Entrevista a Daniel Otal, FM Alas, El Bolsón Imprimir E-Mail

La Patagonia asediada por las multinacionales

1 de junio de 2007

-Contamos cuál es la situación en la Patagonia en relación a los conflictos relacionados con los bienes de la naturaleza.

Daniel: quizás es un poco atrevido querer definir la totalidad de los conflictos de la Patagonia desde este lugar. La extensión geográfica de la Patagonia nos hace imposible poder sintetizar tamaña superficie con una observación. De todos modos, yo tuve la oportunidad de recorrer hasta Tierra del Fuego, estuve en las provincias de Santa Cruz y de Chubut. Atravesé la provincia de Río Negro de norte a sur y de este a oeste y puedo decir que esta provincia tiene una inercia histórica distinta al resto del país, por la escasa población y la aparente ausencia de conflictos, debido a haber establecido durante muchos años una forma de control político casi feudal por parte de los sectores de poder de la provincia, asociados con los grandes negocios desde hace muchos años.
En el caso de las provincias de Chubut y Santa Cruz, cuyo peso específico económico está ligado íntimamente con la industria petrolera las oleadas de ingreso o no de empresas petroleras en explotación y cateo ha modificado la economía de esas provincias rotundamente. Luego, a partir de legislaciones que fueron modificando las regalías por decisiones del gobierno central consensuadas con las provincias, esto se fue amortiguando un poco. De todos modos, siguieron los poderes de tipo feudal, que abundan en nuestro país. Cada uno podría poner nombre y apellido en su provincia a los verdaderos poderes políticos históricos, en algunas provincias más diluidos, en otras, más evidentes, con muy pocos apellidos. Ese estado tiene una dinámica subsumida en la realidad social que padece el conjunto del país por la conducción económica, por el proyecto social que se va desarrollando. De esa dialéctica que se da entre los proyectos políticos aplicados nacionalmente y la realidad política de las provincias, surgen áreas de conflicto, propias de cómo se disparan esos mecanismos de dominación económica que tienen historia en todo el continente.
Esto puede parecer complejo descrito rápidamente, pero pensemos en algunos ejemplos prácticos. Cuando la Patagonia se convierte, por una autopromoción, en un territorio sano en el mundo a partir de la enfermedad del mundo capitalista masificada en el deterioro de los recursos naturales, esta zona, junto con otros lugares del mundo, empieza a tomar un lugar en la escena mundial como un territorio sano, prístino, no abusado en cuanto a la explotación de recursos naturales, todavía con bosques naturales, con agua que se puede llamar pura comparada con la del resto del mundo. Esto va configurando, en la escena de la apetencia mundial de recursos naturales, un lugar de privilegio para aquellos que buscan invertir en la explotación de esos recursos. Y estamos hablando de que se ven sólo como recursos, es decir, no como un estado del planeta donde vivimos, no como bienes colectivos y sociales, sino como algo que es transferido a su posibilidad económica de explotación. Verlos como recursos es la única observación que tienen las empresas multinacionales y los grandes capitales para pensar en la Patagonia. Ahí empiezan a aparecer la apetencia por las tierras y los conflictos con las organizaciones de pueblos originarios, que existen desde hace muchos años porque fueron los que primeros los denunciaron. Estas organizaciones sentían el acoso sobre la tierra ya por parte de las estructuras feudales y lo empiezan a padecer en función de los proyectos económicos.

-Esto hace tiempo ya...

Daniel: sí, esto hace tiempo. Estoy desarrollando rápidamente veinticinco años de historia, que son los años que yo llevo viviendo en la Patagonia. Este proceso venía más o menos amortiguado y se fue acelerando. Creo que la toma de conciencia social proviene, precisamente, de la dinamización de las organizaciones indígenas, movimientos que se empiezan a generar y se plantean discusiones que se dan en ámbitos universitarios, en claustros, pero que no se dan socialmente como algo propio. Las organizaciones indígenas de nuestra Patagonia se plantean estos temas como un problema de política actual, probablemente por el padecimiento frente a la conquista, a la forma de ocupación del territorio por parte de la nación, que ya lo padecieron los abuelos de los actuales ocupantes del territorio y que, transferido por la trasmisión oral, va llegando a las generaciones actuales que son las que dinamizan esta organización. Esas primeras movilizaciones no terminan sino que se han ido dinamizando con un crecimiento político de las organizaciones, una transformación en las acciones que se llevan adelante. Lo que originalmente eran propuestas o demandas de que se existiera una ley indígena, algo que reglamentara la administración de las tierras, se transforma en procesos de ocupación por ejemplo, que hoy son unas de las claves de retorno, de reingreso a los territorios perdidos de muchos lof o conjunto de lof. Esto tiene el acoso particular de estos tiempos, que es agotamiento de los “recursos” en el resto del mundo. Aparece como un acoso sobre las tierras, los bosques, las aguas, el petróleo y las formas de las fuentes de energía, de las que estamos hablando en este tiempo.

