Maristella Svampa - Las fronteras del gobierno de Kirchner: Imprimir E-Mail
Entre la consolidación de lo viejo y las aspiraciones de lo nuevo(1) 

Junio de 2006

El análisis y la caracterización del actual gobierno de N. Kirchner no es un tarea sencilla, pues requiere tomar nota tanto de los elementos de ruptura, que se refieren a la significación positiva de ciertos gestos políticos y a los nuevos aires ideológicos que surcan el continente, como de los elementos de continuidad que dicho gobierno ofrece en términos de modelo de dominación y de políticas redistributivas. Sin duda, se trata de un gobierno que no admite diagnósticos simples, sino que requiere un análisis multidimensional, que alude a una situación de transición, compleja y conflictiva. En este sentido, aunque el gobierno de Kirchner está lejos de constituir una supuesta refundación política, como sostienen fervorosamente sus defensores, tampoco puede ser interpretado sin más en términos de continuidad lineal respecto de los años ´90, como afirman ciertos críticos.   
Y si no, ¿Cómo podríamos analizar y comprender la inclusión en el elenco gubernamental de tantos dirigentes y militantes sociales, fuertemente comprometidos en la lucha contra el modelo neoliberal durante los ´90, mientras observamos que se perpetúan en cargos importantes tantos representantes de la dirigencia política vinculada al menemismo? ¿Cómo podemos entender que algunos reivindiquen una “nueva política” en oposición a la “vieja política”, frente a la potenciación de los dispositivos clientelares que el kirchnerismo ha realizado en relación al empobrecido mundo popular? ¿Cómo podríamos explicar que el gobierno de Néstor Kirchner haya asumido como política de Estado la condena de la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar, haciendo avances inimaginables en este campo y, al mismo tiempo, haya sido el gobierno que con más énfasis –y éxito- promovió la criminalización de las organizaciones de desocupados, símbolo de la resistencia al modelo neoliberal?
En lo que sigue, nuestra propuesta es avanzar en la exploración de algunas de las dimensiones políticas y sociales del gobierno de Kirchner, a fin de evaluar rupturas y continuidades del proceso en  curso. El orden a seguir es el siguiente: luego de realizar una breve introducción acerca de las condiciones de acceso de Kirchner al gobierno, nos ocuparemos de la política gubernamental respecto de las poblaciones excluidas. Este análisis de las fronteras de la exclusión incluye, como apartado central, tanto una lectura de las políticas sociales como de la relación que Kirchner ha desarrollado con las organizaciones de desocupados. En segundo lugar, presentaremos un bosquejo de la política laboral,  así como una breve reseña de las diferentes expresiones y conflictos sindicales. Complementaremos este análisis con una presentación de las posiciones del gobierno respecto de las empresas privatizadas y los nuevos conflictos ambientales. Por último, abordaremos la manera en como Kirchner busca delimitar las fronteras de la política institucional, a través del afianzamiento del espacio de la soberanía presidencial y la consolidación de una democracia delegativa.  


1- Entre la demanda de normalidad y la productividad del peronismo
 
Hay diversos factores que ayudan a comprender los primeros “éxitos” del gobierno de N. Kirchner. Estos factores son de diverso orden y se refieren tanto a la oportunidad abierta por la crisis de 2001-2002, como a la productividad histórica del peronismo para redefinir el escenario político; y, por último, al cambio de clima ideológico en el continente latinoamericano, frente a la crisis del consenso neoliberal. Pero sin duda, ninguno de estos tres factores tendría hoy peso relativo si a esto no añadiéramos, una última variable referida el alto crecimiento que ha tenido la economía argentina en los últimos cuatro años.
En primer lugar, recordemos que, a diferencia de la crisis hiperinflancionaria de 1989, la crisis de 2001 fue  generalizada, pues abarcó la totalidad de la vida política, social, económica y cultural de la Argentina. Como toda gran crisis, ésta estaba recorrida por demandas ambivalentes y hasta contradictorias: por un lado, había un llamado a la solidaridad y a la auto-organización social, demanda que rápidamente desembocaría en la conformación de un complejo campo multiorganizacional, caracterizado por el cruce social entre actores sociales heterogéneos y por el cuestionamiento del sistema institucional; por otro lado, la crisis expresaba también un fuerte llamado al orden y al retorno a la normalidad, frente al quiebre de las instituciones básicas y la amenaza de disolución social.
Podríamos afirmar que, durante el año 2002 tendió a imponerse la demanda de solidaridad, en un escenario de efervescencia social y de surgimiento de nuevos formas de acción colectiva (ahorristas, asambleas barriales, grupos contraculturales, trabajadores de empresas recuperadas), que se añadían a los movimientos de resistencia ya existente (organizaciones de desocupados). No hay que olvidar tampoco que esto ocurría en medio del endurecimiento del contexto represivo, el cual tuvo su pico en junio de 2002, cuando las fuerzas de seguridad asesinaron dos jóvenes piqueteros en el Puente Pueyrredón, uno de los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, a principios de 2003, el declive de las movilizaciones, principalmente de las nuevas asambleas barriales, que levantaban la consigna “Que se vayan todos”, así como el avance de la fragmentación y las disputas políticas en el campo de las organizaciones sociales, fueron diluyendo el llamado a la solidaridad así como la expectativa de una recomposición política “desde abajo”.
Este desplazamiento de demandas se tornó visible en la masiva concurrencia de la población a las elecciones presidenciales de mayo de 2003. Finalmente, la exigencia de normalidad se fue imponiendo como corolario, en  un marco de desdibujamiento de los actores movilizados, hasta ir concluyendo en una lectura unilateral de lo efectivamente ocurrido. Pronto, demasiado pronto, algunos olvidarían que el año 2002 fue el de la recuperación del protagonismo, de la capacidad de acción, a través de las movilizaciones, para retener sobre todo el recuerdo del caos y del gran cataclismo.
En coincidencia entonces con esta exigencia de normalidad, Kirchner, desde su asunción, buscaría encarnar esta nueva expectativa, la de encontrar un principio de estabilidad después del cataclismo vivido. No es extraño que, frente al déficit de legitimidad con el cual fue ungido (solo el 20% de los votos), Kirchner se encaminara a articular aspectos de esta demanda (como aparece explicitado en la consigna “Por un país en serio, por un país normal”).
En segundo lugar, hay que añadir que los primeros gestos políticos de Kirchner fueron más allá de esta demanda, mostrando una vez más la productividad política del peronismo. Productividad que se insertaba en un escenario caracterizado por la grave crisis institucional, que había desembocado en el colapso de gran parte del sistema partidario argentino, dejando casi como únicos sobrevivientes un Partido Justicialista sumamente dividido, así como los partidos de izquierda, vinculados a las nuevas organizaciones sociales. Productividad manifiesta en las primeras medidas que asumió Kirchner, las cuales generaron una amplia expectativa social y recolocaron en el primer plano al sistema institucional, abriendo  así un nuevo escenario político. En efecto, entre los primeros gestos políticos del gobierno de Kirchner, se destacan la ampliación de los márgenes de negociación con los organismos internacionales de crédito (favorecida por una situación de semi-default), así como por el descabezamiento de la cúpula militar y el recambio de la Corte Suprema de Justicia, ésta última estrechamente asociada al menemismo.
Asimismo, el gobierno de N. Kirchner asumió como  política de Estado la condena de la violación de los derechos humanos realizadas durante la última dictadura militar (1976-1983), lo cual  contribuyó a echar por tierra  la “teoría de los dos demonios” que habían avalado los  gobiernos anteriores, sin excepción, así como a impulsar una política de la memoria; dos cuestiones intrínsecamente ligadas a la larga lucha desarrollada por las organizaciones de derechos humanos en Argentina. En este aspecto, el actual gobierno sentó una gran diferencia respecto de administraciones anteriores, llegando al punto de solicitar perdón a la sociedad en nombre del Estado argentino, por la situación de impunidad registrada a lo largo de dos décadas de gobierno democrático respecto de las violaciones de derechos humanos durante aquella trágica época. 
 En tercer lugar, es necesario tener en cuenta que el gobierno de Kirchner se instaló en un espacio de crítica al neoliberalismo, que había sido la nota común de las grandes movilizaciones de 2002. En este sentido, su llegada se vio favorecida también por la emergencia de un nuevo polo latinoamericano, visible en el surgimiento de gobiernos de “centro-izquierda”, como el de Lula en Brasil y  Chávez en Venezuela, en un contexto de crisis del consenso neoliberal, propio de los ´90. Este cambio de clima ideológico, se expresaría en la fuerte retórica antineoliberal que Kirchner asumiría desde mediados del año 2003, y que tendría por objetivo ciertos agentes económicos nacionales (en especial, los productores del campo) como las empresas privatizadas en manos de consorcios multinacionales.
Por último, recordemos que el período que se abre entre la salida del esquema de la convertibilidad y la posterior devaluación, se caracterizó por la peor crisis económica y social de la historia argentina. Sin embargo, aunque la caída económica fue muy marcada, los indicadores de los últimos meses de 2003 ya mostraban una recuperación del crecimiento económico, confirmada luego en 2004. En efecto, en los primeros nueves meses de 2004 la economía creció un total de 8,8% (EPH). Esta recuperación económica se explica esencialmente por el pasaje a un modelo productivo orientado a la sustitución, que apuntó a la revitalización de un sector de la industria nacional, así como por la rentabilidad de las exportaciones (maíz, soja transgénico, entre otros), beneficiadas tanto por la devaluación como por los altísimos precios internacionales.
Lo cierto es que el gobierno de Kirchner exhibe logros económicos importantes respecto de la gran crisis de 2002, visible en la generación de empleo y el descenso paulatino de la tasa de desocupación, que hoy ronda el 11,4%.(2)  Más aún, gracias al superávit fiscal, en 2005 el gobierno argentino decidió cancelar la deuda que tenía con el FMI, un total de 9500 millones de dólares, que pese a constituir solo un 9% de la deuda externa del país, ha tenido una repercusión muy positiva en la sociedad.
Como contrapartida, se registra un aumento notorio de la precariedad, ya que el trabajo en negro hoy llega al 44,3% (datos del Indec), mientras que el costo laboral descendió un 30% en relación a 2001. Por otro lado, el alto crecimiento económico (en 2005 fue del 9,3%) no ha sido acompañado por una activa política de redistribución de la riqueza, como bien lo muestran  los indicadores de desigualdad. Las brechas económicas y sociales abiertas en los ´90, y reforzadas luego de la salida desordenada de la convertibilidad, se han consolidado. Recordemos que en la década anterior, el 10% más rico ganaba entre 20 veces más que el 10% más pobre. En la actualidad, la brecha es un 35% más amplia, (supera 27 veces)(3). Por ende, el balance económico-social está lejos de ser uniforme, dejando al descubierto la falta de vinculación entre estrategias de crecimiento y políticas de redistribución.

