Gloria Cuartas, luchadora por los derechos humanos en Colombia Imprimir E-Mail

Por Claudia Korol

EL DERECHO A LA VIDA

¿Cómo fue que empezaste a participar en la lucha política? 

Hoy cuando ha pasado el tiempo, y tengo mayor conciencia, la pregunta me remite a lo que ha sido mi propia vida. Ella misma -creo-, fue un primer escenario de la política, entendiendo la política como todo acto que desde lo privado y lo público se hace para  lograr cambios integrales y soluciones efectivas a los problemas y necesidades que  nos impiden ser  felices, vivir en dignidad.
Nací en un pueblo antioqueño, Sabaneta, al sur de Medellín, Colombia. Ante la situación económica de mi familia y la separación de mis padres, mi mamá emigró en los años 60 a buscar trabajo a Venezuela, cuando yo tenía un año de edad. Desde esta primera etapa de mi vida  quedé al cuidado de mis tías. Supe de la diferencia cuando nos relacionamos con otras niñas y niños que lo tienen todo, que no éramos iguales. Comprender las mayores dificultades para el aprendizaje, las diversas formas  alimenticias, unas escasas, impuestas por el desempleo y el hambre y las otras frugales, producto de la acumulación de oportunidades y de capital. Las condiciones habitacionales no son las mismas para todas las personas. En fin, fue esta primera etapa  de mi vida un lugar que determinaba mi manera de ver y sentir, mi manera propia de ver el mundo y de relacionarme con el entorno. 

¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la militancia?

Estar al lado de mi familia, en la casa de abuelos maternos, las tías -una de ellas y su esposo que guiaron mis pasos a participar en largas huelgas en mi pueblo, en las marchas, siempre buscando mejores condiciones de vida-, son los primeros recuerdos de mi actividad pública. Desde siempre, especialmente en el colegio, una de las profesoras, la de física,  nos hablaba de la situación del país y de la existencia del conflicto. El tiempo pasó. Yo me comprometí por ejemplo con el trabajo en la alfabetización rural. Esto me puso de frente con otra realidad, la de miles de mujeres y hombres en las zonas rurales del departamento de Antioquía, la región de la que provengo. Ver tanta riqueza natural, tanto verde, tanta montaña cercada con letreros que decían “prohibido pasar”, “propiedad privada”, dejaron huellas muy fuertes en mi vida. Por coger unas naranjas que se encontraban detrás de las cercas demarcadas, tengo señales en mis piernas. Lo que en apariencia era un juego infantil, después fueron rebeldías que se acentuaron en mi alma. No comprendía por qué tanto en tan pocas manos, tanta orfandad, tantas mujeres campesinas cuidando de su pedazo de tierra, su familia, sus animales, en medio de la indiferencia del Estado. Ver a las mujeres que salían de sus tierras. Ver  tantos problemas de salud y tan poca seguridad. Creo que mis orígenes están en la iglesia. En mi infancia estudié con monjas, y ellas me sensibilizaron frente al compromiso con los desvalidos, con los necesitados. Posteriormente la teología de la liberación fue una manera de ir entendiendo el mundo en medio de una educación tradicional, una familia de abuelos que insistía en la familia convencional. Desde esta realidad construí la mía, la propia, para no ahogarme en una mirada que cuestionaba a mi entorno, pero que también me permitía disfrutar el aire, las plantas, la gente.

¿Qué significa en Colombia ser mujer y militante?