-Nos hablabas de los pueblos originarios. Sabemos que venís siguiendo uno de los conflictos más recientes que es el de la comunidad Santa Rosa, que enfrenta a Benetton. Quería que nos contaras un poco cómo es el proceso y cómo lo viviste vos, que acompañaste la recuperación desde un principio.

Daniel: Es un caso testigo de lo que veníamos hablando. El matrimonio de Rosa Rúa Nahuelquir y Atilio Curiñanco retornó a su territorio y después del desplazamiento, de la represión y desarme del lugar, se convierte en una demanda que no acaba, hasta que el pasado 14 de febrero retorna ya como comunidad, conformada con intereses de otra gente que vivió en la zona, que se reconoce parte de la comunidad, se define a sí misma y se conforma administrativa o legalmente como comunidad haciendo una declaración ante un escribano. En ese retorno se viene a refrescar en la memoria colectiva de la región, de quienes somos ajenos en la región y de las comunidades indígenas, buena parte de estos testimonios que tienen una historia que viene siendo revisaba por toda la comunidad mapuche y tehuelche de la región.  ¿Qué es esto de revisar la historia? El proceso de reconocerse a sí mismos por parte de mucha gente que fue castigada para que no se reconozca en su indianidad y repasar cómo el sistema sigue reprimiendo, como era entonces, esta definición de indígena, después de haber privado la lengua, de haber castigado el uso de ella en las escuelas y de haber forzado el uso de la lengua española como invasora. Ese recorrido histórico que hace la comunidad indígena se pone en evidencia en un lugar más, en este caso en la comunidad Santa Rosa Leleque. Es un retorno a la tierra, como ellos prefieren llamarlo, es un volver al lugar donde la familia de Atilio Curiñanco, sus ancestros, estuvieron viviendo. En este momento Atilio tiene una extensa gama de recuerdos en forma de sueños de cuando él estaba con su abuelo, recuperando formas de la tradición oral. Por eso es muy rico conversar con él, que tiene toda la carga de sentir la indianidad al estar en el territorio, en el vínculo ese que nos cuesta tanto entender a quienes no tenemos la cosmogonía de vínculo profundo con la tierra, como tienen aún escondida muchos, en este caso mapuches o tehuelches. Ese retorno tiene, lo que podríamos llamar rápidamente, condimentos pero que, en realidad, son la esencia de la cosmogonía de un pueblo que tiene una cultura íntegra, que la desarrolló durante siglos, que está en su lugar y que, quienes administran toda la potencialidad del poder sobre esto, somos ajenos. Instalamos escuelas, formas de atención a la salud, juegos, cosas que no tienen cultura matriz, que son producto de una disociación de los pueblos en el mundo. Esta forma de invadir un territorio que tiene una cultura propia y asentarle sobre ellas el aplastamiento de cosas como la religiosidad por ejemplo. Aunque la religiosidad tenga puntos en común, no tiene razón de ser en un pueblo que tienen desarrollada una religiosidad y un vínculo profundo con la tierra. Esto es lo que está pasando en la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque y creo que es lo que está pasando en otras ocupaciones que no he tenido la oportunidad de visitar y que tienen en su proceso actual un recorrido, entiendo que similar. En los comunicados, en las notas que dan información, cuando aparece un conflicto se deja traslucir que hay un recorrido en el crecimiento de la indianidad, en la autovaloración que no se venía dando. Creo que se aceleró a partir de los 500 años, ese dinamizador que fue poner sobre la mesa del diálogo intersocial la llegada de España, la imposición de un concepto y una cultura. Esto demostró que las comunidades también tienen algo y que no son solamente víctimas. Eso fue un proceso que sigue en crecimiento y del cual tendríamos que aprender, en lugar de reprimir, que es lo que está haciendo el estado.

-Me quedé pensando que también la rebelión zapatista fue un hito que puso en el tapete el tema de las comunidades indígenas.
En el caso concreto de Santa Rosa vivieron un proceso de desalojo y te quiero preguntar qué fuerzas están operando desde el punto de vista de la militarización, cómo se vive la militarización en Patagonia. Por ejemplo, ¿los desalojos los realizan fuerzas privadas de los terratenientes? ¿Está el estado apoyando? Hay un juego entre la justicia, la fuerza pública, los poderes privados, los intereses de los terratenientes. En América Latina vemos un proceso de militarización que se ve hasta en la vida cotidiana. ¿Cómo se ve este proceso en Patagonia?

