Patricia Agosto Los desafíos de la integración de los pueblos Una mirada desde la Educación Popular Imprimir E-Mail

Hablar de integración entre pueblos latinoamericanos lleva necesariamente a remitirnos a la historia de nuestros países y a la recuperación de proyectos que se originaron en las nacientes repúblicas del siglo XIX. Cabe mencionar en este sentido los proyectos de Artigas, de Bolívar, de San Martín, proyectos que apuntaban a la unidad latinoamericana y a la construcción de la Patria Grande y de una identidad cultural propia de nuestro continente. Pero también es hablar de la frustración de esos proyectos cuando las oligarquías nativas y las potencias extranjeras percibieron claramente que los mismos atentaban contra los privilegios de clase y contra las posibilidades de alimentar el desarrollo de los países industriales con las riquezas de las naciones demasiado jóvenes para pretender ser soberanas e independientes de los intereses ajenos.
La historia de la integración está asociada a la historia del imperialismo que, a lo largo del proceso histórico tuvo diferentes caras pero los mismos objetivos: la dominación política, económica y cultural de regiones con enormes riquezas que justificaban la utilización de todos los recursos necesarios para frustrar los válidos intentos de construcción autónoma de naciones independientes. El imperialismo, en todas sus vertientes y todas sus expresiones, ha trabajado arduamente en la destrucción de los proyectos de integración de los países de América Latina, razón  por la cual la historia de nuestro continente, construida a sangre y fuego de imposiciones y resistencias, está plagada de ejemplos de construcciones y “desconstrucciones” de proyectos alternativos y contrahegemónicos.  
Para tomar sólo un ejemplo de aniquilamiento de alternativas nacionales, de los muchos que nos brinda la historia, mencionamos la Guerra de la Triple Alianza, en la cual tres de los países vecinos y fronterizos de Paraguay se aliaron para destruir ese país, a través de un genocidio impensado entre repúblicas hermanas, y detener el proceso de construcción autónoma que estaba desarrollando desde hacía décadas, es decir desde el momento en que esa nación se independiza de la Corona española pero también de la influencia de los procesos que se desarrollaban en las regiones rebeldes que la circundaban. Y detrás (o no tan atrás) de esa alianza se jugaban los intereses imperialistas de ese momento, los de Inglaterra, que tenía necesidad de librecomercio –incompatible con la autonomía de los posibles mercados- y temía, a su vez, que un ejemplo como el paraguayo fuera imitado por las jóvenes naciones vecinas. De ser así, se quedaría sin mercados para sus productos industriales y sin materias primas para alimentar la fabricación de los mismos. Nos trae recuerdos de los mismos temores –fundados por cierto- de otro imperialismo luego del triunfo de la primera revolución socialista de América.    
No nos puede sorprender que la historia oficial y los sectores oligárquicos de nuestras naciones hayan reivindicado esta guerra, pero lo que sí nos tenemos que preguntar, hoy, dos siglos después, es porqué la otra historia, la de los pueblos y organizaciones en lucha, ha hablado bastante poco de ella. Ojalá sea porque nos da vergüenza recordarla. Sin embargo, la historia, por lo menos la tejida entre los estados protagonistas de esa guerra aniquiladora de una nación y un pueblo, ha vuelto a repetirse un siglo después, a través de tratados y proyectos que seguían dejando a Paraguay en el lugar de la hermana vapuleada del continente.  
En el propio proceso político paraguayo hubo absolutos responsables del desangrado del pueblo, entre los cuales el más tortuoso fue Strossner, que no sólo utilizó todos los recursos represivos para disciplinar a la sociedad sino que también firmó tratados vergonzosos para los intereses nacionales. Itaipú y Yacyretá desembocaron en la construcción de mega proyectos hidroeléctricos, en los cuales Paraguay aportó su territorio y sus ríos, recibiendo escasos beneficios y enormes destrucciones comparados con los de los otros firmantes de los tratados: Brasil en el caso de Itaipú y la Argentina en el caso de Yacyretá. Nadie, de los comprometidos en estos proyectos, recordó la Guerra de la Triple Alianza en el momento de concretarlos, o quizás sí pero fue rápidamente llevada a la desmemoria que suele acompañar a los grandes negocios. 
