Claudio Katz - Alca Mercosur y Alba 2 Imprimir E-Mail

El torbellino de la integración

A mediados de 2006 es muy visible el carácter vertiginoso y cambiante de los alineamientos regionales y el curso poco predecible del futuro rediseño de América Latina. Tanto los tratados bilaterales que reemplazan al ALCA, como el MERCOSUR y el ALBA se mantienen como opciones de este reordenamiento, sin que por ahora pueda definirse cuál será el desemboque de este proceso.

El bloque librecambista

El gobierno de Bush está empeñado en forzar la suscripción de TLCs con todos aquellos gobiernos dispuestos a aceptar promesas de mayor exportación, a cambio de aperturas comerciales inmediatas. Una vez alcanzado el acuerdo, las negociaciones se desarrollan a toda velocidad para evitar una evaluación seria de sus efectos, neutralizar la oposición parlamentaria y disuadir las protestas de los movimientos sociales. Estados Unidos busca llenar el vacío creado por la crisis del ALCA con rápidas iniciativas que permitan relanzar su proyecto de dominación continental.

Esta urgencia refleja también el malestar que suscita en el Departamento de Estado las tratativas de libre comercio que impulsa Europa con América Latina. En la reciente conferencia de Viena entre mandatarios de ambas regiones, los negociadores del Viejo Continente difundieron nuevas ofertas de tratados que disgustan al competidor estadounidense.


Las grandes empresas europeas buscan sacar rédito del clima hostil que existe en América Latina hacia su concurrente del hemisferio norte. Al igual que Estados Unidos, Europa no está dispuesta a otorgar concesiones comerciales, y ofrece acuerdos con fuertes exigencias de protección jurídica a las compañías, pocas normas de cooperación y reducidos reconocimientos de asimetrías(1). España aprovecha su rol de intermediario para afianzar su asociación con las empresas de Europa y Estados Unidos, a partir del lugar que obtuvo con las privatizaciones de Latinoamérica(2).


En este marco, Bush aprovecha las alianzas militares y la estrecha ligazón política con ciertos gobiernos de la región para ensayar la contraofensiva de los TLCs y abrir un curso de reconstrucción parcial del ALCA. En esta estrategia, Colombia ocupa un papel central. La reelección de Álvaro Uribe en un contexto de gran abstención, legalización de los paramilitares y generalización del terrorismo de estado fue precedida por la ratificación del acuerdo bilateral con Estados Unidos. El país soporta una situación de ocupación bélica, guerra permanente, refugiados y secuestros, más parecida al escenario de Medio Oriente que a la realidad actual de Latinoamérica.


El aprovisionamiento bélico de Estados Unidos se multiplicó con el pretexto de combatir al narcotráfico (sin lograr reducir el abastecimiento colombiano del 80% de los consumidores mundiales de cocaína). El TLC no es ajeno al despliegue bélico que motorizan Bush y Uribe. Esta militarización constituye una advertencia regional contra los movimientos populares, en una coyuntura adversa para nuevas incursiones bélicas del imperialismo. El Pentágono no está en condiciones de generalizar estas acciones, pero prepara el terreno para el momento propicio.


A fin de reconstituir alguna modalidad del ALCA, frente a los avatares creados por los cambios de gobierno, Estados Unidos también promueve el mantenimiento de los convenios bilaterales ya existentes. Chile y México son las principales áreas de esta continuidad. Nadie pone en duda la ratificación presidencial de estos acuerdos, a pesar de las fuertes críticas que han suscitado en ambos países.


Bachelet reafirmó el tratado nombrando un gabinete de tecnócratas que ponderan las virtudes del libre comercio. Esta convalidación preserva un modelo neoliberal que ha generado gran polarización social. La liberalización financiera y comercial que propicia el TLC acentúa esta desigualdad, que otorga al 20% más rico de la población un ingreso 14 veces superior al percibido por el 20% más pobre (Clarín, 2006b). El convenio refuerza la desregulación laboral, la desprotección frente a los despidos y el empobrecimiento de los pensionados que ha potenciado la privatización de las jubilaciones.


El modelo neoliberal en México, que apuntala el NAFTA, ha generado la misma polarización social. En un país que añadió diez nuevos potentados al top de los multimillonarios del planeta que anualmente registra la revista Forbes, la pobreza afecta al 50% de la población y la indigencia al 20%, El hambre es una tragedia padecida, además, por ocho de cada diez campesinos y en las ciudades, el 60% de los trabajadores carece de protección social. En estas condiciones ninguna barrera policial en la frontera puede detener el desesperante flujo de emigrantes (Valle Baeza, 2006).


La continuidad del NAFTA beneficia especialmente a los exportadores y a las compañías locales asociadas a la fabricación en maquilas. Pero también favorece al pequeño número de capitalistas que utilizaron la desregulación neoliberal para monopolizar los principales negocios de la telefonía, el entretenimiento, el cemento, la cervecería y la alimentación básica (Clarín, 2006d).