 Daniel: probablemente haya variaciones respecto del resto del país por algunas condiciones que a lo mejor en otros lugares se ignoran. La Patagonia es la última parte del territorio que se incorpora al conjunto de la república como provincias. Recordemos que muchas provincias patagónicas son territorios nacionales hasta hace no muchos años atrás. Entonces los territorios nacionales implicaban la presencia de gendarmería, como una autoridad militarizada en la región. Tenía una jerarquía de policía en muchos lugares que no tenían policías. Hay un residuo, un saldo de eso todavía, a pesar de la provincialización de esos territorios. Existen las policías provinciales pero, aunque va cambiando, su presencia tiene un carácter más pueblerino. Mientras tanto subsiste el alto poder de presencia militar de la gendarmería. También hay muchas áreas federales en estas provincias, como son las áreas de frontera. La presencia de la gendarmería es muy fuerte en la región, probablemente por la cuestión de la frontera pero además tiene todavía un residuo de lo que eran las guardias federales. En el campo todavía se recuerda la presencia de la fronteriza, como la llamaban, estos equipos que eran parapoliciales o paramilitares pero que en realidad eran oficiales. Era un equipo de guardia que hacía de policía rural y que tenía una presencia, en el campo y en el aislamiento, intimidante a más no poder, además de violadora. Mucha cantidad de abuelos todavía vivos hoy recuerdan cómo la fronteriza castigaba mal, eran los que desarmaban y echaban a la gente. Esto no solamente está en la memoria, sino que seguramente en la práctica concreta de quienes ejercen el poder todavía, no está desmontado como autoritarismo y se apela a ese uso de la fuerza. De hecho, cuando sucede algún acontecimiento de desalojo en el campo, la gente relata cómo viene la policía con armas blancas y, enganchando palos en las juntas de bueyes o los caballos que encuentran en el lugar, tiran abajo las casas. No se trata de desalojos, se trata de destrucciones. Esto no cae en paracaídas, es producto de un proceso heredado de autoritarismo sobre el pueblo indígena. Este caso de militarización nunca se ha interrumpido, lo que ocurre es que va cediendo ante la presión de la presencia de los derechos humanos, el acompañamiento, las movilizaciones que hacen grupos atentos a tratar de ir desmontando estos procedimientos. Hay una reacción de grupos que van creciendo en cuanto al acompañamiento de estas violaciones, que van aletargando esto. De todas formas, vimos hace poco en Neuquén el caso Fuentealba. Se trataba de policía militarizada que reprimió con el asesinato. Tienen blancos, objetivos, propósitos. No nos olvidemos que la presencia y la existencia de las fuerzas armadas revela la voluntad de reprimir cuando sea necesario. Y ese necesario lo dispone el poder.

-Benetton, ¿tiene guardia privada o recurre directamente a la fuerza pública?  

Daniel: creo que no tiene  porque tiene subordinado a los poderes públicos. No necesitan eso porque hay un alineamiento de los poderes públicos con los grandes empresarios, con las multinacionales, que hacen inoportuno tener fuerzas privadas. De hecho, en San Juan con las mineras, hemos visto la fusión de la Barrick Gold, que tiene sus mercenarios propios, con gendarmería, que pocos metros antes tiene una valla previa a la valla que ponen los mercenarios de la Barrick Gold. Esa asociación de fuerzas de represión habla de una decisión política. En Patagonia, que yo sepa, no funciona, a excepción de en algunos conflictos, como en el caso de Río Gallegos o San Julián, donde la patota sindical –según lo van revelando las informaciones de prensa-  funcionan como grupos de choque. Hay algunos apoyos político-partidarios o sindicales que confrontan con la comunidad. En el caso de Esquel, fue la UOCRA la que sostuvo la misma política que la Meridian Gold, empresa minera que puede hacer un desastre en nuestra región. Todo el apoyo que recibió el gobernador del intendente lo tenía a partir del apoyo militarizado de la presencia de la UOCRA. Es decir, la burocracia sindical puso su aparato de represión para acompañar el proyecto.

-¿Qué pasa mañana con la comunidad Santa Rosa, en cuanto a lo judicial? Sabemos que hay un paso judicial que puede ser importante para el futuro de la comunidad y del conflicto con Benetton. ¿Cuáles son las expectativas que tienen?