Tengo que reconocer que tuvo que pasar mucho tiempo para darme cuenta de mi realidad de mujer. Lo que significaba ser mujer. Mujer no sólo desde mi diferencia sexual, ni la de mi cuerpo, de mis preferencias, la forma como me habían educado. En mí había una constante confusión. Las tradiciones, la religión, la crianza, las exigencias de una sociedad, me llevaban a vivir una vida doble. Una falsa realidad. Vivir en un vacío profundo, que se trata de llenar en medio del consumo de todo, relaciones diversas en medio del afecto perseguido, donde se entrega la vida y la conciencia. El cuerpo habla, y con él fui asumiendo mis edades, que dejaban fechas, recuerdos, desengaños, ausencias, y siempre en función de vivir sin asumir la realidad social ni política. Vivir para otros, como lo había hecho mi mamá, de quien recuerdo siempre su entrega desprendida. Mi felicidad aplazada, una serenidad que no llegaba. Las tías maternas me dieron sus cuidados y todavía hoy su amor para mí es vitalizador, las religiosas de diversas espiritualidades que me acompañaron toda mi formación  me dieron bases sociales importantes para mi vida.
Nací el 18 de junio del 60. No sé si era luna llena, quiero creer que sí, porque vengo caminando de encuentro en encuentro, dando sentidos a mi vida. Decidí construir formas y espacios afectivos, decidí no tener hijos. Comparto mi vida en especial con las mujeres que han fortalecido mi camino. Desde estas formas de relaciones, puedo estar unida a los compañeros y compañeras en estos tiempos de oscuridad en Colombia, siguiendo la huella que nos dejan las comunidades que resisten.
Después, cuando ya reconoces esto de ser mujer, y después de vivir mucho tiempo entre las voces del propio corazón, no había otra opción que emprender el viaje de retorno a mi misma, a una identidad más auténtica, más centrada en mi autonomía, en el cuidado de mi cuerpo, de mis afectos, de mi sexualidad. A reflexionar en voz alta con otra gente, que  tanta desigualdad y opresión no es posible, en especial los efectos sobre las mujeres, sobre sus vidas, sobre su intimidad. En demandas de organizaciones de izquierda o de organizaciones no gubernamentales, se desencadena siempre una  pregunta por el sentido de la existencia. Se siente y se reconoce que no se vive lo mismo siendo mujeres o siendo hombres. No es la misma la percepción de la vida, de la situación económica, el analfabetismo,  el hambre, la violencia contra las mujeres, la dura realidad en el campo, en los barrios populares, hacer presencia en las huelgas, estar en las marchas, en las protestas, cuestionar, denunciar la concentración de la riqueza, de los medios de producción en pocas manos, ver a miles de hombres y mujeres en éxodo por un país, sentir en la piel los efectos del conflicto social, político y armado. No se vive lo mismo siendo hombres, siendo mujeres. Es importante reconocer y dar cuenta esa diferente percepción sobre la vida, también desde el lugar donde se vive y cómo se vive, de las diferencias que los roles sociales nos ponen frente a la distribución de bienes.
 Siempre me hablaron de un todo, en el colegio, en la casa, en la iglesia, en las movilizaciones. Siempre en el todo estábamos las mujeres. Reproducción de formas de poder. No aparecíamos las mujeres como sujetas propias de derechos, como ser integral y único, que teníamos cuerpos diferentes, con deseos diferentes, con sentimientos diferentes, con una sexualidad plena… Siempre era en relación en función plena  del otro, con el varón, con los otros, como complemento. Ser mujer y participar en lo público, era hacer parte de las directrices que otros demarcaban -los compañeros- desde sus intereses y necesidades. Con el tiempo, cuando te nombras mujer, cuando tratas de habitar la calle, la reunión, la marcha, reconociendo tus derechos de mujer y en medio de ¡las demandas de todos!, logras ubicar desde la diferencia, con las necesidades, intereses, lo que las mujeres buscamos para superar las condiciones de marginalidad, exclusión, maltrato, violencias, como parte fundamental del trabajo comunitario, en una sociedad que es necesario recalcar que es patriarcal, que su cultura excluyente está metida en el cuerpo de hombre y de mujeres, que margina a las mujeres y a partir de allí, se puede potenciar la vida  y las causas que se defienden. Siento que esto da seguridad y consistencia al trabajo político.
Pero esta realidad de participar en política, ser militante de causas populares, y hacerlo  desde el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres en Colombia no es tarea fácil. Siguen siendo estas demandas denominadas como privilegios de las burguesías, como factores que se ven sospechosos y que dividen la lucha popular, o solo factores emancipatorios que no transforman las culturas. Hace parte del debate todavía por profundizarse por asumirse,  en especial en los partidos y movimientos políticos -inclusive de izquierda-, donde el trabajo de las mujeres como colectivo, y la lucha por sus derechos, aún sigue siendo menospreciada. Reconocernos mujeres, mujeres populares,  mujeres con autonomía,  mujeres que  salimos del silencio con esfuerzo, y que reconocemos la autoridad de nuestras palabras, de nuestras experiencias, que defendemos el derecho a una vida digna libre de violencias, es parte fundamental de la liberación de los pueblos. Estudiar Trabajo Social fue una decisión que pasó por la Sociología, por el interés de conocer, y no sólo dar respuesta individal a problemas estructurales. Fui asumiendo lo social y lo político como un todo indivisible, que permitía influir y  recuperar una memoria colectiva,  que diera cuenta de la historia y de los factores de poder, que lo social no es solo cuestión asistencial, sino político, de la conciencia del cambio hacia formas de existencia más equitativas.

¿Cómo te vinculaste a las comunidades de los pueblos originarios?