Hace algunas décadas, los grandes negocios en América Latina empezaron a tener un nuevo nombre: modelo productivo extractivo, destructor y exportador. El desarrollo del mismo, que se ha convertido en la principal estrategia de acumulación superando la valorización financiera,  es la forma a través de la cual América Latina ocupa su lugar en el engranaje de la nueva división del trabajo. Si en los siglos XIX y buena parte del XX, nuestro continente ya era proveedor de productos primarios en el mercado mundial, hoy también lo sigue siendo pero con un perfil mucho más depredador de la naturaleza, de las comunidades y de la vida en general. La implantación de ese modelo productivo se traduce en políticas de saqueo, contaminación y destrucción de nuestros territorios y los bienes de la naturaleza que alberga, acompañadas de estrategias de militarización y criminalización de quienes se resisten a la recolonización impuesta por los grandes capitales nacionales y transnacionales.
Los bienes de la naturaleza que están en disputa con este modelo productivo son prácticamente todas nuestras riquezas naturales. Entre ellas, las tierras que están amenazadas de muerte por la extensión de los monocultivos de soja, altamente redituable como producto exportable y como materia prima de la industria de agrocombustibles, y el veloz aumento de los monocultivos de pinos y eucaliptos, bases del desarrollo de las industrias de pastas de celulosa. En ambos casos, la extensión de los monocultivos es acompañada por el uso de semillas transgénicas y de agrotóxicos, que destruyen la fertilidad de la tierra y contaminan las aguas y los ríos, y el reemplazo de la producción de alimentos –con la consiguiente escasez y suba de precios- por la de monocultivos exportables.
Con abiertos objetivos productivos o con el disfraz del conservacionismo ecologista, las tierras de nuestros países están siendo sometidas a un proceso de privatización, concentración y extranjerización, detrás del cual se esconden la apropiación de fuentes de agua y de zonas ricas en biodiversidad, y junto con el cual no se puede ocultar el desplazamiento de pequeños productores y campesinos que pierden, además de sus tierras, sus medios de subsistencia y su tradicional estilo de vida.
Como el desarrollo de este modelo requiere grandes cantidades de energía, los ríos han sido invadidos por mega proyectos hidroeléctricos, que aniquilan su curso natural así como las formas de vida de las poblaciones que vivían a sus orillas, y la explotación petrolera, en manos de empresas transnacionales, ha sido acompañada de consecuencias ambientales y sociales cada vez más dramáticas. También algunas regiones de nuestro país, como ocurre en otros países de América Latina, aportan cada vez más minerales al desarrollo de las industrias de los países desarrollados, a través de métodos destructivos del medio ambiente llevados a cabo por empresas transnacionales, en condiciones sumamente ventajosas y amparadas por las legislaciones nacionales.  
Las producciones obtenidas a través de este modelo requieren proyectos de integración, pero no en el sentido histórico y combativo que le dábamos a la palabra, sino de integración para hacer más fácil el saqueo.  Así, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIIRSA), aprobada por la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, incluye la modernización de puertos, la renovación y reutilización de vías férreas y la construcción de hidrovías que permitan un transporte fluvial permanentemente activo y a bajo costo. Se trata de la “integración para el saqueo”, es decir la construcción de la infraestructura necesaria para que las producciones regionales, que responden a políticas globales de necesidad de expansión de determinados cultivos y actividades económicas, se desplacen en la forma más barata y rápida posible hacia los mercados internacionales.
Con el desarrollo del modelo productivo y las políticas de integración para el saqueo estamos enfrentando una disputa entre los grandes capitales y las comunidades afectadas por el control del territorio, considerado por los primeros como el espacio que contiene las riquezas y por lo tanto a disputar, y por las segundas, como lugar habitado pero también como espacio de construcción de relaciones sociales y culturales y de sentido de la vida, y por lo tanto necesario de defender en esa disputa.
Y como está en juego la vida para las comunidades y las poblaciones afectadas por el modelo, las mismas vienen poniendo en juego la creatividad popular para generar estrategias de resistencia. Sin embargo, como suele ocurrir, esta movilización social generó rápidas respuestas, no tan creativas en el sentido más poético del término, por parte de los interesados en imponer y sostener el modelo de agronegocios, es decir los grandes capitales nacionales y extranjeros y los gobiernos cómplices de esos capitales y garantes de sus estrategias de acumulación. Así, los resortes del poder se utilizan para abrir procesos de judicialización y criminalización de los movimientos sociales, para extender políticas de cooptación y asistencialismo que compran voluntades de cuestionadores o posibles cuestionadores del modelo y para desplegar políticas de control social, represión directa y militarización. En nuestro país, estas políticas represivas y de militarización se manifestaron a nivel nacional con la aprobación de la ley antiterrorista el año pasado y en esta región del litoral en particular se vienen demostrando a través de las estrategias desplegadas en la zona de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Considerada una zona “peligrosa” por la supuesta existencia –sospecha nunca confirmada por pruebas concretas- de células dormidas del terrorismo internacional, la Triple Frontera se ha convertido en un espacio de despliegue de la guerra preventiva y total contra el terrorismo. Y en esa guerra, que según el gobierno norteamericano tiene que ser mundial, se vuelve a plantear en nuestro continente la necesidad de una supuesta integración basada en la cooperación multilateral para enfrentar las amenazas a la seguridad continental. Nuevamente, los términos “integración” y “cooperación” son apropiados por el poder y vaciados del sentido histórico de unidad de los pueblos latinoamericanos.
