lo novedoso de esta etapa es la diversificación de las empresas exploradoras concesionarias. En todo caso, la respuesta de la provincia fue enviar fuerzas especiales antimotines que desalojaron violentamente a las familias e hirieron con balas de plomo a Carlos Marifil, uno de los manifestantes.
La comunidad también ha enfrentado a la empresa en Tribunales. Durante este año, dos autoridades de la comunidad, junto con dos integrantes de la Confederación de Organizaciones Mapuche de Neuquén, afrontaron un juicio por la acusación de “turbación de la tenencia” por parte de la empresa Apache Corporation, en el cual obtuvieron un fallo favorable en la Cámara Penal de Zapala, el 19 de junio.
Otro acoso constante sobre las tierras de las comunidades son las exploraciones y explotaciones mineras de superficie. Además de tomar iniciativas que tratan de impedir los cateos, las comunidades y organizaciones mapuche de Río Negro y Chubut han participado en asambleas autoconvocadas de vecinos que se oponen a la minería, sea en Ingeniero Jacobacci o en Esquel.     
También en defensa de los bienes de la naturaleza, la comunidad Pillán Mahuiza de Chubut, ha emprendido una lucha, desde el 2004, contra un emprendimiento hidroeléctrico de construcción de seis represas sobre el Río Carrenleufú, detrás del cual está la corporación española Santander que busca generar más energía para ampliar la planta de producción de aluminio Aluar, de la cual es accionista. La concreción del proyecto implicaría la inundación de aproximadamente 11.000 hectáreas, la pérdida de masa boscosa nativa, la muerte del río, la contaminación de sus cuencas y el desalojo y relocalización de las poblaciones de la zona. El poder político local, corrupto y autoritario, se ha manifestado a través de las amenazas y persecuciones aplicadas mediante la violencia institucional para acallar la resistencia al proyecto.
Esta comunidad y los pobladores campesinos de la zona han constituido en 2004 el Frente de Lucha Mapuche-Campesino, con el propósito de recuperar la identidad, la cultura y la espiritualidad de las comunidades, y lograr la recuperación de las tierras y el control del territorio. El Frente ha encabezado, a su vez, la lucha contra la construcción de un emprendimiento turístico, ahora promovido por parte del conductor televisivo Marcelo Tinelli, convertido en propietario de extensiones importantes en la zona de Río Percey, cercana a la ciudad de Esquel. Mientras las tierras ya compradas y cercadas han convertido recursos de uso colectivo en propiedad privada, el desarrollo del proyecto que insólitamente llevaría el nombre mapuche de “Trafipan 2000” lleva de suyo el desalojo de 30 familias mapuche y campesinas.  
La lucha Mapuche también enfrenta a grandes terratenientes que históricamente han acumulado miles de hectáreas en la Patagonia, latifundios hoy en proceso de re-privatización, re-concentración y/o extranjerización. En esto, se destaca el caso de la corporación italiana Benetton que ha adquirido 900.000 has. en la región. Ante la inseguridad jurídica que ese proceso conlleva para pobladores y comunidades, se han dado numerosos casos de recuperación comunitaria de tierras en las provincias de Neuquén y Río Negro, con el apoyo de la Coordinación de Organizaciones Mapuche y el Consejo Asesor Indígena o la Ruka Mapuche respectivamente. Muchos de estos casos están judicializados. En la provincia de Chubut, Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir fueron desalojados en octubre de 2002 de 542 has. de tierra que habían recuperado dos meses antes de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, propiedad de los Benetton. Tras la denuncia de usurpación realizada por el grupo italiano, el matrimonio mapuche enfrentó, en 2004, un juicio oral y público por presunta usurpación, en el cual fueron sobreseídos porque ya habían sido desalojados. En febrero de 2007 la comunidad mapuche Santa Rosa-Leleque conformada entre otros por Rosa y Atilio recupera nuevamente el lote, actualmente otra vez en disputa judicial con Benetton.
En suma, el Pueblo Mapuche enfrenta poderosos enemigos, empresas multinacionales y grandes capitales nacionales que van apropiándose de tierras, aguas, recursos mineros, petróleo, biodiversidad, ubicados en territorio mapuche. Ante las estrategias utilizadas por esos enemigos para defender sus intereses, el Pueblo Mapuche ha construido espacios de encuentros entre comunidades y con organizaciones no mapuche que enfrentan similares amenazas y despojos. La necesidad de compartir las diferentes experiencias de lucha, intercambiar las distintas visiones del mundo, generar el respeto a las diversidades y construir estrategias colectivas, son la base de armado de redes de resistencia, en las que las voces del Pueblo Mapuche se van expresando desde la memoria histórica de sus luchas ancestrales.  

 

(1) Publicado en: Revista Osal (Observatorio Social de América Latina), Nº 22, septiembre de 2007.