2-Las fronteras de la exclusión

2.1. Mundo comunitario, políticas sociales y reproducción del peronismo

En la medida en que las políticas de ajuste estructural implicaron una redistribución importante del poder social (generando un contingente amplio y heterogéneo de “nuevos perdedores”), durante los ´90, como en otros países latinoamericanos, el Estado argentino se vio obligado a reforzar las estrategias de contención de la pobreza, por la vía de  la distribución –cada vez más masiva- de planes sociales y de asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas y movilizadas. Esto se vio reflejado en la consolidación de una determinada manera de hacer política “hacia abajo”, que puede ser sintetizada como un nuevo modelo de gestión estatal, vinculado al mandato de los organismos multilaterales, en el cual se unen perversamente gestión y eficiencia, con participación y auto-organización comunitaria.
El alcance de la intervención estatal sobre los sectores populares no puede entenderse si no tenemos en cuenta la inflexión neoliberal del peronismo, encargado de llevar adelante las llamadas reformas estructurales. En realidad, durante este período asistimos a una fuerte mutación política del peronismo, tanto a nivel de las políticas públicas como en relación con los sectores populares. Durante los ´90, en plena reforma neoliberal, y a través de una política de focalización de la asistencia social, el peronismo pudo garantizar su hegemonía en el mundo popular a partir de la expansión de una densa red de relaciones territoriales orientada a la gestión de las necesidades básicas. Así, el pasaje de la fábrica al barrio, fue consolidándose a partir de la articulación entre políticas sociales focalizadas y organizaciones comunitarias: los primeros ensayos de asistencia alimentaria (impulsada por el gobierno radical –1983-1989- y los diferentes gobiernos provinciales, en manos del justicialismo, a fines de los ´80), fueron seguidos por una política más sistemática de ayuda social, que incluía la salud y la infancia, entre otros. A mediados de los ´90, el ejemplo elocuente fue la creación de una red de “manzaneras”, en la provincia de Buenos Aires, que produjo una reorganización de la política en función del mediador barrial. Como consecuencia de ello, el peronismo fue perdiendo su dimensión igualitaria y contracultural, para reducirse cada vez más a una lógica de dominación, a través de las multiplicadas formas del clientelismo afectivo.
A partir de 1997, tocaría a las organizaciones de desocupados la tarea de abrir una brecha en ese transformado mundo popular, por fuera del peronismo, tornando posible la emergencia de un discurso igualitario y de nuevas  formas de contracultura, cuyos ejes serían precisamente la crítica al clientelismo y la afirmación de la dignidad. Pese a que el surgimiento de nuevas organizaciones de tipo territorial no llegó a cuestionar la hegemonía del peronismo,  su expansión era vista como un dato preocupante.  Lo cierto es que entre 1997 y 2002, la relación entre peronismo y mundo popular se vio bastante deteriorada.
En medio de la crisis, durante el gobierno provisorio de Duhalde (2002-2003) los subsidios aumentaron de 300 mil o 700 mil (según los gobiernos) a casi 2 millones, a partir de la instalación del Plan Jefas y Jefes de Hogar. Esta política de masificación de la ayuda social se continuó con Kirchner, quien retomó la iniciativa en la tarea nada fácil de recomponer las relaciones con los sectores populares, con la idea de “recuperar” el espacio perdido en manos de las nuevas organizaciones de tipo territorial.
Sin lugar a dudas, los nuevos planes conllevaron un fortalecimiento de la matriz asistencial del modelo neoliberal y ello, por varias razones. En primer lugar, pese a que el plan originariamente tenía aspiraciones universalistas, la inscripción al mismo fue cerrada en mayo de 2003, y desde 2004, se registran solo bajas.(4) En este sentido, pese a las demandas de diferentes fuerzas opositoras (ARI, CTA, agrupaciones piqueteras), el gobierno no promovió la universalización de los planes, uno de cuyos beneficios hubiese sido desalentar la discresionalidad y el clientelismo, que denuncian amplios sectores de la sociedad. Además, a diferencia de los anteriores, los planes Jefas y Jefes de Hogar condujeron a una individualización de la contraprestación laboral. La medida, que en parte apuntaba a desarticular los proyectos colectivos que desarrollaban las organizaciones piqueteras, repercutió negativamente sobre el universo de los beneficiarios, contribuyendo al debilitamiento de la “cultura del trabajo”. Por último, desde el comienzo el ingreso del subsidio es insuficiente (50 U$A por mes), sin contar que la inflación de los últimos años ha venido licuando sus efectos compensatorios.
Por otro lado, el segundo eje de la política social de Kirchner se ha centrado en el otorgamiento de subsidios en favor de la auto-organización de los pobres (emprendimientos productivos). Sin embargo, en la actualidad, no son pocos los microemprendimientos que se encuentran en graves problemas, tanto de tipo exógeno (las condiciones de comercialización de sus productos, la falta de apoyo técnico), como endógenos  (la falta de capacidades técnicas), con lo cual muestran escasas posibilidades de mantenerse sin ayuda estatal.
En resumen, la masificación de los planes sociales, produjo una inflexión importante dentro del mundo comunitario de los pobres urbanos. Es cierto que, a corto plazo, el objetivo del plan era doble: por un lado, paliar la grave situación de urgencia y necesidad social que atravesaba una parte importante de la población; por el otro, contener el conflicto social, frente a los reclamos cada vez mayores del conjunto de las organizaciones piqueteras. Desde la perspectiva del gobierno, una de las consecuencias “indeseadas” de esta política era la expansión del volumen de adherentes dentro de las organizaciones piqueteras, a través de la multiplicación de planes y ayuda alimentaria. Sin embargo, como se ha probado, en el mediano plazo, uno de los objetivos deliberados de esta política de masificación de los planes sociales era recomponer los históricos y deteriorados lazos del Partido Justicialista con los sectores populares.
A esto hay que agregar que el carácter discrecional en el manejo de subsidios encontró una penosa confirmación durante la ajetreada campaña electoral de 2005, de renovación de autoridades parlamentarias, en las cuales N. Kirchner y su esposa, la senadora Cristina Fernández, llevaron a cabo la ruptura oficial con el sector del peronismo comandado por E. Duhalde, desatando una verdadera guerra interna, que conmovió el llamado “aparato peronista” en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, las elecciones dieron una amplia victoria de los candidatos sostenidos por el Frente de la Victoria, comandado por Kirchner, quien no vaciló en utilizar los medios de comunicación (y los recursos del Estado), para llevar a cabo la batalla contra Duhalde, como símbolo de la “vieja política”. Dicho triunfo fue el resultado tanto de la deserción masiva de intendentes del Conurbano bonaerense, que reorientaron su apoyo hacia el presidente, seducidos menos  por la retórica  antineoliberal, que por la posibilidad de acceder a recursos económicos, en un contexto de superávit fiscal. Por otro lado, el Conurbano, símbolo de todos los males del país, fue testigo de una intensa batalla clientelar, en especial durante las últimas semanas de campaña electoral, cuando se registraron entregas masivas de electrodomésticos y de subsidios en hogares pobres.
En suma, la inflexión de la política social es doble. Por un lado, la política social actual es absolutamente coherente con las políticas sociales anteriores; más aún, podría decirse que por su misma envergadura y alcance, apunta a la consolidación de la matriz neoliberal, al fijar la inclusión de los excluidos en tanto excluidos. Por otro lado, y de manera casi paradojal, la crisis del 2001 otorgó al peronismo una nueva oportunidad histórica, pues le permitió dar un enorme salto a partir de la masificación de los planes asistenciales. Así, en un contexto de penuria y exclusión, los dispositivos del clientelismo afectivo se potenciaron y, a la vez, se transformaron, asegurando la posibilidad de la reproducción del peronismo “desde abajo”.

