Patricia Agosto - Resistencias y desafíos de los movimientos populares frente al modelo de recolonización (1) Imprimir E-Mail

Suena raro, ¿no? Esto de que la naturaleza tenga derechos... Una locura. ¡Como si la naturaleza fuera persona! En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de Estados Unidos disfruten de derechos humanos. En 1886, la Suprema Corte de Estados Unidos, modelo de la justicia universal, extendió los derechos humanos a las corporaciones privadas. La ley les reconoció los mismos derechos que a las personas, derecho a la vida, a la libre expresión, a la privacidad y a todo lo demás, como si las empresas respiraran. Más de 120 años han pasado y así sigue siendo. A nadie le llama la atención.

Eduardo Galeano: “La naturaleza no es muda”(2)

Hegemonía mundial y control territorial

En los últimos años, con mucha frecuencia, escuchamos que en los países latinoamericanos y en otros del hemisferio sur, se están desarrollando luchas y resistencias en defensa de la naturaleza y de la vida. Para comprender esas luchas es necesario entender el contexto en el cual se desarrollan, caracterizado por la estructuración de la economía mundial alrededor de los intereses de potencias hegemónicas, que despliegan toda una serie de estrategias para concretar la reproducción del sistema. En esta nueva división del trabajo, mucho más depredadora de la naturaleza, de las comunidades y de la vida en general que la de los siglos XIX y XX, los países de América Latina continúan teniendo el rol de abastecer al mercado mundial de materias primas, obtenidas a través de un modelo extractivo cada vez más aniquilador de tierras, riquezas y seres humanos. 
Son muchos los bienes de la naturaleza (3) que se hace necesario proteger de los intereses del gran capital porque las riquezas naturales se han convertido en recursos a explotar. Por supuesto, el sistema capitalista siempre necesitó de la naturaleza para poder existir porque requirió fuentes de energía, tierras, minerales, plantas, que forman parte del medio natural en el que vivimos. Así, se fue produciendo la capitalización de la naturaleza desde el comienzo del desarrollo de este modo de producción.
“Desde los orígenes de la civilización occidental (...); la naturaleza es cosificada, desnaturalizada, de su complejidad ecológica y convertida en materia prima de un proceso económico; los recursos naturales se vuelven simples objetos para la explotación del capital. En la era de la economía ecologizada la naturaleza deja de ser un objeto del proceso de trabajo para ser codificada en términos de capital” .(4)
Lo que ocurre desde hace algunos años es que el nivel de saqueo y destrucción del medio natural y sus riquezas ha llegado a límites extremos, poniendo en riesgo la propia subsistencia de la naturaleza y de las comunidades que con ella han convivido.
Esta necesidad del sistema de apropiarse de la naturaleza para explotarla hace que podamos caracterizar esta dominación como territorial. En este sentido, buscar el dominio sobre la naturaleza y sus bienes implica una disputa por el control del territorio entre las grandes empresas nacionales y extranjeras, y las poblaciones y comunidades que habitan ese territorio, que, a su vez, disputan dos maneras de concebirlo: como recurso a explotar o como espacio de construcción del sentido de la vida. Un ejemplo concreto de esas disputas son las poblaciones ribereñas que han desarrollado su vida en las orillas de los ríos, cuya contaminación o represado provocan una ruptura en el desenvolvimiento de su vida cotidiana. Algo muy similar ocurre con poblaciones ubicadas en las cercanías de cerros ricos en minerales, cuya explotación implica, muchas veces, la utilización de sustancias tóxicas que dañan el medio ambiente y la salud humana. Las mismas consecuencias se pueden observar en regiones que han sido invadidas por monocultivos que han generado la desaparición de la diversidad de especies y el deterioro de los suelos debido al uso de agrotóxicos. Otro ejemplo son los pueblos originarios cuya relación con la naturaleza se ha desarrollado en armonía y respeto al basarse en una concepción que comprende a la naturaleza como un conjunto de elementos culturales, naturales y espirituales, cuyo daño o desaparición genera una alteración grave en el sentido de la vida comunitaria. 
¿Por qué es imprescindible para las potencias hegemónicas, en especial los Estados Unidos, lograr el control del territorio en regiones ricas en bienes de la naturaleza? La respuesta a esta pregunta se relaciona con la necesidad de tener un acceso irrestricto a fuentes de energía y a recursos estratégicos que le permitan el avance permanente en el desarrollo tecnológico, base de su predominio mundial a nivel militar, político y económico. 
Para sostener ese predominio y competir en la lucha por la hegemonía mundial, los metales son imprescindibles, ya que son utilizados en áreas consideradas estratégicas por las potencias mundiales, tales como las comunicaciones, los transportes, la industria militar y la tecnología de punta. En el caso de la potencia del norte, es tan imprescindible contar con esos recursos minerales metálicos para sostener su hegemonía mundial que su obtención se ha transformado en un asunto de seguridad nacional. Incluso, muchos de esos minerales se hallan en áreas donde EE.UU. no ha tenido históricamente una influencia asegurada, como el caso de África colonizada por países europeos, y este hecho ha obligado a las empresas estadounidenses a preocuparse particularmente por ocupar un lugar importante en la explotación de los abundantes recursos con los que cuenta ese continente. Y desde hace algunas décadas lo ha logrado. A su vez, los metales estratégicos también se encuentran en un área de influencia histórica de EE.UU. como América Latina, razón por la cual muchas de las empresas mineras de ese origen, junto con otras importantes empresas transnacionales, están realizando inversiones y desarrollando proyectos mineros en nuestro subcontinente.     
La necesidad de petróleo para sostener la planta industrial mundial es clara. El problema que se plantea, en el caso de Estados Unidos, es que cada vez va incrementando más sus importaciones de petróleo para sostener su estructura industrial. Esta dependencia creciente respeto al exterior es lo que ha convertido al petróleo en causa de guerras, invasiones y una creciente militarización en países cuya producción es importante para la economía estadounidense. Frente a esta situación, la garantía en el suministro de energéticos en los próximos años se ha convertido en un elemento de la seguridad nacional del estado norteamericano. Sin esas fuentes de energía, el desarrollo industrial y tecnológico queda en una posición de abierta vulnerabilidad.
