Militarización Petrolera. Entrevistas a Comunidad Mapuche Huenctru Trawel Leufú Imprimir E-Mail
Militarización Petrolera
Entrevista a Comunidad Mapuche
Huenctru Trawel Leufú
"La resistencia frente a la negación de los derechos ancestrales"
Picún Leufú - Neuquén
3 de febrero de 2010


Lonko Victorino Curruhuinca: la historia de este conflicto es larga. Este es un territorio que nos dejó nuestro padre para trabajar. Él trabajó toda su vida acá con los animales. Acá nos criamos todos, sacando el sostén de lo que se producía. Hoy llegaron las grandes empresas y los políticos que no nos quieren reconocer. A nuestro padre le costó mucho mantener este territorio y sería una vergüenza que nosotros no pudiéramos defenderlo. Es importante que la gente se entere de los grandes atropellos que hay en la provincia de Neuquén, donde las petroleras vienen con su plata y quieren pisotear al pobre. Nosotros somos gente de trabajo y de lucha y nos ganamos el pan dignamente. No andamos pidiendo y esa es una enseñanza que mi padre nos dejó.

Inal Lonko Teresa Curruhuinca: ha sido muy difícil para nosotros afirmar que somos nativos, que tenemos derechos. Es lamentable que el gobierno de Neuquén hoy desconozca a las comunidades, humillando a las personas con los atropellos que ha tenido, mandando a la policía a apoyar a las petroleras y queriendo entrar por la fuerza. Cuando el gobernador asumió invocó la lengua mapuche diciendo que iba a defender al pueblo y de un día para el otro nos dicen que no somos de este lugar. Hemos luchado mucho para defender este lugar. Participamos también en los encuentros para adquirir conocimientos y apoyar además a otras comunidades que están pasando la misma situación. Hoy tenemos nuestros defensores, los abogados, y a la Confederación Mapuche. Quienes nos quieren sacar no quieren reconocer los derechos internacionales que tenemos y la importancia de defender a los pueblos milenarios. Es como si estuviéramos volviendo a tiempos muy lejanos, como los de la campaña del desierto, época en la que sacaban a los “indios” de los pelos, los ataban, los metían presos. Es como si la historia volviera para atrás. Las leyes nacionales que defienden a los pueblos originarios son muy fuertes, lo mismo que las leyes internacionales. También las constituciones nacional y provincial tienen los artículos que reconocen nuestros derechos, pero este gobierno quiere desconocer todo, ignora a las personas originarias. Más allá de todo, no vamos a bajar los brazos y vamos a buscar los medios para difundir todo esto. Hemos golpeado muchas puertas y han venido muchas personas a llevarse nuestras inquietudes.


-Cuéntennos la historia de la comunidad    


Juan Carlos Curruhuinca, integrante de la comunidad: este territorio está ocupado por mis antepasados desde hace más de un siglo. Este fue pastoreo de mi abuelo, Juan Huaiquifil, que murió en 1960 y tenía 75 años. Estaba casado con Josefa Ucha, que era hija de María Llancaman. Mi abuelo tenía raíz mapuche y de ahí venimos nosotros. Su padre era José Curruhuinca y su madre Rosa Rain, también nacida en este territorio.


Acá hay un problema y es que el gobierno provincial pide título de propiedad a las comunidades. Y es una cuestión burocrática porque los pueblos indígenas están antes que el estado. Ese es un debate que tenemos a la hora de reclamar nuestros derechos.


La comunidad está formada por 42 personas, faltan algunas con las que se llegarían a 70 u 80, que están decididas a ocupar las tierras que les pertenecen para darle valor a su identidad originaria y a sus antepasados. Estos vivieron acá, lucharon, sufrieron la fronteriza y la conquista. Mi viejo me contaba que en la época de él con la fronteriza la pasaron muy mal. Los corría la policía y los arrinconaban en las bardas. Los hacían pelear entre ellos, los tenían prisioneros y con una cadena los llevaban. Algunos volvían y otros no.