Otro terreno de conformación del bloque librecambista impulsado por Estados Unidos es la suscripción de tratados que vulneran todas las formalidades legales. Estas anomalías se observaron en las negociaciones con los países centroamericanos y hoy se verifican en las tratativas con la región andina. Especialmente en Perú, el convenio fue primero manipulado por el ex presidente Toledo y luego sometido a un escandaloso manejo dentro del Parlamento. Este convenio destruye la producción campesina local y garantiza enormes lucros a las empresas farmacéuticas.


Los cambios en el MERCOSUR

Un giro importante en las alternativas de integración se produjo con el ingreso de Venezuela al MERCOSUR. Esta incorporación se está concretando en tiempo récord. El protocolo de adhesión y los tratados (Asunción, Ouro Preto, Olivos) fueron ratificados aceleradamente y los plazos de aceptación del arancel externo común se acortaron para facilitar el acceso a la zona de libre comercio. Aunque la integración definitiva exigiría seis años –para asimilar el efecto de las 204 normas del tratado– todos los miembros del MERCOSUR quiere apurar la presencia de Venezuela.

Este interés deriva, en primer lugar, de los grandes negocios que ofrece el nuevo socio del Caribe. Desde 2002, las ventas argentinas a Venezuela se triplicaron (carne, leche, soja, cosechadoras) y todas las grandes compañías están considerando mayores exportaciones y eventuales inversiones.

Esta ampliación es reivindicada como un beneficio mutuo entre países complementarios que intercambian energía por alimentos y bienes industriales. El acuerdo apuntala la creación de un gran mercado regional con independencia de los gobiernos vigentes en cada país (Álvarez, 2006; Wainfeld, 2006).


Pero el ensanchamiento se concreta siguiendo los patrones actuales del MERCOSUR, es decir, las normas que favorecen a los grandes grupos capitalistas de la región. Este perfil antipopular del tratado se mantiene intacto, en un contexto de incierta evolución del convenio, puesto que la incorporación de Venezuela no constituye el último capítulo de ampliación de la asociación.


También Chile incrementó su cercanía al MERCOSUR y México ha solicitado una participación que ningún socio cuestiona. Como ambos países mantienen tratados con Estados Unidos, cabe preguntarse qué significaría esta presencia. ¿Cómo actuarían dentro del convenio dos pregoneros del ALCA? Estos interrogantes son esenciales, ya que desmienten la identificación del MERCOSUR con una postura de frontal confrontación con el ALCA.

La cumbre de mandatarios que en julio de 2006 en Córdoba consagró el ingreso de Venezuela no ha zanjado los grandes dilemas estratégicos de esta asociación. Tampoco se definió qué sendero seguirá el conflicto planteado en Mar del Plata, ocho meses atrás, entre presidentes alineados con el MERCOSUR y mandatarios partidarios del ALCA. Por el momento, el tratado de Sudamérica tiene un nuevo miembro que rechaza el proyecto norteamericano (Venezuela), otros que se aproximan a esa iniciativa (Uruguay), varios que postulan renegociarlo (Argentina, Brasil) y algunos allegados que promueven abiertamente el acuerdo con Estados Unidos (Chile, México). El curso de estas opciones definirá si el MERCOSUR se fortalece como opción propia a queda diluido en la maraña de TLCs que auspician los norteamericanos.

Con el ingreso de Venezuela, tanto Brasil como Argentina han conseguido un nuevo aliado, en sus negociaciones dentro de la OMC para lograr alguna reducción de los subsidios agrícolas. Estados Unidos y Europa ya anticiparon que volverán a impedir cualquier disminución significativa de estas subvenciones. Es evidente que en estas tratativas, el nuevo MERCOSUR ampliado tendrá mayor peso que el MERCOSUR debilitado de los últimos años. Pero el problema central no radica en esta gravitación, sino en los intereses en juego.


La disminución de los subsidios es una exigencia de los grupos agro-exportadores del Cono Sur, que exigirán extender las normas de libre comercio al interior de la región. Los líderes del MERCOSUR ya aplican parcialmente estas reglas en sus países y, en consecuencia, el cultivo capitalista de la soja se expande, destruyendo a la pequeña agricultura, expropiando campesinos, empobreciendo pobladores y bloqueando la reforma agraria.


Esta política es exactamente la opuesta a los proyectos propiciados por el ALBA, que postulan la defensa de la producción campesina y el otorgamiento de seguridades alimenticias a todos los países. Este programa rechaza a escala nacional la reducción de los subsidios y las protecciones al agro que el MERCOSUR promueve en los organismos multilaterales (Ministerio de Comunicación e Información, 2006). No debe olvidarse que en las últimas rondas de esas tratativas, Brasil actuó de común acuerdo con las grandes potencias, frente al conglomerado de naciones más dependientes, para apuntalar los intereses de sus agro-exportadores.


Por otra parte, con el ingreso de Venezuela al MERCOSUR queda encuadrado dentro del horizonte de esta asociación el proyecto de un banco regional. Las emisiones de bonos que precederían a esa entidad se destinarán a refinanciar la deuda externa, reforzando una triangulación que favorece a los acreedores y las clases dominantes (Venezuela presta, Argentina paga, los banqueros cobran).