2.2- Estigmatización y disciplinamiento de los movimientos de desocupados

En la Argentina de la última década emergieron nuevas formas de organización y acción colectiva, como producto de  la resistencia a las políticas neoliberales. Entre estas expresiones, sin duda, la nota más original ha sido la emergencia de un conjunto de movimientos de desocupados (piqueteros), a partir de 1996/97. Desde sus orígenes, estos movimientos estuvieron atravesados por diferentes corrientes político-ideológicas, que incluyen desde el populismo nacionalista hasta una multiplicidad de organizaciones de corte anticapitalista. Sin embargo, más allá de la heterogeneidad, estos grupos reconocen un espacio común recorrido por determinados repertorios, entre los cuales se encuentra el piquete o corte de ruta, la inscripción territorial (el trabajo en el barrio), la democracia directa y el control de planes sociales otorgado por el Estado.
La evolución y progresiva instalación de las organizaciones piqueteras en la escena política nacional no fue fácil. Desde el inicio, las relaciones con los sucesivos gobiernos han combinado diferentes estrategias, que alternan la negociación con una política de disciplinamiento y represión, convenientemente acompañada por la judicialización del conflicto social (más de 4.000 procesamientos). No obstante, ello no impidió ni el crecimiento ni la visibilidad cada vez mayor de los movimientos de desocupados, que alcanzaría un climax entre  2000 y 2003.(5)
Sin embargo, luego de la asunción de N. Kirchner, varias cosas han cambiado. Cierto es que el nuevo gobierno se encontró con organizaciones piqueteras que contaban con un fuerte poder de convocatoria, sobre todo luego de las grandes movilizaciones de 2002. Pero, al mismo tiempo, estas organizaciones mostraban una gran heterogeneidad ideológica y una tendencia a la fragmentación. En este sentido, la política de Kirchner consistió en poner en acto, simultáneamente, el abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar y disciplinar a las organizaciones piqueteras opositoras. Este proceso encontró una primera traducción en el  realineamiento que la propia entrada de Kirchner produjo en el espacio piquetero, visible, por un lado, en la institucionalización e integración de las corrientes afines a la tradición nacional-popular, que apoyarán la política del presidente; por otro lado, en la oposición y movilización de las vertientes ligadas a la izquierda partidaria e independiente. Como consecuencia de ello, la división del espacio piquetero fue mayor. Mientras que las organizaciones oficialistas se desmovilizaban y algunos de sus dirigentes pasaban a ocupar cargos de gobierno,  las agrupaciones opositoras continuaron desarrollando una fuerte presión sobre el gobierno, a través de la apelación a la movilización y la acción directa, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en las zonas petroleras.
La hipótesis de la integración e institucionalización comenzó a perfilarse como una de las tendencias centrales del gobierno de Kirchner, alimentadas por el accionar de ciertas organizaciones sociales que vieron en el nuevo presidente la posibilidad de un retorno a las “fuentes históricas” del justicialismo. En efecto, la constelación piquetera incluye no solo aquellas visiones contestatarias de corte anticapitalista sino también un amplio abanico de organizaciones que reenvía una matriz populista. Más aún, dicho giro coincidió con la formación de una suerte de polo latinoamericano, atravesado por una retórica antineoliberal, que reactivó nuevamente la tradición nacional popular. Más aún, es importante tener en cuenta que para los movimientos argentinos, la referencia privilegiada del nuevo “modelo” es Hugo Chávez, cuyo discurso y acción política trae tantas reminiscencias a los partidarios del peronismo histórico.
En fin, en el campo piquetero ya anteriormente algunas de estas agrupaciones habían manifestado una tendencia hacia la institucionalización (como la Federación de Tierra y Vivienda, integrante de la CTA); otras, sin embargo, poseían un perfil más combativo (como la juvenil Barrios de Pie). Por su parte, Kirchner desde el poder se encargó de promover la creación de nuevas organizaciones piqueteras, por ejemplo, el MTD Evita, de fuerte presencia en todo el país. Estas organizaciones reciben hoy un tratamiento privilegiado de parte del gobierno nacional, y han sido beneficiadas por algunos de los nuevos programas sociales, entre ellos, el “Plan Arraigo” y “Manos a la obra”, que contempla la construcción de viviendas y el financiamiento de emprendimientos productivos. Luego del contundente triunfo del Frente para la Victoria en las elecciones de octubre de 2005, no son pocos los dirigentes piqueteros que se han incorporado al gobierno, sobre todo en secretarías ligadas a la acción social y comunitaria, tanto a nivel nacional como en las diferentes provincias.  Recientemente, estos grupos junto con otras organizaciones oficialistas conformaron el Movimiento Libres del Sur, que de alguna manera sucede al frustrado proyecto de transversalidad, que impulsaba Kirchner al comienzo de su gobierno, cuando todavía no hegemonizaba el partido Justicialista.
En la actualidad, dichas organizaciones comparten espacios de poder con intendentes y gobernadores anteriormente ligados al menemismo o a lo más rancio del aparato del justicialismo, sectores con los cuales consideran que han entablado una disputa de poder.(6) En este sentido, dichos grupos tendieron a sobreestimar la capacidad innovadora del nuevo gobierno, al tiempo que terminaron por resignar su autonomía, como lo muestra acabadamente la subordinación fiel a las consignas–movilizadoras o desmovilizadoras- que imparte el gobierno.(7) 
Por otro lado, a la integración y institucionalización hay que sumar la estrategia de disciplinamiento y criminalización, a través de la estigmatización mediática, política y social, dirigida hacia los grupos más movilizados, entre los que se encuentran aquellos que componen el hoy debilitado Bloque Piquetero Nacional –que congrega en su mayoría organizaciones ligadas a los partidos de izquierda- así como las agrupaciones de la izquierda independiente. Para ello, el gobierno nacional no dudó en alimentar la estigmatización de la protesta –contraponiendo la movilización callejera a la exigencia de “normalidad institucional”-, impulsando activamente la difusión de una imagen de la democracia, supuestamente “acosada” por las agrupaciones piqueteras. Poco importaba si las declaraciones gubernamentales daban cuenta de un vaivén peligroso que iba de la amenaza de judicialización al reconocimiento de las necesidades de los desocupados, del cuestionamiento de la representatividad de las organizaciones a la afirmación del derecho legítimo a la protesta, de la propuesta de crear una brigada “antipiquetera” o cerrar el acceso de los piqueteros a la plaza de mayo, a la declaración –una y mil veces repetida- que el gobierno nacional no reprimiría. Atravesada por una retórica sarmientina, la campaña de invectiva y descalificación verbal tuvo momentos de alto voltaje entre octubre de 2003 y agosto de 2005. Como nunca, los esquemas maniqueos y las burdas simplificaciones ganaron el lenguaje periodístico y apuntaron a reducir la experiencia piquetera a una metodología de lucha (el piquete), así como multiplicaron los ataques contra las organizaciones, acusándolas de asistencialismo (dependencia en relación al Estado a través de los planes sociales), y hasta de nuevo clientelismo de izquierda.
El escenario mayor de esta desigual contienda política entre el gobierno nacional y las organizaciones de desocupados opositoras fue la ciudad de Buenos Aires. En efecto, fue en sus calles, en sus plazas, en sus edificios públicos, donde tuvo máxima expresión y corolario esta puja desigual entre los que llamaban a la institucionalización y exigían el repliegue de las fuerzas movilizadas (la demanda de lo instituido) y los diferentes actores movilizados, en especial, las organizaciones de desocupados (la demanda de los excluidos).  El resultado de ello fue el avance de la judicialización y criminalización en el tratamiento de los conflictos sociales y la instalación de un fuerte consenso antipiquetero, sostenido y avalado por amplias franjas de la opinión pública.
Cierto es que los movimientos piqueteros también contribuyeron a esta situación de aislamiento y deslegitimación. Muy especialmente, las organizaciones ligadas a los partidos de izquierda (que incluyen diferentes variantes del trotskismo), tuvieron serias dificultades para reconocer el cambio de oportunidades políticas (la demanda de normalidad) y la productividad política del peronismo, por lo cual diagnosticaron  que Kirchner representaba una pura continuidad respecto de los gobiernos anteriores. En consecuencia y en un escenario de fuerte confrontación, tendieron a impulsar la movilización callejera, multiplicando los focos de conflicto y, en última instancia, olvidando la gran asimetría de fuerzas y recursos existentes.
Un segundo escenario de conflictos remite a las zonas de explotación petrolera, allí donde la relación entre un modelo económico puramente extractivo (enclaves de exportación) sustentado por poderosos actores económicos (empresas multinacionales), y el creciente deterioro de derechos se revela con mayor dramatismo. Recordemos que la política de privatización de los recursos naturales trajo consecuencias nefastas para la Argentina. La nueva política significó el desmantelamiento de la red de regulaciones que garantizaban un lugar a las economías regionales en la economía nacional. El resultado de ello fue la crisis y desaparición de actores asociados al anterior modelo (economías regionales ligadas a empresas estatales, pymes, minifundios), lo cual condujo a la “reprimarización de la economía”(8), a través de la expansión de enclaves de exportación (economías de enclave, caracterizadas por un modelo extractivo, donde el valor agregado es débil o nulo), desconectados de la comunidad local.
Este nuevo modelo encuentra una expresión paradigmática en las regiones petroleras. En efecto, las regiones petroleras han resultado ser el escenario privilegiado de la globalización neoliberal, caracterizado por las grandes asimetrías entre lo local y lo global, en el cual se combinan perversamente la baja calidad institucional de los gobiernos provinciales, la acción poco controlada de las grandes multinacionales, con el deterioro de los derechos ciudadanos y la recurrencia a salidas represivas. No por casualidad, los primeros piquetes y levantamientos comunitarios, que se registran a mediados de los ´90, tuvieron lugar en las localidades petroleras, en las provincias de Salta y de Neuquén, donde surgen los primeros “piqueteros”.
En los últimos tiempos, a los conflictos ya existentes en las regiones petroleras, se añadieron aquellos de la provincia de Santa Cruz, en donde las protestas –tanto de los piqueteros como de los trabajadores petroleros- alcanzaron una gran intensidad entre 2004 y principios de 2006. No hay que olvidar que Santa Cruz es la provincia que Kichner gobernó durante muchos años, antes de llegar a la Casa Rosada. El caso es que la politica de las autoridades provinciales y nacionales apuntó al encarcelamiento de los activistas y a la militarización de las zonas de conflicto,(9) a través de un gran despliegue de tropas de gendarmería nacional, policías provinciales y grupos especiales. Finalmente, a comienzos de 2006, luego de varias denuncias de violaciones de derechos humanos, el conflicto en Santa Cruz fue desactivado, a partir de la satisfacción del reclamo de los trabajadores petroleros y de la distribución de fondos, así como del reemplazo del gobernador por el vicegobernador, impulsado por el propio Kirchner. Sin embargo, la zona sigue bajo control de la gendarmería nacional.
En resumen, desde el punto de vista del poder, la política de disciplinamiento y división del gobierno de Kirchner en relación a las organizaciones de desocupados ha sido exitosa. Los costos, claro está, han sido muy altos. El resultado de ello ha sido el avance de la criminalización de la protesta y, en muchos casos, la instalación de un nuevo umbral de tolerancia en relación a los conflictos que se desarrollan en el espacio público.
Por otro lado, la estigmatización social involucra la totalidad del arco piquetero, incluida las organizaciones oficialistas que hoy se han incorporado al gobierno. En fin, el proceso de estigmatización expresa también el quiebre de aquellos puentes y vínculos solidarios entre nuevas clases populares y sectores medios movilizados que habían comenzado a forjarse en 2002, durante el año de la gran crisis y las grandes movilizaciones. Más aún, la campaña antipiquetera tendió a reafirmar la ruptura de solidaridades, al tiempo que actualizó la oposición entre el centro y los suburbios, ilustrada de manera emblemática por la “frontera social” entre la ciudad rica y cosmopolita de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, pauperizado y desindustrializado, sede permanente de las llamadas “clases peligrosas”.

