Presos paraguayos - Dossier elaborado por equipo de solidaridad de FIDELA Imprimir E-Mail

Reseña de lo ocurrido en Argentina
 
I.- Arístides Luciano Vera Silguero, Roque Rodriguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Agustín Acosta González y Gustavo Lescano Espínola, hoy presos en el penal de Marcos Paz, son hermanos paraguayos que participan junto a su pueblo de la legítima lucha cotidiana por una sociedad más justa.
 
Su peregrinar había comenzado en la Embajada Argentina en Paraguay, para luego ingresar a nuestro país, acompañados por su abogada, Dra. Talavera, con el fin de solicitar refugio político a causa de la persecución y represión indiscriminadas y arbitrarias sufridas por la organización que integran.
 
Se dirigieron primero al Ministerio de Relaciones Exteriores y luego al Cepare (Comité de Elegibilidad para Refugiados) para solicitar formalmente la protección referida. 
 
Con el fin de fundamentar su pedido narraron la persecución violenta y arbitraria que, desde hace años, sufren ellos y  todos los militantes del partido político paraguayo Patria Libre y los integrantes de distintas organizaciones campesinas.
 
El organismo argentino les expidió un certificado provisorio de reclamantes de refugio.
 
Cuando el gobierno paraguayo se anoticia de este pedido se apresura y, a través de un tribunal incompetente, en franca violación a garantías constitucionales esenciales, dicta la prisión preventiva de todos ellos, en el marco de una causa judicial absolutamente irregular (que comentaremos en el siguiente título), presionando inmediatamente al gobierno argentino para que sean expulsados.
 
El Cepare cita para el día 2 de mayo de 2006 a  dos solicitantes de asilo, que fueron acompañados por un tercer compañero. Allí ingresa la policía con la orden de INTERPOL y arrestan a los 3 dentro del Cepare. A otros dos los detienen en una modesta casa de Florencio Varela, teniéndolos más de dos horas en el piso sometidos a insultos, golpes y patadas. Y al último, cerca de su lugar de trabajo, a cientos de kilómetros, con helicópteros y sobreactuació n en la detención, con Crónica T.V. incluida.
 
Ya detenidos en el penal de "Devoto", les notifican que el 2 de mayo el Cepare (en tiempo récord) había resuelto denegar la solicitud de refugio político para todos ellos.
El argumento principal utilizado es que Paraguay es un país democrático, donde rige el Estado de derecho, lo que permite pensar en la legitimidad de los actos de Gobierno, incluido el Poder Judicial.
 
A esta altura vale mencionar, a modo de anticipo, que aún con la sintética información que se esgrime en el presente informe, quedará a todas luces probada la falsedad y perversión de la fundamentació n usada por el organismo argentino, emergiendo indubitáblemente la arbitrariedad de la decisión tomada.
 
Oportunamente fue apelado el acto administrativo que denegó el refugio, no existiendo a la fecha resolución del órgano superior.
 
II.- Por otro lado, se tramita el Juicio de Extradición ante el Juzgado Nacional en lo Correccional y Criminal Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo.
 
Este procedimiento debería tener como criterio esencial otorgarle a los requeridos la más amplia posibilidad de demostrar la situación que los obligó a huir de su país de origen, respetando así la letra y el espíritu de las garantías plasmadas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
 
Sin embargo, arbitrariamente ha sido rechazada la parte más importante de la prueba que la defensa ofreció con el fin de demostrar que, si se concreta la extradición solicitada por el gobierno paraguayo, los hombres que vinieron a nuestro país solicitando refugio quedarán expuestos a condenas arbitrarias, torturas y muerte habida cuenta el Estado de apremios y persecuciones reinante en el Paraguay.
 
Lamentablemente para los compañeros paraguayos y para todos los habitantes de nuestra Patria, las resoluciones emitidas por el juez Lijo muestran, una vez más, que en el Poder Judicial abundan los que ejercen la judicatura como una banca política más, importándole muy poco las normas, los hechos y las pruebas que los verifiquen y, menos aún, el destino de los hombres sometidos a juicio.
 
III.- Mientras todo esto sucede, Arístides Luciano Vera Silguero, Roque Rodriguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Agustín Acosta González y Gustavo Lescano Espínola siguen padeciendo, en la cárcel de Marcos Paz, el tormento de una prisión injusta y sin fundamento.
 
Finalmente, en manos del juez Lijo, quedó la resolución en Primera Instancia dando por válido el pedido de extradición. Sentencia que fue Apelada a Corte Suprema. Ésta última, ha resuelto a principios del año 2008, a dos años de la detención de los 6 compañeros, que no resolvería hasta tanto no se expida el trámite de refugio, radicado en el poder Ejecutivo.
 