El gobierno argentino es el inmediato beneficiario de estos créditos, que en los últimos 18 meses le permitieron refinanciar 2.800 millones de dólares del endeudamiento. Ahora podrá también afrontar con estos recursos los vencimientos del año próximo y evitará el creciente costo de negociar préstamos en el mercado internacional, en una coyuntura de encarecimiento de las tasas de interés.


Este modelo del Bansur abre, además, un excelente negocio a los bancos locales que podrían convertirse en los grandes intermediarios del futuro financiamiento estatal. Venezuela compromete sus recursos con un mecanismo que tenderá a perpetuar el círculo vicioso del endeudamiento y que, además, legitima los fraudes acumulados a través de esos pasivos.


La entidad que se está gestando se asemeja a los grandes bancos públicos que subvencionan proyectos capitalistas (como el BNDES de Brasil). En la hipótesis de una mayor integración regional capitalista, el Bansur cumpliría el rol de custodio de los intereses del capital financiero, adoptando en esta función un papel comparable al Banco Central Europeo. Otra opción de este mismo horizonte es convertirse en una entidad de promoción de grandes emprendimientos privados, como el Banco Asiático de Desarrollo.


Por este camino se aleja la posibilidad del banco regional concebido dentro del esquema del ALBA. En este modelo, la entidad tendería a sostener la pequeña producción, apoyaría a las cooperativas y apuntalaría la inversión pública en los emprendimientos prioritarios para la población. En el marco del MERCOSUR, tampoco hay cabida para un control democrático del banco y se diluye cualquier perspectiva de supervisión popular de los préstamos.


Consecuencias políticas

En lo inmediato, el ingreso de Venezuela al MERCOSUR tiene más relevancia política que económica. Muchos comentaristas han subrayado que los gobiernos de Argentina y Brasil buscan “moderar a Chávez” a través del tratado, acotando especialmente sus intervenciones a escala continental. Este objetivo de “contención” explica porqué una negociación que debía durar entre seis y doce meses fue despachada en tres días (Oña, 2006).

Lula y Kirchner pretenden colocar al presidente venezolano en un marco de compromisos diplomáticos que reduzca su participación directa en temas conflictivos (las papeleras) o en cuestionamientos públicos a políticos conservadores (Alan García). También buscan ponerle un límite a su incursión en áreas que irritan al Departamento de Estado (Irán, OPEP, aprovisionamiento bélico). Por el momento, dentro del MERCOSUR, Venezuela tendrá voz pero no voto, y esta restricción constituirá un test condicionante de la acción de Chávez.


La reciente Cumbre de Córdoba dejó una impresión bastante engañosa de beneficios cruzados y, a su vez, compartidos entre todos los mandatarios. Chávez apoyó explícitamente la reelección de Kirchner y Lula, y los dos presidentes del Cono Sur retribuyeron este sostén con elogios más escuetos. Pero estas cortesías mutuas hacen olvidar los compromisos más estructurales que debió asumir el nuevo socio para ingresar al MERCOSUR.


Venezuela suscribió los principios de “defensa de la democracia” que hasta ahora operaron como instrumento de presión regional para implementar la agenda de las clases dominantes. Enviar tropas a Haití, auxiliar a los presidentes amenazados por una rebelión popular o impedir que los movimientos sociales impongan sus reivindicaciones fueron acciones invariablemente consumadas en nombre de la democracia. Este estandarte –incluso utilizado por los golpistas en Venezuela– podría ahora ser esgrimido como advertencia contra la radicalización del proceso bolivariano.


Lo ocurrido en la Cumbre de Córdoba frente al tratado de libre comercio con Israel –propiciado por la diplomacia del MERCOSUR– es otro indicio de la tónica que podría asumir esta asociación en el futuro. Este convenio carece de relevancia económica, ya que las exportaciones al pequeño país de Medio Oriente sólo representan el 0,2% de las ventas sudamericanas y ocupan el lejano puesto 43 en el ranking del comercio externo del Cono Sur. Pero es evidente que un acuerdo de este tipo brindará oxígeno al régimen colonialista más sanguinario del planeta. En este terreno, un gesto vale más que mil palabras (Abedrapo, 2006). Si bien a último momento el acuerdo no fue firmado, esta postergación obedeció más a discrepancias comerciales que a cuestionamientos políticos. Israel mantiene una postura semejante a Estados Unidos y Europa en el delicado tema de los subsidios agrícolas que dificulta la suscripción de nuevos convenios.


Pero lo más importante fue la declaración de los mandatarios frente a la escalada bélica que se registra en Medio Oriente. En medio del brutal atropello militar sionista contra el Líbano, los presidentes sudamericanos se limitaron a emitir una exhortación a favor del cese del fuego. Hubo una sugerencia de condena a las agresiones de ambos bandos, como si los crímenes de guerra contra la población civil de las tropas de ocupación israelíes fueran equivalentes a la resistencia de los palestinos y libaneses. Lo que correspondía era repudiar sin ninguna vacilación la masacre que realizan los peones del imperialismo y no igualar en ningún caso a las víctimas con los victimarios. Esta postura fue una evidente iniciativa de Kirchner y Lula para tranquilizar al Departamento de Estado.