3- Las fronteras de la precariedad
3.1. Gobierno, conflicto social y dinámica de precariedad

Es sabido que la Argentina conoció una de las reformas laborales más flexibizadoras del subcontinente. En efecto, el proceso de ajuste y reestructuración desbordó la esfera del Estado, para alcanzar la totalidad del mercado de trabajo, a través de un conjunto de reformas laborales que implicaron la “reformulación de las fronteras internas del trabajo asalariado”.(10) Dichas reformas trajeron aparejado el desmantelamiento del marco regulatorio anterior, fundado en los derechos del trabajador y el poder de negociación de los sindicatos.
Así, la implementación de un modelo de acumulación flexible produjo una estructuración diferente del mercado de trabajo, reflejada en la multiplicación de las formas de contratación (empleo autónomo, tercerización, subcontratación, trabajos temporarios). Ello se hizo efectivo en 1991, gracias a la sanción de la Ley Nº 24.013 o “Nueva Ley de Empleo”, que conllevó un cambio en el modo en que el Estado intervenía en la relación capital-trabajo. La ley reconocía la emergencia laboral al tiempo que planteaba una doble estrategia: por un lado, la flexibilización del contrato de trabajo formal y la creación de “nuevas modalidades de contratación”, destinadas a facilitar la entrada y salida del mercado de trabajo; por el otro, el desarrollo de políticas sociales compensatorias. Esta ley redujo asimismo los aportes patronales y la seguridad social, modificó las normas sobre accidentes y enfermedades laborales y creó un seguro de desempleo que cubría sólo ciertos sectores del mercado formal. Las reformas incluyeron también un decreto que incentivaba la descentralización de la negociación colectiva y otro que implementó el aumento por productividad. De esta manera, en la década del 90, el llamado “costo laboral” bajó un 62%, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo. Esto fue acompañado por un notorio aumento del empleo no registrado, que pasó del  25,2% en 1990 y termina en el 38,5% en el 2001.(11)
Pese a las críticas programáticas, esta política laboral encontró continuidad durante el breve gobierno de la Alianza, con la promulgación de la polémica ley de flexibilización laboral, que vino así a confirmar el cambio de las reglas de juego en las relaciones entre el capital y el trabajo.
Estas transformaciones, operadas en un contexto de ajuste del gasto público y de desindustrialización, aceleraron notablemente el proceso de quiebre del poder sindical, reorientando sus fines y limitando su peso específico dentro de la sociedad, y acentuaron el proceso de territorialización de las clases populares, visible en el empobrecimiento y la tendencia a la segregación socio-espacial. Como consecuencia de ello, el espacio de acción sindical se redujo notablemente. 
En este escenario, la conflictividad laboral sufrió modificaciones importantes. Así, el nivel de conflictividad laboral fue decreciente en el sector de los trabajadores industriales, quienes sufrieron directamente el impacto de la flexibilización y, a partir de 1994, la amenaza disciplinadora del desempleo. Durante los ´90, el conflicto sindical tendió a concentrarse en el  sector público, donde se sostuvieron niveles de conflictividad similares a los años 80, con un notorio incremento de las acciones de carácter defensivo en los sectores de salud y educación.(12) Precisamente será en el sector público dónde surgirán dos nuevos nucleamientos opositores a la política neoliberal, a saber la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
Durante 2002 y 2003, en medio de la crisis, la conflictividad sindical siguió siendo muy baja, pese al contexto de efervescencia colectiva y a excepción de los trabajadores de las fábricas recuperadas. Sin embargo, como veremos más adelante, la crisis del consenso neoliberal y el posterior crecimiento económico, abrieron luego a un nuevo escenario, atravesado por fuertes reclamos sindicales.
Así las cosas, la política laboral del gobierno se inserta en un contexto caracterizado por una fuerte dinámica de precariedad. Ya hemos dicho que el actual crecimiento económico, registrado sobre todo en la construcción y en la industria, tiene como contracara el aumento de la precariedad. En 2003, ésta alcanza el 44,8% y en el 2003, en el 2004 el 48,5%. En la actualidad, según datos del Indec, el trabajo no registrado alcanza el 44,3%, mientras que el costo laboral ha descendido un 30% respecto de 2001.(13) La precarización no solo golpea a los trabajadores del sector privado (que constituyen el 52,5%, sino también al sector público, donde alcanza el 24,1%.(14) Asimismo, el proceso de precarización ha venido impulsando la expansión de trabajo esclavo en el rubro textil, que emplea mano de obra proveniente de países limítrofes, en especial, de Bolivia. En marzo de 2006, un incendio ocurrido en un barrio porteño que terminó con la vida de 6 inmigrantes bolivianos (la mayoría menores), fue el disparador de la denuncia de este tipo de talleres clandestinos, que emplean aproximadamente 4.000 ciudadanos bolivianos en la ciudad de Buenos Aires.(15)
En segundo lugar y respecto de los cambios en la política salarial, hay que tener en cuenta que, a fines de 2004, el gobierno nacional llamó a la Comisión de Salario Mínimo, luego de 11 años sin ser convocado, con el objetivo de discutir aumentos salariales. En esta dirección, el gobierno otorgó aumentos de jubilaciones y pensiones, se encaminó a desarrollar una campaña para el blanqueo de las trabajadoras domésticas, al tiempo que  abrió un llamado a paritarias, estableciendo un techo del 19% para el aumento salarial. Asimismo, el Congreso Nacional ha venido avanzando en el tratamiento de modificaciones a la legislación laboral en beneficio del trabajador, como la eliminación del tope de indemnización por despido y la ley que posibilita a un empleado accionar ante la Justicia cuando sus condiciones de trabajo sean modificadas de manera unilateral por parte del empleador. Sin embargo, en la actualidad, el tratamiento de estas medidas en el Parlamento se vio abruptamente suspendido, frente a la resistencia del sector empresarial.
¿Cuál ha sido el comportamiento de los principales nucleamientos sindicales? Como era de esperar, la consolidación del liderazgo de Kirchner contribuyó al realineamiento del espacio sindical peronista, así como repercutió severamente en la orientación política de la CTA. En efecto, el escenario actual encuentra nuevamente una CGT unificada, esta vez bajo el liderazgo de Hugo Moyano, líder de los camioneros, quien durante los años menemistas encabezara el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos), un nucleamiento sindical peronista que osciló constantemente entre la crítica a la CGT oficialista (los llamados “Gordos”) y la colaboración con la CTA.(16) 