Daniel: ese sería el último punto de tensión de este proceso, de lo que está pasando en la comunidad de Leleque. El jueves de hace dos semanas atrás, en la fiscalía de Esquel, la comunidad Santa Rosa Leleque presentó, en cuerpo vivo y con sus abogados, al fiscal de la provincia, una denuncia para que la fiscalía investigue algo que la comunidad detectó, es decir, la usurpación por parte de la empresa Benetton de 16.700 hectáreas, dentro de cuya superficie estaría incorporado el campo Santa Rosa, que son apenas 600 hectáreas. Esta denuncia de usurpación fue entregada con pruebas, que eran la copia de la mensura que hizo la Compañía de Tierras Sudamericana, en su oportunidad, para los títulos de propiedad. Se trata de una empresa inglesa a la que Benetton le compra las tierras después. El agrimensor que hace la mensura de los campos de 900.000 hectáreas


que entran en el título de propiedad, hace la salvedad de que mensura 16.700 hectáreas de más, fuera de lo acordado y las define: al este de tal mojón, al norte de tal otro. Esto, leído en detalle por la comunidad y por los abogados, les hace ver que había un fraude en la escritura original de la tierra que compra Benetton. Por supuesto no se les escapó que los equipos de abogados de Benetton, muy finos lectores renglón por renglón, tenían claro que estaban comprando una parte de un territorio que estaba incorporado fraudulentamente en la escritura original y que había sido aceptado por el estado argentino, mostrando la confabulación que había entonces. En ese lugar teórico del derecho se basa la denuncia de usurpación a la empresa Benetton, considerando que la comunidad Santa Rosa Leleque se halla dentro de esas hectáreas usurpadas. No están diciendo que se revierta el título de propiedad por ahora, están diciendo que el campo Santa Rosa no pertenece a Benetton porque está dentro de un predio que fue usurpado por la empresa Benetton como compradora de la Compañía de Tierras Sudamericana.

-Mañana se tiene que expedir la fiscalía...

Daniel: sí, porque hay que ver si acepta la denuncia como tal o la rechaza. Depende si la acepta o la rechaza, habrá procedimientos distintos que adoptará la comunidad o la fiscalía. Si la fiscalía la acepta, tendrá que investigar la ilegitimidad que se denuncia, o si lo rechaza, quedan las herramientas de la comunidad de hacer la investigación por su parte y hacer una demanda contra Benetton.

-¿Cuáles son aquí en el Bolsón los conflictos locales más importantes relacionados con los bienes de la naturaleza?