Mi viejo falleció el 19 de julio de 2001. A fines de ese año ya andaba la policía de Neuquén y la Dirección provincial de Tierras ya nos notificó con una carta documento y una orden judicial de que teníamos que abandonar las tierras porque eran de la provincia. Quizás por falta de conocimiento y porque mi viejo actuaba de buena fe, creía en la justicia y en la palabra, lo traicionaron. Él tenía 7000 hectáreas y a nosotros nos querían entregar 1200 y el título de propiedad cuando ellos quisieran. Y dijimos que no, que estas tierras son de la comunidad y que aquí hay un antecedente mapuche. Fuimos buscando gente que conocía del tema y nos dijeron que las tierras son nuestras. Acá no hay decreto provincial del gobernador ni decisión de ningún juez que pueda decir que las tierras son del estado provincial. Desde el 2001 al 2005, nuestra situación fue complicada, pero en el 2005 se complicó más ya que empezaron a venir patotas y grupos a presionar. El 5 de julio de 2007 se pudrió todo. Trajeron más patotas, gente del sindicato petrolero, punteros del Movimiento Popular Neuquino, supuestos desocupados, policía privada, policía de la provincia de Neuquén, policía montada. Fue bastante duro para nosotros porque nos agarraron con el caballo cansado y de sorpresa. Estábamos conociendo mucho de nuestros derechos pero faltaba mucho por conocer. Y damos gracias a todas las organizaciones, de derechos humanos, sindicales de Neuquén y los partidos que son oposición por apoyarnos y oponerse a esta política del gobierno que busca exterminar a las comunidades. Ellos vinieron al territorio y fueron parte de la lucha.


Con la policía es dura la lucha porque ellos vienen a pegar. En Paicil Antriao están demostrando que ellos quieren echar a los peñi y no respetar los derechos. Gracias a las organizaciones nos hicimos fuertes y se empezaron a discutir los conflictos. Acá en Picún hubo un cura que se llamaba Rafa que nos traicionó. Venía con frecuencia a la comunidad, estaba en las resistencias y sacaba información de cómo estaban las cosas. Le daba todos los datos a la empresa, a la policía. En los caminos había tres puestos policiales y cuando íbamos a cortar un camino ya estaba la policía instalada ahí. Después tratamos de ser un poco más estrictos en las reuniones, en los traun, para que la lucha fuera fructífera. Ahí tratamos de organizarnos y de hacer las cosas bien. Tenemos la suerte de que la Confederación tiene buenos abogados, como Juan Manuel Salgado y Darío Duch. La gente de Buenos Aires también ha aportado mucho en esta lucha, la han difundido. También gracias a algunos medios, la lucha se ha conocido a nivel nacional. Y ha venido a su vez gente de Chile. Las tierras no son de los gobiernos pasajeros sino de los verdaderos dueños.


-¿Cómo fue la confrontación?


Teresa: las patotas estaban preparadas para dar miedo y que la gente no se pudiera defender. Al principio nosotros parábamos las maquinarias, las hacíamos volver. Ellos querían el enfrentamiento, nos amenazaban y nosotros estábamos preparados para enfrentarlos. Ellos sabían que lo que menos había era miedo y siempre nos acompañaba gente, que no saben quiénes son.


-¿Cómo fue la entrada de la petrolera?


Rufino Curruhuinca, integrante de la comunidad: la entrada fue a escondidas, sin que lo supiera la comunidad y entraron con la policía. La petrolera trajo gente del sindicato petrolero y matones de otros lugares para avasallarnos. También nos puso en contra a la gente del pueblo de Picún. Nos quemaron dos autos y una ruka y destruyeron todo lo que había adentro. Nosotros hacemos responsable al gobierno de Jorge Sapag y a la jueza de Cutral-Có que ha aceptado una medida cautelar a favor de la empresa para que entre a nuestro territorio, desconociendo nuestros derechos como mapuche.


-¿Desde cuándo está la policía en el territorio?


Teresa: desde el 2005. En un principio vino la policía montada, provocando todo el tiempo. Hacían recorridas como si estuvieran en su casa. Se hicieron dueños del espacio. Una vez que quemaron la ruka, se asentaron ahí y nos controlaban todo el tiempo.


-¿Qué significa tener la policía en el territorio?   


Juan Carlos: la convivencia es muy mala. Además es ilegal lo que hace la empresa Piedra del Águila al presentar una medida cautelar. Pusieron $30.000 de garantía y dijeron que habían ganado una licitación. Esa licitación no existe, las tierras fueron adjudicadas a dedo porque son amigos del poder. No compartimos lo que hace la jueza porque pusieron esa plata de garantía. Porque entonces si la hubiéramos puesto nosotros también tendríamos derechos.


