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Antirrepresión y antiimpunidad Imprimir E-Mail
Las luchas de los oprimidos y oprimidas por liberarse, por transformar la realidad opresora, encuentran como respuesta en este orden social injusto-necrófilo, diferentes formas de represión que van desde la militarización de territorios, el silenciamiento, la exclusión, la invisibilización, hasta la judicialización de la protesta, la cárcel, la persecución, la tortura, la muerte.

Como contracara y complemento, el discurso aparentemente progresista que busca ocultar los conflictos, la manipulación de los medios masivos de información y el asistencialismo que “apaga” posibles incendios de insurgencia.

A 30 años del golpe de estado genocida, con nuestra memoria despierta, insistimos denunciando el costo humano y social que tuvo la imposición del modelo neoliberal por parte de la dictadura militar. Los miles de desaparecidos, presos, exiliados y torturados más los miles de desocupados y empobrecidos son el “saldo” descartable, vuelto “objeto” de un endeudamiento externo planificado en beneficio del capital concentrado internacional y sus cómplices nacionales, en conjunto con las Instituciones Financieras Internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional. El golpe de Estado en nuestro país fue parte de la política imperialista para América Latina, que tuvo como instrumento contrainsurgente el Plan Cóndor.
La Deuda Externa está explícitamente ligada a los crímenes llevados acabo por la dictadura. El brutal incremento de la deuda en un 364 % en el período de 1976 a 1983 en beneficio de las empresas privadas, muestra que la impunidad no solo caracterizó a los militares sino también a los grandes bancos y organismos internacionales y se consagró cuando el gobierno argentino - a principios de 2006- pagó una deuda ilegal e ilegítima.
Nuevas injusticias e impunidades se suceden, y las presas y presos políticos son verdaderos rehenes de un poder que pretende criminalizar a los oprimidos y oprimidas y sacarlas de las calles de nuestras ciudades, para garantizar la supuesta seguridad y lanzarnos a pobres contra pobres.

Desde la educación popular, como acción crítica humanista y liberadora, aportamos a los procesos que permiten des-naturalizar -para que no se instale permanentemente en nuestras cabezas y corazones-, la criminalización y judicialización de las protestas, la mano dura y el gatillo fácil, la existencia de miles de procesados por luchar en democracia, la falta de castigo a los responsables materiales e intelectuales de muertes como la del maestro Fuentealba; la corrupción que mata por acción u omisión; las escuelas militarizadas; la creación de nuevas fuerzas policiales; el entrenamiento de Grupos Especiales de la Policía en tierras mapuche; la aprobación de la “Ley Antiterrorista” por parte del Congreso de la Nación; la existencia de desaparecidos como Julio López o los secuestros y aprietes a compañeros, entre otros hechos cada vez más frecuentes.
Nuestra memoria en acción y rebeldía nos lleva a intentar acompañar las luchas contra la impunidad; participar en espacios de articulación por los derechos humanos y por la libertad de presos y presas; acompañar a las víctimas contribuyendo a que se escuche su voz y organizarse en la resistencia; ayudar a sostener, poniendo el cuerpo, a los presos del sistema; ejercer la solidaridad como tarea que nos convoca como obligación y nos enriquece como aprendizaje.
 
Julio López, 6 años desaparecido.

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