La causa judicial tramitada en Paraguay

I.- La causa original se inicio cuando, en setiembre de 2004, es secuestrada, presuntamente por grupos cercanos al gobierno, la hija del ex presidente Cubas (asilado un tiempo en Brasil por estar imputado en el asesinato del vicepresidente Argañaz).
 
Luego, con el devenir político, "inventan" a un testigo bien pagado que "era" miembro de esa agrupación, para que diga que había dos PPL: uno legal y otro colateral, que era el que tenía relaciones con las FARC y en sus manos el secuestro de Cecilia Cubas.
Asimismo, declaró que los que participaron en una reunión supuesta donde se hablaba en términos elípticos, dieron el punto final para el secuestro (luego del cobro de una parte del rescate solicitado) y la sentencia de muerte para la víctima. También declaró que él no estuvo de acuerdo con esa decisión, junto con otros entre los que se encontrarían los hoy requeridos por el Paraguay.
Luego se desdijo e incriminó a varios más, mientras sus comodidades materiales aumentaban en la medida de sus declaraciones.
 
Este es el único fundamento invocado en la causa para la acusación y encarcelamiento de los compañeros. 

II.- Más allá de lo reseñado tan sucintamente, sólo será necesario mencionar algunos hechos que emergen de la causa original, que serán suficientes para dar una idea de la burda manipulación que vició la misma desde su inicio:
 
i.- Los compañeros se presentaron voluntariamente y no fueron considerados con responsabilidad alguna por parte del Juez de Garantías.
En su momento prestaron declaración y fueron puestos en libertad, ya que aún la acusación realizada por la fiscalía paraguaya, lejos de lo que luego se inventa, se tipifica como "omisión de aviso de un hecho punible".
 
ii.- El juez de instrucción de la Nación Paraguaya , Doctor Pedro Mayor Mercado, en ejercicio de sus funciones, ante la evidencia absoluta de que los compañeros detenidos en Argentina no son autores del delito que hoy se les imputa rechazó, una y otra vez, tanto los pedidos de procesamiento como la posibilidad de encarcelarlos preventivamente.
 
iii.- En un exceso de sus atribuciones, sin explicación alguna, mediando el pedido de refugio realizado ante la embajada argentina primero y con posteridad directamente en nuestro país, la Cámara de Apelaciones pasa por arriba del tribunal legitimado procesalmente para tal resolución y dicta la prisión preventiva de los requeridos.
Claramente surge de las constancias de la causa judicial, que el señor Juez de Instrucción, a cargo de la investigación, estaba entendiendo en la producción de una prueba justamente favorable a nuestros asistidos en el marco de una resolución de la Alzada donde se había dispuesto la suspensión de todo tipo de medidas contra los aquí requeridos hasta la sustanciación de dicha prueba.-
 
iv.- En esas circunstancias, y aportando una limitada y acotada documentación, el Estado requirente pretende la extradición de éstos hombres de bien.

Conclusión
 
Del conocimiento sobre la realidad de los hechos surge que, por perversas razones políticas, estos compañeros sufren una doble injusticia: por un lado, son acusados de un terrible delito que no cometieron; por el otro, el gobierno argentino, a diferencia de sus pares de Bolivia y Brasil,  donde se ha dado refugio y garantía a otros compañeros que fueron huyendo de la persecución en su país, elude su responsabilidad con los hombres injustamente perseguidos y se transforma en cómplice del poder que, a través del terror de estado, persigue, tortura y mata.-
 
SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ LIJO EN EL JUICIO DE EXTRADICIÓN LLEVADO A CABO ENTRE LOS DÍAS 11 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2006
 
1) No hizo lugar a la recusación del juez solicitada por la defensa por ser la extradición –según su criterio- un proceso especial, no habiendo instrucción en sentido estricto. Tampoco hizo lugar al planteo de nulidad e inconstitucionalida de los artículos que permiten ser el mismo juez el que instruye y sentencia. Sin embargo, hay fallos de la Corte Suprema y Acordada de la Cámara Federal que revirtieron esta situación, para que no sea el mismo juez el que realice las dos etapas.