Asimismo, muchos analistas señalaron que la Cumbre buscó un equilibrio para potenciar al MERCOSUR como alineamiento autónomo de Estados Unidos. Esta diferenciación es cierta e ilustra la existencia de intereses específicos de las clases dominantes de la región, que son divergentes en muchos terrenos con las prioridades de la primera potencia. Pero la ampliación del MERCOSUR se concreta para reforzar el poder de negociación de estos sectores frente a Estados Unidos, lo que exige diluir la presencia de las fuerzas antiimperialistas que resisten la opresión norteamericana.


Otro ejemplo de esta estrategia neutralizadora fue lo ocurrido con Cuba. Por un lado, Fidel fue invitado a la Cumbre y se suscribieron tratados comerciales que aligeran el bloqueo y contrarrestan la presión estadounidense para asfixiar económicamente a la isla. La firma de estos convenios demuestra que no es necesario ingresar al MERCOSUR, ni aceptar sus normas para acceder a los acuerdos que necesita una revolución acosada por el Pentágono. Lo mismo podría haber hecho Venezuela, garantizando así su autonomía para adoptar el curso político y económico que más le conviene a un proceso antiimperialista.


Pero lo importante es registrar cómo Kirchner aprovechó la Cumbre para presionar imprevistamente a Fidel, para que permita salir de Cuba a una crítica del régimen (Hilda Molina). Esta demanda creó una tensión diplomática que todos los involucrados prefirieron disimular. El reclamo no obedeció a ningún propósito democrático. ¿Desde cuándo Kirchner es un cruzado internacional de los derechos humanos? Nunca se supo que en sus entrevistas con Bush haya por ejemplo demandado el cierre de Guantánamo.


Lo que se dice y omite en cada reunión entre presidentes responde a cierta estrategia y, en este caso, el gobierno argentino buscó realizar públicamente un gesto de buena voluntad hacia Estados Unidos. Intentó demostrarle al Departamento de Estado que el MERCOSUR constituye un buen ámbito para acosar en forma paulatina y cuidadosa a la Revolución Cubana. Esta orientación es común a muchas burguesías latinoamericanas, que apuestan a socavar desde afuera y paso a paso la continuidad de la principal gesta popular victoriosa de América Latina.


Las indefiniciones del MERCOSUR

Mientras Estados Unidos propicia los tratados bilaterales, el MERCOSUR soporta fuertes contradicciones que lo empujan alternativamente a la acción y a la parálisis. Este conflicto se traduce en una indefinición de rumbos, que la coyuntura económica favorable permite, por ahora, disimular. La incorporación de Venezuela al tratado no resuelve estos conflictos.

Una tensión particularmente significativa persiste con Uruguay. El gobierno del Frente Amplio congeló su presencia en el MERCOSUR y amenazó con reducir su participación a un status inferior de miembro asociado, mientras redobla los gestos de acercamiento hacia Estados Unidos. Tabaré fue recibido en Washington como un aliado de primer orden, puesto que el Departamento de Estado quiere colocar un peón en el Río de la Plata.


Pero un tratado con Estados Unidos no le ofrece a Uruguay ningún beneficio importante, ya que la estructura exportadora del país no es complementaria con la economía de la primera potencia. El establishment uruguayo utiliza el coqueteo con Bush para exigirle a sus vecinos mayor atención. Por ese camino, actualiza las viejas maniobras de un Estado-tapón (entre Brasil y Argentina), en las nuevas condiciones de eventual Estado-cuña (al servicio de Estados Unidos). El mismo juego realiza Paraguay con una apuesta más silenciosa, pero cualitativamente más peligrosa. La presencia de una base militar del Pentágono en ese país podría llegar a destruir todos los equilibrios geopolíticos del MERCOSUR.


En la Cumbre de Córdoba, tanto Brasil como Argentina buscaron atenuar las tensiones con los países chicos mediante la creación de un fondo de compensación de las asimetrías regionales. A nadie se le escapa que la deserción de las naciones pequeñas golpearía severamente el proyecto de crear un polo de poder zonal que alientan los grandes grupos capitalistas de Sudamérica.


Pero las sumas involucradas inicialmente en la conformación de ese fondo son irrisorias e impedirían a Brasil ejercer un liderazgo en la asistencia semejante al desarrollado por Alemania durante la primera etapa de la Unión Europea. Por el momento, Uruguay y Paraguay afrontan crecientes desequilibrios comerciales con Brasil y Argentina, mientras que mantienen excedentes de este tipo con Estados Unidos. Un fondo de poca monta no compensa esta asimetría. Basta observar que Brasil aporta el 70% del PBI del MERCOSUR frente al 1,4% de Uruguay y el 0,6% de Paraguay, para notar cuál es peso de cada asociado en esa negociación.


La construcción de las papeleras es también un conflicto clave, cuyo desenlace incidirá directamente sobre el futuro del MERCOSUR. Tabaré actúa como agente de las empresas europeas que en los foros internacionales propagan un discurso ambientalista y, en la práctica, consuman la destrucción ecológica de Sudamérica. Hasta ahora, las compañías no aceptaron trasladar las plantas a otra localidad, ni siquiera lucrando con una financiación a cargo de los gobiernos del Cono Sur. Esta concesión podría afectar la cotización bursátil de las firmas y también su pretensión estratégica de transferir la actividad papelera a los países periféricos.