Sin embargo, los países centrales ya están planteando la necesidad de un nuevo orden energético, frente a la perspectiva del futuro agotamiento de las reservas de petróleo. Por eso, el jefe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) expresó hace muy poco tiempo: “no debemos depender del crudo hasta la última gota, debemos dejar el petróleo antes de que nos deje a nosotros.” A pesar de algunas ventajas de los grandes del petróleo, como las fusiones de empresas que les permiten reemplazar sus reservas por la explotación de otras empresas y las nuevas tecnologías que permitirán seguir explotando los pozos existentes y acceder a otros de más difícil acceso, Fatih Birol, jefe de la AIE, señaló que la producción de las compañías privadas está llegando a su fin y que tendrán que buscar otra manera de seguir con sus negocios (5). Más allá de estas “nuevas posibilidades de negocios”, hay que tener en cuenta que mientras el petróleo mundial no se acabe, es necesario que se genere, por parte de las grandes economías, un control concreto sobre los territorios que todavía poseen esta fuente de energía en sus entrañas para garantizar su suministro.
Ahora bien, esa “otra manera de hacer negocios” fue sugerida por la propia AIE en el año 2004, cuando publicó un manual titulado Biocombustibles para el transporte. Una perspectiva internacional. Allí, se expresan claramente las recomendaciones para la implementación de políticas públicas que incentiven el uso de combustibles de origen agrícola o animal. De la mano de las políticas públicas están las corporaciones multinacionales “como la industria petrolera, biotecnológica, las grandes comercializadoras de granos y la industria automovilística, (que) han visto en los agrocombustibles una posibilidad de reciclarse e incrementar sus negocios” (6).     
Así, frente a la posibilidad de que el oro negro se acabe en un periodo de tiempo relativamente breve, las potencias mundiales han planteado la necesidad de ir reemplazando poco a poco los combustibles fósiles por agrocombustibles, entre los cuales los más usados son el etanol y el biodiesel (7), producidos, en un alto porcentaje, en los países con más posibilidades de hacerlo, es decir los países periféricos. Varias son las consecuencias que acarrea la implantación de este modelo de generación de energía. La necesidad de ocupar grandes cantidades de tierras en la siembra de estos cultivos genera por un lado, la destrucción de bosques y biodiversidad y por el otro, la reducción de las áreas de cultivo de alimentos. Es decir, con la producción de agrocombustibles se profundiza un modelo basado en la deforestación y el monocultivo. A este hecho se suma que el destino de la producción de agrocombustibles son los países centrales, con lo cual también se profundiza el modelo agroexportador en los países subdesarrollados.
Uno de los principales promotores de la producción de agrocombustibles son los Estados Unidos que, por ser uno de los principales consumidores de petróleo del mundo, depende de la importación de este producto. Es por esta razón que “la Administración actualmente en la Casa Blanca quiere reducir la dependencia del oro negro importado e ir incorporando biocombustibles a su dieta energética. Por iniciativa del presidente Bush, pretende reducir en un 20 por ciento la dependencia del petróleo, en un plazo de 10 años”(8) . Es decir, la propuesta del presidente estadounidense, manifestada en un discurso del 22 de enero de 2007, es promover una ley que obligue a mezclar gasolina con 20% de etanol en el plazo de una década. De esta forma, se reducen los peligros de falta de abastecimiento de petróleo, cuyos principales productores mundiales son países hostiles a Estados Unidos y se incentiva la producción de agrocombustibles en países “amigos” para que se conviertan en socios estratégicos como abastecedores de estos combustibles en el mercado norteamericano.                         
Otra forma de generación de energía muy importante es la hidráulica, que hace del agua un recurso energético, vital además desde otros puntos de vista como el consumo humano, la explotación minera y la propia explotación petrolera.    
La tendencia actual a restaurar los ríos en los países centrales es lo que ha determinado que los países de América Latina se hayan convertido en una de las sedes mundiales de construcción de megaproyectos hidroeléctricos. Esta situación demuestra que la preocupación por cuidar el agua es sólo aplicable hacia el interior de los países capitalistas. En los mismos, los constructores de represas ya no pueden vender la tecnología hídrica porque la mayoría de los ríos ya han sido represados, a lo cual se suma una mayor conciencia de cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, en Estados Unidos cerca de 500 represas han dejado de operar, permitiendo de esta manera la restauración de la pesca y de los procesos ecológicos fluviales.
Si las grandes represas ya no se construyen y se van desmantelado en las áreas centrales del mundo, es necesario consolidar la construcción de las mismas en regiones que todavía cuentan con “ríos libres”, que pueden utilizarse para la obtención de energía aprovechable por las grandes empresas. Es en este escenario donde entra América Latina con la abundancia de sus ríos, convirtiéndose en un suelo fértil para los grandes constructores de represas. Muchos de estos proyectos de represas están asociados con la explotación de otros bienes de la naturaleza –además del agua- como los minerales. Las grandes empresas mineras que se instalan en los países latinoamericanos, la mayoría de ellas extranjeras, requieren de fuentes generadoras de energía para poder realizar la explotación y las grandes represas cumplen ese objetivo. En la construcción de las mismas se ven involucradas grandes corporaciones transnacionales que llevan a cabo los proyectos utilizando, en muchos casos, financiamiento otorgado por los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. A través de este mecanismo, los estados nacionales se endeudan y como la magnitud de los préstamos es muy grande es frecuente que los proyectos vayan acompañados de actos de corrupción, que involucran a las propias empresas y a funcionarios públicos que publicitan los proyectos. Según la Comisión Mundial de Represas (9) (CMR), la corrupción ha acompañado a muchos de los proyectos de grandes represas, pero rara vez se ha realizado un proceso judicial por incumplimiento contra las instituciones financieras, las empresas constructoras o los funcionarios de los gobiernos.