 Daniel: esta zona de lagos, que viene de la cordillera neuquina hasta la cordillera santacruceña, es la zona más pretendida de toda la Patagonia. Son los lugares donde están las nacientes de agua, los bosques naturales, las cordilleras más preciosas en cuanto a algunas postales que se venden en el mundo. Esto brinda un marco natural que podría disfrutar todo el mundo que pase por acá, y por otro lado, despierta la codicia de aquellos que viven de esto. Es decir, un bien natural que se te ofrece, donde podés construir una cabaña y vender todo lo que está detrás de la cabaña, despierta apetencia de las agencias de turismo, de las hoteleras, de los terratenientes que son ricos y que pueden tener eso como una casa quinta. Esto va generando todo un mercado inmobiliario paralelo a la realidad. Digo paralelo porque alguien está en un campo como poblador fiscal y de repente se entera que ese campo fue vendido y le aparece alguien con un título de propiedad, diciéndole que se tiene que ir. Este es uno de los conflictos. La gente se asusta, tiene que buscar abogados, no conoce ninguno. Mucha gente no sabe leer y escribir porque este estado no universaliza los servicios tal como dice la constitución. Por eso, todas estas presiones son muy difíciles para mucha gente que vive en este lugar. Esto se mezcla con el poder microfeudales de las pequeñas regiones, que tienen eficacia –aunque sean pequeños- en cuanto a doblegar estados de independencia, de libertad, de democratización de la gente. Esos pequeños poderes, confabulados con operaciones inmobiliarias y de manejo de tierras, generan toda una tensión y la efectivizan, es decir, negocian tierras, presionan gente. En esta región hay no menos de media docena de muertes sospechosas, archivadas en tribunales y cerradas porque no aparecen más pruebas. Es muy raro. Cuando hay intereses tan grandes, todos olfateamos quién es el que está detrás de cada cosa, pero no poder avanzar en la investigación porque los poderes forman parte de los mismos sectores, es una de las cuestiones que están latentes. Hablamos del área natural protegida, la reserva de biosfera.
En relación a los grandes terratenientes extranjeros, tenemos a Ted Turner, que está en la zona de Bariloche, que compra una parte de parque nacional, vendida por el ex director de parques nacionales. Esta es una de las avanzadas. Ya estaban los campos de la estancia inglesa, precursores de invadir territorios en todo el mundo, que tenían la Patagonia prácticamente a su merced. De esto sabe bastante Osvaldo Bayer. Hay presencia de otros extranjeros acompañando a Lewis, por ejemplo Walt Disney con algunos de sus gerentes comprando tierras por acá. Esto genera un clima de mercado internacional de tierras, que algunas inmobiliarias satisfacen, porque el territorio es una mercadería más. La compra de tierras se hace con gente adentro, sin gente adentro, con bosques naturales, con río, con lagos, etc. Si quieren comprar tierras, van a una inmobiliaria y les van a ofrecer una variedad que va de 100.000 dólares a 500.000. No hace mucho tiempo, en la inmobiliaria de Van Ditmar, en Bariloche, había un afiche en la puerta que era un mapa de la Patagonia, en madera tallada, con una banda cruzada que decía: “en venta”. Esa era su publicidad a la calle. Después la sacó porque se había puesto demasiado candente. Nicolás Van Ditmar, el hijo del dueño de la inmobiliaria y también su administrador, es la cara visible de Hidden Lake, el predio de Lewis. Esto tiene aparejado lo que, en mi concepto, es un fraude de la legislatura, que en su momento deberá pasar por un juicio político y en tal caso penal. La legislatura hace una modificación del área natural protegida, a la que llama ampliación. En los números aparece como si aumentara la superficie. Lo que hacen es recortar y  liberar la superficie completa del lago a Lewis, cuya mitad estaba dentro del área natural protegida. Y cuando la amplían, le hacen la quita para que Hidden Lake pueda disponer de la totalidad de la periferia del lago. Por supuesto, no es dueño del agua porque no puede legalmente, sino seguramente la hubiera comprado . Lo que hace es restringir el paso y esto llevó a que se hicieran demandas judiciales en la legislatura rionegrina hasta el año pasado. En este momento, el caso está en la suprema corte de justicia de la provincia, demandando un acceso directo desde la ruta 40 al lago y Hidden Lake ofrece, graciosamente, un acceso por la parte que da a Chile. Es una especie de burla social, colectiva, frente a la que mucha gente todavía no reacciona. Este es el nivel de relación que se da: poderes económicos grandes complicados con poderes políticos y poderes económicos locales. Son objetos codiciados en el mercado internacional. Esto configura un panorama muy difícil, además con legislaciones superpuestas: territorios nacionales, tierras que son de bosques, otras que son reservas de biosfera, otras que son parques, otras que son áreas naturales protegidas. Ser experto en esto requiere que haya un equipo de gente alrededor de esto y las organizaciones sociales no lo podemos conformar. Todavía no nos da la capacidad de poder integrar tamaña capacidad de información.
A esto se suman últimamente los proyectos mineros. En los últimos años, desde la legislación menemista de los años 89 y 90,  la oferta del subsuelo fue aumentando. Si aceptamos la propiedad de la tierra, dejamos de ser propietarios y pasamos a ser superficiarios. El subsuelo le pertenece a la nación y a partir de esa legislación, a las empresas mineras, con un sustrato de eximición impositiva y de facilidades, les resulta prácticamente gratuito explotar el subsuelo. Esto trajo la presencia de las mineras y con ellas el acoso sobre el agua, materia prima fundamental para la extracción minera y para la purificación, y sobre la energía eléctrica, materia prima fundamental para los procedimientos de extracción. Se trata de una zona de grandes ríos, de grandes lagos, y esto hace pensar rápidamente lo que ellos pensaron antes: represas, contaminación y pérdida de agua dulce. Esta es la base del acoso más importante que está sufriendo la región en este momento, que evidentemente abarca todo el país. Hay muchos focos de insurgencia contra la minería, muy sólidamente plantados, y en esta región también los hay.

-¿Hay inminentes proyectos de construcción de represas? Hace dos años hubo una amenaza concreta en relación a la provincia de Chubut. Acá en la región, hay amenazas concretas en ese tema?