2) El juez no ve con claridad las causas a partir de las cuales las autoridades judiciales del Paraguay o bien su gobierno habrían seleccionado a ciertos integrantes del Partido Patria Libre y de otras organizaciones campesinas para imputarles un hecho criminal. Considera que deben tenerse en cuenta los rechazos a los pedidos de refugio realizados por los requeridos ante el CEPARE y que si bien no existe un bagaje importante de prueba suficiente para conformar la imputación que se les dirige, no le compete entrar al fondo de la cuestión ya que como juez del Estado requerido debe tener por ciertos los hechos tal como están relatados en el pedido de extradición. 
Cabe aclarar que la defensa ofreció varios testigos y a pesar que el juez sólo permitió 3 –Estela Calloni, Carlos Aznarez y Teresita Asilvera- explicaron con detalles esta situación de persecución de los dirigentes del Partido Patria Libre en el 2002 y actualmente, como también hacia las organizaciones campesinas. Otros testimonios, como obispos y demás del Paraguay  fueron rechazados por prueba superabundante.

3) Con relación a las violaciones a Derechos Fundamentales previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos invocados por la defensa, son argumentos de fondo que escapan –a criterio del juez- a la especial naturaleza del proceso de extradición. Se los debe plantear ante los jueces de la causa.

4) Sobre la denuncia de hechos de torturas en Paraguay realizada por la defensa, consideró que estas "referencias genéricas" no son ajenas a los sistemas carcelarios de toda Latinoamérica –incluido nuestro país- por lo que no alcanzan para que el Estado Argentino impida el juzgamiento de los requeridos, máxime si se tienen en cuenta los principios de cooperación y reciprocidad comprometidos en el Tratado de Extradición con Paraguay. A pesar de citar el criterio que formula el Comité contra la Tortura con relación al art. 3 del Convenio contra la Tortura , es decir  la prohibición de extraditar o entregar personas a países donde puedan ser sometidos a torturas o maltratos, entiende que el riesgo debe ir más allá de una mera especulación o sospecha. Parece que no bastó las torturas que llevaron a la incapacidad a Arrom y a Martí, dirigentes del Partido Patria Libre, a los asesinatos de personas que vendrían a ver a los requeridos antes de su partida, a los intentos de asesinato de las personas presas por esta causa en Paraguay y los informes del Relator de Naciones Unidas acompañadas por la defensa de fecha 1 de diciembre de este año sobre este tópico.

5) Al agravio de la defensa sobre la improcedencia del pedido de extradición en base a que la Sala Tercera en lo Penal del Paraguay decreta la prisión preventiva de los requeridos sin ser oídos, considera el juez que aún teniendo por ciertas las afirmaciones de la defensa, no puede rechazar la extradición porque sería inmiscuirse en cuestiones propias de los tribunales extranjeros.

6) Con relación al rechazo de la prueba testimonial ofrecida por la defensa, entendió que no vulnera la garantía de defensa en juicio ya que era suficiente, a su entender, con los interrogatorios a los requeridos y los 3 testigos que sí permitió testimoniar, y que se pretendía acreditar la persecución política de las personas requeridas en su país.

7) El juez considera que sin perjuicio de disponer la extradición se debe poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina las posibles irregularidades en el marco de la causa penal de origen denunciadas por los requeridos así como por los testigos del juicio (Estela Calloni, Carlos Aznarez y Teresita Asilvera) y por los defensores de los requeridos. Considera que el Estado Argentino deberá garantizar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –o el organismo internacional de derechos humanos que corresponda- tome intervención en el trámite de dichas actuaciones a fin de verificar el resguardo de las garantías judiciales mínimas de los imputados así como su integridad física (arts. 5 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
 
EL JUEZ ARIEL LIJO, ACCEDE AL PEDIDO DE EXTRADICIÓN AL PARAGUAY HACIENDO CASO OMISO DE LA ABERRANTE SITUACIÓN DE PERSECUSIÓN DE LOS COMPAÑEROS.
LA CORTE SUPREMA DECIDE QUE NO RESOLVERÁ HASTA TANTO RESUELVA EL PODER EJECUTIVO
EL PODER EJECUTIVO TIENE LA RESPONSABILIDAD DE CONCEDER EL REFUGIO Y HACER UN POCO DE JUSTICIA CON NUESTROS HERMANOS PARAGUAYOS.
ESTA RESPUESTA DEBE SER URGENTE, PORQUE ELLOS HAN RESUELTO INICIAR UNA HUELGA DE HAMBRE HASTA SU LIBERTAD.
EL GOBIERNO ARGENTINO, TIENE EN SUS MANOS LA LIBERTAD Y LA VIDA DE ESTOS 6 CAMPESINOS QUE SOLO SON CULPABLES DE HABER LUCHADO POR UN PARAGUAY MÁS JUSTO.


fidela_argentina@ yahoo.com. ar
 
DRES INTERVINIENTES EN LA DEFENSA :
DR SOARES:1560945055
DRA MAZEA: 1558169178
DRA PEREYRA:1559364304

 
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