Uno de los principales responsables de la construcción de grandes represas es el Banco Mundial, que sólo en 1992 otorgó más de 500 millones para la construcción de 500 represas en 92 países, según la Declaración de Manibeli (10) . Allí también se expresa que esa institución ha financiado grandes represas que suministran electricidad a las empresas transnacionales, elites urbanas y a los productores de cultivos de exportación, sin considerar las necesidades de las poblaciones rurales y sectores populares urbanos. La planificación, el diseño y el monitoreo de esas grandes represas se ha hecho en secreto, negando información, sin consultar a las comunidades afectadas y violando los derechos humanos de quienes se manifiestan en contra de los proyectos. Además, el Banco Mundial no ha tenido en cuenta los costos sociales y ambientales de las represas que ha financiado, tolerando, a su vez, el robo de fondos en el proceso de diseño y construcción de las mismas. Las denuncias también se refieren a que, con esta política, el Banco Mundial ha obligado a desplazarse y perder sus tierras a aproximadamente 10 millones de personas desde 1948 y ha inundado tierras en las que había monumentos culturales, lugares religiosos y sagrados y parques nacionales, ignorando las consecuencias culturales, sociales y ambientales de los proyectos que apoya.
La construcción de mega represas ha tenido otras consecuencias importantes desde el punto de vista social. Los más de 400 mil kilómetros cuadrados de tierra que fueron inundadas en el mundo por la construcción de 45 mil represas ocasionó el desplazamiento de sus tierras de entre 60 y 80 millones de personas, de los cuales la mayoría son campesinos e indígenas (11). Si bien cada proyecto de construcción de megaproyectos hidroeléctricos tiene un programa de reasentamiento de la población que se debe cumplir, ha habido diferentes casos de incumplimiento que perjudicaron a las comunidades afectadas. Uno de ellos es que muchos de los desplazados no fueron registrados como tales y por ende no fueron reasentados ni indemnizados. Incluso, muchos de los desplazados que fueron reconocidos como tales no fueron incluidos en programas de reasentamiento. Además, en muchos casos donde sí se entregó indemnización, ésta no fue suficiente para recomponer la vida económica de las comunidades. Cuando la población fue reubicada, pocas veces se le restituyeron sus medios de subsistencia, ya que los programas de reasentamiento se centran en el traslado físico de las comunidades y no en su desarrollo económico y social. De esta manera, las poblaciones reubicadas tienen peores condiciones de vida y de subsistencia que antes de ser forzados al traslado. Además, el deterioro de las condiciones de vida también se refleja en los problemas de salud que enfrentan las personas desplazadas y las poblaciones cercanas a los embalses por los cambios ambientales y sociales. 
Los problemas relativos al agua no sólo se relacionan con la construcción de grandes represas, también hay que tener en cuenta que “hoy día, se están extrayendo unos 3800 km3 anuales de agua dulce de los lagos, ríos y acuíferos del mundo. Es el doble del volumen que se extraía hace 50 años” (12) . Según el informe de la CMR, este aumento se debe al incremento de la población y al ascendente nivel de la actividad económica. En este sentido podemos decir que tanto el incremento en la actividad minera, que no sólo utiliza agua para su desarrollo sino que también la contamina por la utilización de sustancias tóxicas –lo mismo ocurre con la explotación petrolera-, como la extensión de monocultivos invasivos en determinadas zonas, que consumen una enorme cantidad de agua para su crecimiento, así como la privatización de importantes cursos de agua, tanto a nivel de superficie como subterráneo (13), son circunstancias que agravan la situación del agua en el mundo y en particular en las regiones donde se desarrollan estas actividades con más intensidad.
Sin embargo, no son sólo estas actividades económicas las que contaminan el agua.
“La FAO –Food and Agriculture Organization (14) - ha advertido acerca de los efectos contaminantes de los plaguicidas y los fertilizantes utilizados en la agricultura que dañan las reservas de agua, tanto la de superficie, como la almacenada por la naturaleza en el manto freático, es decir aquellas que se acumulan bajo la tierra, almacenadas en los poros que existen en sedimentos como la arena y la grava, y en las fisuras que se encuentran en rocas. El manto freático o subterráneo guarda el 97 por ciento de todas las reservas mundiales de agua dulce -excluyendo la contenida en los casquetes polares. De esta agua subterránea, dependen no menos de 1,500 millones de habitantes en todo el mundo para su abastecimiento de agua potable (15) .
De este modo, el consumo de agua potable se va convirtiendo poco a poco es un problema grave para la humanidad y en especial para los países subdesarrollados. Así, “En las ciudades de los países pobres el 70% de pobres no tienen agua potable. Además, se calcula que para el año 2025 el 70% de la población mundial no tendrá acceso a agua suficiente, esto equivaldrá a 3 mil 500 millones de personas que vivirán en países con estrés de agua”(16) .
Otra forma de imponer el control territorial por parte de las empresas transnacionales y los gobiernos cuyos intereses representan es la imposición de un modelo tendiente a la uniformidad de los cultivos, de acuerdo a las materias primas que requieran las industrias que vienen creciendo a pasos vertiginosos. Es el caso de la industria del papel que pasó de una producción de 77 millones de toneladas en 1961 a 354 millones en 2005. Esta producción requiere una rapidísima producción de árboles para responder a la velocidad del crecimiento de la demanda de papel y entre las especies que crecen más rápidamente se encuentran los pinos y eucaliptos. Por esta razón es que bosques biológicamente diversos están siendo reemplazados por un modelo forestal que los transforma en campos uniformados de monocultivos. Es una de las maneras de terminar con la biodiversidad de las regiones del mundo ricas en variadas especies. Sin embargo, en muchas zonas del mundo, la biodiversidad es respetada no porque se la valore en sí misma sino porque se investigan las especies con el propósito de conocer sus propiedades aplicables en la industria farmacéutica. Para lograr este propósito, se acercan a las comunidades indígenas que habitan esas ricas regiones y obtienen los saberes ancestrales guardados durante siglos por los pueblos originarios. En muchas ocasiones, con este objetivo actúan las organizaciones conservacionistas, cuyo discurso de pantalla es la preservación de la naturaleza frente a las acciones de los seres humanos, de los cuales por supuesto ni siquiera hay que ocuparse sino sólo expulsarlos de las zonas donde “dañan” a la naturaleza. Detrás de esta “conservación de la naturaleza” está la conservación de los lucrativos negocios de patentamiento de los grandes laboratorios farmacéuticos.