En 1983 puedo afirmar como el año que marcó un cambio en mi vida. Me comprometí en una experiencia que se denominó “El pueblo Reconstruye su Pueblo”, en el Cauca sur del país, destruido en gran parte por un terremoto. Con las mujeres que asumían el trabajo en la obra de reconstrucción, vimos cómo se transformaba su vida. El diálogo entre mujeres, mientras realizaban su trabajo, dejaba en evidencia pasajes de sus vidas que mostraban las dificultades de comunicación, sus conflictos, las violencias a causa del desempleo, las migraciones forzadas a otros países de sus seres queridos, los silencios y violencias que rodeaban sus vidas. Desde 1983 a 1991 compartí mi vida con comunidades que todo lo habían perdido a causa de desastres naturales en 10 departamentos de Colombia. Fue la posibilidad de compartir con comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y colonos que trabajan por su identidad, por recuperar su derecho a la tierra. Especialmente supe qué significa “la  recuperación de  la tierra” como elemento fundamental que da sentido a su trabajo mancomunado por la soberanía alimentaria, la autodeterminación de las comunidades. Mi compartir con  personas del Partido Comunista, la Unión Patriótica, los independientes, fue determinando mi opción profesional y personal, y pude ir encontrando un lugar de pensamiento, de mayor coherencia en mi vida, como mujer de izquierda,  mujer comprometida en la denuncia de la concentración de la riqueza y sus efectos devastadores para las poblaciones más desfavorecidas en el reparto económico, promoviendo formas alternas de vida más justas.

¿Cuáles fueron los principales aprendizajes de tu encuentro con estos pueblos?

Para mí fue determinante la constancia y la capacidad de las comunidades indígenas, por ejemplo el pueblo Nasa en el trabajo de recuperar, su historia, su identidad. La memoria que guardan los pueblos indígenas da cuenta de sus luchas en la recuperación de lengua, su tierra, su etnoeducación que consolida una forma de resistencia ancestral en Colombia, igual que los pueblos afrodecendientes y colonos que en diversas regiones del país consolidaron territorios y experiencias que dejan huella de las formas alternas de habitar los territorios.

¿Cómo fue tu experiencia como alcaldesa?

