Gambina, Racket, Echaide y RoffinelliI - Las resistencias latinoamericanas del siglo XXI. Imprimir E-Mail
Empresas recuperadas en Argentina


INTRODUCCIÓN

Desde la explosión de la crisis de diciembre de 2001 se multiplicaron en Argentina diversos emprendimientos económicos de carácter popular. Distintos sectores sociales han comenzado a desarrollar numerosos emprendimientos asociativos y/o cooperativos con el objetivo de resolver sus problemas de subsistencia. En realidad, todos ellos cobraron visibilidad después de 2001, pero comenzaron a gestarse en los últimos años del siglo pasado.
Así, en pleno auge del modelo neoliberal, se inició un proceso de apropiación y de resignificación de las prácticas cooperativas y de autogestión por parte de los sectores más perjudicados del sistema. Distintos movimientos de trabajadores desocupados (MTDs), movimientos campesinos, movimientos de los “sin techo” y, recientemente, asambleas vecinales y trabajadores de empresas cerradas o a punto de cerrar, comenzaron a organizar emprendimientos asociativos solidarios: desde panaderías a la producción de calzados o textiles. En forma progresiva, numerosos trabajadores ocupados y desocupados se plantearon la necesidad de tomar en sus propias manos la resolución a sus problemas de trabajo, subsistencia, vivienda y salud a través de la cooperación.
Las llamadas empresas recuperadas forman parte de este nuevo fenómeno social que se vive en Argentina. Se trata de trabajadores que ocupan fábricas con el doble afán de proteger los medios de producción y de mantener la fuente de trabajo. Algunos de los casos más renombrados son: el ingenio azucarero La Esperanza, en Jujuy; la fábrica de cerámicas Zanón, en Neuquén; la de tractores Zanello, en Córdoba; el frigorífico Yaguané, en La Matanza; la textil Brukman, en Capital Federal; el ex supermercado Tigre, en Rosario, Santa Fe; etcétera.
La aparición de las fábricas o empresas recuperadas en Argentina remite a la crisis capitalista y su impacto en las empresas y las relaciones sociales allí contenidas. Algunos empresarios, por diversas razones, abandonaron la actividad económica cerrando la fábrica o empresa o, peor todavía, dejándola a su suerte aún con los activos fijos en su interior. Otros realizaron un verdadero vaciamiento empresario al momento del cierre o incluso progresivamente. El resultado derivó en el desempleo gradual o total de los asalariados. En algunas ocasiones, los trabajadores se encontraron con la fábrica cerrada de un día para el otro y sin noticia previa alguna. Esos trabajadores respondieron con la toma de la empresa a los efectos de recuperar la actividad, conservar los activos fijos y la fuente de trabajo. Se trata de una actividad defensiva del trabajo; incluso de defensa de la empresa, no así del empresario.
Debe destacarse que, pese a existir experiencias previas, el nuevo clima social imperante durante el año 2002 extendió el fenómeno a distintos puntos del país. Es cierto que la devaluación de la moneda favoreció la actividad industrial y potenció la audacia de los trabajadores. A tal punto se desarrolló el tema que hasta se inició un proceso de articulación de esas experiencias en diversos movimientos de empresas recuperadas, que les permitieron aprender unas de otras acerca de los nuevos problemas derivados de la administración popular en relación con la anterior y tradicional gestión de la empresa capitalista. Debe considerarse que desde la toma de la empresa los trabajadores pasaron a decidir sobre el proceso de trabajo al interior de la organización económica y con exclusión de toda dirección propietaria o derivada en núcleos gerenciales.

La actividad defensiva (ocupación de fábricas) tomó carácter ofensivo (la puesta a producir) e interpeló a distintos niveles en búsqueda de su identidad: al Estado por una legislación adecuada y políticas activas para la promoción del nuevo fenómeno; a la sociedad por la solidaridad y el acompañamiento ante los peligros de represión policial, judicial o patronal; y a los propios trabajadores para asumir un papel como sujetos productivos con autonomía del capitalista en la toma de decisiones. También se asumía el riesgo de reproducir la lógica capitalista de la explotación, tanto por la continuidad operativa con proveedores y el mercado de consumo como por la necesidad de ampliación de la planta una vez puesta a producir.

EL DESEMPLEO Y LA RECESIÓN

La recuperación de empresas por parte de los trabajadores es consecuencia directa de la crisis capitalista en Argentina. No sólo se trata de la larga recesión económica (1998-2002), sino que se vincula con el extenso ciclo de reestructuración de las relaciones capitalistas que se desplegaron en el país desde mediados de los setenta y que promovieron variaciones en la relación capital-trabajo, así como en la nueva función del Estado a favor del capital más concentrado y la inserción internacional subordinada al capital transnacional en general, y a Estados Unidos en particular.
Son políticas que generaron una mayor precariedad y flexibilidad de las relaciones de trabajo, agravadas con las secuelas del desempleo, subempleo, sobre-empleo, marginación y pobreza, que se extendieron en forma alarmante. De manera que el flagelo del desempleo es consecuencia directa de un orden buscado con la flexibilidad y la precariedad derivadas de las reformas laborales y las modificaciones en el régimen de acumulación de capitales. Fue la apertura irrestricta de la economía la que produjo un claro subsidio hacia la producción externa, con los consecuentes despidos de los trabajadores de la industria y todos los servicios que atendían al sector fabril. Es la misma apertura que entregó las empresas públicas y canjeó empleo por indemnizaciones, que se volatilizaron junto a remiserías (autos particulares rentados para transporte de corta y mediana distancia), taxis, verdulerías, lavaderos de autos, videoclubes, kioscos o toda forma de emprendimiento salvador para una gigantesca masa de desocupados, que hoy vende su fuerza de trabajo en las peores condiciones laborales y salariales.
De allí que el desempleo y/o subempleo sean procesos vinculados a una desindustrialización relativa, con cierre de fábricas de mano de obra intensiva y, en todo caso, con nueva inversión en fábricas con utilización intensiva de medios de producción en detrimento de la fuerza de trabajo. Argentina tienea comienzos del siglo XXI menos trabajadores industriales que a comienzos de la crisis de los setenta, y su capacidad productiva es menor. El proceso descripto generó desiguales resultados entre las clases subordinadas y las dominantes. Mientras los primeros acrecentaban los índices de explotación, marginación y pobreza, los segundos acumulaban ganancias, riqueza y poder.

