El 3 de octubre de 2006, comenzó el juicio a nuestras compañeras y compañeros llevado a cabo por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 17, Elsa Moral, Silvia Arauz y Alejandro Noceti Achaval; siendo Juan José Ghirimoldi el fiscal de la causa.

Esta es otra de las tantas causas armadas, avaladas y promovidas por el gobierno de los “derechos humanos” de Kirchner. Un gobierno que a través de su Ministro de Interior, Aníbal Fernández, prometió reprimir a los y las luchadoras populares  “con el Código Penal en la mano”. Al mes de aquel 16 de julio de 2004, la Subsecretaría de Seguridad Interior que dependía del Ministerio de Justicia pasó  a formar parte del Ministerio del Interior, siendo este un ejemplo de cuál iba a  ser en adelante la política gubernamental hacia las manifestaciones, las protestas sociales: LA JUDICIALIZACION DE LA PROTESTA Y LA CRIMINALIZACION DE LA POBREZA.

Fue la jueza de instrucción Silvia Ramond del juzgado nº 37, el fiscal Claudio Soca de la fiscalía nº 46 y los jueces de la Cámara nacional en lo criminal y correccional nº 5 Rodolfo Pociello Argerich, Guillermo Navarro y Mario Filosof, quienes comenzaron y continuaron esta persecución política-jurídica contra los 15 imputados. Fueron imputados por la jueza Silvia Ramond y con el aval del fiscal Soca, por los delitos de “privación ilegítima de la libertad”, “coacción agravada”,”daños agravados”, que no son excarcelables.

Otra vez el poder judicial se ensaña con las y los pobres, con las y los que protestan, como: Maria del Carmen Ifran Ferreira, Marcela Rosana Sanagua, Carlos Hernán Santamaría, Eduardo Héctor Suriano, Adolfo Rafael Sánchez, Javier Daniel Scaramela, Horacio Ariel Ojeda, Jorge Antonio Nieva, Eduardo Marcelo Ruiz, Héctor Eduardo Gómez, Jesús Aníbal Fortuni Calderón, Margarita Meira, Pablo Martín Amitrano, Antonio Medina y Cesar Emilio Gerez, que durante 14 meses estuvieron injustamente detenidos y detenidas, en las cárceles de Devoto, Ezeiza y Marcos Paz.

Acusadas y acusados por manifestarse frente al edificio de la Legislatura en contra de la aprobación del represivo Código Contravencional, que va en contra de las libertadas democráticas del conjunto de la población. Código Contravencional que criminaliza la pobreza sancionando con altas multas y prisión a quienes hacen del espacio público su medio de subsistencia y el de su familia.
Estos compañeros y compañeras, en su mayoría vendedores ambulantes, mujeres en situación de prostitución, manifestaban por su derecho a trabajar, a llevar el sustento a sus casas, a tener una vida digna.

En complicidad con el poder judicial, se encarcela y procesa a las y los que protestan, a las y los que haciendo uso de sus derechos constitucionales se movilizan para reclamar por sus derechos, y deja en libertad a delincuentes como Ibarra responsable de la muerte de 194 personas en Cromañón, o a Maria Julia que tiene mas de 29 causas por malversación de fondos, a Menem, por hundir al país, robarse nuestro dinero y dejar en la miseria a millones de argentinos.

Es la justicia que protege a los ricos, a poderosos, a funcionarios corruptos y procesa a los y las que manifiestan, a los y las que protestan contra las injusticias. Este es uno de los primeros juicios que se inician de los más de 5000 luchadores y luchadoras procesadas en todo el país. Este es un juicio plagado de irregularidades, con una clara presión política y con mensajes para atemorizar: el no te metas, el no participes, no te organices, no critiques, no te movilices por tus derechos.
Esta es una causa armada para meter miedo, para aterrorizarnos, paralizarnos; para que nadie tenga la osadía de movilizarse y manifestarse, en caso contrario será la cárcel su lugar de escarmiento. Este es un juicio que puede dejar un grave precedente para quienes nos movilizamos, nos manifestamos y luchamos por una vida digna.
Como nos dice Jorge Nieva, uno de los compa que está siendo enjuiciado: “Hoy el poder político de turno (desde 1983 están los mismos, radicales o peronistas) busca sentar jurisprudencia para lograr que los pobres desaparezcan de las calles y acepten pasivamente ser reducidos a nada y que nada tengan para comer ni para pensar, nada para criticar ni exigir, quieren sí pobres muy miedosos de sus leyes y códigos fascistas y racistas que dividen a la ciudadanía en dos. Una elite con todos los privilegios y la mayoría indigente y marginada.”