Otro de los monocultivos en que se apoya el modelo productivo actual, es el de la soja, que tiene un desarrollo considerable en países como Uruguay, Paraguay, Brasil y  Argentina. La enorme rentabilidad de este cultivo y las características productivas de determinadas regiones de esos países las han convertido en un área de fuerte sojización, a tal punto que se ha modificado la estructura productiva de las mismas. Las zonas antes dedicadas a diversos cultivos relacionados con la alimentación y la ganadería hoy están ocupadas con inmensos campos cultivados con soja. Un ejemplo de los impactos del proceso de sojización lo hemos vivido en la región del litoral de nuestro país con la quema de pastizales en el delta del río Paraná durante este año. Según muchas organizaciones ambientalistas de las provincias litoraleñas, el gobierno de Entre Ríos es el responsable de ese fenómeno por haber arrendado miles de has de tierras fiscales cuyo destino es la producción ganadera, sin controlar el cumplimiento de la Ley de Arrendamientos que prohíbe la quema de humedales. Hay que tener en cuenta que la producción ganadera, en aumento desde el 2004, debió expandirse en esa región hacia las islas del Delta porque las tierras del continente fueron invadidas por el cultivo sojero, que se convirtió en la estrella de la producción cuando se permitió su cultivo transgénico y se disparó el precio en el mercado internacional con el fin del uno a uno. Una de las consecuencias más importantes de la quema intencional de los humedales del Delta es la degradación de los mismos, que no pueden cumplir con funciones tales como mitigar las inundaciones y sequías, regular el clima, recargar los acuíferos y permitir el ciclo de reproducción de las riquezas pesqueras.
La expansión de los monocultivos, -cualquiera de las especies mencionadas-, es una de las razones de la deforestación, la pérdida de fertilidad de los suelos, la paulatina desaparición de la diversidad productiva, la destrucción de bosque nativo, el aumento de la contaminación con plaguicidas y herbicidas –en este último caso en especial con glifosato (17) -, el avance de la frontera agrícola sobre suelos no aptos para el cultivo y la reducción de la producción de alimentos. A estas consecuencias ambientales y económicas, hay que agregar el impacto para las poblaciones nativas que pierden las posibilidades de desarrollar actividades relacionadas con su hábitat y, en muchos casos, deben migrar hacia las ciudades, sumándose a la población que vive en condiciones de pobreza en los barrios marginales urbanos.
El actual modelo productivo requiere también un proceso de transformación en relación a las tierras por lo cual su desarrollo ha venido acompañado por un proceso de concentración y reprivatización de las tierras con dos vertientes: una privatización relacionada con la extranjerización, a través de la compra y la concentración en manos de corporaciones y magnates extranjeros; y una privatización en manos de grandes capitales nacionales, que compran gran cantidad de hectáreas con el propósito de explotar las tierras, por ejemplo, con algún proyecto turístico. Ambos procesos han ido acompañados por estrategias de expropiación a los anteriores dueños o poseedores de las tierras, comunidades indígenas o pobladores rurales, que en muchos casos incluyeron todas las formas de violencia posible de imaginar, llegando hasta los asesinatos impunes. Sin embargo, no sólo las tierras han sufrido este proceso, también los cursos de agua, ríos y lagos, que han sido represados, cercados por la propiedad privada o contaminados por las sustancias tóxicas generadas por las grandes industrias asentadas en los territorios descartables para el modelo.
Sobran los ejemplos de extranjerización de las tierras en nuestro país; sólo mencionaremos algunos de ellos. Además del muy conocido caso del grupo Benetton que tiene enormes extensiones de tierras en varias provincias de la Patagonia desde hace varias décadas, hay otros magnates extranjeros que le han seguido los pasos. En la localidad de El Bolsón el multimillonario inglés Joe Lewis compró 14.000 has en 1997 y a lo largo del tiempo, la sociedad anónima Hidden Lake -propiedad de Lewis- ha seguido comprando, con la complicidad de la inmobiliaria Van Ditmar de Bariloche, propiedades cercanas a importantes fuentes de agua en toda la cordillera. Para completar el enorme imperio natural que posee, con cascadas, bosques naturales y el Lago Escondido incluido, Lewis ha construido un aeropuerto de características internacionales que es de su uso exclusivo. Además, muchos de los grandes magnates extranjeros que adquieren miles de hectáreas también utilizan el disfraz ecologista para lograr sus propósitos. Algunos de ellos, como el estadounidense Douglas Tompkins, ha constituido fundaciones ecologistas que le han llevado a adquirir miles de hectáreas en la Argentina y en Chile, con el supuesto propósito de cuidar el medioambiente. Este magnate posee alrededor de un millón y medio de hectáreas distribuidas en la Patagonia argentina, el sur de Chile, Corrientes y Misiones, ésta última provincia ubicada en la Triple Frontera, donde se haya el Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua potable más importante del mundo.  
Este modelo productivo de saqueo, contaminación y destrucción de nuestros territorios y bienes de la naturaleza, requiere garantizar que los “recursos naturales” lleguen al destino que les construyeron los países desarrollados, es decir, convertirse en inyecciones de riquezas robadas que permiten sostener la desigualdad globalizada. Para asegurar el recorrido sur-norte de esas riquezas es imprescindible la construcción de la infraestructura necesaria para que las venas de América Latina sigan abiertas. Así nació la IIIRSA -Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana-, que propone la realización de una serie de proyectos de construcción de ferrocarriles, rutas, hidrovías, puertos, oleoductos, gasoductos, telecomunicaciones, etc. para garantizar el saqueo de las riquezas del continente. Con el endeudamiento de los países latinoamericanos como punto de partida para la realización de estos proyectos, -muchos de los cuales ya se están implementando-, toda la propuesta implica la construcción de una nueva geografía, de un nuevo ordenamiento del territorio –en su sentido más amplio de espacio geográfico y lugar de construcción del sentido de la vida- que ignora tanto las identidades que nuestros países construyeron a lo largo de la historia, como los proyectos de integración que desde los tiempos de la independencia tenían propósitos de encuentro fraterno y de formación de la identidad latinoamericana y no de saqueo impuesto por intereses ajenos a los pueblos.