EMPRESAS RECUPERADAS POR LOS OBREROS

No existe un registro acabado de la cantidad de empresas recuperadas. Sin embargo, distintas fuentes ubican la existencia de unas 170 empresas en esa situación, que involucran alrededor de quince mil trabajadores.
La mayoría de estas empresas se halla en la provincia de Buenos Aires, a la sazón la que concentra mayor población de las veinticuatro provincias existentes. Es a su vez la de mayor desarrollo absoluto y relativo. En realidad, buena parte de las empresas recuperadas se concentran en el Gran Buenos Aires –que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (capital de la Argentina) y a los partidos del Conurbano bonaerense– donde habitan doce millones de personas, núcleo central de la actividad económica, política y cultural del país. En rigor, el fenómeno de las empresas recuperadas se presenta en las zonas de mayor población y desarrollo capitalista, entre las cuales se encuentran las provincias de Santa Fe y Córdoba, y en menor medida en Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Jujuy.
En un listado publicado en la revista Enfoques Alternativos aparecen empresas alimenticias y frigoríficas; siderúrgicas y metalúrgicas; del vidrio; electrodomésticos; del cuero; de lavado de lanas; de madera; pintura; autopartes, motores eléctricos; cosméticos y papel; transporte y construcción; imprenta, gráfica; confección y textil; incluso producción de tractores, acoplados y material ferroviario. Dicho informe reconoce emprendimientos de entre ocho y 600 trabajadores. Se trata de una realidad muy diversa y no homogénea. No es lo mismo un restaurante con ocho trabajadores o una producción panificadora con dieciséis que una empresa de transporte con 160, un frigorífico con 480 o un ingenio azucarero con 600 trabajadores (Fajn, 2003).
Sin duda, uno de los principales problemas tiene que ver con la lógica capitalista de funcionamiento de las empresas. En efecto, los trabajadores cuentan al inicio del proceso productivo con los activos fijos o medios de producción, y su fuerza de trabajo. En algunos casos subsisten en las empresas materiales y materias primas que les permiten avanzar en los primeros procesos productivos o de servicios. Pero inmediatamente se quedarán sin capital de trabajo para funcionar y deberán acudir al mercado (proveedores y bancos) para obtener los insumos necesarios.

Aquí debe recordarse la situación argentina de recesión e insuficiencia de crédito para comprender las dificultades que se presentan a las empresas recuperadas para un adecuado funcionamiento. Además, es preciso reconocer que la voluntad gubernamental no precisamente favorece con su política económica las demandas y necesidades de los sectores que impulsan la economía popular, aunque como dijimos, la devaluación hace posible hoy procesos productivos que eran difíciles en tiempos de vigencia del régimen convertible con un tipo de cambio que igualaba la paridad de la moneda local con el dólar.
Existen, sin embargo, organizaciones que han impulsado acciones solidarias con las empresas recuperadas. Puede destacarse que la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) ofrece sin cargo el asesoramiento profesional en toda la línea de necesidades de gestión administrativa, comercial, impositiva, de costos y contabilidad, tecnológica, etc., al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). En el mismo sentido existen iniciativas desde parte del movimiento cooperativo –de larga trayectoria en el país– hacia las nuevas empresas, que alientan esa misma forma organizativa. A su vez, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) ha dado atención a parte del nuevo fenómeno emergente, conteniendo a los trabajadores en su seno. También desde el ámbito universitario se ha brindado apoyo: la Universidad del Comahue, en Neuquén, ha celebrado convenios de asistencia técnica con la empresa ceramista Zanón de dicha provincia; la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha desarrollado diversos programas de capacitación destinados a los trabajadores de empresas recuperadas, así como a trabajadores desocupados que buscan constituir emprendimientos asociativos. Son organizaciones que actúan en conjunto en la resistencia y que intentan construir experiencias organizativas conjuntas, y por ello no llama la atención que articulen con el nuevo fenómeno; en rigor, no sólo con las empresas recuperadas, sino también con piqueteros y asambleas barriales. Es cierto, también, que algunas de las empresas intentan ser manipuladas por el accionar de intendencias (gobiernos locales), burocracias sindicales y/o políticas.
Si bien la práctica de ocupación de empresas tiene su tiempo y en la actualidad existen varios movimientos que las agrupan, y además hay reconocimiento social y solidaridad activa del movimiento popular, debe reconocerse que no todas son rosas. Existen límites objetivos y subjetivos que es necesario aceptar y abordar por el propio movimiento, si se piensa estratégicamente en el desarrollo del poder popular. Y esos límites tienen un vínculo directo con la correlación de fuerzas en el contexto político y con la decisión política de encarar este problemático tema hacia una salida definitiva a favor de los sectores populares y su proyecto autónomo –y, eventualmente, emancipatorio– o, por el contrario, acotarlo, contenerlo dentro de las estructuras impuestas del orden establecido para subsumirlo dentro de las relaciones de poder imperantes y atenuar (mas no resolver) los reclamos y las necesidades de los trabajadores.

LA ESTRATEGIA OBRERA

Hasta el momento de la fuga de los anteriores dueños de las empresas, los obreros habían realizado huelgas y otras protestas reclamando por los salarios caídos, indemnizaciones y demás deudas. Ante el fracaso de querer ser escuchados o de intentar que los empresarios vuelvan a la fábrica o empresa, se produce la toma de la misma por parte de los trabajadores. Ello tampoco ha garantizado que la patronal regresara a hacerse cargo del emprendimiento, por lo que ha sido una cuestión de tiempo el que los trabajadores se pusieran efectivamente a producir por su cuenta y sin patronal.
Es allí cuando reaparece la dirección empresarial y presenta sus reclamos ante la justicia; porque ve en riesgo la propiedad privada de los medios de producción de su empresa puntual. Los mecanismos jurídicos conservadores, los medios de comunicación afines a sus intereses de clase, reaccionan con posterioridad, al evidenciar que el caso puntual se ve multiplicado en cientos de otros en todo el país. Tras ello, devienen generalmente los intentos de desalojo (a veces exitosos, otras frustrados) y las represiones por las fuerzas policiales. Entre tanto, los trabajadores se organizan –o bien bajo la forma cooperativa o bien de hecho– para intentar que se les reconozca la ocupación formalmente y encontrar una solución que satisfaga las necesidades creadas de las familias empleadas y a punto de quedar en la calle.
La forma de cooperativa de trabajo otorga a los obreros una cierta estructura donde poder funcionar en forma horizontal, respetando la equidad en la participación de las ganancias y la toma de decisiones en forma democrática. A partir de una figura legal constituida, los trabajadores pueden pelear legalmente por la tenencia del inmueble argumentando su interés en la preservación de los bienes para la conservación de la empresa que les da trabajo. Logrando la tenencia precaria del inmueble y luego la custodia judicial del mismo, evitan en alguna forma la represión policial. A partir de allí comienzan las negociaciones en tribunales e inclusive con legisladores (quienes eventualmente serán quienes impulsen las leyes de expropiación). Como puede observarse, la cuestión no implica pasividades ni instancias de fácil resolución.