Pero el resultado de la pulseada en curso no está decidido dado que los asambleístas argentinos mantienen su movilización y condicionan la dirección de todas las negociaciones. Esta acción vecinal frustró el aval inicial del gobierno argentino a las plantas y condujo a que un conflicto regional sea dirimido en las Cortes Internacionales.


En el tribunal de La Haya los juristas emitieron un dictamen favorable a las empresas y aprobaron la continuidad del proyecto contaminante. Pero, en Argentina, la población afectada retomó la protesta y el gobierno de Kirchner oscila entre varias posturas sin definir una actitud. Olfatea hacia dónde sopla el viento; un día clama contra las empresas, y al otro cuestiona la resistencia de los vecinos. El futuro del MERCOSUR depende, en gran medida, de la forma de resolución de esta controversia.


Como la prolongación del conflicto socava la ambición brasileña de liderar el MERCOSUR, Itamaraty ha buscado, por su parte, reconstruir los puentes con Argentina. Luego de varios años de disputas, Brasil aceptó un convenio automotriz que compensa parcialmente las desventajas de su vecino, con nuevas normas de importación y exportación de vehículos. El acuerdo tiene un alcance muy limitado, pero revela la intención brasileña de frenar la declinación del MERCOSUR.


Si la distensión se afirma, reaparecerán los intentos de superar el estancamiento institucional de la asociación a través de un Parlamento regional. Existe cierta posibilidad de convocar a elecciones para constituir una Legislatura que debería definir agendas y normas de funcionamiento. La concreción o postergación de esta iniciativa determinaría si el MERCOSUR, finalmente, se consolida o se estanca.


Las clases dominantes de la región están obligadas a ensayar el camino de la asociación. El intento de resucitar el tratado a largo plazo, observado en la Cumbre de Córdoba, no es un fuego de artificios, ni un acto de retórica electoral. Los gobiernos de Brasil y Argentina actúan en nombre de grupos capitalistas que promueven el camino del MERCOSUR, sin abandonar opciones alternativas de mayor alianza con sus socios de Europa y Estados Unidos.


Brasil y Argentina no son las “nuevas potencias emergentes” que en los momentos de euforia imagina la prensa local, pero tampoco constituyen semicolonias menores atadas al mandato del Departamento de Estado. En ambos países se han forjado grupos empresarios de cierto peso y con ambiciones de mayor autonomía. Esta posición induce a seguir experimentando el camino del MERCOSUR.


¿“Otro MERCOSUR”?

Con la incorporación de Venezuela no irrumpe un “nuevo MERCOSUR”, pero se inaugura otra etapa de este tratado. El convenio ya atravesó por varios períodos desde su gestación, y la fase actual difiere sustancialmente de las anteriores. En esta variedad de situaciones es importante subrayar que los objetivos del convenio no han cambiado y tampoco se han modificado los intereses sociales defendidos por la asociación. El sentido capitalista estratégico del acuerdo se mantiene sin cambios y, por esta razón, de la Cumbre de Córdoba no surgió el “MERCOSUR de los pueblos”, que imaginan algunos analistas.

La naturaleza social burguesa del tratado es muy visible. Los gobiernos de Sudamérica coordinan negocios para beneficiar a las grandes empresas de cada país, en desmedro de las necesidades y reivindicaciones de la mayoría de la población. El MERCOSUR contempla muchos negocios y alternativas de lucro, pero no propone caminos para redistribuir los ingresos.


En la Cumbre de Córdoba faltaron por completo iniciativas reales para erigir un genuino “MERCOSUR social” o para transformar a este tratado en un convenio popular. No discutió cómo coordinar, en todos los países, la fijación de salarios mínimos equivalentes a la canasta familiar, ni se propusieron mecanismos para otorgar plenos derechos laborales, sociales y cívicos a los trabajadores inmigrantes de los países del tratado. Que el vocero de las convocatorias a transformar la asociación en una sentido social sea Carlos “Chacho” Álvarez, retrata la hipocresía de esos llamados. El ex vicepresidente argentino fue, durante su gestión, un artífice directo de las políticas de ajuste neoliberal.


El perfil regresivo del MERCOSUR tiene su correlato político en la acción común de varios gobiernos para garantizar el statu quo regional. La cumbre de Córdoba no dispuso el retiro de las tropas sudamericanas de Haití, cuando es evidente que estas fuerzas sustituyen a los marines en la construcción de un orden político conservador en el Caribe.


La presencia de Fidel y Chávez en la reunión del MERCOSUR despertó el entusiasmo popular y desató la rabia de la derecha. Pero las clases dominantes apuestan a un proyecto capitalista regional que se ubica más allá de esas circunstancias. El efecto más inmediato de la recomposición del MERCOSUR ha sido la pérdida de visibilidad y protagonismo del ALBA. Este proyecto igualitarista es antagónico con las propuestas regresivas del MERCOSUR y, por ello, la ampliación de la asociación del Cono Sur se consumó preservando los patrones de rentabilidad, competencia y garantías al capital que el ALBA propone desafiar con normas de cooperación y solidaridad.