Las resistencias y los desafíos de las voces de protesta

Frente al proceso de recolonización, que implica el aniquilamiento de las construcciones sociales y los rasgos naturales de nuestros países, no hay resignación. Alimentadas por la indignación y con la convicción de que está en juego la vida, comunidades y poblaciones fueron transitando el camino de la creatividad popular para generar estrategias de resistencia y formas diversas de hacer oír las voces de protesta. Esta movilización social generó rápidas respuestas por parte de los resortes del poder, como la apertura de procesos de judicialización y criminalización de los movimientos sociales, la extensión de políticas de cooptación y asistencialismo que compran voluntades de cuestionadore/as -o posibles cuestionadore/as- del modelo y el despliegue de políticas de control social, represión directa y militarización. En este sentido, es imprescindible la complicidad y garantía de los poderes políticos locales, que despliegan todo el abanico de las políticas represivas para acallar las resistencias frente al remate de nuestros países al mejor postor.
Un ejemplo de los niveles de alianza entre el poder político y las empresas transnacionales es el caso de las empresas petroleras en la provincia de Neuquén, cuya presencia afecta directamente el territorio de comunidades Mapuche, con algunas de las cuales el conflicto ha derivado hacia la justicia. Esta provincia fue gobernada por dos periodos consecutivos (1999-2003 y 2003-2007) por el líder del partido Movimiento Popular Neuquino, Jorge Sobisch, quien realizó una alianza estratégica con la empresa Repsol-YPF a la que le prorrogó en el 2001, 17 años antes de que venciera el contrato, la concesión del yacimiento de gas Loma de la Lata por 10 años más. La explotación llevada a cabo por esta empresa en territorio Mapuche ha llevado a que las comunidades, entre las cuales se destaca la Comunidad Mapuche Lonko Purrán, realicen permanentes denuncias, en foros nacionales e internacionales, respecto de la contaminación y los impactos culturales que dichas actividades acarrean a los pueblos originarios de la región. La empresa responsable de estas consecuencias no es solamente Repsol. Otra, como Apache Corporation, que pretende explotar siete pozos en la zona, ha llevado hasta los tribunales a integrantes de la comunidad como consecuencia de su resistencia a que comience a operar la empresa. Con la acusación de “turbación de la tenencia” por parte de la empresa, dos miembros de la comunidad enfrentaron un juicio, en el cual obtuvieron un fallo favorable el 19 de junio del año pasado.     
En la región sur del país, el pueblo Mapuche también protagoniza una lucha por el reconocimiento de los derechos ancestrales de sus tierras y contra los desalojos a que son sometidas las comunidades por parte de grandes terratenientes, muchos de ellos extranjeros, que históricamente han acumulado miles de hectáreas en la región. Frente al despojo de su territorio, se han dado muchos casos de recuperación comunitaria de tierras en las provincias de Neuquén y Río Negro. Sin embargo, la respuesta de los terratenientes, en complicidad con los poderes públicos, ha sido judicializar los casos, acusando incluso de usurpadores a los integrantes de las propias comunidades. En este sentido, se destaca el caso de la corporación italiana Benetton que ha adquirido 900.000 hectáreas en la Patagonia. Hoy, en la provincia de Chubut, la disputa con el empresario italiano está protagonizada por Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir, que fueron desalojados en octubre de 2002 de 542 has. de tierra que habían recuperado dos meses antes de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, propiedad de los Benetton. En 2004, el matrimonio Mapuche enfrentó un juicio oral y público por presunta usurpación, tras una denuncia presentada por el grupo italiano, en el cual fueron sobreseídos. En febrero de este año, la comunidad mapuche Santa Rosa-Leleque, conformada entre otros por Rosa y Atilio, recuperó nuevamente el lote, que actualmente está otra vez en disputa judicial con Benetton.
En otras regiones del país la presencia de empresas extranjeras que violan los derechos de los pueblos originarios también es muy fuerte. En la provincia de Salta, el ingenio San Martín de El Tabacal, propiedad del grupo norteamericano Seabord Corporation, viene realizando despojos a la comunidad Ava Guaraní, con la complicidad de los gobiernos nacional y provincial. La corporación extranjera, dueña en la Argentina de azúcar Chango, sostiene, desde hace muchos años, un conflicto con la comunidad por la posesión de 5000 has. en la región llamada La Loma, que llevó a la empresa a realizar varios desalojos y a denunciar a varios de los miembros de la comunidad por usurpación.  
Muchas de estas comunidades de pueblos originarios en lucha por sus derechos ancestrales han encontrado en el camino de la resistencia otras comunidades y organizaciones sociales que se han solidarizado y las han acompañado en su empeño por recuperar su identidad, su cultura y su territorio, generando una articulación de distintas voces de protesta que, juntas, se escuchan mucho más fuerte.  
Esas voces de protesta, -indígenas y no indígenas-, que surgieron en los caminos de las rebeldías poco a poco se fueron encontrando y de esos encuentros surgieron asambleas vecinales que, articulándose con movimientos ambientalistas y otras organizaciones sociales, fueron construyendo la convicción de que no se trata sólo de defender a la naturaleza sino a la vida en su conjunto. No buscan “conservar” a la naturaleza sin gente, sino “proteger” el territorio, conformado por la naturaleza y sus habitantes y caracterizado por un vínculo de respeto mutuo. Estos movimientos y organizaciones populares que fueron surgiendo frente a los avances destructores del modelo y de la integración para la muerte han ido tejiendo redes que les han permitido protagonizar resistencias cotidianas.