En 1992 me fui a vivir a la región del Urabá, una región cerca de la frontera con Panamá, de interés geoestratégico y geopolítico. Llegué al municipio de  Apartado. Después de recorrer varias regiones del país y como mujer asumir desafíos comprometedores en proyectos de recuperación económica, social y política en 10 regiones afectadas por desastres naturales, decidí empezar mi vida de nuevo en una de las regiones más hermosas del país, pero también de grandes impactos del conflicto social y armado. No pertenecía a ningún proceso político en particular, mi cercanía con Unión Patriótica, experiencia de izquierda todavía nueva en el país, me permitía identificarme con sus propuestas.
Desde 1986 en la región del Urabá, la Unión Patriótica tenía una fuerte incidencia política, y la propuesta regional que diseñaban potenciaba las riquezas de la zona, abría el dialogo alrededor del conflicto social y armado que vive el país por mas de 40 años. La Unión Patriótica había tenido siete alcaldes hombres, con un diseño novedoso de administrar la cosa pública, con cambios profundos que favorecían a la región. Los grupos tradicionales ya no estaban dispuestos a permitir que continuara esta experiencia que les quitaba poder. En esta región, por su posición geoestratégica y geopolítica, su cercanía a los dos mares tiene una especial significación. La presencia de las FARC-EP en el territorio, del ELN, del EPL (reinsertado en 1992), la presencia de empresas multinacionales -entre ellas las exportadoras de banano-, las rutas usadas para el ingreso de armas y de droga, la presencia de empresas nacionales y al mismo tiempo en el municipio de Apartadó con 100.000 habitantes, en 600 Km2 reunía todas las tensiones propias de una región que lucha por sobrevivir a prácticas de explotación y marginalidad en medio de la riqueza.
Hacia el año 1994, se aproximaban las elecciones de alcaldes en los municipios del país, y obviamente en Apartadó, para esas épocas, siempre se incrementa la violencia. El Monseñor de la Diócesis de Apartadó, Isaías Duarte Cancino decidió liderar un proceso que permitiese negociar y concertar la elección de un candidato único a la Alcaldía surgido de este acuerdo. Acuerdo que se logró el 25 de agosto de 1994. Hago mención a este escenario, porque se olvida que buscábamos un acuerdo por la paz. 
El pacto fue suscrito por el Partido Comunista Colombiano que aun tenía representatividad política en el municipio y que después fue completamente exterminado, obligando a sus simpatizantes a salir desplazados de la región. El Proyecto Cívico Generación 21,  movimiento político del sector liberal que recogía algunas reivindicaciones sociales de los movimientos cívicos. La Unión Patriótica. El Movimiento Racamandraca (Movimiento cívico que participaba por primera vez en una elección política y que estaba liderado por así decirlo por la clase intelectual del municipio). Este movimiento contaba con el aval de los indígenas, pues sus propuestas giraban alrededor del medio ambiente y de la transparencia política. El Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad C-4. Este movimiento cívico también, al igual que el anterior, se iniciaba en la vida política. Esperanza Paz y Libertad. Corriente de Renovación Socialista. Participaba en las elecciones después de su proceso de reinserción a la vida civil. El Movimiento Unión Cristiana. El Movimiento Cívico de Comerciantes y Deportistas. Estos dos sectores de población también querían ser parte de los movimientos políticos del municipio y contaban con un gran número de integrantes debido a la vocación comercial y deportiva del municipio. El Movimiento de Negritudes, también quería hacer oír sus voces y estaba en un proceso de consolidación dentro del municipio para ser tenido como una fuerza social. El Partido Liberal, del cual siempre se ha señalado que ha sido mayoría en la región de Urabá, pero que perdió su poderío frente a los sectores de izquierda. El  Partido Conservador, de escasa representación en el municipio. El Movimiento Apartadó para Todos.
En calidad de candidata propuesta para el período 1995-1997, se registró la postulación a nombre del movimiento “Unidad por la paz”.  Diez años después, tendríamos que afirmar de cuál paz se hablaba en ese momento.  Siento que la propuesta tenía un propósito no claro para muchas personas y sectores políticos. La intención local fue superada por la intención regional y nacional… El plan retorno tenía por objeto sacar de la zona las expresiones políticas de izquierda, interrumpir el proceso de integración regional y su visión del conflicto. Para el gremio bananero, las transnacionales, perder el control sobre la planificación del territorio dejaba en tensión sus proyectos, y la izquierda estaba mostrando otra forma de administrar lo local. De otra parte, a largo plazo, lo que tiene que ver con la ruta del mercado internacional y el desarrollo posterior de proyectos como el canal interoceánico, puertos secos, cambio del uso del suelo agrícola por siembra de palma africana, explotación minera, consolidación de la propiedad privada en manos privilegiadas… 10 años después existen razones para afirmar que el “consenso” fue una estrategia en el marco de la llamada elección popular, de los mecanismos de participación ciudadana, “democrática”, utilizado perversamente para imponer un modelo que traicionaba  la esperanza de unas organizaciones sociales y políticas locales, que en medio de sus conflictos no diseñaron lo que después vemos como resultado, uno de los genocidios contra la izquierda  y los procesos colombianos alternativos.
El período 1995-1997 en la región de Urabá en Antioquía, es parte de un proceso aun no estudiado por expertos, ni reconocido por la comunidad internacional en su profundidad. Todavía  no se conocen todos los nombres propios de las personas que pensaron, financiaron, facilitaron y participaron directamente para “garantizar el plan retorno”, agudizando la crisis humanitaria, consolidando esta práctica de muerte y genocidio. Marcó un capítulo en la historia de Antioquía y en la historia nacional, que merece recordarse por las implicaciones que las decisiones tomadas, a través de las políticas Gubernamentales, (el actual presidente de la república de Colombia Alvaro Uribe Velez 2002-2006, fue el gobernador de Antioquia) tuvieron en la calidad de la vida de hombres y mujeres de Urabá, especialmente de Apartadó y sus efectos en los derechos humanos. 
Como alcaldesa, siento que ser mujer, y llegar a una zona donde impera la fuerza, y no pertenecer a un aparato  político, o a una estructura organizativa, era una forma de ver a una mujer no desde su capacidad para enfrentar los desafíos de ese momento histórico, ni inteligencia para avanzar en las posibilidades de construcción de acuerdos regionales por la vida y la soberanía. Esa mujer representaba sólo la coyuntura, lo protocolario, y en nombre de la “democracia” se imponía una práctica política que no tocaba las prácticas reales de poder en la región. Se habla de paz sin cambios, sin costos, sin la redistribución de riqueza, ni de oportunidades, ni cambios culturales.