Por su parte, la CTA, que atraviesa diferentes dificultades a partir del cambio de escenario político en diciembre de 2001, pareciera que aún no ha podido diseñar una política coherente respecto del nuevo gobierno. Recordemos que en diciembre de 2002, con la vista puesta en la entonces exitosa experiencia brasileña, la CTA lanzó un llamado a la creación de un movimiento político-social. No obstante, unos meses después este llamado se traducía en una suerte de diáspora política, visible en la candidatura de conocidos referentes de la CTA, a través de diferentes partidos políticos.  En abril de 2005, la CTA sufrió un duro golpe, cuando el gobierno nacional le negó la personería gremial, cuyo monopolio continúa en manos de la CGT.  En fin, todo indica que la CTA, que debe renovar sus  autoridades a fines de 2006, continúa atravesando un período ambiguo, acosada por las diferencias internas, que incluye varios dirigentes que adhieren al kirchnerismo (algunos, por la vía del “chavismo”), frente la reactivación de la tradición nacional-popular en el espacio latinoamericano.
Asimismo, hay que recordar que en Argentina existe un importante movimiento de fábricas recuperadas, que continúan luchando por la vía judicial y legislativa a fin de obtener la ley de expropiación y el reconocimiento como cooperativa de trabajadores. En la actualidad, hay más de 150 fábricas recuperadas, nucleadas en diferentes corrientes, y constituidas en cooperativas. A diferencia de la experiencia piquetera, las fábricas recuperadas han concitado desde el inicio una fuerte simpatía y apoyos sociales, que fueron fundamentales para su expansión y consolidación. Las fábricas recuperadas se consideran a si mismas como  “movimientos”, en tanto la recuperación (el acto de resistir) es equiparada a la protesta social.(17) En realidad, salvo casos excepcionales (entre los cuales se encuentran dos casos emblemáticos, como cerámica Zanón, situada en el norte de la Patagonia y el céntrico Hotel Bauen, en la ciudad de Buenos Aires), las fabricas recuperadas no han encontrado una fuerte resistencia por parte del Estado, aun si la respuesta no ha sido homogéna y se hayan registrado varios intentos de desalojos y de entrega a los antiguos propietarios. Antes bien, la crisis abrió nuevas oportunidades políticas, que coadyuvaron al acompañamiento de estos procesos, primero a través de una oficina del estado (el INAES –Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social-, que creó una unidad ejecutora para las empresas recuperadas); luego, facilitando la formación de cooperativas y la expropiación en favor de los trabajadores.
Vale la pena recordar también que la expropiación solo es temporaria y que no son pocas las empresas recuperadas que se encuentran en una difícil situación económica y sus trabajadores, en condiciones de verdadera autoexplotación. En este sentido, los obstáculos actuales remiten tanto a la falta de apoyo del Estado en el proceso de comercialización de los productos, como a la fragmentación organizacional que presenta dicho movimiento. Hoy existen cuatro corrientes, entre las cuales las más importantes son el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT). Ambas poseen aceitados vínculos con el gobierno actual.
Por último, es necesario tener en cuenta que en los últimos dos años, el escenario social da cuenta de la multiplicación de acciones sindicales. En 2005, los conflictos laborales que terminaron en huelgas o suspensión de servicios se triplicaron con relación al año anterior (en 2005 hubo 819 conflictos sindicales, mientras que en 2004 se registraron 249 casos)(18). Baste decir que éste ha sido el índice más alto desde 1990, año en que se implementaron las primeras reformas neoliberales, para comprender que muy probablemente estamos ante el inicio de un nuevo ciclo de acción sindical. Aunque la mayoría de los conflictos han sido en demanda de una recomposición salarial (la inflación en 2005 fue de 12,3%), no son pocos los que vienen reclamando contra las consecuencias de la  precariedad, con el objetivo de reducir las disparidades salariales instaladas entre los trabajadores de un mismo sector, fomentadas por el tercerismo y la política de flexibilidad salarial impuesta en los ´90.
Estos conflictos han sido protagonizados por comisiones internas, en algunos casos, por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas. En este sentido, hasta la propia CTA , reconocida por su carácter antineoliberal y cuyo rol de oposición fuera crucial en los ´90, se ha visto desbordada por la radicalidad que adoptan los nuevos conflictos sindicales. Los más resonantes se han producido en el sector de la telefonía (empresas de call-center dependientes de Telefónica Argentina), la salud pública (hospitales), docentes (de todos los niveles), transporte (subterráneo de la ciudad de Buenos Aires; pilotos y técnicos de Aerolíneas Argentinas), así como en ciertos sectores ligados a sindicatos más tradicionales, como la metalurgia y los trabajadores de las plantas automotrices (Daimler-Chrysler, Ford y Volskswagen). En fin, la emergencia de conjunto diferente de nuevas acciones sindicales desembocó, en diciembre de 2005, en la conformación del Movimiento Intersindical Clasista, un espacio de coordinación que reúne la izquierda basista y cuya afinidad con las líneas más independientes del movimiento piquetero no puede ser denegada.
En este contexto de intensificación de los conflictos, es frecuente que los marcos de lectura predominantes impulsados por el gobierno y los grandes medios de comunicación acerca de la conflictividad social subrayen prima facie las consecuencias negativas de las acciones de protesta (la obstrucción del tránsito, los problemas de transporte, la pérdida de días de clase, el riesgo de desatención en los hospitales públicos, entre otros) o apunten a denunciar, acto seguido, su carácter “eminentemente político”. Así,  durante 2005, por ejemplo, ante los reiterados paros realizados por el personal no-médico del Hospital Garrahan (el centro pediátrico más importante del país), el gobierno nacional lanzó una campaña de desacreditación contra uno de sus líderes sindicales (perteneciente a un pequeño partido trotskista), e intentó ilegalizar el conflicto enviando siete jueces federales diferentes y numerosos telegramas de despido, mientras que el ministro de la salud tildaba a los huelguistas de “terroristas sanitarios”...
Un conflicto emblemático ha sido el de los trabajadores del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, empresa privatizada en los ´90. En el mismo trabajan 2.900 personas, de las cuáles 900 estaban precarizadas. Es decir, se trata de trabajadores contratados y monotributistas de una docena de empresas, que abonaba sueldos más bajos que aquellos que fija el convenio colectivo entre la empresa y el gremio del sector, la UTA (Unión de Trabajadores Automotores). Entre fines  de 2005 y mediados de 2006, los trabajadores del subte realizaron cortes de servicio y bloqueos de las vías, algunos de los cuáles terminaron en episodios de represión, sin contar la fuerte campaña estigmatizadora llevada a cabo por los medios de comunicación y el gobierno nacional. Aun así, una gran parte de los trabajadores lograron el reencuadramiento sindical.