ALGUNOS ASPECTOS JURÍDICOS

Existen abundantes argumentos sobre la ineficacia de la legislación positiva y la administración de justicia en Argentina en relación con la ocupación de empresas, ya que el derecho privilegia la propiedad por encima de los derechos sociales, tales como el que garantiza el trabajo (artículo 14 bis de la Constitución Nacional desde 1949). Incluso la legislación aprobada por las legislaturas de la Ciudad de Buenos Aires y la de la Provincia de Buenos Aires, apoyada aun por los partidos de izquierda, envía el problema de fondo a resolverse en el futuro. En efecto, la nueva legislación entrega los activos a los trabajadores por 24 meses con la prioridad sobre los acreedores de la empresa fallida (quebrada) antes de la ocupación por sus trabajadores. Es decir, no asegura la propiedad de la empresa para los trabajadores y no indica taxativamente ninguna consideración operativa para facilitar la puesta en funcionamiento de la empresa en cuestión. Pero mucho mayor que el límite jurídico es el que impone la política hegemónica que no estimula el desarrollo de una economía alternativa y que no afecta el corazón de las relaciones de explotación, es decir, la propiedad privada.
Se da un coto entre la oportunidad de despegue real de esta economía alternativa –si se quiere– mediante la posibilidad de otorgar vías de financiamiento y crédito a estas empresas desde sectores que ya han demostrado cierto acercamiento, como podría ser el caso de la banca cooperativa.
Económicamente ha quedado probado que es una falsedad el sostener que estas empresas perecerán por carecer de capital inicial. Los trabajadores están decididos a aportar en forma gratuita el valor de la fuerza de trabajo que poseen hasta que el proyecto dé indicios de recuperación. Si bien estos créditos poseen un privilegio que hace que ellos puedan cobrar con anterioridad al común de los acreedores, saben que si no hay bienes en la quiebra, dudosamente puedan llegar a percibir algo de los mismos. Por ende, están dispuestos a ceder sus indemnizaciones para recuperar la empresa y no perder su fuente de trabajo, que es la principal preocupación.
Pero, como referimos, existe una especie de coto jurídico, que puede comprobarse simplemente al verificar que el porcentaje de empresas recuperadas en actividad asciende al 79%, mientras que las paradas –es decir, tomadas pero sin actividad iniciada– alcanzan el 21 por ciento. Precisamente las empresas que se encuentran aún sin definición legal son cerca del 19,5%, lo cual nos sugiere que la empresa parada es la que aún no ha podido resolver su situación legal. Esta cuestión involucra directamente a la legislación vigente, a la actitud de los jueces y al poder de negociación de los trabajadores de estas empresas.
La situación económica de estas empresas ya resultaba precaria al momento de hallarse bajo la dirección de la patronal capitalista. Es por eso también que la gran mayoría de ellas se encuentra, o bien con procesos abiertos de concursos preventivos (convocatoria de acreedores para renegociar el pasivo de la empresa), o de quiebras decretadas.
Muchos de los trabajadores ignoraban esta situación cuando se dispusieron a ejercer medidas de fuerza para reclamar a la patronal sus salarios adeudados, haberes caídos, etcétera. Y en casi la totalidad de casos –para no decir en todos– la patronal terminó huyendo, abandonando literalmente la empresa a su suerte, como decíamos, con activos y trabajadores adentro. Es por ello que una de las primeras medidas de fuerza es la toma de la empresa y, tras ver que el regreso de los administradores se torna ilusorio, la puesta en producción de la misma. Es recién entonces cuando la clase empresarial dirigente de la empresa (los dueños) se presenta ante los juzgados comerciales y penales para denunciar la situación y en reclamo de sus derechos de propiedad.
Aquí cabe hacer aclaraciones en cuanto a los distintos juzgados que pueden intervenir en estas causas, algo que amerita importancia ya que cualquiera de ellos puede utilizar la fuerza pública para desalojar a los trabajadores de las instalaciones de la empresa recuperada por motivos diversos.
El juzgado comercial eventualmente intentará desalojar a los trabajadores bajo el motivo de clausura del inmueble de la empresa quebrada. Ello obedece a lo normado por la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) argentina (ley 24.522). Sólo ante un caso excepcional la norma prevé la continuidad de la explotación de la empresa (en su art. 190) pero con el único efecto de poder liquidarse por un monto mayor al que se obtuviere estando la empresa parada.
Algunas modificaciones a la LCQ, a raíz de los numerosos casos de empresas recuperadas, han introducido la posibilidad de que los trabajadores, organizados bajo la forma de cooperativa de trabajo, puedan presentarse ante el juez comercial solicitando la aplicación de esta excepción. A esto, tan sólo dos comentarios: primero, que queda bajo la discrecionalidad del juez el otorgar o no la continuidad de la empresa; segundo, que en casi la totalidad de los casos la continuidad de la explotación se otorga a la cooperativa en forma precaria y temporaria (por dos años), hasta cumplirse el plazo que fuera necesario para poder realizar la liquidación de la empresa, único objetivo de todo este proceso para la ley.
Es decir, que en ningún caso se discute sobre la propiedad de los bienes de la empresa recuperada. Algunos trabajadores y autores sostienen que en esos dos años las empresas –ya en plena actividad– poseen los recursos suficientes como para comprar los bienes o la empresa en sí. Empero, este es un debate todavía no cerrado, debido a que dicho plazo recién comienza a cumplirse en la actualidad para muchas de estas empresas.
Cabe mencionar que es verdaderamente una rareza encontrar que los acreedores se presenten para oponerse a los objetivos de los trabajadores de recuperar la empresa. Ello ocurre porque en la realidad se trata de los mismos proveedores que suministraban a los antiguos dueños, que continúan comercializando con la empresa recuperada. Asimismo es conveniente destacar que los propios trabajadores también son acreedores, por las indemnizaciones laborales no percibidas y eventuales salarios adeudados; pero muchas veces, estos créditos a favor de los trabajadores son literalmente entregados a la quiebra para que se les conceda la excepción de la continuidad de la explotación en sus manos.
El otro fuero judicial que puede intervenir es el penal. Esto es por las denuncias que los capitalistas presentan contra los trabajadores bajo los cargos de usurpación de los inmuebles ocupados, o robo de los bienes, materias primas y maquinarias utilizados para la producción. Afortunadamente estas acusaciones no han prosperado por razones varias, pero ello no ha evitado que las fuerzas policiales irrumpieran dentro de fábricas y empresas por los cargos levantados.
Una cuestión que no debe desatenderse, pero que a veces se pasa por alto, es una prueba de lo que las políticas neoliberales han provocado en cada aspecto particular de la producción, las relaciones de trabajo y la situación social argentina.
En 1995, durante la presidencia de Carlos Menem y en pleno auge del neoliberalismo –modelo exponencial del sistema capitalista– en nuestro país se modificó la mencionada LCQ, quitando la calificación de conducta de los administradores y responsables de las empresas fallidas. Dicho instituto daba facultades al juez y al síndico para analizar si, durante los dos años anteriores a producirse la quiebra, los dueños habían tenido algún tipo de responsabilidad penal por los actos realizados en sus funciones y hubieran contribuido así a llevar a la empresa a ese estado. Con esta eliminación de la posibilidad de calificar la conducta de los administradores de las empresas quebradas para poder responsabilizarlos penalmente ante un eventual acto fraudulento, quedó libre el camino para proceder con lo que normalmente se llama el vaciamiento de empresas. Es decir, con el traspaso paulatino de activos de una empresa altamente endeudada a otra, para dejar a la primera en un estado económicamente inviable para su continuidad, sin preocuparse por la situación de los proveedores o de los trabajadores empleados. De esta forma, bajo el amparo de lo no prohibido por la ley (y sabido es que, legalmente, lo que no está prohibido está permitido), fue que se sucedieron vaciamientos de empresas a mansalva, favoreciendo la concentración de capital y trasladando sus costos a la fuerza de trabajo empleada, que quedaba desocupada sin importar los costos sociales que ello podría acarrear.
A menos de diez años, son evidentes las consecuencias sociales: un sector productivo altamente concentrado, una pequeña y mediana empresa devastada, y un altísimo porcentaje de desempleo que ha afectado en forma seria el mercado de consumo interno y el bienestar de la población en general.
Existen varias iniciativas que intentan dar respuesta a las necesidades del sector, haciendo soportar los costos a los verdaderos responsables, siendo que las consecuencias del modelo no son resultado de la Providencia. Podría intervenirse a la empresa en vías de quebrar a fin de asegurar la fuente de trabajo. Podría institucionalizarse un mecanismo especial para la compra de la empresa en funcionamiento (cramdown) con los créditos adeudados de los trabajadores, que fuera una instancia preferencial a ellos, evitando que posibles multinacionales o competidoras se hicieran de activos a precio de remate. Hay una variedad de alternativas, pero no se ha optado por ninguna, por una cuestión política de no hacer.