Venezuela ha sido integrada al MERCOSUR para bloquear el camino de transformaciones sociales inaugurado en Latinoamérica por la Revolución Cubana. Los gobiernos del Cono Sur buscan encerrar el proceso bolivariano y limitar su potencial regional antiimperialista. Esta política incluye anular la perspectiva del ALBA a medida que se alienta la resurrección del MERCOSUR. Ambos proyectos no son conciliables y si el segundo triunfa, será a costa del primero.


Surgimiento del TCP y la crisis del CAN

Las discusiones suscitadas por el ALBA continúan en la agenda de reflexiones regionales y se han multiplicado los aportes que estudian las perspectivas de la alternativa bolivariana(3). Algunos enfoques han puesto de relieve la importancia de este proyecto como instrumento de negociación internacional con otros bloques, y otras caracterizaciones resaltan su relevancia para unificar a escala regional los programas de acción de los movimientos sociales (Petras, 2006).

En este remolino de reflexiones y acontecimientos, se consumó también la suscripción del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) entre Bolivia, Cuba y Venezuela. Este convenio es más afín al proyecto del ALBA que al rumbo del MERCOSUR y se inspira explícitamente en los principios de la alternativa bolivariana(4).


El acuerdo propone mecanismos para compensar las pérdidas que pudieran provocar los TLCs suscriptos por Estados Unidos con algunos países de la región, e incluye compromisos de compra de productos y no sólo preferencias comerciales o arancelarias. Otorga a las empresas públicas un nítido protagonismo en los convenios y privilegia a los pequeños productores. Ensaya, además, fórmulas para favorecer a las naciones más débiles (en el plano aduanero, por ejemplo) y extiende a Bolivia las modalidades de cooperación sanitaria y educativa que Cuba ha desarrollado en Venezuela en los últimos años (Dacal Díaz, 2006). El TCP cuestiona los aspectos librecambistas que rigen no sólo en los tratados bilaterales, sino también en muchos compromisos del MERCOSUR.


La suscripción del TCP coincidió con el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En los últimos meses, esta asociación atravesó una crisis que profundizó su declinación como consecuencia de nefastas políticas de apertura comercial, subsidios a la inversión extranjera y estrechamiento de las relaciones de intercambio con Estados Unidos (Dallmeier, 2006). La reciente escalada de TLCs firmados con la primera potencia fue la gota que rebalsó el vaso y que precipitó el desmembramiento del CAN.

Chile se distanció de esta asociación mucho antes de concretar su convenio bilateral con Estados Unidos, pero las firmas que estamparon Colombia y Perú empujaron a Venezuela a retirarse de un bloque quebrado por la política norteamericana de balcanización comercial. Pero ¿corresponde desligarse del CAN para ingresar al MERCOSUR? ¿Es válido salir de un modelo de integración controlado por las clases dominantes para sumarse a otro?

Según ha trascendido, no existe plena sintonía entre Venezuela y Bolivia en torno al CAN (Stefanoni, 2006). El gobierno de Morales buscó preservar este bloque no sólo para mantener ciertas relaciones comerciales (especialmente con Colombia), sino también por la vieja desconfianza boliviana hacia el MERCOSUR. Las experiencias de Paraguay y Uruguay ilustran el destino marginal que impone esta asociación a los pequeños países.


Pero durante la primera mitad de 2006, Bolivia ocupó un lugar central en el entramado regional por otra decisión de mayor relevancia: la nacionalización de los hidrocarburos.


La recuperación de un recurso estratégico

La resolución adoptada por el gobierno de Morales constituye la antítesis simbólica de las privatizaciones de los ‘90 y podría introducir una divisoria de aguas dentro del proceso político latinoamericano.

Esta nacionalización se inscribe en un giro estatizante a escala internacional. Con el precio del barril por encima de los 70 dólares y Estados Unidos embarcado en guerras imperialistas para asegurase el abastecimiento de combustible, todos los países productores tienden a incrementar la participación del estado en la renta petrolera. Esta apetencia se comprueba en los gobiernos de cualquier signo y en países tan diversos como Rusia, Irán, Arabia Saudita o Nigeria. Actualmente, las empresas públicas controlan el 80% de las reservas y el 40% de la producción petrolera global, y se observa una reconstitución del cartel de productores semejante al proceso que potenció a la OPEP en los años ‘70 y ’80 (Krakowiak, 2006).


En este contexto, la nacionalización dispuesta en Bolivia ha sido recibida con cierta comprensión por todos los sectores capitalistas no involucrados directamente en el negocio petrolero. Pero la medida presenta aristas muy problemáticas para el establishment petrolero. Por un lado, está en juego no sólo una renegociación de contratos, sino la reestatización de los recursos transferidos a las empresas privadas. Por otra parte, Bolivia detenta cuantiosas riquezas de gas. La nacionalización es una medida impactante y podría favorecer un giro radical si se extiende al conjunto de América Latina.


Por ahora, el alcance efectivo de la nacionalización es una incógnita. Se dispuso un plazo de 180 días para adecuar todos los contratos a una nueva reglamentación, que transforma a todos los concesionarios en contratistas. Este cambio le otorga al estado atribuciones para decidir el volumen de la extracción, los destinatarios de cada producto y los precios de venta del combustible. La letra chica de los nuevos acuerdos es todavía desconocida y surgirá, en parte, de las auditorias que verificarán los datos de reservas, utilidades e inversiones. Pero es un hecho que el estado aumentará drásticamente su participación en las utilidades de la explotación, en función de la productividad de cada yacimiento.