3.2. Política, empresas privatizadas y protestas ambientales

Algunos podrían argüir que el discurso crítico  de Kichner ha tenido ciertos blancos privilegiados, entre ellos, las empresas privatizadas. Ciertos casos resonantes, como el de la salida intempestiva de Suez, la compañía francesa, acompañada por una sobreactuación discursiva de Kirchner, parecería avalar lo dicho.  En realidad, lo más prudente sería relativizar esta afirmación. Para ello, vale la pena recordar las formas que adoptó el proceso de privatizaciones realizadas a inicios de los ´90; el cual conllevó no sólo la destrucción de las capacidades estatales, sino también la conformación de mercados monopólicos, con una alta rentabilidad, favorecidos por la protección del Estado.(19) Ello explica tanto la escasa capacidad (institucional) de los tardíos entes reguladores –algunos de ellos creados incluso meses después de la privatización del sector–, como la cooptación de las incipientes organizaciones de consumidores, por parte del Estado.(20)
Sin embargo, la salida de la convertibilidad y la posterior devaluación repercutió doblemente  en las empresas privatizadas. Primero, porque disminuyó la valorización de sus activos; segundo, porque debieron enfrentarse al virtual congelamiento de las tarifas de los servicios. Sin duda, de los dos puntos mencionados, el segundo es el más importante. En este aspecto es necesario considerar que, hasta el día de hoy, el tema continúa siendo una asignatura pendiente en la agenda del gobierno, aunque Kirchner, desde el comienzo de su gestión, se haya encargado de aclarar que la renegociación de los contratos de servicios públicos con las empresas privatizadas se hará una vez asegurada la salida del défault. En consecuencia, durante estos tres años, la política gubernamental se ha orientado -ahí donde lo requería- al otorgamiento de subsidios a las empresas privatizadas, a fin de impedir un incremento importante de las tarifas. En este sentido, el gobierno es consciente de que los incrementos impactarían negativamente en las condiciones de vida de diferentes sectores sociales, sobre todo entre las clases medias y populares, ya golpeados por la fuerte crisis. Además de erosionar sus bases de legitimidad, las medidas podrían convertirse  en la base potencial de nuevas protestas, en una sociedad muy proclive a realizar acciones directas no convencionales.(21)
Por otro lado, el gobierno actual ha tenido que afrontar conflictos puntuales con las empresas privatizadas, sobre todo frente al grave incumplimiento de los contratos por parte de las mismas. En algunos casos, ello desembocó en la ruptura de contratos y su posterior paso a manos del Estado, como fue respecto del servicio de aguas y cloacas, en manos del grupo Suez-; del servicio postal -Correo Argentino-, del ferrocarril San Martín, y del espacio radioeléctrico, antes a cargo de la francesa Thales Spectrum. Ambos fenómenos, -de una parte, el congelamiento de tarifas y, por otro, la rescisión de ciertas concesiones, tanto a nivel provincial como nacional-, explican porque la Argentina, con 34 causas en su haber, es uno de los países con más causas abiertas en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Por otro lado, ambigüedades y dobles discursos se advierten respecto de una temática muy sensible como es el control y explotación de los recursos naturales y la protección del medioambiente (minería, gas y petróleo).  Más allá de ciertos gestos simbólicos (como ha sido, por ejemplo la creación de Enarsa –Ente Nacional Regulador de la electricidad- y su asociación con la empresa petrolera venezolana –PDVSA-) el gobierno se ha cuidado muy bien en no desarrollar una prédica nacionalista, ni en reactivar la antinomia “estatal/privado”, pese al reclamo de diferentes organizaciones sociales, que consideran necesario operar un cambio fundamental en los régimenes regulatorios. En realidad, por el momento la nueva etapa parece señalar que, gracias a la existencia de un marco regulatorio extremadamente favorable, forjado en los 90 y continuado en la actualidad, los agentes del capitalismo global encontraron la puerta abierta, nuevamente demasiado abierta, para concretar la expansión por las llamadas áreas marginales, en las cuales se encuentran importantes reservas energéticas y mineras. 
En este sentido, una de las hechos mas notorios ha sido la expansión de las fronteras mineras, llevada a cabo por empresas trasnacionales, lo cual lejos está de haber encontrado una recepción positiva o pasiva por parte de la sociedades locales en las cuales estos proyectos se implantan. Antes bien, dicho proceso ha generado diferentes movilizaciones multisectorales en defensa del hábitat, que cuestionan el desarrollo de la minería tóxica. En efecto,  a partir de 2001, y en diferentes provincias (Chubut, Río Negro, San Juan y Catamarca), diversos colectivos de comunidades afectados por la minería han venido denunciando las consecuencias contaminantes de dichos emprendimientos. A esto se agrega la existencia de ambiciosos proyectos energéticos que ponen en riesgo la calidad de vida de ciertas comunidades indígenas, abriendo así nuevos focos de conflicto.
En fin, como sucede también en otros países de América Latina, estas nuevas movilizaciones dan cuenta de la importancia de nuevos núcleos de conflicto, ligados a la defensa del habitat, la protección de la biodiversidad y los recursos naturales no renovables. Dichos conflictos, que reúnen diferentes actores económicos y sociales, así como escalas de acción (lo local, lo regional, lo nacional y lo global), abren una disputa en torno a lo que se entiende por modelo de desarrollo sustentable. Para el caso argentino, estas nuevas expresiones, de carácter multisectorial, adoptan formas de participación asamblearias (asambleas de auto-convocados), lo cual sin duda se conecta tanto con el proceso de politización abierto en 2002, como con los levantamientos comunitarios registrados en los 90, ligados a la crisis y desmantelamiento de las economías regionales.
Ahora bien, pese a que en Argentina las protestas ambientalistas se multiplican, la gestión de Kirchner prevee para el período 2005-2006 un piso de inversiones de 3.600 millones de dólares. La cifra significa un aumento considerable respecto de un año y medio atrás, cuando se había previsto inversiones por tres años por 1.300 millones dólares.(22) El único reclamo ligado a la defensa del medio ambiente que el gobierno nacional ha apoyado es el que ha movilizado a los vecinos de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, en contra de la instalación de empresas papeleras concedidas por el gobierno uruguayo. A diferencia de los otros conflictos ambientales, que tienen una escasa visibilidad mediática y social, las protestas contra las papeleras –que ha incluido largos cortes de los pasos fronterizos, entre 2005 y 2006- han ocupado un lugar importante en la agenda del gobierno de Kirchner.  Cierto es que se trata de un conflicto de gran complejidad, de consecuencias imprevisibles, que yuxtapone a las diversas escalas de acción (local y global), el conflicto binacional entre Argentina y Uruguay. En efecto, el conflicto ha tensado sobremanera las relaciones entre los gobiernos de Kichner y de Tabaré Vásquez, al tiempo que ha desembocado en dos querellas: la primera de ellas, es la que decidió recientemente a favor del Uruguay, el tribunal internacional de la Haya, ante la denuncia argentina de riesgo de contaminación (julio de 2006). La segunda, es la causa abierta en el tribunal del MERCOSUR, ante la presentación del Uruguay, que denuncia la ilegalidad de los cortes de los puentes fronterizos. En esta segunda causa, todavía no definida, el gobierno argentino afirma que realizará una defensa en términos de libertad de expresión. Sin duda, esta línea de argumentación, que acentúa el carácter legítimo de las protestas, contrasta con la posición que el gobierno ha venido desarrollando respecto de los cortes de ruta y de calle que han venido realizando  otras organizaciones (en especial, los desocupados), y que se han resuelto a favor de un proceso de criminalización de la protesta.(23) 
En resumen: un primer balance de la política de Kirchner  acerca de estas problemáticas, debe contemplar varios aspectos. En primer lugar, respecto de las empresas privatizadas no pareciera que el gobierno de Kirchner se haya propuesto desarrollar una política de reestatizaciones, que se orienten a un cambio en el marco regulatorio. En realidad, lo que sucede es más simple, y tiene que ver con el hecho de que el gobierno de Kirchner ha asumido una cierta firmeza y, por sobre todo, un tono virulento que linda con la sobreactuación política, inimaginable en la década pasada. Sin embargo, el tema todavía constituye una asignatura pendiente, de cuya resolución depende sin duda la legitimidad futura del gobierno, en la medida en que la cuestión del mantenimiento de las tarifas de los servicios es uno de los aspectos centrales que garantiza el frágil pacto social pos-convertibilidad. En segundo lugar, respecto a la protección del medioambiente todo parece indicar que la posición asentada por el gobierno en el conflicto por las papeleras debería abrir nuevas oportunidades políticas para aquellos otros reclamos que desde hace tiempo están pugnando por adquirir cierta visibilidad mediática y política. En fin, todo presagia un escenario abierto a nuevas dinámicas y actores, que estarán muy marcadas por las nuevas formas de movilización social. 