Hemos tenido que estar a la intemperie cortando caminos para que ellos no avancen. Cuando trajeron la sísmica era vergonzoso lo que hicieron; iban dos personas tirando los cables y atrás diez de la patota, de la policía de la seguridad privada más gente del pueblo. Nosotros fuimos con los caballos, atamos los cables y los tiramos. Les dijimos que las tierras son nuestras y que no estábamos de acuerdo con cómo actúan la Dirección provincial de Tierras, el gobierno y la jueza. La Dirección provincial de Tierras actúa como si fueran jueces. Lo que sucede es que la justicia le da el aval a la Dirección de Tierras para que puedan usurpar las tierras. En una oportunidad, nosotros pusimos un toro en la tranquera para hacer respetar nuestros derechos. Nos decían que acá no hay animales y que no había nadie. Gracias al toro, que transmite mucho newen (fuerza) a los luchadores, logramos sacar a la policía.  


A lo largo de la lucha, como cinco o seis veces no dejamos ingresar a la policía y la sacamos con todo su equipamiento. Hemos logrado esa resistencia, pero la última vez, con 150 policías, con perros, motos, camiones hidrantes, gases lacrimógenos, ya no pudimos. Pesaron más las armas que el derecho. Bloquearon los caminos, hicieron trincheras, pusieron cazabobos, pelotitas de gases lacrimógenos que se pisan y explotan. También ponían otras pelotitas que cuando se pisan largan un humo que te hace arder la garganta y la nariz y hay que salir corriendo. Ahí ellos disparaban. Ha habido robos acá y están hechas las denuncias pero al juez no le interesan, porque lo que le interesa es que vengan las petroleras a hacer exploración y explotación en el territorio. Nosotros le hemos dicho al juez que está para meter presa a una persona que roba una gallina, a la que le dan uno o dos años de cárcel, cuando sabemos que el sueldo no alcanza y que la gente vive presionada por una política del gobierno que es usurera, burocrática. Y por otro lado, se están robando todo. El juez sabe que el gobierno fomenta el hambre, la miseria, la pobreza, pero no le interesa. Ellos quieren sacar toda la riqueza, si después queda pobreza y enfermos contaminados, no les importa porque ellos no viven acá, se van a otro lugar. Sin ir más lejos, creo que el gobernador de la provincia no vive en Neuquén. Viene tres veces por semana a la gobernación y después se va. Eso no es gobernar. Los gobiernos saben que las grandes petroleras son las que los acompañan en sus campañas políticas para llegar al poder. Estas son gauchadas que después tienen que devolver. Pero nosotros estamos convencidos de que las tierras son nuestras y de que si no hay lucha, no hay derecho.


Todas las comunidades están pesando lo mismo, en un mismo lenguaje, porque si no pensamos igual o parecido, ninguna lucha se va a ganar. Porque hoy lo que le interesa al gobierno es llegar a las comunidades, buscar algunos referentes, golpearles el lomo y que se rompan las comunidades. Por ejemplo, la comunidad Marifil la rompieron; era de 150 familias. Por ahí pasó la policía, la provincia, impusieron trabajo en negro a maestros mapuche de la comunidad. Después a otro el mintieron, lo llevaron a la ciudad y se convirtió en drogadicto, en borracho, anda deambulando pero él tiene su tierra. Cuanto más ignorante sean las comunidades, más rédito saca el gobierno, porque le conviene que las comunidades no conozcan sus derechos. Al gobierno le conviene que no haya escuelas porque así estaría lleno de analfabetos que no se pueden defender y se conforman con migajas. Pero acá el debate es otro. Acá no pedimos casas, planes, chapas, sino que se respeten nuestros derechos.


El gobierno nos propone reuniones y actas acuerdo y ya no queremos eso. El Ministro Jorge Tobares fue abogado de la comunidad desde el comienzo y es un gran traidor, porque le empezó a pedir a la comunidad personería jurídica y los títulos de propiedad y eso es ilegal. Lo que vale es el tronco familiar de la comunidad, sus antecedentes, no los títulos ni la personería jurídica porque esto lo fomentó el winca cuando formó el estado, no es idea de las comunidades. Eso ellos lo saben perfectamente.  