En calidad de alcaldesa, no utilicé ningún escolta o esquema de seguridad. No utilicé carros blindados, ni guardias especiales a la entrada de la alcaldía, no había restricciones para el ingreso de la población, ni requisas exhaustivas. La agenda de salidas a las comunidades era difundida por la radio local y por la señal de Televisión local que tomábamos  en el municipio. Este símbolo transformaba esa práctica ya impuesta en la región. Esto fue sospechoso para todos en la región. Para el ejército y la estrategia paramilitar yo era del V Frente de las FARC-EP, Para las FARC-EP había la desconfianza por no lograr ubicarme ideológicamente en un sector definido. Se escuchaban voces de ser facilitadora de la estrategia paramilitar que se imponía sobre la región. Esta confusión política trajo consecuencias difíciles, que ahondaron la desconfianza regional en un momento de crisis. Esta experiencia me permitió asumir un lugar político, hacer de trabajo social  un proyecto de vida, y ubicarme en la izquierda Colombiana. Como alcaldesa me opuse a la declaratoria de zona especial de Orden Público y las convivir, entre otras, en la administración de Álvaro Uribe Vélez y Pedro Juan Moreno su secretario de gobierno, respaldadas por las decisiones económicas de sectores productivos de Antioquia: los bananeros de Augura, sectores sindicales, reinsertados del EPL y los militares con Rito Alejo del Río al frente. Desde 1998, se habla de la pacificación del Urabá con gran alegría, escondiéndole al país la verdad de lo ocurrido, y limpiando de sentidos los recuerdos del sufrimiento que estas acciones desarrolladas ocasionaron en la población y de la cual se negó siempre hablar. Hoy, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, muestran  personas desplazadas a las que se las condenó al destierro (prohibido en nuestra Constitución). Ellas claman justicia, reparación. Ya ni las instancias de Gobierno los reconoce, “después de un tiempo dejan de ser desplazados”, realidad que el Estado aún no asume. Los familiares de desaparecidos/as, de asesinados están obligados al silencio. ¿Qué otra prueba de la responsabilidad institucional?
Tierras abandonas, familias dispersas por el país, aún hoy deambulando en la búsqueda de un pedazo de tierra. Niños y niñas con la imagen del degollamiento a sus seres más queridos: padres, profesores y amigos. Mujeres violentadas y negadas a vivir el derecho al amor, la intimidad y a la familia, aunadas a la gran persecución que culminó con el exterminio de la Unión Patriótica y el debilitamiento del grupo Esperanza, Paz y Libertad. Muchos de los desplazados de Urabá y del resto del país son hoy todavía estigmatizados y señalados, por provenir del sector rural o bien por estar asentados en los cinturones de miseria urbanos. Todos y todas son hoy olvidados del Estado. Para ellos/as sobrevivir se ha convertido en un reto y desafío diario.
Vale destacar entre todo este desgobierno y caos, la persistencia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que a pesar de todas las afrentas provenientes de todos los sectores armados, ha resistido y sobrevivido, gracias a la iniciativa de su gente, al acompañamiento de sectores nacionales, y a la incondicional ayuda de la comunidad internacional.
Alrededor de la llamada “pacificación del Urabá”,  liderada por el general Rito Alejo, se ha tratado de forzar un consenso en el ámbito nacional, mostrando esta práctica como el mejor modo y el mejor ejemplo de “limpiar” a una región de la indiferencia política, de los «bandoleros», de silenciar a la oposición, de construir un acuerdo sin opción a la crítica y violentando el derecho a la autonomía. Se ha pretendido demostrar que esta práctica trae rendimientos económicos, seguridad, y las garantías que se requieren para un mejor desarrollo e inversión de los mega-proyectos que la región ha planeado. Después de “cumplida” la tarea en el Urabá, de ver profundizar el miedo, después de ver más de 1.000 casas desocupadas y después re-pobladas por otras familias, de ver las listas de nombres de muertes selectivas, no menos horrorosas que las masacres, se quiere obligar al olvido. Se quiere hacer escuchar las nuevas voces de la convivencia, unidas a la conveniencia de unos pocos,  garantizando la conformidad, la inercia, el acostumbramiento al dolor de perderlo todo, inclusive a sus seres queridos, estimulando prácticas ciudadanas donde no hacen  falta compromisos morales o responsabilidades éticas.  A esto es a lo que me o-pongo públicamente. Por eso esclarecer la verdad es una tarea inminente. Creo que hablar de esta pacificación se ha convertido en la práctica superior de impunidad, donde todavía se quiere defender la desmemoria como práctica colectiva que valide el modelo. Esta etapa esconde datos estadísticos que aprendimos a leer de diferente manera, con nuevos sentidos años después. Con el tiempo y la reflexión, descubrimos los eslabones de un rompecabezas que parecía ingenuamente disperso y los años nos han ayudado a organizarlo para reinterpretar. Estamos seguras, seguros, que el silencio no será eterno. Es necesario apoyar a todos y todas a desbloquear el recuerdo, que lo tienen atado al miedo. Entender que el enmudecimiento de las mujeres, de los hombres, su falta de palabras en voz alta, están ligadas al aturdimiento de los cambios que se han dado en sus vidas, especialmente en las mujeres, y en las niñas y los niños. Puesto que todos y todas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a una sociedad reconciliada con base en el perdón pero nunca en el olvido de las lecciones aprendidas. Por último, creo que sería importante recordar el papel jugado por los medios de comunicación en este mismo período. Ellos ayudaron a documentar la verdad. Seguramente no serán pruebas definitivas, pero muestran las huellas de la responsabilidad del Estado a través de las fuerzas militares durante el tiempo del general Rito Alejo en el Urabá. Estos periodistas que cubrieron los hechos, me dieron la palabra como mujer y autoridad local de ese entonces, interesada por reclamar justicia y respeto a la vida y la dignidad de las personas.
Después de 1998 empieza a verse la región libre de voces que reclamen la verdad, casi nada se registra, los informes tienen un horizonte neutro. Ahora empieza a generalizarse la idea de que «aquí no ha  pasado nada», una tranquilidad militarizada con la presencia de los paras, que anuncia una nueva etapa de la vida comunitaria con un nosotros indoloro para abreviar el pasado.
La memoria da vida, el sufrimiento que nos produce el recuerdo, es la clave central que da vida a la muerte, ayuda a resucitar opciones, salidas, verdades. Es esto precisamente lo que nos propusimos con Mabell Sandoval cuando en medio del dolor y la impotencia se escribió un libro que publicó Planeta, "Gloria Cuartas, porque no tiene miedo". Aprovecho para decir que no era una afirmación pretenciosa, era una manera de contestar que ya las muertes habían invadido mi alma y que ahora resucitaban porque hasta el último día Urabá será una herida abierta para el país, puesto que su verdadero desarrollo como pueblo no será posible si antes la verdad no se esclarece.
Esa es una esperanza no solamente mía, es una esperanza compartida por muchos colombianos y colombianas y por miembros de la comunidad internacional, que sabemos de lo que estamos hablando cuando se nombra Urabá. Quiero referirme especialmente a la Red de Solidaridad con Colombia de los  Estados Unidos que acompañó siempre nuestro proceso por la defensa de la vida. Muchos rostros, muchos nombres se ahogan en la memoria. Ojalá este proceso los recupere por el bien del país y del proceso de paz que hoy se construye.
 