Como el sector público absorberá entre el 50 y el 82% de estos beneficios, los ingresos del Tesoro se duplicarán de inmediato (de 400 a 700 millones de dólares). El proyecto de nacionalización también contempla sustituir la exportación en bruto por emprendimientos de industrialización local del gas. Se propicia también la reconstrucción de la vieja empresa estatal (YPFB), a partir de la recuperación de las acciones petroleras que administraban los fondos de pensión privados(5).


La nacionalización fue anunciada con gestos de autoridad (envío del ejército a custodiar los yacimientos) y mensajes de negociación dura. Se negocia una compleja variedad de contratos, que definirá cómo se reparte la renta (a través de impuestos, precios y regalías), cómo se gestiona la extracción del combustible y qué soporte legal tendrán los nuevos convenios. La nacionalización no implica la expulsión de las empresas ni la asunción estatal de todas las actividades del sector. Apunta a establecer una fuerte regulación estatal, en un país con serias limitaciones para efectivizar de inmediato el manejo público integral y excluyente de esta actividad.


La nacionalización constituye un importante paso adelante, cuya afirmación dependerá tanto del monto como del destino asignado a la nueva renta estatal. Si los fondos públicos se canalizan a favor de los grupos capitalistas, la nacionalización reproducirá todos los vicios del estatismo petrolero, verificados desde México hasta Kuwait. Una capa de burócratas reciclará el excedente para enriquecerse y facilitar la acumulación subsidiada de los empresarios más afines al gobierno de turno.


Si, por el contrario, los fondos se orientan a incrementar los salarios, iniciar la reforma agraria, financiar a los pequeños agricultores, crear empleo y sostener la obra pública comenzará una redistribución progresiva del ingreso.


Una larga experiencia de estatizaciones burguesas demuestra que el número de empresas traspasadas al sector público no es sinónimo de mejora popular. Sólo la presencia, control e intervención directa de los movimientos sociales en la administración de los nuevos fondos permitiría asegurar su utilización en beneficio de la población. En Bolivia se ha planteado el doble desafío de recuperar los hidrocarburos y colocar su usufructo al servicio de las mayorías oprimidas.


El impacto regional

La decisión adoptada en el Altiplano refuta todos los argumentos que alertan contra la posibilidad o conveniencia de confrontar con las grandes compañías transnacionales. Si un país tan pobre y saqueado como Bolivia puede iniciar esta resistencia, ¿qué impide a las grandes naciones de Sudamérica recuperar el manejo efectivo del petróleo y el gas?

Ya en otro país del área andina, Ecuador, se dispuso la caducidad de un contrato fraudulento que manejaba la petrolera norteamericana Oxy. Pero los principales gobiernos de la región toleran una escandalosa gestión de los hidrocarburos que nutre los bolsillos de los grandes capitalistas. En México, la empresa estatal PEMEX regula la actividad y utiliza parte de estos recursos para financiar las alianzas gubernamentales de burócratas y monopolistas. La privatización lateral de la compañía complementa este desfalco y prepara un sistema de abastecimiento que resguardaría a Estados Unidos de una eventual suspensión de la provisión venezolana de crudo.


Otro caso importante rodea a la PETROBRAS de Brasil. La compañía es presentada como una gran empresa estatal, pero el 60% de su paquete accionario está controlado por fondos de inversión que cotizan en las bolsas internacionales. Por ello, los directivos de la compañía reaccionaron con tanta furia cuando se anunció la nacionalización de sus pozos en Bolivia. Tampoco disimularon su irritación los grandes industriales de San Pablo que aprovisionan sus fábricas con gas importado desde el Altiplano. Le exigieron a Lula una dura actitud frente a Morales, que el gobierno del PT inicialmente convalidó.


Una defensa igualmente descarada de los intereses capitalistas realizó el gobierno español a pedido de REPSOL. Al igual que PETROBRAS, esta empresa conoce al dedillo la magnitud de las reservas de gas que atesora Bolivia y no tiene ninguna intención de retirarse del país. Prefiere perder una tajada de la renta antes que renunciar a las ganancias que obtendría con la explotación de los yacimientos del Altiplano. Por eso utiliza toda la artillería diplomática de la Unión Europea para ampliar su presencia en este negocio.


El gran intermediario en estas tratativas es el gobierno argentino, que mantiene compromisos con todas las partes y busca equilibrar los beneficios en disputa. Kirchner preserva con REPSOL la relación privilegiada que le permitió a esta compañía continuar operando luego de las fraudulentas privatizaciones de la década pasada. La empresa se ha internacionalizado, pero las ganancias récord que nuevamente obtuvo el año anterior provinieron, mayoritariamente, de su filial argentina. Estos lucros se basan en una depredación del subsuelo, que explica la crítica situación que atraviesa la provisión de petróleo en el país(6).