CONTROL OBRERO O COOPERATIVA: SINDICATO Y EMPRESAS RECUPERADAS

Como decíamos anteriormente, desde los sectores dominantes pretenden acotar el fenómeno de las empresas recuperadas. Si pueden, lo reprimen y lo evitan; y si no, lo contienen en el ámbito de sus mediaciones funcionales, tales como el sindicalismo burocrático que encarna la tradicional central sindical (CGT) o con punteros políticos de los partidos tradicionales y en crisis, tales como la UCR y el PJ. Desde el campo popular se trata de rodear a las empresas recuperadas con solidaridad, pero no sin conflicto, ya que son distintas las lecturas que se hacen desde enfoques políticos diferenciados de la realidad local. No en vano existen diferencias de abordaje entre los distintos partidos de la izquierda e incluso desde variados movimientos populares.
Entre otros asuntos en discusión se encuentra la forma organizacional que asumen los trabajadores que recuperan fábricas y empresas. Si bien inicialmente existe un móvil de defensa de los medios de producción y de la fuente de trabajo, a poco de andar comienza la discusión –si se quiere, ideológica o práctica– de la forma de organización y funcionamiento. La amplia mayoría de las empresas (cerca de un 93%1 ) se ha asumido como cooperativas, aunque algunas no están legalmente constituidas como tales. Pero otras, influidas por militancia partidaria, reclaman la estatización con control obrero. En realidad, el problema visto desde afuera puede resultar menor, ya que lo central es la autonomía obrera en la forma de explotación de la empresa. Sin embargo, el tema adquiere importancia de cara al desarrollo del movimiento en gestación y de cada emprendimiento en particular.
Existen argumentos a favor y en contra de cada una de las dos opciones. Por un lado, quienes privilegian la estatización con control obrero rechazan a las cooperativas porque consideran que constituyen una forma empresaria más en el marco de las relaciones capitalistas de producción. Y porque entienden que, si bien bajo la forma cooperativa en muchos casos se logra una gestión autónoma, participativa y democrática por parte de los obreros asociados, esta no puede escapar a la lógica capitalista, es decir, a la competencia del mercado. Ello llevaría –con el paso del tiempo– a la subordinación e integración económica y política de los obreros devenidos en pequeños empresarios capitalistas. Advierten además que en la Argentina del siglo XXI, con el avanzado proceso de privatización y concentración económica, el margen de desarrollo cooperativo en gran escala es mínimo. La competencia de los grandes pulpos monopólicos (que manejan los precios, los mercados y hasta el mismo Estado) llevaría a las cooperativas “a reemplazar la vieja explotación patronal, de la que se habían liberado, por una nueva forma de autoexplotación” (Werner y Aguirre, 2002).
Al mismo tiempo, señalan que muchos de los actuales dirigentes de las empresas recuperadas que levantan las banderas del cooperativismo no luchan por un cambio radical de la sociedad, sino que sus programas políticos apuntan a lograr la reinserción productiva de las empresas en el mercado bajo el paraguas del Estado. “De hecho en los ‘Encuentros de empresas recuperadas’ los anfitriones son el ministro Tomada, el ex intendente Binner, Aníbal Ibarra, el gobernador Solá y otros tantos políticos de la misma especie y menor envergadura” (Sanmartino, 2004: 131).
Por la positiva, señalan que lo que importa es el control obrero y no la propiedad de los medios de producción, los cuales se asignan al Estado. El control obrero con estatización –según sus partidarios– permitiría a los obreros ocuparse de la producción imponiendo sus propios ritmos de trabajo y desentenderse de la comercialización. Esto último les posibilitaría –a diferencia de las cooperativas– mantenerse alejados de la lógica de la competencia capitalista “sustituyéndola por la cooperación, la solidaridad y la planificación de la producción de acuerdo a las necesidades de la sociedad y no por la sed de ganancias características de la organización capitalista” (Aguirre y Feijoo, 2002). Sostienen que la forma de control obrero con estatización “descarga la crisis sobre los patrones y señala un camino hacia la expropiación de los expropiadores, desafiando a la burguesía en la base de su poder, en el plano de las relaciones de propiedad” (Aguirre y Feijoo, 2002).
Nos aventuramos a decir que la apuesta del control obrero constituyó un intento de agudizar el conflicto social en la sociedad argentina, que ya se había manifestado con fuerza a partir de las jornadas de diciembre de 2001. Podríamos acotar que históricamente los consejos obreros2  expresaron un momento de aumento de la confrontación de las fracciones de clase, que no resulta integrable por el capital. No obstante, la victoria futura depende de la generalización de la experiencia y de un cambio profundo de las relaciones de fuerza. Es decir, el control obrero es una situación de doble poder (entre los sectores obreros y la burguesía) que finalmente se define por unos u otros. ¿Existía una situación de doble poder en la Argentina de fines de 2001? Analizando la experiencia –casi tres años después–tenemos ciertas dudas acerca de las reales posibilidades de propagación que tenía esta propuesta hacia otras ramas de la producción y de servicios (por ejemplo, hacia asalariados de empresas económicamente exitosas como la petrolera Repsol-YPF). Es cierto también que, de antemano –y dado que la realidad social es dinámica– no se puede medir con ningún barómetro el grado de las condiciones maduras o condiciones objetivas necesarias para que las acciones de los sectores populares devengan en verdaderas situaciones revolucionarias.
Por otro lado, algunos partidarios de la forma cooperativa rechazan el control obrero bajo la propiedad estatal porque no admiten mantener la propiedad de la empresa bajo la órbita ni del Estado ni del capital privado. Adjudican los beneficios de la cooperativa a la gestión democrática y rescatan la propiedad colectiva de los medios de producción. Sin embargo muchas veces hacen abstracción de la inserción cooperativa en un mercado capitalista, donde la cooperativa es también subsumida en la lógica del capital.
A su vez, mayoritariamente, los partidarios de la forma cooperativa mantienen una independencia con respecto al Estado, por momentos formal, ya que tratan de establecer alianzas estratégicas (con los distintos gobiernos de turno) con el objetivo de conseguir que se aprueben políticas públicas activas, orientadas a generar un sector social de la economía. Por ejemplo: José Abelli, vicepresidente del MNER, ha manifestado en reiteradas ocasiones que la economía solidaria es la mejor aliada del Estado para generar trabajo y distribuir de manera más justa la riqueza. “La gran ventaja de las cooperativas es que, asociadas con el Estado, privilegian la creación de empleo por sobre la acumulación de ganancias de los privados” (Vales, 2002 a). Y agrega: “las cooperativas de trabajadores somos los socios ideales en la pelea del Estado por la empleabilidad” (Vales, 2002b)3 .
Nos preguntamos: ¿verdaderamente el debate “Cooperativas o Control Obrero con estatización” está centrado en cuál es la mejor forma de organización para los trabajadores que recuperan empresas? Creemos que, en realidad, este debate expresa una fuerte disputa acerca del carácter que potencialmente podía asumir y posteriormente asumió la lucha social en el país. Lo que estaba en juego –a principios del año 2002– era la hegemonía del conjunto del movimiento de empresas recuperadas; y la forma organizativa que asumieran mayoritariamente evidenciaba las relaciones de fuerza existentes en la coyuntura político-social abierta a partir de las jornadas de diciembre de 2001.
Más allá de este debate, queremos insistir en otra lógica. En la que remite a la construcción de subjetividad en la perspectiva de aliento al poder popular. “Ocupar, Resistir y Producir es la consigna de la hora para sembrar un futuro donde el pueblo trabajador sea el verdadero protagonista de su historia” (S/D, 2002: 10). Esto lo dice uno de los dirigentes de la Cooperativa IMPA4 , metalúrgica con 136 trabajadores que asumieron el control de la Cooperativa en 1998, lo cual demuestra también que hay cooperativas y cooperativas. En el caso mencionado, una cosa era la experiencia burocratizada previa a la recuperación y otra muy distinta lo que sucedió a partir de la ocupación y su desarrollo posterior.
Por eso, tampoco alcanza con la estatización y exigencia de salarios de convenio, organización sindical y obra social, ya que es conocido el avance del ajuste en las cuentas públicas con efecto centrado en los trabajadores estatales y la subordinación de la burocracia sindical a la lógica de las clases dominantes, así como la tendencia de las políticas públicas para mercantilizar el conjunto de las relaciones sociales –por caso, la privatización de la salud, incluidas las obras sociales sindicales. En el ejemplo comentado, es muy conocida la adhesión de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a la CGT, y por ende la subordinación al partido de gobierno (PJ) y a la lógica capitalista de las grandes patronales metalúrgicas.