Tobares dejó pasar el tiempo, la medida cautelar tenía un plazo de 5 días para ser apelada. ¿Y qué hizo? No la apeló. Y ese es el ministro que tenemos hoy en la provincia. Con la lucha, las movilizaciones y bloqueando los caminos, se logró sacar la resolución 0310, el 8 de septiembre de 2008. El Ministro Tobares vino a Picún Leufú, junto con la Petrolera Piedra del Águila, que acompañó el lanzamiento de la resolución. Y a la hora de poner en práctica la resolución, que exigía hacer un informe de impacto cultural y medioambiental, dijeron que no había plata, cuando ya los abogados de la comunidad y la Confederación Mapuche habían dicho cómo se tenía que hacer el trabajo. Dijeron que no había plata y que había que recurrir a Nación y Nación dijo que no, que es un problema de la provincia. Hasta ahí llegó la resolución 0310 de impacto ambiental y cultural. No hay plata para hacer ese estudio, pero sí hay para bancar 150 policías, que estuvieron como dos meses acá. Hubo plata para bancar 100 personas, supuestamente desocupados. Hubo plata para bancar desde el 2005 a 40 o 50 personas que se vienen manejando con plata que sale del gobierno. No hay plata para la salud, la educación, la vivienda, para los abuelos, para los maestros, pero sí hay plata para las armas. Estamos en contra de toda esa política burocrática que a nosotros no nos sirve. Esas empresas vienen a contaminar y a las comunidades les dejan miseria, pobreza, enfermedades y se llevan todo. Llegaron acá con el discurso de que van a tomar 400 personas y hacer una inversión de 5 o 6 millones de dólares para que el pueblo crezca. Mentira! Acá no crece nada; crecen tres o cuatro y el resto queda como estaba. Lo que hemos acordado en la comunidad es organizar la lucha otra vez.                                                  


Entrevista a Juan Carlos Curruhuinca,

Comunidad Mapuche Huenctru Trawel Leufú Picún Leufú, Neuquén


4 de febrero de 2010


-¿Cómo fue la entrada de la petrolera y qué significa tener la policía en territorio?


Consideramos que es tan usurpadora la petrolera como la policía. Tener la policía adentro del territorio, que controle los pasos, que estás haciendo, no es bueno para la comunidad. A los peñi cuando se acercan los tratan mal, los apuntan con las armas, tiran tiros al aire. Estas cosas están denunciadas en la justicia.


Antes de la petrolera Piedra del Águila, acá estaba la Ingeniería Sima, a la que le había entregado las tierras el ex gobernador Jorge Sobisch. A ésta la sacamos del territorio. Un día Ingeniería Sima se cansó y le vendió a Petrolera Piedra del Águila, que dijo ser la dueña ya que las tierras eran fiscales. Le dijimos que no, que nos pertenecen por ser pueblo originario. Vinieron los gerentes de Piedra del Águila, Santiago Gastaldi y Gabriel Obrador, a coimearnos para que abandonemos la lucha, nos ofrecieron plata, contratos de trabajo que sabíamos que no iban a cumplir porque si te vienen a coimear eso significa que algo está mal, algo es ilegal. Nosotros no podemos negociar con ellos por una limosna; decidimos hacer la lucha antes que dejarnos coimear, vender nuestra dignidad, traicionar a nuestros kona, a nuestros peñi, a nuestras ñaña, a nuestros lonkos, a los integrantes de la comunidad. Hubiésemos quedado muy mal parados y hubiera sido un antecedente muy feo porque nos traicionábamos a nosotros mismos. Hasta yo me iba a traicionar porque estaba vendiendo algo que me pertenece ancestralmente.   


Ellos presentaron a la justicia (la jueza era Graciela Blanco) una medida cautelar y pagaron $30.000, para justificar que las tierras habían sido otorgadas por la Dirección provincial de Tierras, ya que se había ganado una licitación. Y es todo mentira. Las tierras se las entregaron a dedo y hay cómplices. Están metidos el gobierno provincial y diputados. El gobierno provincial es tan represor como la policía que está adentro, porque ésta responde a Jorge Sapag, al ex gobernador Jorge Sobisch, a los jueces. La justicia no es independiente, sino que actúa del lado de los poderosos. Para los pueblos indígenas no hay justicia.