Daniel: hay dos del lado nuestro. En Chubut es el más próximo, en la región de Corcovado. Es lo que se llama complejo la Elena, porque este es el nombre de la primera de las cinco represas que se construirían para abastecer de energía a proyectos mineros en la región, que hay muchos rondando la zona de Corcovado, desde nuestro cercano Epuyén hasta Esquel. Ese complejo es de cinco represas. El otro cercano geográficamente, aunque pertenece a Chile, es el juego de represas que se construirían porque Endesa ha recibido la aprobación de usar el derecho de aguas que tenía sobre el río Puelo. Hay que entender que aquí algunos ríos desaguan en el Pacífico yendo hacia el norte. El lago Puelo, que está al sur de El Bolsón, desagua hacia el norte, va bajando hacia el norte hasta desembocar en el océano Pacífico, a la altura de Puerto Montt. En ese recorrido, hay dos lagos intermedios, el lago Las Rocas y lago Azul, ya cerca de la altura de Bariloche está el lago Tagua-tagua y después el Seno de                  
Reloncaví –golfo ubicado en la X región de los Lagos- que es su vía de acceso al Pacífico. Sobre ese río, en la zona sur del lago Tagua-tagua, hay un desagüe de un río de la cordillera chilena, en la zona que se llama El Portón. Ahí ya está aprobado el proyecto de una represa de 103 metros de altura, que marca un desnivel de 170 metros respecto al nivel del mar y que inundaría unas 16.000 hectáreas de bosques, si no recuerdo mal, con el cambio que esto implica para la flora, la fauna y las poblaciones. Muchos han sido avisados, saben que se tienen que ir, y han comenzado una estrategia de lucha. Chile también es firmante de un proyecto minero. Son proyectos transnacionales y por eso aparecen las legislaciones en simultáneo en los diferentes países, lo que pone en evidencia que no son nuestros políticos los que diseñan las leyes del medioambiente. En este caso en particular, la legislación minera de Chile, similar a la de la Argentina, le aprueba a Endesa Ingeniería proyectos mineros en lo que va a ser la zona inundada. Y esto lo hacen para consolidar la tenencia del suelo, es decir, están expulsando a la gente antes de la represa, con los proyectos mineros asentados en la zona donde luego va a ser el lago de la represa de El Portón. Esta es la más inminente, pero acaban de ingresar 52 proyectos de cateo minero para consolidar la tenencia de la tierra. Hace poco tiempo, creo que los primeros días de mayo, Endesa Chile – en realidad española- acaba de renovar el derecho de aguas, lo que estaba dentro del marco de la ley. Esa represa creo que es de 450 metros cúbicos por segundo y como la empresa tiene un derecho de aguas de 800 metros cúbicos por segundo, se reservaron para otra los 400  metros cúbicos por segundo restantes. Se sabe que es un proyecto más al sur, cerca del lago las Rocas, en la zona de Llanada Grande y que va a modificar el desagüe del Lago Puelo argentino, la flora y fauna y la vida de las familias, que son poblaciones campesinas de montañeses que tienen generaciones de vivir allí. Además hay mucha gente en esta zona que tienen sus familias allá.

-¿Cómo es la resistencia de la población aquí en el Bolsón y qué rol cumple Alas? Sabemos que la radio es un ámbito de denuncia clara. Al tratarse de una radio comunitaria, ¿cómo es la relación con la población y cómo se construye la resistencia entre la radio y la población local?