LA POSIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SUBJETIVIDAD CRÍTICA

PRESCINDENCIA DEL CAPITALISTA

Los trabajadores de las empresas recuperadas han demostrado que pueden conducirlas creando fuertes lazos de cooperación y solidaridad y con mucha creatividad. Se pone de manifiesto la prescindencia del capitalista para dirigir y controlar el proceso de producción, desnudando en concreto el carácter parasitario del mismo. Esto tiene un enorme valor simbólico, porque cuestiona de raíz la idea según la cual la propiedad privada es la forma natural de la producción.
En definitiva, la práctica de los trabajadores que recuperan sus fuentes de trabajo elimina la mediación del capitalista. Y ese no es un dato menor.
Oportunamente, Carlos Marx, en su crítica a los cooperativistas (de su tiempo) señalaba dos asuntos centrales de carácter contradictorio. Por un lado sostenía que las cooperativas alejan a los trabajadores de la lucha de clases al hacerles creer que la emancipación es posible desde la perspectiva de una empresa o de un conjunto de ellas, sin comprender que en el capitalismo la lógica del capital subsume al conjunto de las formas empresarias existentes. Por el otro, rescataba el ejemplo contundente en la práctica de las cooperativas, de lo innecesario que resulta el capitalista en tanto organizador del proceso de trabajo y valorización.
Marx advierte –en su libro El Capital– que el trabajo en conjunto y coordinado de muchos obreros genera una nueva potencia, una activación de los espíritus vitales que acrecienta la capacidad de rendimiento de cada trabajador. El obrero se transforma así en una especie de obrero combinado o colectivo. Afirma Marx: “en la cooperación planificada con otros, el obrero se despoja de sus trabas individuales y desarrolla su capacidad en cuanto parte de un género” (Marx, 1975: 400).
La cooperación logra –según Marx– una fuerza productiva aumentada por varias razones, pero principalmente porque acrecienta la potencia mecánica del trabajo, restringe el ámbito espacial de este(ya que reúne en un mismo espacio físico a muchos trabajadores) y expande su campo de acción (al economizar gastos y concentrar los medios de producción).
Como consecuencia del incremento de la capacidad productiva del obrero, la cooperación permite una mayor producción de bienes en menor tiempo. ¿Pero quién se apropia de esta mayor productividad de la fuerza de trabajo que se deriva de la cooperación? Y ¿quién planifica la producción bajo la forma de cooperación? ¿Acaso es el obrero?
El que planifica y reúne a los asalariados es el capitalista. “Los obreros no pueden cooperar“ –dice Marx– ”sin que el mismo capital, el mismo capitalista, los emplee simultáneamente, esto es, adquiera a un mismo tiempo sus fuerzas de trabajo” (Marx, 1975: 401).
Es decir, bajo el modo de producción capitalista, los obreros no pueden trabajar cooperativamente en forma autónoma, sólo pueden hacerlo en forma heterónoma, bajo la dirección del capitalista. Una dirección despótica que persigue la explotación del proceso de trabajo cooperativo de los obreros en su propio beneficio.
La unidad de los trabajadores como cuerpo productivo global radica entonces fuera de ellos, en el capital, que los reúne y mantiene cohesionados. El capitalista es una voluntad ajena que los somete así a sus propios objetivos e intereses.
Marx señala y describe en El Capital la situación preponderante en la sociedad capitalista, es decir, la cooperación bajo la dirección y expropiación del capitalista. Pero también celebra que las cooperativas de producción se constituyan en los primeros intentos de apropiación por parte de los obreros de sus propias potencialidades, demostrando que la dirección despótica del capital puede ser sustituida con éxito por la dirección democrática de los propios asalariados.
Así lo manifiesta en varios de sus escritos, como en una nota al pie del propio Capítulo XI (La Cooperación) de El Capital, donde menciona irónicamente que un periódico inglés, El Spector, “descubrió que el mayor defecto de los ‘Rochdale cooperative experiment’” era el siguiente: “demostraron que las asociaciones de obreros podían administrar con éxito tiendas, fábricas y casi todas las formas de industria, y mejoraron inmensamente la condición de los operarios, pero, ¡pero!, no dejaron un lugar libre para los patrones. ¡Qué Horror!” (Marx, 1975: 403).