-¿Cómo empieza a entrar la petrolera? ¿Qué es lo primero que hizo?


La petrolera Piedra del Águila empezó a entrar a escondidas, de noche, puso mojones por el territorio. Entró con camionetas 4 x 4. Después, en pleno enero, comenzaron a entrar a las 13 o 14 hs, con pleno calor, cuando la comunidad no sale. Una vez que pusieron todos los mojones, se presentaron a la justicia para decir que las tierras les pertenecían. Nosotros dijimos que eso es ilegal, porque se hizo un trabajo a escondidas, sin el consentimiento de la comunidad. La ley dice que si un proyecto perjudica tierras de una comunidad, el gobierno tiene que proveerle de tierras aptas. Acá es todo al revés, te quitan las tierras y si el gobierno te puede mandar a las villas, o debajo de un puente, lo hace porque no le interesan las comunidades indígenas sino los intereses de sus aliados que financian sus campañas políticas.


Con la policía está todo mal. Hay policía montada, la Uespo, la policía provincial, patotas del sindicato petrolero, del Movimiento Popular Neuquino, que han venido a querer quebrar nuestra resistencia. Pero no han podido. Nuestra lucha ha sido apoyada y difundida por muchas organizaciones, para que sea la justicia la que dé el fallo y no las patotas ni el gobierno que las manda para que esta lucha se termine.             


Hemos tenido muchas críticas del gobernador y del ministro Tobares en el sentido de que no somos mapuche, que no somos de Neuquén, que venimos de Río Negro, pero es para confundir a la población.


Hay peñi de la comunidad que se han enfermado por la lucha. Yo mismo he estado enfermo, estuve en tratamiento médico porque me broté todo por el desgaste físico y a eso juega el gobierno, al desgaste físico, al cansancio, a que no haya fondos económicos para la lucha. Las organizaciones que han venido lo hicieron convencidas de que las tierras nos pertenecen y nunca han cobrado un peso para acompañar y difundir la lucha. Eso es lo interesante, aparece la parte humana para resolver estas injusticias que vivimos en este siglo.


Nosotros decimos que los gobiernos del MPN son los grandes represores de este siglo en la provincia. No tienen piedad con nadie. Si estuvieron en Paicil Antriao habrán visto cómo balearon a esos peñi, cómo los lastimaron. Acá también han intimidado a los tiros. Yo he sido amenazado por teléfono en un llamado desde Buenos Aires, donde me decían que me deje de joder con la lucha porque sino me iban a matar. Fui a hacer la denuncia a la comisaría de Picún. ¿Cuál es la obligación de la justicia? Llamarme para aportar las pruebas del llamado al celular y que vayan a la fiscalía para que se investigue quién es el dueño de ese celular. Nunca me llamaron, lo que demuestra que la justicia está en contra de los derechos de los pueblos indígenas. Hemos tenido la suerte de que nuestra lucha, nuestro pensamiento, que nos han dado nuestros lonko, nuestros pillán kuze,  se ha fortalecido y sabemos que son los winca los que se tienen que ir. Esta lucha ha podido más que la burocracia política, que los jueces,  que los gobiernos que están de turno.


-¿Cómo fue destruyendo el territorio la petrolera y cómo fue la defensa de parte de ustedes?


Ellos empezaron a ingresar con policía privada, con patovicas, con tres o cuatro patotas en auto. Adelante venía una camioneta. También ingresaron supuestos desocupados, pero no podían ser desocupados con una casilla rodante, dos camionetas 4 x 4, celulares y vestidos casi con saco y corbata. No eran desocupados, eran gente pagada por Piedra del Águila. El gobierno provincial era cómplice de lo que estaba pasando. A la hora de hacer la sísmica dentro del territorio, había que tirar dos o tres kilómetros de cable; iban tres personas tirando cables, otro con un handy y detrás más o menos diez patovicas y policías acompañándolos. Nosotros tratamos de cortarles camino con los caballos. Enganchamos los cables con los caballos y los tiramos lejos. Les dijimos que eran intrusos. Estábamos haciendo ese trabajo seis o siete peñi. Vino la policía de Picún y patotas, unas 25 personas, a decirnos porqué habíamos corrido a la empresa y les dijimos que era nuestra casa.  Bloqueamos los caminos para que no ingresara la empresa y ellos buscaban caminos alternativos y se mandaban igual. Había venido gente de afuera y peñi de otras comunidades. En los cuatro puntos cardinales había peñi cuidando para que no entren estos intrusos a destruir el territorio.