Esas redes son parte de un proceso de articulación que viene creciendo en el país. Así, al surgimiento de asambleas de vecinos autoconvocados en defensa del territorio en distintas localidades, se fue sumando la conformación de organizaciones binacionales a partir de la articulación entre distintas asambleas y organizaciones sociales. Es el caso de la Asamblea Binacional de Afectados por Yacyretá, que une las luchas de los afectados de Paraguay y Argentina que, desde hace más de treinta años, vienen padeciendo las formas corruptas y negligentes de operar de la Entidad Binacional  Yacyretá, encargada de diseñar, construir y administrar el complejo hidroeléctrico, ubicado sobre el Río Paraná, a 90 Km aguas abajo de las ciudades de Encarnación (Paraguay) y Posadas (Argentina). Las nefastas consecuencias ambientales y sociales que trajo la represa de Yacyretá son motivo suficiente para que otras localidades del litoral argentino se hayan organizado en oposición a otros proyectos de represas, que seguramente serán acompañados de efectos similares. Es el caso de los proyectos binacionales de Corpus y Garabí. El primero, entre Argentina y Paraguay, se emplazará al norte de Posadas, sobre el Río Paraná, y el financiamiento de su construcción estará en manos de la EBY; y el segundo, entre Argentina y Brasil, se ubicará en el límite entre las provincias de Misiones y Corrientes en la Argentina y el estado de Río Grande do Sul, en Brasil. En oposición a que se concreten, han surgido asambleas socioambientales en las provincias de Corrientes y Misiones, como la Asamblea Socioambiental de Santo Tomé en la primera y el Movimiento Ambientalista de Mbororé, en San Javier, en la segunda.  
La resistencia a algunos proyectos de represas en la Patagonia también ha llevado a la articulación de los y las posibles afectado/as. Los proyectos de El Portón, sobre el Río Puelo y de Steffen, sobre su afluente el Río Manso, que se construirían en la X Región de Chile inundando 6000 has y afectando las comarcas andinas de Río Negro y Chubut en la Argentina,  ha llevado a vecinos de ambos países a reunirse desde el año pasado y a constituir el Comité de Ciudadanos de Río Puelo con el fin de salvar el equilibrio ambiental y económico de las localidades de El Bolsón, Lago Puelo y el Parque Nacional Lago Puelo en la Argentina y Segundo Corral, Primer Corral, La Pasarela, Lago Verde, el Cementerio, La Vega, Puerto Urrutia y casi la totalidad del valle del Río Ventisquero en Chile.
También en la región patagónica, estratégica desde el punto de vista de los bienes de la naturaleza que alberga, se constituyó la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y la Contaminación, que desde hace unos años agrupa a las localidades de Lago Puelo, El Bolsón, Epuyén y El Hoyo, en lucha contra los proyectos mineros que amenazan la región. A su vez, en el año 2005 la articulación de las luchas se profundizó en la Patagonia, al constituirse la Asamblea Coordinadora Patagónica en la que se articulan distintas asambleas y organizaciones de la región en contra del saqueo y la contaminación. Si bien nació en defensa de la vida frente a la expansión minera, fue incorporando distintas organizaciones en lucha por otras problemáticas socioambientales presentes en la región, buscando de esta manera convertirse en una red de acción regional.
La lucha contra las mineras, de la que constituye un ejemplo la resistencia del pueblo de Esquel contra la explotación minera a cielo abierto, se fue convirtiendo en imprescindible también en otras regiones del país. Así, en la región del noroeste se empezaron a escuchar cada vez más fuertes las voces de protesta, ante el crecimiento y la expansión de los proyectos mineros en manos de empresas trasnacionales, tales como Minera La Alumbrera, gerenciada por la empresa suiza Xstrata Plc y las canadienses Goldcorp Inc y Northern Orion Resources Inc; y Barrick Gold, de Canadá, dueña del proyecto Veladero en San Juan, Pascua Lama en la frontera entre Chile y Argentina y Agua Rica en Catamarca. Así fueron surgiendo distintas asambleas de vecinos autoconvocados en diferentes localidades de la región (San Fernando del Valle de Catamarca, Tinogasta, Fiambalá, Andalgalá, Belén, en Catamarca; Chilecito y Famatina en La Rioja;  así como otras en las provincias de San Juan, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero), que en febrero de este año se agruparon dando origen a ASANOA, Asamblea Socio-Ambiental del NOA, con el propósito de coordinar las acciones de lucha a nivel regional.
También la oposición a la instalación de las pasteras sobre el Río Uruguay llevó a la conformación de varias asambleas socioambientales en la provincia de Entre Ríos, en ciudades como Gualeguaychú, Colón y Concepción de Uruguay, que fueron protagonistas de la lucha contra la instalación de las empresas Botnia y Ence. La necesidad de articular con las pobalciones del otro lado del Río Uruguay llevó a la conformación de la Asamblea Regional, que nació como binacional en lucha contra las pasteras en la zona de Gualeguaychú, Entre Ríos, y Fray Bentos, Uruguay y terminó convirtiéndose en regional por la incorporación de los afectados brasileños por los mismos males.
Las asambleas que fueron creciendo para enfrentar la defensa de distintos bienes de la naturaleza ante las políticas de saqueo y destrucción comenzaron siendo locales, continuaron un camino de regionalización de las luchas y llegaron hasta la creación de un espacio colectivo de encuentro, aprendizaje, articulación y concreción de acciones conjuntas. Con estos objetivos, que se fueron haciendo realidad en el propio camino de su construcción, nació la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) en julio de 2006, como resultado del Foro Nacional de Pueblos Autoconvocados Ambientalistas realizado en Córdoba. En ese espacio, que se reúne cada tres meses en distintos lugares del país de acuerdo a decisiones colectivas, se encuentran asambleas, grupos de vecinos autoconvocados y organizaciones autónomas de los partidos políticos y el estado para intercambiar, discutir y proponer acciones conjuntas, en defensa de los bienes de la naturaleza, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Es un encuentro entre las luchas cotidianas de las distintas regiones del país frente a las mineras, las pasteras, las represas, las petroleras, los monocultivos, los agrotóxicos, los planes de integración para el saqueo, la privatización y extranjerización de la tierra, con sus avances depredadores del medio ambiente y las comunidades.    