También en el Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores Marx pone de relieve que el gran mérito de las experiencias cooperativas de su época consistía en que demostraban que no se necesita la dirección y el mando del capital en el proceso de producción: “es imposible exagerar la importancia de estos grandes experimentos sociales [las fábricas cooperativas] que han demostrado con hechos, no con simples argumentos, que la producción en gran escala y al nivel de las exigencias de la ciencia moderna, podía prescindir de la clase de los patronos, también que no era necesario a la producción que los instrumentos de trabajo estuviesen monopolizados y sirviesen así de instrumentos de dominación y de explotación contra el trabajador mismo; y han mostrado, por fin, que lo mismo que el trabajo esclavo, lo mismo que el trabajo siervo, el trabajo asalariado no es sino una forma transitoria inferior, destinada a desaparecer ante el trabajo asociado que cumple su tarea con gusto, entusiasmo y alegría” (Marx, 1955: 395).
Este es el principal mérito logrado por el movimiento de empresas recuperadas, sea cual sea la reivindicación sustentada, tanto en quienes demandan la estatización como en aquellos que asumen la perspectiva cooperativa.
Las fábricas recuperadas han realizado un importante aporte a la ruptura cultural que asigna al capitalista el papel de organizador de la producción y distribución de bienes y servicios, sea este un capitalista privado o estatal. Los trabajadores han puesto en evidencia que ellos son los generadores de la riqueza socialmente creada y que por lo tanto no necesitan de un tercero, el capitalista, para orientar el proceso de la producción. Ese es un elemento esencial para pensar en términos alternativos la organización económica de la sociedad, especialmente en un tiempo histórico donde se instaló la naturalización del capitalismo.
Es más, una consigna que llegó a imponerse entre los trabajadores fue “empresa parada, empresa tomada”, dando aliento a la ofensiva a la que antes aludíamos, que ponía en evidencia la potencialidad de los trabajadores como constructores de la realidad material y simbólica.
Como señala el psicoanalista Enrique Carpintero, “en este proceso, la subjetividad se encuentra con una experiencia que produce realidad: se apropian de su trabajo afirmando su potencia como colectivo social. Pero esta posibilidad solamente puede ser efectiva en la medida que se establezca una red de solidaridad con otros sectores sociales y políticos. Por ello, estas empresas se transforman en un espacio social que crea comunidad, al funcionar con asambleas vecinales, grupos de trabajadores ocupados y desocupados, centros culturales, redes barriales y organizaciones políticas” (Carpintero, 2002: 103). En la Argentina de inicios del siglo XXI, a la fragmentación que impone el capitalismo se le comenzó a oponer un nosotros autónomo.

DESALIENACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Del mismo modo, los trabajadores de las empresas recuperadas han demostrado que se puede organizar el proceso de trabajo bajo otras formas: basadas en la cooperación, en la democracia y en la participación activa de todos los obreros, al mismo tiempo que se ponen en ejercicio real la solidaridad y la ayuda mutua.
Por ejemplo, en el nuevo proceso de producción –asumido por los trabajadores– las decisiones se toman en asambleas. Estas se han constituido en el espacio crucial dentro de las empresas recuperadas, donde se toman las más importantes decisiones en forma democrática. “Cada uno de los compañeros sabe –desde el primer día que se hizo una asamblea– que las asambleas son para discutir hasta el más mínimo detalle y sacar en limpio y dejar en claro un montón de cosas”, explica un obrero de Zanón (Domínguez Font y Cafardo, 2003: 38). También en la Cooperativa El Aguante expresan: “nosotros hacemos asambleas todas las semanas donde se decide todo, sea tema de producción, de venta, sobre la política a seguir. Todas las personalidades son distintas, así que siempre hay roces. Es convivir mucho tiempo juntos y somos muchas personas. Pero igualmente, todo se decide por votación y se llega a un acuerdo siempre sobre las votaciones. Y las ganancias se reparten por partes iguales para todos, sea el cargo que ocupe cada uno. Es un proceso de aprendizaje” (Domínguez Font y Cafardo, 2003: 38).
Asimismo, estas nuevas formas de organización social que asume el proceso de trabajo producen una desalienación del trabajador respecto a su propio trabajo. Según Marx, la enajenación del trabajador se manifiesta en que el objeto producido con el trabajo humano se enfrenta al hombre como un ser extraño (ajeno), como un poder independiente de su productor.
La enajenación del trabajador en su objeto se expresa, según leyes económicas, de la siguiente forma: cuanto más produce el trabajador, tanto menos ha de consumir, cuantos más valores crea, tanto más sin valor, tanto más indigno es él; cuanto más elaborado su producto, tanto más deforme el trabajador; cuanto más civilizado su objeto, tanto más bárbaro el trabajador; cuanto más rico espiritualmente se hace el trabajo, tanto más desespiritualizado y ligado a la naturaleza queda el trabajador (Marx, 1993: 111).
A su vez, Marx agrega que este extrañamiento entre el trabajador y el producto de su trabajo también se expresa en la forma de producción. Dado que el trabajador se siente externo al trabajo, es decir, no se afirma en su trabajo sino que se niega, no se siente feliz en su trabajo sino  desgraciado, “por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí” (Marx, 1993: 113).
Los testimonios de varios entrevistados dan cuenta de ese sentimiento acerca de que la verdadera vida comenzaba (antes de recuperar la empresa) cuando se terminaba la jornada laboral. “Antes éramos todos empleados que debíamos cumplir el horario, tener el rol de siempre: venir a las seis de la mañana hasta las tres de la tarde e irse a su casa. […] Al tener doscientas y pico de máquinas, cada uno tenía su trabajo, tenía para planchar un bolsillito. Y ése era tu trabajo de toda la vida”, manifiesta una obrera de Brukman (Domínguez Font y Cafardo, 2003: 34).
A partir de la recuperación de las fábricas, la relación con el trabajo cambia: ahora (sienten que) trabajan para sí. “Yo antes veía pasar una placa por la línea y era un cerámico y punto, lo tomaba como tal. Ahora cada cerámico que pasa por la línea es como algo nuestro que va ahí, es algo que te pertenece. O sea, es el esfuerzo de cada uno de los compañeros al haber soportado cuatro meses en la calle viviendo de monedas, de haber comido de una olla, en una carpa días enteros porque no teníamos más nada. O sea, cada cosa que se hace adentro de la fábrica es tomada con una satisfacción enorme”. Es decir, el trabajador se reconoce en el fruto de su labor (Domínguez Font y Cafardo, 2003: 36).
Los trabajadores que recuperan sus fuentes de trabajo y organizan la producción sobre nuevas relaciones sociales están –con su práctica– efectuando un quiebre en su antigua alienación con los objetos producidos y con las antiguas formas sociales capitalistas que asumía la producción. Este es otro de los importantes aportes –para sí mismos pero fundamentalmente para el resto de la clase trabajadora– que están generando los trabajadores de las empresas recuperadas.
Insistimos sobre todo en la importancia de la producción de signos y símbolos, ya que la constitución del imaginario popular favorable a un horizonte anticapitalista puede transformarse en una base sólida para pensar una sociedad alternativa, incluso socialista. No existe la perspectiva socialista sin la presencia de su posibilidad en el imaginario popular, y ello requiere la construcción previa de experiencias de poder popular y la conciencia de que ello es lo que se construye.