4- Las fronteras de la política institucional

4.2. Política y liderazgo decisionista

Nos toca analizar ahora los aspectos más político-institucionales de la gestión de Kichner. Como en otros países de América Latina, las reformas neoliberales se apoyaron y, en consecuencia, terminaron por reforzar la tradición hiperpresidencialista existente, acentuando el giro decisionista de los últimos años, lo cual se tradujo por una mayor concentración de poder en el líder o jefe presidencial. En Argentina, esto fue facilitado por la convergencia entre una tradición hiperpresidencialista y una visión populista del liderazgo, lo cual, frente al vaciamiento de la soberanía nacional, terminó por desembocar en el proceso de construcción de una suerte de “nueva soberanía presidencial”(24). De esta manera, el decisionismo se constituyó en la clave de bóveda del nuevo modelo de dominación, visible en la tendencia a gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia que la Constitución habilita para el caso de las “situaciones extraordinarias”, así como a disciplinar y/o cooptar las voces disidentes (en ambas cámaras del Parlamento), mediante un estilo de liderazgo peronista caracterizado por la subordinación de los actores sociales y políticos al líder. En fin, esta situación fue promovida por la misma tendencia del propio Partido Justicialista a devenir “un sistema político en sí mismo”, convirtiéndose al mismo tiempo en oficialismo y oposición.(25)
Esta política de concentración del poder, lejos de ser un rasgo coyuntural, se prolongó en la práctica de los gobernantes que sucedieron a C.Menem, como F. De la Rúa, quien no sólo apeló a las facultades extraordinarias, sino también al “estado de sitio”. Así, por ejemplo en sus diez años de gestión, Menem sancionó 545 decretos.(26) Por su parte, De la Rúa firmó, entre 2000 y 2001, 73 decretos.(27)
En esta línea, la política de Kirchner postula una fuerte continuidad respecto de sus predecesores, al tiempo que instala ciertas rupturas.  En efecto, en primer lugar, la política de Kirchner tendió a fortalecer aun más el lugar de la soberanía presidencial, clave del modelo de dominación instalado en los ´90, en detrimento de los otros poderes del Estado. Sin embargo, aquí es necesario subrayar las diferencias con Menem y De la Rúa, pues en el caso de Kirchner, el espacio de la soberanía presidencial, fue utilizado –al menos en un primer momento- con el objetivo de redefinir y otorgar mayor variabilidad a la relación entre economía y política, en un contexto de semi-default de la economía argentina. En este sentido, Kirchner se vio favorecido por una situación de crisis económico-financiera, lo cual le otorgó mayores márgenes de acción, que hábilmente supo capitalizar. En consecuencia, sus primeros gestos también fueron leídos como una suerte de “recuperación de la política”, en comparación con la subordinación dramática de la política a los mandatos de los organismos multilaterales, así como al alineamiento automático con las orientaciones de Estados Unidos (la política de las “relaciones carnales”) durante los ´90.
Este giro fue acompañado por otras medidas, que tuvieron un gran impacto en la opinión pública. Entre ellas, como hemos señalado al inicio de este artículo, se destaca el descabezamiento de la Corte Suprema de Justicia y el nombramiento de magistrados reconocidos por su idoneidad profesional e integridad política. Esta medida no tiene solamente un alcance simbólico. Todo deja entrever que, en el mediano plazo, esta renovación del máximo tribunal de justicia, tendrá una traducción en términos de ampliación de los derechos.
Sin embargo, esta política de fortalecimiento de la independencia del poder judicial sufrió un primer embate, en diciembre de 2005, con la aprobación de la ley que autoriza la reducción de los miembros del Consejo de Magistratura. Aclaramos que éste es un organismo multisectorial introducido por la reforma constitucional de 1994, cuya actividad más importante es la selección, sanción y remoción de jueces. Con la excusa de reducir el número de consejeros, la reforma introducida por el gobierno de Kirchner aumentó la representación política —eliminando la participación de las minorías— y limitó la participación de jueces, académicos y abogados.(28) Del costado del oficialismo, la defensa del proyecto estuvo a cargo de la esposa del presidente, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien puso a prueba su estilo frontal y colérico, frente a díscolos y opositores.
En segundo lugar, la tendencia a la normalización del “Estado de excepción” (G.Agamben), se ha prolongado a través de la firma de decretos de necesidad y urgencia. Así, durante los dos primeros años de mandato, Kirchner dictó 140 decretos, cantidad que superó los firmados por Menem y De la Rúa en el mismo lapso.(29) Lejos de constituir un rasgo asociado a la situación de emergencia, dicha política se prolonga hoy, en un contexto de crecimiento económico y superávit fiscal, como lo muestran los acalorados debates en torno a los “superpoderes” que solicita el gobierno (julio de 2006). Esta reforma se refiere tanto a la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, como al fortalecimiento de la autoridad del jefe de gabinete, quien tendría la potestad para reasignar partidas presupuestarias, sin control del Parlamento.
En este sentido, no son pocas las voces –provenientes de diferentes sectores del arco político y social- que se han elevado para denunciar la tentación hegemonista del gobierno actual. El desmedido énfasis que ha puesto nuevamente la primera dama, Cristina F. de Kirchner, en la defensa de este proyecto en el Parlamento, sorprenden aún más, si tenemos en cuenta que el oficialismo cuenta con la mayoría en ambas cámaras. No son pocos los que se preguntan entonces cuáles es la verdadera intencionalidad de una reforma que apunta sin dudas a una mayor concentración y uso discrecional de los fondos, a menos que el gobierno esté pensando en un futuro escenario de crisis económico-social, en el cual se torne posible un quiebre de las lealtades dentro del bloque oficialista (hoy claramente hegemonizado por la figura de Kirchner, luego de la derrota aplastante de Eduardo Duhalde).
En fin, todo indica que la revalorización de la política ha implicado una modificación de los márgenes en la delicada y compleja relación entre economía y política. Sin embargo, dicha revalorización de la política se ha hecho, una vez más, en provecho del fortalecimiento de la soberanía presidencial, esto es, de la ampliación de la esfera de decisionismo y personalismo del Ejecutivo.

4.2. Democracia delegativa versus nuevas formas de participación

Durante los ´90, la consolidación de un modelo decisionista, fue produciendo un desdibujamiento de la política entendida ésta como esfera de deliberación y participación, como espacio de disputa y de conflicto entre proyectos societales diferentes. Dicho proceso derivó en una concepción exclusivamente delegativa y representativa de la democracia, impulsando activamente la desarticulación entre lo político y lo social, esto es, entre el mundo de la política institucional y las nuevas formas de acción colectiva.
Este intento de sutura de la política en el marco del nuevo orden económico originó importantes tensiones y conflictos en la sociedad argentina durante la segunda mitad de los ´90, que abrieron la brecha para un doble cuestionamiento del modelo dominante. Así, el primer fenómeno -la evacuación de la política como esfera de deliberación-, dio origen a un discurso político centrado en la demanda de transparencia y la apelación al “buen funcionamiento” de las instituciones republicanas. El segundo –la desarticulación entre lo político y lo social- desembocó en la emergencia de nuevos movimientos sociales, de carácter territorial, centrados en la acción directa no convencional y en el desarrollo de formas de democracia asamblearia. En fin, mientras la primera demanda fue canalizada por los nuevos partidos de centro-izquierda, cuya máxima experiencia (el FrePaSo –Frente por un País Solidario-) terminó por ser absorbida y destruida por la lógica del propio sistema que criticaba (la subordinación de la política a la economía como “horizonte insuperable”), la segunda tendió a generar nuevas formas de movilización (las organizaciones de desocupados), que en un primer momento impulsaron a la ampliación de las bases asistenciales del Estado. 
Entre 1999 y el 2001, con la gestión de la Alianza, ese modelo de dominación asentado tanto en la sumisión de la política a la economía, en el liderazgo de tipo presidencialista y la democracia decisionista se desencastró y tendió a desarticularse. Este proceso fue acompañado por la generalización de nuevas formas de participación, que impugnaban el sistema institucional, apuntando a corroer el régimen de dominación desde abajo. Sin embargo, dicho desencastramiento no fue definitivo. A partir del 2003, como hemos dicho, con el arribo de Kirchner al poder, asistimos a una recomposición del esquema de dominación en un escenario atravesado por la demanda de normalidad y, a la vez, por el cuestionamiento al modelo neoliberal. En fin, aún si las elecciones parlamentarias de octubre de 2005 parece indicar que “desde arriba” el escenario político se halla cada vez más caracterizado por una suerte de “peronismo infinito”, hoy fortalecido tanto por el debilitamiento de los restantes partidos tradicionales; “desde abajo” todo apunta a señalar la recurrencia a acciones directas y la expansión de formas de democracia no representativa.
La Argentina continúa siendo, pues, una ilustración acabada de la disociación entre política institucional y nuevas formas de participación. Por un lado, de manera muy excepcional –como es el complejo caso de la Asamblea ambientalista de Gualeguaychú- estos dos universos de la política –la institucional y la no-institucional- convergen o tienden a articularse. Por el otro, no pocas formas de auto-organización de lo social (que incluye también varios de los organismos de derechos humanos) han sido integradas a la gestión gubernamental, sin que esto se haya traducido necesariamente en la ampliación de las esferas de participación ciudadana. Incorporados a la órbita del Estado, las organizaciones pierden  autonomía (lo cual, en el campo de los derechos humanos resulta preocupante), y desarrollan un vínculo de dependencia político con el líder (Kirchner), propio de la tradición peronista.
La disociación de la disociación entre la política institucional y las formas auto-organizadas de lo social se ve reforzada por el hecho de que la Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, posee un diseño institucional que contempla escasamente la introducción de mecanismos de participación ciudadana, a través de formas de democracia directa y participativa. Así, aunque la reforma constitucional de 1994 incorporara, entre otras cosas, la figura de la consulta popular; éstas no poseen un carácter vinculante. Asimismo, las experiencias locales vinculadas a nuevas formas de democracia participativa todavía poseen un carácter muy incipiente y se reducen a unos pocos casos.
Así, aunque la situación actual estimule la posibilidad de pensar creativamente las diferentes temáticas ligadas a los procesos de ampliación de participación ciudadana (la articulación entre Estado y sociedad, entre democracia representativa y democracia participativa, entre lo institucional y lo no-institucional, entre el espacio público estatal y el espacio público no-estatal, por ejemplo), éstas cuestiones no parecen formar parte de la agenda gubernamental. En fin, entre tantas otras cosas, lo que sigue ausente de la agenda política es el desafío de pensar la vinculación entre la democracia representativa y las nuevas formas de democracia directa y participativa por fuera de los antiguos moldes de dominación.