Si nosotros planteamos nuestros derechos, los jueces y el gobierno nos tienen que escuchar. No somos ladrones de gallinas; estamos reclamando un derecho que por ley nos pertenece. No buscamos una caja, un plan o un proyecto político, porque no compartimos la política de este gobierno provincial, que significaría caer en la miseria, en la pobreza, en convertirnos en mendigos. Le mienten a la sociedad diciéndole que tienen la solución y no es así. Nosotros tenemos que luchar y defender el territorio. Si tenemos tres puestos policiales en el territorio, no podemos dirigirnos al gobernador diciéndole señor, sino represor, dictador y tenemos que preguntarle porqué nos manda asesinar. Eso es lo que quieren hacer acá; han disparado, han quemado rukas, han matado animales, han robado materiales y herramientas. La jueza Graciela Blanco se lava las manos, igual que los fiscales, el gobernador y el ministro Tobares. Éste último, que fue abogado de la comunidad, dejó todo este conflicto. Antes tenía un estudio de abogados en Cutral-Có y hoy es ministro. Como abogado siempre puso trabas para presentar las apelaciones sobre los derechos de la comunidad.

Hicimos tres poderes y con ninguno presentó la apelación y hoy está el conflicto instalado acá. Se sacó la resolución 0310, para hacer los estudios de impacto ambiental y cultural y a la hora en que la comisión evaluadora tenía que ponerla en práctica, no había plata, pero sí hay plata para mantener 150 policías, que el 29 de setiembre vinieron acá con perros, motos, camiones hidrantes y camionetas que decían “uso exclusivo oficial”, que pertenecen al gobierno de la provincia. Hay plata para reprimir, para comprar armas pero no hay plata para los hospitales. En Picún tenemos un hospital que es el peor de la provincia, donde no hay médicos especialistas y por lo tanto la gente tiene que viajar 150 km para ver uno. Con la educación pasa otro tanto. Estos gobiernos se alimentan de analfabetos; cuanto más analfabeta sea la gente, mejor rédito sacan, porque así se quedaron con gran parte de Neuquén y del país.


-Cuando defienden el territorio, ¿qué es lo que defienden desde el punto de vista mapuche?


Cuando defendemos el territorio lo que queremos es un territorio libre de contaminación y de exploración y explotación petrolera. Decimos que no a los usurpadores y no a la exterminación de los pueblos indígenas porque estas empresas viene por el saqueo. Destruyen el territorio mapuche, queda contaminado y se terminan los orígenes. Hay antecedentes de empresas petroleras que están en otras comunidades, por ejemplo en la comunidad Kaxipayiñ, entraron, contaminaron y están todos enfermos, además los hijos nacen con problemas y las personas no son fértiles. Nosotros no queremos caer en esa desgracia de los problemas que traen las petroleras.


En el territorio mapuche encontrás todo lo que la naturaleza tiene, están los newen, los rewe, lo que te fortalece, los conocimientos, la sabiduría y la medicina ancestral, que no la tienen los médicos pero sí los pueblos indígenas. Acá hay muchos descendientes de la comunidad que son jóvenes, kona, que se han tenido que ir a vivir a un pueblo por las políticas de buscar terminar con los mapuche. Ahí viven mal y la tierra misma los llama. Ellos mismos piden venir a poblar su tierra porque los sacaron de su cultura y les impusieron otra. Cuando vienen a su rewe, están en su traun o participan en un nguilipun, ellos se sienten parte de la tierra. Si entra una petrolera no habrá nada de esto porque todo lo dan vuelta. Y los pueblos pasarán a ser historia, leyenda. Por eso estamos decididos a decirles NO a las petroleras, porque queremos que las futuras generaciones vengan a poblar estas tierras.