Los estados latinoamericanos, salvo dignas excepciones, han sido y en muchos casos siguen siendo cómplices de esos procesos de integración impuestos para el saqueo y el control de nuestros territorios. Por esa razón son los movimientos sociales los que han ido protagonizando, en las propias experiencias de lucha, otras formas de integración, las que recuperan ese sentido histórico de construcción de identidad entre los pueblos latinoamericanos.
En esta construcción de identidad e integración de los pueblos, la educación popular tiene mucho que aportar, haciendo posible la construcción de las respuestas frente a los desafíos que tenemos como movimientos sociales.
En primer lugar, generar espacios de encuentro y debate de las organizaciones que luchan desde distintas perspectivas y a través de diversos métodos contra este modelo productivo. En esos encuentros de diálogo e intercambio es necesario recuperar nuestra historia, la de los supuestos vencidos y vencidas por los proyectos impuestos por las oligarquías locales y los imperialismos, aprendiendo de esa historia para no volver a repetir interpretaciones ajenas a nuestros intereses como pueblos. Esos encuentros deben servir, además, para conocer las estrategias y las políticas de recolonización desde una mirada local, regional, nacional, continental y mundial, así como las distintas experiencias de lucha frente a las mismas, para generar la construcción colectiva de conocimientos desde los sectores populares y oprimidos, para articular formas de acción concreta entre las organizaciones sociales que pelean en defensa de algún bien de la naturaleza pero también con otras que, si bien no se están enfrentando en concreto a una empresa transnacional, sí están peleando por otro mundo posible, alternativo y contrahegemónico. Ya no alcanza con salir a apoyar pedidos de solidaridad concreta, aunque es indispensable responder a ellos, hace falta construir articulaciones y redes permanentes que permitan a los movimientos sociales protagonizar resistencias colectivas cotidianas. Hace falta ir construyendo nuevas subjetividades, -hombres nuevos y mujeres nuevas-, en los propios procesos de lucha, que son las que abren el futuro en el presente. Es necesario que, frente a los avances destructores del modelo y de la integración para la muerte, vayamos aprendiendo a escuchar voces diversas que representan distintas visiones del mundo. En este sentido, escuchar y decir con los pueblos originarios nos enseña muchas cosas, ya que nos vienen advirtiendo que para defender la vida es necesario defender nuestros territorios y recuperar una relación armónica y de respeto con la naturaleza. Son voces que saben de qué hablan, ya que convivieron durante siglos con el medio sin destruirlo. En su cosmovisión esos elementos naturales son parte de la cultura y de la comunidad, por lo tanto no se los puede destruir sin atentar contra la propia vida humana.  
Como no hay ni puede haber resignación frente a la recolonización, es necesario que las luchas y las resistencias sean contra el modelo productivo, destructor de la naturaleza y la vida, contra las políticas de integración para el saqueo y contra las estrategias de militarizar, controlar y criminalizar nuestras luchas y nuestras vidas, pero también contra la reproducción de lo mismo contra lo cual luchamos en nuestra vida cotidiana. La destrucción de todas las formas de opresión tiene que tener distintos escenarios de lucha: las calles, nuestras comunidades y lugares de pertenencia y nuestra vida cotidiana.
En estos distintos escenarios de lucha y resistencia tenemos que ir recuperando los proyectos de integración de los pueblos que hemos tejido históricamente, reflexionar sobre las razones de sus frustraciones, en las que se jugaron intereses internos y externos, e ir construyendo escenarios favorables a nuestro intereses populares, rescatando el sentido de las palabras que nos robaron y nos siguen robando, junto con nuestras riquezas y nuestras vidas.

 
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