* * *

El gobierno de Kirchner presenta tres fronteras mayores, que van anunciando los límites de su gestión. En primer lugar, está la frontera de la exclusión, claramente delimitada, frente a la ausencia de programas verdaderamente inclusivos respecto del amplio mundo de los excluidos, en un contexto de naturalización de las desigualdades sociales. En segundo lugar, está la frontera de la precariedad, que da cuenta de la debilidad y las oscilaciones de las políticas laborales y las estrategias redistributivas en su combate contra la dinámica flexibilizadora y las grandes asimetrías económicas-sociales. En tercer lugar, están las fronteras de la política institucional marcadas, hacia adentro, por la consolidación del modelo decisionista y la democracia delegativa; hacia fuera, con relación a la política no-institucional, por la absorción y pérdida de autonomía de las organizaciones sociales oficialistas o, en su defecto, por la exterioridad estigmatizante de las organizaciones opositoras.
Todo ello sucede, empero, en un contexto ideológico diferente al de la década del ´90, como bien puede advertirse a través de la retórica anti-neoliberal del propio Kirchner, en afinidad con otras experiencias latinoamericanas. Sin embargo, pese que el escenario político presenta importantes modificaciones respecto del pasado reciente, tanto en lo que se refiere a la proliferación de nuevas prácticas de resistencia como a la circulación de discursos políticos críticos, el llamado modelo neoliberal –y el régimen de dominación política que acompañó su instalación- sigue gozando de buena salud.
En fin, ambigüedades, tensiones y dobles discursos constituyen entonces el hilo articulador de la política del gobierno de Kirchner, en un escenario en el cual se entrecruzan y yuxtaponen la consolidación de lo viejo con las aspiraciones de lo nuevo…

Notas

(1) Publicado en Revue du Tiers Monde,numero 189, Francia, janvier-mars 2007.

(2) La tasa, correspondiente al primer trimestre de 2006, no incluye a los beneficiarios de los planes sociales. En ese caso, la desocupación alcanzaría el 14,1. (Taller de Estudios Laborales, www.tel.org.ar )
(3) Los datos han sido extraidos de C.Lozano, “Comportamiento de los sectores dominantes. Pobreza, distribución del ingreso y crecimiento en Argentina”, ponencia presentada en el encuentro “Plan Fénix, en víspera del segundo centenario”, Buenos Aires, septiembre de 2005.
(4) Actualmente, según cifras del Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad, los beneficiarios del Plan Jefas y Jefe de Hogar son 1.378.928 (Siempro, junio de 2006)
(5) Para el tema véase M.Svampa y S.Pereyra, (2003) Entre la ruta y el barrio. La experiencias de las organizaciones piqueteras, Buenos Aires, Biblos.  
(6) La llamada “Plaza del Sí”, convocada por Kirchner en el tercer aniversario de su gobierno (25 de mayo de 2006), fue la ocasión para reunir en un mismo espacio un conjunto heteróclito de organizaciones que iba, desde los organismos históricos  de derechos humanos hasta las organizaciones piqueteras oficialistas, pasando por los sindicatos de la CGT y las organizaciones del peronismo bonaerense.
(7) Hemos reflexionado sobre la cuestión en M.Svampa, “Movimientos sociales e Izquierda en Argentina”, enero de 2006. Asimismo, puede verse La sociedad excluyente, La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Buenos Aires, Taurus, 2005.
(8) Salama, Pierre (2003), “L’économie argentine de l’endettement: chronique d’une crise annoncée », en Diana Quattrocchi-Woisson, Argentine, enjeux et racines d’une société en crise, Paris, Tiempo.
(9) El despliegue e intervención de fuerzas represivas en las zonas petroleras en conflicto atraviesa los ´90, a partir de los primeros levantamientos de los pueblos petroleros. La estrategia de militarización encontró un primer climax en Gral Mosconi, en la provincia de Salta, localidad que estuvo prácticamente sitiada por las fuerzas de gendarmería entre mayo de 2000 y diciembre de 2001, período en el cual se registraron diferentes represiones que terminaron en 5 asesinatos.
(10) Palomino, H. (2005), “Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales. 1975-2003”, Buenos Aires, Nueva Historia Argentina (dir. Juan Suriano), Buenos Aires, Sudamericana
(11) C.Lozano,( 2006) “Clandestinidad y precarización laboral en la Argentina de 2006”, Instituto de Estudios y Formación, C.Lozano et al, mimeo.
(12) Spaltenberg, Ricardo (2000): “Cambio y continuidad en el conflicto laboral. Un análisis sectorial”. Trabajo presentado en el seminario organizado por el PSEI-IDES,  Buenos Aires.
(13) Según el asesor laboral del la CGT y diputado oficialista, Héctor Recalde, Página 12, 2 de julio de 2006.
(14) Lozano et al, op.cit.
(15) Las investigaciones posteriores apenas si alcanzaron a mostrar la oscura trama, hecha de arreglos y complicidades gubernamentales, que anudan la ruta  del trabajo clandestino entre Bolivia y Argentina. En fin, estos hechos estuvieron en el origen de tres marchas de trabajadores bolivianos e incluso de la visita de una comisión del gobierno boliviano. Recordemos que la presencia boliviana en Argentina es muy importante y alcanza, según estimaciones, a los 2 millones.
(16) El MTA sólo se retiró de la CGT en el año 2000, esto es, bajo un gobierno no peronista, formando entonces lo que se conocerá con el nombre de CGT disidente. La reunificación de la CGT (entre el sector de los “gordos” y el sector “disidente”) se realizó en 2004.
(17) J.Rebón, (2004), Desobedeciendo al desempleo. La experiencia de las empresas recuperadas, Buenos Aires, Picaso-La Rosa Blindada.
(18) Los datos provienen del Centro de Estudios Nueva Mayoría, en  www.nuevamayoría.com
(19) Para el tema, véase Azpiazu, Daniel (2002) (comp.), Privatizaciones y poder económico. Buenos Aires, UNQui-Flacso-IDEP y Basualdo, Eduardo (2000), Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa, Buenos Aires, UnQui-Flacso, IDEP.
(20) En los hechos, la virtualidad o inexistencia del consumidor-usuario y la consolidación de un Estado patrimonialista fueron compensadas por la ostensible centralidad que adquirió el consumidor puro, imagen impulsada por el modelo neoliberal-menemista, a través del régimen de convertibilidad. Hemos abordado el tema en La sociedad excluyente, La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Buenos Aires, Taurus, 2005.
(21) Un ejemplo de ello se dio en diciembre de 2005, cuando de manera espontánea los usuarios  del ex ferrocarril Sarmiento expresaron su hartazgo ante el maltrato cotidiano y las deficiencias en los servicios públicos privatizados, incendiando varias formaciones del tren. El episodio ocurrió en Haedo, provincia de Buenos Aires y renovó la polémica ante la falta de control del Estado en los servicios públicos privatizados.
(22) Para el tema, véase la introducción y los anexos del Informe sobre la situación de los derechos humanos, 2005, Alerta Argentina, Buenos Aires, Edición Tierras del Sur, 2006. Existe una versión electrónica en el sitio lavaca.org y www.nodo50.org/americalibre
(23) Véase Pagina 12, 9 de julio de 2006: “las manifestaciones de la asamblea ambientalista de Gualeguaychú fueron un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, no una actividad criminal”. La argumentación, como bien señala el artículo, “presenta un fuerte contraste con un dato que los organismos de derechos humanos vienen denunciando desde 2001: en el país hay cerca de tres mil manifestantes con causas judiciales abiertas por participar en protestas, muchas de ellas cortes de ruta.”  Para el tema, véase R.Gargarella (2005) El derecho a la protesta. El primer derecho, Buenos Aires, Ad-Hoc.
(24) La expresión es de G. Althabbe, (1998), “Détour pour Buenos Aires”, en Althabe, Gérard y Monique Selim, Démarches ethnologiques au présent, Paris, L’Harmattan.
(25) J.C. Torre, (1999), “Los desafíos de la oposición en un gobierno peronista”, en Juan Carlos Torre et al., Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado, Buenos Aires, Norma.
(26) Cf. Ferreyra Rubio, Delia y Mario Goretti (1996), “Cuando el presidente gobierna solo. Menem y los decretos de necesidad y urgencia hasta la reforma constitucional (julio 1989-1994)”, Desarrollo Económico, vol. XXXVI, Nº 14, abril-junio; y de los mismos autores, Executive-Legislative Relationship in Argentina: From Menem’s decretazo to a New Style?” Presented at the Annual Conference: “Argentina 2000: Politics, Economy, Society and International Relations”, Argentine Studies Programme and St. Antony’s College, University of Oxford, Oxford, May 15-17, año 2000.
(27) De los mismos autores, citados en La Nación, 13 de junio de 2005
(28) Más allá de las críticas de los partidos de la oposición y de unas pocas voces discordantes dentro del oficialismo, el cuestionamiento de las principales ONGS a esta reforma de ley fue unánime. Puede consultarse la carta que enviaron al ejecutivo,http://www.farn.org.ar/arch/control-Carta-Consejo-de-la-Magistratura.pdf.
(29) Diario La Nación, 13 de junio de 2005.
 
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