14 meses presos y presas en los penales, en las cárceles de nuestro país. 14 meses presos en los centros oficiales de detención. 14 meses de torturas físicas y psíquicas.  Le llaman “prisión preventiva”…
Relatos de Carmen y Jorge sobre la cárcel:

• Jorge:

“Quisieron aniquilarme la conciencia crítica y bajarme la moral recluyéndome en esta planta 1 de la U-2 Devoto donde cae agua del techo y brota también de la pared, donde la invasión de cucarachas no cesa, donde un pan lo recibo cada 28hs, donde la manta del Estado es de tela araña, donde me resbalé y el traumatólogo nunca vino y hoy tengo el codo dislocado y el brazo deformado, donde en verano porque la otorrinolaringóloga estaba de vacaciones nadie me trato una otitis aguda y tengo el canal auditivo perforado y estoy 80% sordo de mi oído izquierdo, necesitaba un tratamiento de conducto en un diente y aquí no se hace y el diente se me rompió. Mi madre enferma de hernia de disco tiene que sacar un numero a las 6 de la mañana para depositar a las 12, luego de mantener levantada una bolsa de mercadería durante varias horas, no puede apoyarla en el piso pues está mojado y tiene olor a pis, ella me trae pan y comida, también debe sufrir la angustia y la tortura emocional de que un día la dejan pasar con cierta ropa y calzado, otro día no, etc.
Que se nos trate como seres humanos y no peor que animales.”

• Carmen:

“Caminos del miedo… incertidumbre… alejamiento… holocausto… agujero negro… pérdida de identidad… bolsas negras… pasillos fríos…
Aquí no es ningún lugar, es el mismo infierno.
Tanta gente junta, tanto sufrimiento,
Cada día que pasa es menos día de vida
Y más de agonía.”

Cárceles llenas de pobres. Cárceles llenas de procesados. Cárceles de tortura y muerte. Cárceles llenas de pueblo.

¿Por qué se inicia la causa?
La causa iniciada por la jueza Silvia Ramond, por la cual están procesados los compañeros y compañeras, es una acusación armada en base a los testimonios de los policías que los detuvieron, del vicepresidente primero de la Legislatura, Santiago De Estrada, del legislador porteño, Jorge Enríquez, (es por todos conocido el vínculo de este diputado con la policía), y al mismo tiempo fueron desestimados los testimonios de los diputados que afirman que en ningún momento fueron privados de su libertad. Ese día quien impidió salir del edificio fue el operativo de seguridad montado por el mencionado De Estrada, y a cargo de la policía, el personal de seguridad y gran parte de los empleados de mantenimientos provistos de palos, mangueras y preparados desde tempranas horas de la mañana de ese 16 de julio del 2004.
Durante las audiencias del juicio oral y público, a través de las declaraciones, está quedando demostrado la impunidad con la que se maneja el poder político-jurídico-policial. Detenciones arbitrarias. Policías que detienen personas por sus dichos. Policías, en su mayoría miembros de las brigadas policiales que actúan de civil, que hacían detenciones por su visión y olfato policial. Venían, observaban, “marcaban”, elegían, y luego detenían. Algunos policías ni sabían por qué detenían, simplemente porque la persona a detener ya estaba individualizada, ¿lectura de derechos durante la detención?... Entre tres y cuatro días sin comer estuvieron los y las compas detenidas, porque los alimentos que se le acercaban eran robados por los propios policías.  
 En septiembre de 2005, por decisión política, excarcelaron a las y los compas. Algunas consecuencias al salir de las rejas que los aprisionaron. Ninguno tenía trabajo, algunas de sus casas fueron ocupadas, lazos familiares a reconstruir, recuperación física y psíquica de los compas que sufrieron abandono de persona muros adentro, enfermedades de familiares producto de tanta impunidad sufrida por sus seres queridos, rearmado de sus vidas. También, en algunos casos, toda esta situación vivida les dio más fuerza para continuar las batallas, las luchas.  
¿Qué implica el nuevo código ya aprobado por esta Legislatura?
Entre otras cosas:

• Darle más poder a la policía permitiéndole actuar de oficio como denunciante, testigo y autoridad pudiendo armar pruebas, causas y aplicar coimas y extorsiones para su “caja chica”.
• Penaliza con cárcel y multas impagables casi la totalidad de las contravenciones.
• Criminaliza la protesta social, las manifestaciones y los escarches y todo tipo de petición ante las autoridades con 2 a 10 días de arresto o multas de 200 a 1.000 pesos. 
• Castiga con arresto las acciones para impedir remates públicos, práctica que se ha usado para impedir que los bancos se apropien de viviendas únicas y familiares para cobrar créditos hipotecarios.
• Penaliza la venta ambulante con multa, decomiso de la mercadería y hasta del dinero condenando a 20.000 trabajadores/as ambulantes de parques y plazas, 11.000 cartoneros/as y cantidad no determinada de artesanos/as, artistas callejeros, pide monedas, volanderos/as.
• Penaliza y persigue la oferta de sexo en la vía pública y condena a mujeres y travestis en estado de prostitución a zonas rojas controladas por el proxenetismo policial y mafioso. Con esto viola, además, el tratado internacional firmado en 1949 en que Argentina se compromete a abolir la prostitución y condenar su explotación, y, en consecuencia, se compromete a desarrollar políticas públicas de salud, trabajo y educación para personas en estado de prostitución.
• El nuevo Código agrega, además, la figura de la “reincidencia” que es no sólo represiva sino inconstitucional, ya que está diseñada para encarcelar a aquellos y aquellas que no pueden sino “reincidir” en su modo de ganarse la vida o de protestar respecto de la exclusión y la pobreza.

¿Cómo fue posible la aprobación de éste Código?

En una de estas sesiones dignas de telenovela el macrismo formalizó su ruptura lo que permitió llegar a este famoso acuerdo. El grupo macrista Festilindo, integrado por Gabriela Michetti, Polimeni, etc. arregló con los grupos ibarristas y kirchneristas la no baja de la imputabilidad a los menores de 18 años, mientras el otro grupo macrista liderado por Santiago de Estrada, Enriquez y Mercado autodenominado Nogaró se mantuvo en su postura de bajarla a los 16 años.
A excepción de los legisladores del inter-bloque de izquierda, estos son algunos de los legisladores que votaron el Código Contravencional: Acuña, Araujo, Bello, Bergenfell, Bertoll, Boroccoto, Borelli, Bussaca, Cantero, Carusso, Cortina, De Estrada, De Giovani, Doch, Enriquez, Estenssoro, Farias Gomez, Ferrero, Giorno, Gonzalez, Kravetz, La Porta, La Ruffa, Linch, Mercado, Melillo, Michetti, Moressi, Onega, Marcos Peña, Milciades Peña, Polimeni, Rebott, Santilli, Shifrin, Suppa, Talento, Perez, Vazquez, Velasco.

Queda claro, entonces, el carácter absolutamente represivo de este nuevo Código Contravencional, pero que no solo afecta a piqueteros, prostitutas, vendedores ambulantes, etc. sino que afecta a todos los vecinos de la ciudad que, ya que no saben ni siquiera cuales son las contravenciones, se verán en manos de la policía quien decidirá - también, gracias a la ambigüedad de los artículos - que es contravención y que no lo es.
Por último, y para que quede absolutamente claro, en la redacción y aprobación de este código tiene responsabilidad conjunta el macrismo, el ibarrismo y el kirchnerismo, por lo cual la careta progresista de estos dos últimos vuelve a caer y su verdadera cara represora, controladora, disciplinadora y autoritaria queda absolutamente al desnudo.

Fue una decisión política el encarcelamiento de julio de 2004. Fue una decisión política su excarcelación en septiembre de 2005; y será también una decisión política su absolución en octubre de 2006.
El juicio ya comenzó. En estos días se vienen los alegatos. En las audiencias que se hicieron hasta el día de hoy, la sala de audiencias estuvo vergonzosamente “casi-vacía”. Es responsabilidad de las luchadoras y luchadores populares llenarla, acompañar a nuestras y nuestros compas, en las buenas y en las malas, ejercer concretamente la solidaridad de clase. Hoy es necesaria la solidaridad de todo el campo popular, de todas las organizaciones en lucha y resistencia, para que nuestras compañeras y compañeros sean absueltos. Ya que:

SI LAS Y LOS CONDENAN,
 NOS CONDENAN.