En 1959 murió mi abuelo Juan Huaiquifil, casado con Josefa Ucha, y su madre era María Llancaman. Venimos de un tronco familiar mapuche que no lo puede negar nadie, ni Jorge Sapag que es descendiente de los colonos. Es el menos indicado para repudiar a las comunidades porque es un intruso, igual que las petroleras, la policía, los jueces, que toman decisiones equivocadas sabiendo que hay derechos. La propia tierra, nuestra mapu, nos está invitando a que peleemos por ella. Si no peleamos nosotros, ¿quién la va a defender? Ella pide que la defiendan, necesita de sus peñi. En los sueños, en los pewma, nos pide que vayamos a cortar caminos. La mapu no quiere la destrucción de sus plantas; quiere que sus plantas medicinales las utilice el que es parte de la tierra.


-¿Qué es el rewe para ustedes?             


Es un lugar muy sagrado, donde se concentra el conocimiento, la sabiduría. Ahí hay comunicación con la naturaleza y por eso hay comunicación con toda la comunidad. Si hoy hacen una sísmica y hacen voladuras, la tierra se parte, vibra, se contamina, las napas de agua se alejan, la fauna desaparece, las plantas se contaminan, el animal no es fértil, la lana pasa a ser de menor calidad. Estas cosas nos las dijeron profesionales que estudian estos temas, ya que ha pasado en otras localidades de otras provincias. Ellos nos han venido a decir estas cosas para que hagamos el planteamiento ante el gobierno, los jueces y la petrolera, de que lo que vienen a hacer es malo para la comunidad.            


Esta comunidad está muy bien fortalecida por nuestros lonkos, por nuestros mayores, que nos dan fuerza para que sigamos esta lucha. En nuestros pewma, soñamos con el triunfo de la lucha, que se va la petrolera, que tenemos la propiedad comunitaria. La personería jurídica nace del poder winca, con el fin de quitarles las tierras a las comunidades. Si no tienen título de propiedad, dicen que las tierras son de la provincia. No hay tierras fiscales. Los verdaderos dueños tuvieron que disparar para que no los maten, escapando del fusil, del ejército, de la fronteriza. A ellos los mataron, nosotros somos los herederos. Esa mentira de que son tierras fiscales tiene que terminar por parte de los gobiernos y esto tiene que llegar a oídos de la sociedad.


Donde está el embalse Exequiel Ramos Mejía, en Villa El Chocón, había estancias, zonas de pastoreo. Allá, Agustín Curruhuinca, hijo de Rosa Rain, tenía su pastoreo. Cuando se construyó El Chocón, mi abuela y Juan Huaiquifil decidieron venir a ocupar este campo. Pero ya estaban mis tíos, Eduardo y Fermín Huaiquifil que ya tenían sus animales acá en el pastoreo. Después vinimos nosotros a ocupar este lugar. Se hizo una represa, cerraron las compuertas y se empezó a llenar todo de agua. Se formó el lago Chocón Ramos Mejía. Mucha gente tuvo que disparar porque la corría el agua. Mi viejo tenía una chacra de 28 hectáreas que quedó bajo el agua. Cuando se hizo el embalse, Hidronor, que en esa época manejaba la represa, llamó a todos los crianceros y chacareros y les dijo que por todo el daño que les ocasionaba, les iba a dar plata, sin que mediaran abogados. En esa época la gente tenía pocos conocimientos, no había estudios jurídicos y había que ir a Neuquén. Les daban una limosna por todo el trabajo que habían hecho, de roturar la tierra, las forestaciones. Quedó todo tapado bajo el agua. De esto fueron cómplices Hidronor y el gobierno.


¿Hasta dónde llegó la elevación del agua?


Llegó a 50 metros de la ruka que nosotros tenemos sobre la ruta 237, más o menos a 75 km de donde está la represa El Chocón. Hasta allí llegó el lago El Chocón Ramos Mejía. Eran muchos peñi los que vivían ahí, en la costa del Limay. Algunos vendieron, otros se fueron más hacia afuera del Chocón y con el tiempo también los corrieron. Esas tierras eran propiedad privada del vasco Agustín Gorri, que tenía muchas tierras y donó para que se hiciera el lago. Ya falleció y ahora están sus hijos. Mi padre y mi madre tuvieron que venir a ocupar este espacio que nos pertenecía como pueblo originario. El padre de mi madre, Juan Huaiquifil, sacó de este territorio gran parte de su sustento, tenía una tropilla de caballos, chivas, ovejas, vacas. Así se mantenía la gente de antes; después tenían el trabajo de esquila. Cuando una persona va a hacer un trabajo a otro lado no es que renuncia a sus derechos. Este es el planteamiento que hace el gobierno de la provincia; cuando uno cruza a otra provincia por trabajo, ya no lo considera neuquino o mapuche, sino extranjero.                           