Daniel: había que rescatar un punto previo. En la Argentina están restringidas las libertades de prensa. Está vigente de la ley de radiodifusión de la dictadura, aunque estamos en un proceso de normalización forzado por las propias radios comunitarias. Pero nuestras radios siguen siendo ilegales. Nosotros estamos en la tramitación del pliego y no podríamos estar haciendo radio, la gente no podría venir aquí a decir las cosas que no puede decir en radio Nacional. En El Bolsón existe una radio nacional y algunos de nosotros hemos trabajado allí. En el 89 fuimos despedidos de esa radio, cuando asume Menem. En el 87, viendo lo que se venía, nace Alas. En esa realidad de continuar con el proyecto que venía haciendo radio Nacional de El Bolsón, que era un proyecto de libre comunicación, con la radio en la calle. Era una radio comunitaria, sustentada por el estado, garantizando que toda la gente pueda expresar libremente sus ideas, sin intentar que nadie interprete. En todo caso la radio aporta información para que la gente pueda generar su espíritu crítico y seguir agregando opinión a la consolidación de una verdadera democracia.
La radio juega un papel, en las movilizaciones sociales, en principio como medio de comunicación, es decir informar sobre nuestro trabajo de pesquisar cosas que alimenten el conocimiento que a menudo no está cerca de nosotros, volcarlo y después buscar la opinión de la gente, con el micrófono en la calle o en estudio abierto, sin ningún tipo de charla previa. La gente viene, dice y se hace cargo de lo que responsablemente le garantiza la constitución. Es decir expresar sus ideas y ser responsable civil de lo que dice. La radio juega el papel de dinamizador social de ideas, de intercomunicador entre la gente. Se dan interlocuciones entre la gente que llama y el micrófono, con la línea abierta de teléfono, funciona como una charla en una asamblea. Hay una construcción colectiva de esta radio, la gente en su casa forma parte de Alas. Esto de que puedan llamar y sientan que pueden decir lo que tienen que decir, es una construcción de muchos años de libertad de expresión. La verdadera jerarquía de nuestra comunidad es haber aprendido a usar ese derecho, hacerse cargo de que lo tiene, a no callarse. Está en crecimiento porque nuestros derechos como comunidad nacional, en algunos casos más cercenados y en otros menos, está en construcción permanente. Sabemos que harían falta orejas como Alas en cada una de las comunidades, sobretodo cuando hay conflictos. Nos pasa que a veces nuestra emisión no es escuchada en zonas rurales y viene hasta aquí a denunciarlo, por ejemplo el lago Lezana, en donde la municipalidad le vende a un hombre, a un precio irrisorio, una cantidad de tierras para que haga su empresa. No se la vende al mismo precio que a la población, la población se indigna y este hombre empieza a cometer atropellos contra la población y no tiene como darlo a conocer. Entonces vienen desesperados para que pongamos una radio o una repetidora. Nuestra capacidad de supervivencia no nos da para eso. Nos gustaría poner una puerta igual en cada lugar. Dinamizando esto en las propias comunidades, a veces hacemos capacitaciones. En este momento estamos en un proceso de fundación de una red de radios rurales, que va a estar compuesta inicialmente por tres radios, una en el Maitén, una en la Cuesta del Ternero y otra en Mallín Ahogado, que están distantes de aquí entre 70, 45 y 30 kilómetros, lugares que van a tener su propio radio de trabajo, su propia antena, su propia irradiación y que durante una cantidad de horas del día –no la van a poder sostener todo el tiempo- van a estar conectadas con nuestra emisión. Va a funcionar como un nodo de una red de radios. Van a hacer sus propias producciones pero durante el tiempo que no van a poder producir, se van a conectar con Alas.
Ya se están realizando las capacitaciones. En la última semana hubo un proceso de capacitación, que fue apoyado originalmente por una organización alemana en la compra de unos equipos, después apareció el CONFER apoyando la fundación de esas radios y también el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) con el cual estaban conectadas las comunidades. Han aportado recursos para que las capacitaciones y la compra de algunos equipos se lleven adelante. Esperamos en un proceso no muy largo tener esta red en funcionamiento, que va a alimentar a otras comunidades, a partir de despachos y de información de los lugares donde cada uno opera. La capacitación  es uno de los lugares que comprendimos como necesario para poder multiplicar esta posibilidad de que existan radios comunitarias en muchos otros lugares y que puedan ser la forma de visibilizar los conflictos. A esas comunidades el estado llega cuando quiere festivalizar o adjetivar como exitosos los procesos de desarrollo pero no permite que se viabilicen las cosas que son conflicto en la comunidad. Y ese desgraciadamente es el papel que nos han dejado, a pesar de que hacemos fiestas nuestras y hacemos nuestras propias celebraciones, que no coinciden con las cosas que celebra la prensa oficial o la prensa comercial.

-¿Hay algún riesgo de que cierren Alas con este conflicto con el CONFER?