En todos estos espacios de articulación de las luchas, que implica compartir experiencias que canalizan las rebeldías, cada vez es más claro que es necesario conocer y profundizar en el análisis del modelo productivo, así como difundir los planes, proyectos y formas de operar de los grandes capitales nacionales y transnacionales, con una mirada que se extienda desde lo local, hasta lo regional, nacional, continental y global. Este es uno de los tantos desafíos que tienen las resistencias: intentar superar la emergencia cotidiana de la subsistencia y ahondar en las consecuencias que este modelo trae en el presente y profundizará en el futuro de la vida humana y natural, con la certeza de que de inundarnos la desesperanza y la resignación ya no habrá nada que defender. 
A su vez, como las políticas de saqueo aplicadas en determinadas regiones se reiteran en el país, en el continente y en otras regiones del mundo, es necesario conocer otras resistencias y otras visiones del mundo y articulando con ellas, ir organizando una resistencia colectiva de la que nacerán creaciones colectivas de conocimientos que irán haciendo posible enfrentar todas las opresiones que nos asfixian. 
Además de conocer y profundizar en el análisis del modelo se hace necesario evaluar colectivamente las estrategias de militarización y represión puestas en práctica con el fin de eliminar los obstáculos para la implantación del modelo. Las comunidades las conocen bien, son las que las sufren cotidianamente, pero es necesario denunciarlas, compartir las estrategias para enfrentarlas y solidarizarse frente a las políticas de criminalización de las y los luchadores sociales, que apuntan a acallar las voces de protesta y resistencia.  
Si algo nos imponen quienes pretenden silenciarnos es que no luchemos y en caso de que nuestra testarudez alimente nuestra rebeldía, entonces recurren a otra estrategia: la desarticulación y fragmentación de nuestras luchas, evitando que existan espacios de encuentros, solidaridades y acciones conjuntas. Por eso ése es otro desafío, sostener esos espacios de intercambio y creación colectiva de estrategias de resistencia, buscando el denominador común de nuestras luchas que no es otro que la batalla por la vida, por más que sean diferentes los bienes de la naturaleza en disputa y por ende las empresas a las cuales nos enfrentamos. Y no sólo se trata de articular las luchas de los movimientos directamente afectados por el saqueo de nuestras diferentes riquezas, sino también la de otros movimientos y organizaciones que, si bien no defienden un bien natural en particular, buscan la construcción de otro mundo posible, alternativo y contrahegemónico. Es necesario buscar solidaridades mutuas entre todos los oprimidos y oprimidas y superar la idea de que hay conflictos que no son prioritarios porque no nos afectan directamente. Si la lucha es por la vida y por construir una nueva visión del mundo, en realidad nos involucra a todos y todas los y las que somos descartables para el modelo.
Y la construcción de esta nueva visión del mundo y de nuevas relaciones sociales no es para el futuro. Por eso hace falta ir construyendo nuevas subjetividades, -hombres nuevos y mujeres nuevas-, en los propios procesos de lucha, que son las que abren el futuro en el presente. Es necesario también que, frente a los avances destructores del modelo y de la integración para la muerte, vayamos aprendiendo a escuchar voces diversas que representan distintas visiones del mundo. En este sentido, es importante escuchar y decir con los pueblos originarios, que nos vienen advirtiendo que si nos resignamos a este camino impuesto se termina la vida humana, que si no defendemos nuestros territorios sólo nos resta la muerte. Son voces que saben de qué hablan, ya que convivieron durante siglos con la naturaleza sin destruirla.
Esas nuevas subjetividades, al construir la convicción de que no tienen que entregarse a un destino que no han elegido y que quieren la vida y no las políticas de recolonización y muerte, podrán enfrentar las estrategias aparentemente indestructibles de quienes se empeñan en aniquilar nuestra naturaleza y nuestras vidas. Porque los grandes capitales no van a parar en su afán de ganancias, sólo las resistencias populares podrán ponerles un límite. Y esas resistencias frente a empresas, magnates y estados que saquean, contaminan y destruyen la tierra, los bienes de la naturaleza y la vida, tienen que seguir caminando y encontrándose porque sólo así se consolidará el enorme grito colectivo de un YA BASTA.
Como no hay ni puede haber resignación frente a la recolonización, es necesario que las luchas y las resistencias sean contra el modelo productivo, destructor de la naturaleza y la vida, contra las políticas de integración para el saqueo y contra las estrategias de militarizar, controlar y criminalizar nuestras luchas y nuestras vidas, pero también contra la reproducción de lo mismo contra lo cual luchamos en nuestra vida cotidiana. Así, la destrucción de todas las formas de opresión tiene que tener distintos escenarios de lucha: las calles, nuestras comunidades y lugares de pertenencia y también nuestra vida cotidiana que, liberada de las opresiones más secretas, es un puntapié imprescindible en la construcción de las rebeldías colectivas.