¿Cómo articulaste ese paso por un gobierno local, con la existencia de factores de poder fuera del control de la institucionalidad?

La experiencia muestra que es necesario reconocer la existencia del conflicto y su lectura regional en el marco del conflicto nacional y las implicaciones de las políticas internacionales. La insurgencia es un factor real de poder. Reconocí al llegar a la alcadía no sólo cual era el déficit presupuestal, o el  plan de gobierno. Al margen de la historia en la zona, era reconocer la historia de un país y una región que ha sido transformada por el accionar de la insurgencia. En Colombia el diálogo con la insurgencia era y es “prohibido”. Los acontecimientos te van mostrando prácticas de hecho que reconocen los límites y hasta donde puedes llegar. Creo que profundizar la inversión social, el respeto a la vida, destinar menos en la inversión militar va demarcando otra forma de ejercer el poder local.
No reconozco al paramilitarismo como un tercer actor en el conflicto colombiano. No tienen carácter político como ahora impone el establecimiento. Han sido factor contrainsurgente al interior del Estado. Se hacen esfuerzos por demostrar que son independientes. En el Urabá hablé con Carlos Castaño. Su desempeño en la zona era legitimado por sectores  militares, económicos, sectores religiosos. Para que exista el paramilitarismo que va más allá  de hombres armados es una forma de ser y de vivir que garantiza un nuevo modo hegemónico de ejercer una relación de poder en un nuevo ordenamiento territorial.

¿En qué consiste la experiencia de la universidad en resistencia?