ALGUNOS PROBLEMAS ACTUALES

El problema actual de las empresas recuperadas se halla centrado, a nuestro entender, en dos cuestiones que hacen a su situación económica y política.
Primeramente, debemos reconocer una baja en el nivel de conflicto de este sector, lo cual no significa que el conglomerado de empresas recuperadas esté fracasando como proyecto productivo individual, ni en su capacidad de crear imaginario social y símbolos alternativos.
Precisamente, como decíamos, se encuentra en actividad el 79% de estas empresas, mientras que el porcentaje restante se halla en situación de paro. Sin embargo, las vías de salida que las empresas vienen llevando a cabo para poder constituirse con cierto andamiaje legal, que contenga su situación y permita desarrollar su actividad en condiciones –muchas veces precarias– han venido siendo opciones y estrategias individuales tomadas por cada empresa de acuerdo con su situación y conflicto particular.
Esto quizá se haya originado por muchas cuestiones: primero, por una multiplicidad de conflictos que se han desencadenado a lo largo de casi tres años o más. Segundo, que no se ha dado una salida política a la situación general de las empresas recuperadas; esto es, no se ha determinado qué hacer con ellas: si dárselas a los trabajadores, si resolver las cuestiones en los procesos de quiebras, si el Estado expropia todos los bienes (indemnización mediante), si se resuelve modificar la legislación vigente en materia de concursos y quiebras incorporando una salida definitiva para las empresas recuperadas de manera de contemplar su situación, etcétera. Esto ha hecho que cada empresa tuviese que ver su propia situación por separado. Empero, no por ello se han cortado los lazos de lucha y de organización.
Actualmente persisten las organizaciones que nuclean a las empresas recuperadas, como por ejemplo el mencionado Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT). Y otras empresas, como Zanón, que sin estar dentro de estos movimientos también se han solidarizado con las empresas allí agrupadas, haciendo práctica concreta un lema sostenido desde 2001 en adelante: si tocan a una, tocan a todas. Pero este nivel de organización y lucha, si bien ha servido para presionar en cada caso particular, no ha podido hallar una vía conjunta de solución respecto de todo el sector.
Esta falta de salida política al conflicto social sobre las empresas recuperadas ha hecho que cada caso sea tratado por separado, lo que complejiza la situación de intentar encontrar cauce y solución definitiva a la cuestión.
Las salidas a los conflictos legales con los dueños anteriores o, asimismo, con algunos acreedores –eventualmente, ya que en realidad es raro que se presenten dentro de los procesos contra los trabajadores– han sido diversas, desde la cesión de acciones de la empresa anterior a los trabajadores hasta acuerdos judiciales o extrajudiciales entre obreros y capitalistas. Pero quizás la manera más común de encontrar una salida a la problemática sobre tenencia, posesión y propiedad de los inmuebles y maquinarias para producir ha sido el dictado de leyes que expropian dichos bienes, y la concesión de los mismos para su explotación a los trabajadores por el término de dos años.

Esta última medida –la expropiación– también ha despertado polémicas. Sin embargo, y según la normativa argentina en la materia, ha servido en un triple propósito: primeramente, con la expropiación virtualmente se congela cada proceso de quiebra para cada empresa expropiada por el término de los dos años que el Estado (nacional, provincial o municipal) concede para que la cooperativa de trabajo la explote. La segunda cuestión es que le quita al juez comercial la jurisdicción para entender sobre el caso, por lo que debe dejar de actuar, lo que equivale muchas veces a detener o repetir posibles desalojos y conflictos con la fuerza pública. El tercer propósito es sobre la cuestión de la propiedad de los bienes: mediante la expropiación, la propiedad pasa de los anteriores dueños al Estado expropiante, y es el Estado el que otorga a los trabajadores la concesión –por tiempo limitado– para su explotación. Sin embargo, esto despierta nuevas inquietudes, puesto que en todo proceso de expropiación el Estado debe indemnizar al sujeto expropiado (es decir, los anteriores dueños). Hasta el momento no se ha pagado ninguna indemnización. Creemos que –dependiendo de cada caso, ya que estas cuestiones en los hechos se han venido resolviendo en forma fragmentada– la expropiación podría llegar a ser gratuita si los créditos con el fisco pudieran llegar a sobrepasar el valor de los bienes afectados. Pero esto no se da en todos los casos, por lo que es un tema de análisis para poder encarar cada situación en particular.
La otra crítica que puede hacerse es sobre la temporalidad de la concesión para explotar. Si bien la expropiación dictada es definitiva, el Estado concede la explotación por el plazo de dos años. Esto limita el proyecto de recuperación de los trabajadores a ese tiempo, a la vez que no hace entrega de la propiedad de los medios de producción a quienes se hacen cargo de ellos: los obreros. Estas dudas creadas aún no poseen respuesta, dado que para muchas empresas el plazo de dos años no se ha vencido o está por vencerse, y estas mantienen la esperanza y la probabilidad real de acumular capital suficiente como para comprar dichos bienes tras el vencimiento.
Como conclusión de lo recién analizado vemos que uno de los problemas actuales de las empresas recuperadas surge de cómo se ha fragmentado en el tiempo el abordaje de su situación a raíz de una decisión de los sectores dominantes de no dar una salida política al conflicto en general, asegurándose así el normal estado de las cosas... siempre a costa de la fuerza de trabajo y no del capital que la explota y que decide desentenderse de las consecuencias de su modelo económico-social aplicado.
Sin embargo, creemos que el principal problema radica en los aspectos subjetivos. Nadie asegura el éxito de los emprendimientos por los límites objetivos señalados, pero la cultura dominante puede imponerse hacia el interior de las empresas recuperadas y por lo tanto los trabajadores pueden retomar el proceso productivo allí donde ya fracasó el capitalista propietario o el administrador gerencial. Los primeros actos definen una tendencia al igualitarismo en la organización y en la distribución del ingreso. Pero la tendencia a la burocratización es un problema serio a abordar.
Si los trabajadores son subordinados por la lógica empresaria capitalista, su destino se define en un mercado monopolizado por el capital transnacional. Esas empresas perderían su actual carácter para terminar evolucionando hacia formas de explotación capitalistas tradicionales. Asistiríamos a la degeneración o desaparición de la gestión obrera, ya sea a través de un proceso de autoexplotación y diferenciación interior dentro del colectivo obrero, o directamente a través del copamiento de la empresa por algún grupo capitalista o por una combinación de ambas opciones.
Lo alternativo pasa por construir una nueva experiencia de ejercicio del poder popular, que haga visible la potencialidad de nuevas relaciones sociales. Ese camino no tiene asegurado el futuro, pero marca el desafío para enfrentar el problema del desempleo, la pobreza, la marginación y la explotación. Y puede ser un aporte en dirección a la liberación y emancipación de los trabajadores en este comienzo de siglo donde parece recrearse la expectativa de otro mundo posible.