Notas

1 - Ponencia presentada en el IV COLOQUIO INTERNACIONAL DE LA SEPLA (Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico): “América Latina: escenarios del nuevo siglo. Nuevos desafíos y horizontes de transformación”, 22, 23 y 24 de octubre de 2008, facultad de Ciencias Económicas, UBA.

2- En: Semanario Brecha, viernes 18 de abril de 2008.

3- Nos parece más adecuado hablar de “bienes de la naturaleza” que de “recursos naturales”, ya que considerarlos recursos implica la posibilidad de apropiarlos, explotarlos y destruirlos, que es la manera como los conciben los grandes intereses capitalistas.

4- Leff, Enrique (2005): “La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable. Economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza”. En: REVISTA OSAL, N° 17, mayo-agosto, Buenos Aires.

5- Fatih Birol  (2008): “No debemos depender del crudo: debemos dejar al petróleo antes de que nos deje a nosotros”. En: THE INDEPENDENT, periódico británico, 2 de marzo. En: http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20080305131124709.
La Agencia Internacional de la Energía, IEA (por las siglas en inglés) es una organización internacional creada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) luego de la crisis del petróleo de 1973, dedicada a asesorar y coordinar políticas energéticas de sus estados miembros, que son los siguientes: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia y Japón, Republica de Corea, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, República Eslovaca, España, Suiza, Suecia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

6- ROSTROS NUEVOS CON VIEJAS MÁSCARAS. AGROCOMBUSTIBLES: ¿TRANSICIÓN HACIA UNA SOCIEDAD POSPETROLERA O RECICLAJE IMPERIALISTA? Publicación sobre un encuentro realizado en Quito del 27 al 29 de junio de 2007, coorganizado por: African Centre for Biosafety y Rallt, Red por una América Latina Libre de Transgénicos. Quito, diciembre de 2007. Introducción, p.7.

7- El etanol es un alcohol que se obtiene de la fermentación de cultivos como la caña de azúcar, el maíz, la madera y los residuos agrícolas. El biodiesel se produce a partir de grasas animales o aceites vegetales, como el de la palma aceitera y otros cultivos oleaginosos tales como la soja y la canola.

8- Pablo Ramos: LA TRAMPA DE LOS BIOCOMBUSTIBLES. ESTADOS UNIDOS Y BRASIL NO SON ARABIA SAUDITA. 26/02/2007.
En:
http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=2893

9- La Comisión Mundial de Represas es un organismo que nació en 1997, paradójicamente auspiciado por el Banco Mundial, cuyo propósito es revisar la eficacia de las grandes represas para promover el desarrollo. En el año 2000 publicó un informe titulado “Represas y desarrollo: Un nuevo marco para la toma de decisiones”.

10- Declaración de Manibeli, pueblo del Valle de Narmada, en la India, que sufrió las consecuencias de la construcción de la represa de Sardar Sarovar, financiada por el Banco Mundial. Esta Declaración se encuentra en: Gustavo Castro Soto: RESISTENCIA INDÍGENA Y LA OPOSICIÓN A LAS REPRESAS Y AL BANCO MUNDIAL .http//www.ciepac.org

11- En el informe que la CMR presentó en el año 2000 asegura que se han represado la mitad de los ríos del mundo a la tasa de uno por hora, en 140 países, con represas de una altura de más de cuatro pisos.

12- REPRESAS Y DESARROLLO. UN NUEVO MARCO PARA LA TOMA DE DECISIONES. EL REPORTE FINAL DE LA COMISIÓN MUNDIAL DE REPRESAS, año 2000. En: http://www.dams.org/docs/report/other/wcd_sp.pdf

13- “La tendencia no es sólo la privatización de la superficie terrestre donde escurre o se estanca el agua, sino la privatización del subsuelo ya que las reservas de agua se concentran básicamente ahí en forma de acuíferos y equivalen a 60 veces más de la que circula en la superficie”. En: Gustavo Castro Soto (7/11/07): EL AGUA DE LOS RÍOS. En:  http://agua.ecoportal.net/content/view/full/74010

14- Según el Centro de Información de Naciones Unidas, la FAO es el principal organismo de la ONU   encargado de dirigir las actividades internacionales de lucha contra el hambre, asesorando, analizando y difundiendo cuestiones relacionadas con la agricultura y la alimentación

15- Manuel Yepe Menéndez (11/01/08): EL DERECHO HUMANO AL AGUA. En: http://agua.ecoportal.net/content/view/full/75376

16- Gustavo Castro Soto (7/11/07): EL AGUA DE LOS RÍOS. Idem

17- La mayor producción mundial de este herbicida de amplio espectro y no selectivo, utilizado para eliminar hierbas y arbustos, está en manos de la empresa multinacional de origen estadounidense Monsanto.

Bibliografía

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-ASAMBLEA COORDINADORA PATAGÓNICA POR LA VIDA Y EL TERRITORIO CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN, 26-12-05, en:
http://www.ecoportal.net/content/view/full/55231

 
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