A nosotros nos tienen como si fuéramos extranjeros y nuestra forma de pensar, nuestra fisonomía, lo dicen todo. Somos parte de la tierra. Con esas verdades peleamos y más con los antecedentes que tenemos de identidad mapuche.


¿Cuáles son las expectativas en cuanto a cómo va a seguir el conflicto en lo inmediato?


El conflicto está instalado dentro de la comunidad. Hay una ley, la 26160, que prohíbe el desalojo de las comunidades y establece que se tiene que hacer el relevamiento territorial de las mismas. El gobierno de la provincia de Neuquén no ha querido ser parte de ese trabajo, en realidad quiere manejar ese tema dentro de la provincia con su gente, dejando de lado a la Confederación y las comunidades. De esta forma, llegaría hasta las comunidades y diría que si una comunidad tiene, por ejemplo 500 has, 200 quedarían para la comunidad y el resto pasarían al estado provincial. Quiere manejarse con ese criterio. Cuando la Confederación, la parte legal y las comunidades se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, dijeron que no, que los conflictos territoriales los tiene que manejar la Confederación. El gobierno provincial nos invitó como dos o tres veces a Neuquén, junto con la Universidad Nacional del Comahue, para hacer los trabajos y el gobierno no quiso ser parte, porque él quiere manejar el tema de las mensuras en el territorio. Diciembre del año que pasó era la fecha que se había puesto para empezar a hacer los relevamientos territoriales y el gobierno provincial notificó con carta documento al INAI y a la Universidad Nacional del Comahue, que iba a manejar los fondos para que se hagan los trabajos territoriales. No se pudo hacer por las trabas que puso el gobierno provincial. Yo creo que esto no da para más y la comunidad tiene decidido hacer un planteamiento de lucha para darle una solución a este conflicto. Los mismos abogados dicen que es ilegal el trabajo que está haciendo la jueza, que es lo más racista que puede haber y está en contra de las comunidades. No nos queda otra que ir a la lucha porque el derecho no alcanza. Acá ni Jorge Sapag ni los jueces se hacen cargo y la ley 26160 está para hacerla cumplir. Esta ley dice que a la hora de hacer el relevamiento territorial no puede haber ningún intruso dentro de ese territorio y es el gran temor que tiene el gobierno de la provincia de Neuquén porque ellos también han usurpado y están en tierras de los mapuche. Y si se hace un trabajo de relevamiento territorial, ellos son los primeros que tienen que estar devolviendo las tierras, que les quitaron a los peñi por falta de conocimiento y negando todos los derechos que como pueblos indígenas les pertenecen.


¿Se espera que la empresa avance sobre el territorio?


Sí, la empresa y el gobierno se están preparando para poner mano dura con las comunidades mapuche, porque el gobierno tiene el apoyo de los estancieros, las petroleras, de políticos, como Horacio Pechi Quiroga, un gran represor que también pide mano dura con los mapuche.

Sabemos que ellos vienen con mano dura y somos conscientes que tenemos que organizarnos, juntarnos con gente que sea solidaria con nuestra lucha y otras comunidades, que se difunda el conflicto, para que de una vez se reconozcan nuestros derechos sobre el territorio. El gobernador de la provincia ha utilizado nuestra lengua cuando asumió su cargo, diciendo que iba a reconocer nuestros derechos, nuestra propiedad comunitaria. Asumió un 10 de diciembre y nosotros el día 11 estábamos en Neuquén y nos dijo que iba a reconocer a las comunidades y la propiedad comunitaria. Hizo todo lo contrario, en vez de reconocer nuestra propiedad comunitaria, nos mandó la policía a reprimir. Por eso no confiamos en lo que dice el gobernador, confiamos en nosotros, en lo que vamos a hacer, no en el gobierno, en los jueces o en la petrolera. Estamos apostando a lo que nosotros vamos a hacer, a nuestra naturaleza, a nuestro pensamiento.                                       
 

Entrevistas realizadas por Martín Vidal y Patricia Agosto
 

 
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