Estamos con 20 comunidades construyendo esta iniciativa de la Universidad. Tengo que decirte que nos inspiró hace tres años la Universidad de las Madres en Argentina. Creemos que la educación es así, de otra manera, intercambiando saberes, en la realidad local y regional de un país como el nuestro, en el que transformamos en potencia y en vida esta violencia, para reaccionar y movilizarnos, y desde lo propio crear resistencias que marcan alternativas. El dolor de las comunidades, los bloqueos económicos, la judicialización, son razones para fijar nuevas respuestas ante el régimen.
En marzo pasado se reunieron en una vereda a orillas del río Caguán, casi medio centenar de campesinos. Venían de diferentes sitios del país y representaban más de 20 experiencias de resistencia civil contra la guerra. Algunos viajaron por más de 70 horas en bus, chivero, y luego en lancha, para llegar hasta el sitio donde se desarrolló la segunda versión de la Universidad Campesina, que desde el año pasado vienen impulsando en el Urabá chocoano, en la Sierra Nevada, el sur del Bolívar, el Oriente antioqueño, en el valle del Cimitarra, en el Caguán, en Urabá, en el norte del Cauca, por mencionar apenas algunas de ellas. Esta vez, durante cuatro semanas, intercambiaron saberes y experiencias sobre la tierra y la agricultura. Compartieron semillas, aprendieron a reconocer especies amazónicas, a conservar animales, a hacer producción orgánica y a manejar el medio ambiente.  Y se pusieron una nueva cita. A mediado de este año harán una nueva sesión de la universidad, esta vez para hablar de medicina tradicional, la que aprenderán de viva voz de los chamanes, mamos y jaibanás indígenas; así como de los colonos que han develado los secretos de la selva en años de sobrevivencia en la manigua. La universidad campesina es uno de los proyectos que mayor entusiasmo suscita entre las comunidades de paz.  Nació el año pasado en San José de Apartadó como un proyecto para el intercambio de experiencias entre comunidades que le han dicho no a la guerra.  Comparten problemas idénticos. En sus comunidades hay poca presencia del Estado, sufren con frecuencia de bloqueos de alimentos y medicinas; suelen ser desplazados y muchas veces terminan siendo detenidos y acusados por un bando y otro.  Y aunque tienen todos estos problemas comunes, cada comunidad tiene sus particularidades culturales y políticas. Algunas son indígenas y tienen sólidos procesos de organización. Otras son afrodescendientes. Otras son colonos tradicionales. Otros resisten los embates de las fumigaciones y de las operaciones militares en zonas de cultivos de coca. Unas participan en política (como los indígenas del Cauca) y en elecciones. Otras son abstencionistas (como San José de Apartadó). Pero todas tienen algo en común: no quieren dejar sus tierras y están dispuestos a quedarse allí por siempre.
Por eso nació la Universidad Campesina, o Universidad de la Resistencia.  Porque saben que su resistencia será de largo plazo y que tienen que hacerse a un sistema de vida para varias generaciones. Se llama universidad (y no escuela ni colegio) porque quieren recuperar el concepto primario de la palabra. Es universal, es humanista y ayuda a transformar la realidad. La Universidad Campesina es móvil, no tiene aulas (su metodología es teórico-práctica), en lugar de profesores, tiene «facilitadores» que trabajan ad honorem; y tampoco gradúa a sus alumnos, pues nunca se termina el aprendizaje. Tiene cuatro «materias». Seguridad y soberanía alimentaria, que busca incrementar la capacidad de las comunidades para autoabastecerse, produciendo en sus tierras todo lo necesario para alimentarse, particularmente para que las acciones de los actores armados no se traduzcan en hambre de sus familias; pero también frente a la galopante pobreza y marginalidad de sus regiones. Esta «materia» les ha permitido identificar la riqueza de sus regiones y aprovecharla al máximo. Si se trata, por ejemplo, de conseguir proteínas, ya no se trata sólo de conseguir vacas.  Han aprendido a criar animales de monte que les son más accesibles que el ganado.
En la última versión de la universidad, los estudiantes aprendieron a hacer trampas sin matar al animal, para luego llevarlo a cautiverio y lograr su reproducción doméstica. Lo han probado por ejemplo con la boruga (un marranito de monte); con el guara (un roedor grande como un zorro), con el chigüiro y la danta. También aprendieron a atrapar serpientes con una técnica rudimentaria pero eficaz para lograr extraerles el veneno, el cual luego podrá servir para producir suero antiofídico. Lo mismo ocurrió con los productos agrícolas, con las flores y con algunos tipos de palma que les sirve, por ejemplo, para construir las viviendas o hacer tejidos que casi siempre son más resistentes y acordes a los climas y las condiciones medioambientales de sus regiones. Esto quiere decir que, por ejemplo, las comunidades en resistencia esperan no tener que depender del acero y el ladrillo que traen desde las capitales para construir sus casas. Recuperando su saber cultural pueden usar la guadua (donde exista), la tagua, la palma de iraca, según sea el caso. En medicina no se quedan atrás. Muchas de las enfermedades que atacan a los campesinos tienen el estigma de ser enfermedades de la guerra. Los medicamentos son caros y difíciles de conseguir. En otros casos, simplemente la falta de centros de salud y en general de acceso a la salud, es una amenaza permanente contra sus vidas. Entonces en la universidad se han dedicado a intercambiar conocimientos sobre plantas, raíces, y hasta insectos y reptiles, que son clave en la medicina tradicional. Están seguros además de que con un poco de ciencia, los recursos de la biodiversidad del país servirían para mejorar altamente la calidad de vida de sus comunidades. La uña de gato, el matarratón, la concha nácar, el noni, son productos que han terminado siendo comercializados por grandes multinacionales,  que sin embargo están a veces en el patio casero de sus fincas. O la palma de milpes que se utiliza para hacer tejidos, cobijas e incluso techos y paredes. Todo esto se aprende en un marco filosófico donde lo principal es preservar el medio ambiente y garantizar una buena calidad de vida para las comunidades en aspectos como abrigo, techo y comida.
El otro gran tema de la universidad es la educación. La guerra destruye las identidades. Por eso ellos quieren apropiarse de los contenidos y metodologías en el aula de clase, para educar a sus hijos en una versión de la historia, adecuada con la memoria y la tradición oral de sus comunidades. Que reconozca sus propias gestas y heroísmos, primero que todo. Pero sobre todo que les permita conocer e interpretar su propia realidad social. Esto incluye una geografía propia, y un acercamiento diferente a las lenguas y la literatura, cuyo énfasis es el reconocimiento de la diversidad cultural del país. Incluso para aprender a contar distinto. Los números de muertos que cuenta la comunidad y el Estado casi nunca coinciden.
Los otros dos aspectos que contempla la universidad de la resistencia son el jurídico y el político. En el jurídico las comunidades esperan conocer más de cerca y en detalle la experiencia de los indígenas, particularmente los del Cauca, que han logrado construir sus propias formas de gobierno, de justicia. Queremos construir una justicia distinta a la de los victimarios que oculta y niega a la víctima En lo político cada comunidad tiene experiencias diversas pero algunas «banderas» las unen. Por ejemplo, todos se oponen al Tratado de Libre Comercio, en particular a lo que tiene que ver con patentes y la protección de la biodiversidad.  Piensan que -como dice la consigna del Foro Social Mundial- «otro mundo es posible» y ellos están tratando de llevarlo a la práctica. 
Así, la universidad pretende demostrar que la resistencia es un asunto de la vida cotidiana, y que implica que quienes se comprometen con ella, desarrollen un estilo de vida, y unas ingeniosas formas de organización social. Una utopía que ellos están probando en medio del acoso de los grupos armados y, muchas veces, aunque resulte increíble, de los funcionarios del Estado.  