BIBLIOGRAFÍA

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Carpintero, Enrique 2002 “Cuando la subjetividad se encuentra con la experiencia produce realidad” en Carpintero, Enrique y Hernández, Mario (comp.) Produciendo Realidad. Las Empresas Comunitarias. Grissinopoli, Río Turbio, Zanón, Brukman, Gral. Mosconi (Buenos Aires: Topía. Colección Fichas).

Domínguez Font, Paula y Cafardo, Analía 2003 Autogestión obrera en el siglo XXI: cambios en la subjetividad de los trabajadores de empresas recuperadas, el camino hacia una nueva sociedad (Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación–IMFC).

Fajn, Gabriel 2003 Fábricas y Empresas Recuperadas. Protesta social, autogestión y rupturas en la subjetividad (Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación–IMFC).

Marx, Karl 1975 (1867) El Capital. Crítica de la Economía Política Vol II, Tomo I (México: Siglo XXI).

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Merayo, Verónica 2004 “Empresas Recuperadas y Transformación Social. Nuevas experiencias cooperativas en los casos de la Cooperativa de Trabajadores en Lucha (ex Tigre) y Mil Hojas cooperativa de Trabajo” (Rosario), mimeo.

Sanmartino, Jorge 2004 “Dos años de ocupaciones de fábrica y gestión obrera en Argentina” en Lucha de Clases. Revista Marxista de Teoría y Política (Buenos Aires: Segunda Época), N° 2/3.

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Werner, Ruth y Aguirre, Facundo 2002 “Ocupación, Control Obrero y Cooperativas” en revista Rebelión, 30 de mayo. Ver en http://www.rebelion.org. S/D 2002 “Trabajadores Unidos” en En Marcha (La Plata), N° 29
Notas

Julio Gambina, Profesor titular de Economía Política, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP). Director adjunto del Centro Cultural de la Cooperación (CCC).

Mario Racket, Lic. en Psicología (UBA). Docente en la Facultad de Psicología de la UBA. Integrante del equipo docente y de asistencia técnica a cooperativas en Idelcoop. Coordinador del Departamento de Cooperativismo del CCC.

Javier Echaide, Abogado (UBA). Docente en las Facultades de Derecho y de Ciencias Sociales (UBA). Asistente del Departamento de Cooperativismo del CCC. Miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina.

Gabriela RoffinelliI, Socióloga (UBA). Investigadora del Instituto Gino Germani (UBA). Investigadora y asistente del Departamento de Cooperativismo del CCC. Docente de la carrera de Cooperativismo de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo.

1 De la porción restante, el 2,3% sostiene la posición de estatización bajo control obrero y un 4,7% ha resuelto su situación legal constituyéndose como nuevas sociedades anónimas (SA) o sociedades de responsabilidad limitada (SRL) diferentes de las de sus empleadores (Fajn, Gabriel: 2003).

2 Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial proliferaron, en varios países de Europa (Italia, Alemania, Hungría), los consejos de obreros dentro de las fábricas, que no sólo reclamaban salarios más altos sino que ponían en el centro de la discusión las formas de dominación del capital. Proponían la regulación planificada de la economía por parte de los propios productores organizados (los obreros). Para ello fijaron límites de producción y buscaron tener acceso a toda información relativa a las empresas –especialmente los libros de contabilidad–, para terminar con el secreto administrativo que encubre las verdaderas ganancias que obtienen los capitalistas sobre la base de la explotación de la fuerza de trabajo. Los consejistas eran críticos del sindicalismo porque consideraban que no cuestionaba al sistema capitalista y sólo se preocupaba por conseguir mejoras salariales.

3 “Una parte importante de los dirigentes de los movimientos de empresas recuperadas han integrado listas electorales; por ejemplo, el abogado Luis Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT), con pasado militante en la Juventud Peronista, se postuló a principios del 2003 como intendente de Avellaneda (Pcia. de Bs. As.) en la lista de Adolfo Rodríguez Saa y Aldo Rico, mientras que su mujer Liliana Caro es concejal en la legislatura de Avellaneda. Por su parte, el abogado Diego Kravetz, uno de los presidentes del MNER, hizo lo propio por una banca en la legislatura de Capital Federal por el PRD, lista encabezada por Miguel Bonasso. Eduaro Murúa, otro de los presidentes del MNER, fue candidato por la provincia de Bs. As. de la mano del Frente Polo Social, organización política liderada por el cura Luis Farinello. La esposa de José Abelli, otro miembro de la dirección del MNER, Silvana Svatez, fue concejal del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario (Pcia. de Santa Fe)” (Merayo, 2004: 11).

4 IMPA fue fundada en 1910 por capitales alemanes y a partir de la década del treinta comenzó a laminar aluminio. En 1946 participó de la nacionalización en masa, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y en 1948 el gobierno peronista juntó a las empresas de origen alemán en la Dirección Nacional de Industrias del Estado. A partir del golpe de Estado de 1955, los alemanes tuvieron la oportunidad de recuperar las empresas, pero seleccionaron sólo a las más pujantes, como Bayer. En 1961, Frondizi les plantea a los tres mil trabajadores el cierre de la empresa o la constitución de una cooperativa. “Era una cooperativa de nombre –explica Oracio Campo (sic) actual presidente de la cooperativa se trabajaba como una sociedad anónima. Los obreros no participábamos en la toma de decisiones, no podíamos comer ni con los de administración, nos decían ‘los cabecitas negras’. Cuando había reclamos echaban gente, mucha gente. En el año 1997 la cosa estaba mal, nos hacían quedar esperando toda la tarde para darnos dos pesos. A mí me despidieron a fines de ese año por reclamar, estuve seis meses en las calles hasta que los trabajadores nos organizamos” (S/D, 2002: 10). Los obreros organizados lograron echar a la Comisión Directiva (acusada de vaciamiento y manejos fraudulentos) para transformar a IMPA en una cooperativa.

Como citar este documento: Gambina, Julio; Racket, Mario; Echaide, Javier; Roffinelli, Gabriela. Las resistencias latinoamericanas del siglo XXI. Empresas recuperadas en Argentina. En publicacion: Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado. Ceceña, Ana Esther. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 2006. pp. 285-306. ISBN: 987-1183-34-8

Acceso al texto completo: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/cece/Gambina-Racket-Echaide-Roffinelli.pdf

 
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