Las reservas, la exploración, la productividad de los pozos y las inversiones han caído en un contexto de emergencia energética. El abastecimiento de combustible es insuficiente para sostener el ritmo actual de crecimiento económico y las compañías condicionan cualquier inversión a la obtención de mayores subsidios y prorrogas de las concesiones. Además, REPSOL está interesada en expandirse hacia países con mayores recursos petroleros que Argentina y podría buscar el traspaso al estado de una porción de su paquete accionario. Si concreta esta operación, habrá logrado un socorro que sería disfrazado con discursos patrióticos.


La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia ha puesto de manifiesto cuán escandalosa es la continuidad de la privatización de esta actividad en Argentina. En el país se cobran los impuestos más bajos de Latinoamérica y las compañías extranjeras gozan de privilegios ya inexistentes en el resto del mundo. La propiedad provincial de los recursos se ha convertido en el gran subterfugio legal para perpetuar las concesiones.

El gobierno argentino no sólo preserva los intereses de los grupos privados petroleros en el país, sino que actúa como el gran mediador en las negociaciones para asociar estas compañías a los proyectos de integración energética regional. El eje de estos planes es la creación de una red de gasoductos, que sería inicialmente subdividida en un enlace norte entre Venezuela y Brasil y un conexión sur a partir de Bolivia. Kirchner insiste en otorgar un papel gravitante en este proyecto a todos los grupos privados que acompañan su gestión (especialmente a Technit, que enfrenta una grave denuncia en Perú por desfalcos en esta actividad).

Con este objetivo, concertó con Bolivia un nuevo precio de importación del gas, que despeja el horizonte para comenzar la construcción del gasoducto entre ambos países. Pero, a su vez, este acuerdo ha suscitado un conflicto con Chile, puesto que Argentina encareció el precio del combustible que exporta a su socio trasandino. Por su parte, Brasil –que deben negociar su precio de importación desde el Altiplano– tampoco está satisfecho con las cotizaciones acordadas.


Otro frente de conflicto opone a la Argentina con Paraguay por la revisión de las deudas acumuladas durante la fraudulenta construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretá. La necesidad de energía obliga a retomar las obras de este emprendimiento reiteradamente tipificado como un “monumento a la corrupción”, pero no existen acuerdos sobre quién cargará con el costo de las pérdidas acumuladas en el mismo.

Las desavenencias de corto plazo que se observan en este contexto abren muchos interrogantes sobre el grado de integración energética que lograrían los países sudamericanos a través de los mega-gasoductos. En otras regiones –como Asia Central–este tipo de iniciativas han potenciado la disgregación y no la confluencia entre los países asociados(7).

Pero sí puede afirmarse de manera contundente que la condición para avanzar en un proyecto popular es la nacionalización integral de la energía. De lo contrario, todas las iniciativas de petróleo y gas favorecerán en forma directa o indirecta a los grupos capitalistas en desmedro de la población. Basta recordar que las sumas abonadas en los últimos años por Argentina y Brasil al FMI habrían alcanzado para financiar toda la red de gasoductos en estudio, para advertir con qué criterios manejan Kirchner y Lula la política energética.


La nacionalización del petróleo y el gas y su control por parte de la población es una necesidad en todos los países. Esta exigencia presenta alcances diferentes en cada nación. Argentina o Brasil tienen a su disposición todos los medios, recursos económicos y dispositivos técnicos para encarar una tarea que Bolivia o Paraguay no pueden desenvolver con la misma facilitad. Las empresas mixtas con el sector petrolero privado que han debido suscribir algunos países (como Cuba), no tienen justificación en otras naciones (como Venezuela).

Lo novedoso del contexto actual es el grado de impacto zonal de las medidas que adopta cada nación. La discusión se ha regionalizado y las iniciativas de nacionalización en un país brindan argumentos para extender su aplicación al conjunto de Latinoamérica.

Todos los acontecimientos en el terreno energético son vitales, pero el principal campo de una integración popular se ubica en la esfera social. La gran batalla actual gira en torno a la redistribución del ingreso, la mejora de los salarios y la implantación de normas que aseguren educación, salud, trabajo y vivienda para todos. Esa lucha se desenvuelve en un contexto de grandes giros políticos, cuyo análisis abordaremos en el próximo capítulo.


Notas

(1) Un análisis crítico de estas negociaciones puede consultarse en los documentos debatidos en el Encuentro “Enlazando Alternativas 2”, desarrollado en Viena del 10 al 13 de mayo de 2006. Ver .
 
(2) Incluso ha comenzado a capturar ciertos negocios en los mayores centros financieros  (Clarín, 2006c).

(3) Este debate se desenvolvió, por ejemplo, en el Coloquio “Comercio con Justicia. Una perspectiva del ALBA. Los TCP: una herramienta”, Caracas, 5-6 de mayo 2006.

(4) Pablo Solón (2006) expone un detalle de este empalme.

(5) Las distintas medidas de esta estrategia de nacionalización han sido expuesta por el nuevo ministro de hidrocarburos (Soliz Rada, 2006a; 2006b).

(6) Un retrato de esta situación presenta  Ricardo De Dicco (2006).

(7) Elmar Altvater (2006) destaca este resultado del Oleoductistán construido en esa región.

 
  Siguiente >