Daniel: parece que hubiéramos superado un punto crítico. Alas fue cerrada en un momento, padeció el intento de la CNC de requisa de sus equipos. Pasó hace unos años atrás, en horas del mediodía, hora menos poblada de la radio. Vino un jeep de la CNC con técnicos, ingenieros, administrativos y la policía federal, paró arriba de la vereda frente a la puerta de la radio e intentaron ingresar con dos testigos. Es una escena histórica ya. Esto rápidamente fue comunicado por otras radios que nos prestaron los micrófonos en ese momento. Alas fue la primera radio que hubo acá, después de radio Nacional pero con los años aparecieron otras emisoras. Una de ellas fue la que denunció a Alas, asociada con una intención de acallarla. Otras de esas radios nos prestaron el micrófono para que convocáramos rápidamente a la comunidad, informándole lo que había pasado. Eso y llamadas telefónicas apuradas a un montón de gente, hizo que en dos o tres horas se fuera formando una multitud de esos que nosotros llamamos los dueños de la radio. Hicieron asamblea en la puerta de la radio y tomaron la determinación de no dejar que se llevaran los equipos, con una orden judicial federal. Es algo que a la distancia puede parecer imposible. La comunidad fue creciendo, se hizo una gran hoguera, una radio libre en la puerta de la radio con equipos que aparecieron de la nada, altavoces y gente que venía a hablar. En horas de la noche, atemorizados francamente, después de haber intentado varias cosas y de hablar con el juez, accedieron a que no se llevaran los equipos, y que en tal caso quedaran precintados, lo cual ocurrió. La causa judicial siguió con los equipos originales de la radio precintados. Se fueron como pudieron con el vehículo bastante maltrecho por la propia gente, en el medio de la luz de los restos de una hoguera a la 1 de la mañana. Para nosotros esta resistencia fue un aprendizaje grande y descubrimos que teníamos que seguir haciendo radio en función de que había una exigencia. Éramos parte de algo que estaba creciendo que era la conciencia de nuestra comunidad de que quería tener la posibilidad de decir lo que pensaba. Eso fue un momento culminante del desarrollo de la historia de Alas. En paralelo se dio un proceso judicial. En su momento la provincia de Río Negro nos cedió un equipo para que pudiéramos seguir trasmitiendo, en contraposición con el CONFER y con la legislación nacional, porque había una ley provincial de radiodifusión. Hasta que se terminó esa causa judicial, abdicando el estado de continuarla pero tuvimos que firmar que no íbamos a hacer una contra denuncia porque no tenía ningún fundamento. Pero tuvimos que aceptar no hacer una denuncia contra el estado para poder seguir. De ahí en más, desde las radios comunitarias, se siguió exigiendo la derogación de la ley 22.285, para que hubiera una ley de radiodifusión que nos incluyera. Cosa que todavía no sucede. La modificación en el senado del artículo 45 abrió la puerta para que nuestras radios pudieran registrarse bajo un formato especialmente adecuado. Estamos en ese proceso de normalización. Nos inscribimos cada vez que hubo inscripciones de radios comunitarias, nunca escondimos nuestra frecuencia. La asociación en este momento está en un plan de legalización, hemos pagado todas las cuotas de la compra de los pliegos y estamos en el plazo de entrega de informa técnico, que es otra obligación de las radios con pocos recursos económicos.                

-¿De qué manera puntualmente se da la resistencia en la zona? Y por otro lado, ¿qué movimientos sociales surgen? ¿Hay articulación entre ellos?

Daniel: en nuestra región ha habido diversas formas de resistencia. En el caso concreto de la presencia de Joe Lewis y su empresa Hidden Lake, en un momento se negoció hacer un aeropuerto en la zona boscosa de Mallín Ahogado y la comunidad reaccionó. La radio fue uno de los vehículos que tuvo pero la autogestión de resistencia la dio la comunidad afectada y asoció a otros sectores de la comunidad a partir de utilizar bien los medios de comunicación, no sólo la radio sino la propia producción gráfica. Eso se frenó. Sabemos que tiene otra vía, en la cual cuenta con la complicidad del estado.
En la región también existe, desde hace unos años atrás, asociada íntimamente a la resistencia en Esquel con el No a la Mina, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, que forma parte de la Asamblea Patagónica contra el Saqueo y la Contaminación, que tiene un carácter regional más amplio, de la cual forman parte organizaciones ya existentes, ecologistas, de protección del medio ambiente de Bariloche, de General Roca, de Ingeniero Jacobacci. Otras surgen en función de acosos concretos, como en Ingeniero Jacobacci, en defensa del medio ambiente por la presencia de las empresas mineras en cercanías de la localidad, con grupos de ahí que se movilizan en función del conocimiento que impregnó la lucha de Esquel a toda la sociedad argentina. El eco que tuvo la resistencia de Esquel ha sido ejemplificador para mucha gente. Es todo un proceso de crecimiento que se viene dando y hay distintas formas. Formamos parte como institución de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y viabilizamos buena parte de su comunicación. Es un ejemplo de la terquedad, de la determinación, de la claridad de un montón de gente dispuesta a no ceder, a discutir en profundidad, a aprender, a desentrañar las claves y los secretos con que todos estos procesos de desnacionalización, de descontrol sobre el medio ambiente, vienen sucediendo desde el estado. A nosotros nos enorgullece formar parte de ella y aprendemos.



Martín Vidal (Equipo de Educación Popular “Pañuelos en Rebeldía”)
Patricia Agosto (Equipo de Educación Popular “Pañuelos en Rebeldía”)

 
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Julio López, 6 años desaparecido.

 
dejanos tu firma
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No a la impunidad
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