¿Cómo se está construyendo la propuesta de espacios humanitarios?

Es más una respuesta individual de las comunidades, ante la negativa del presidente Uribe de reconocer la existencia del conflicto. Hoy es grave la situación porque se está utilizando a las comunidades por parte del Estado especialmente como escudo militar. El principio de distinción no se aplica. Las comunidades han creado espacios de vida que ponen  un limite a la guerrilla, la estrategia paramilitar-ejército, no entrega de información, no venta de alimentos, no guardar armas, consolidar una respuesta de producción interna. Es reconocer el conflicto y es una táctica en medio de un plan devastador de muerte. Las comunidades quedan como una huella que permitirá a la gente que se ha desplazado de forma obligada a regresar a su tierra. Las zonas humanitarias, las comunidades de paz, son espacios por ahora rurales que están consolidando una posibilidad de garantizar la paz, y por encima de la estrategia de la muerte, permanecer en su tierra y hacer de las lecciones aprendidas un  desafío comunitario, político.
 
¿Qué espacios ves para una salida política al conflicto colombiano?

 No quiero ser escéptica, pero con este gobierno y su entrega a la agenda Washington se ve muy lejana. La política del Fondo Monetario Internacional, la imposición de modelos económicos, la extradición -especialmente de los insurgentes-, darle a los paramilitares estatus político, reconocer sus actos como sedición,  está cerrando posibilidades de una salida política. Ahora, es complejo hablar de un acuerdo humanitario, que sería una oportunidad de crear confianzas. Estamos quedando aislados en el mundo. Creo que necesitamos fortalecer caminos en América Latina y el Caribe, que permitan levantar la agenda política por Colombia, un acuerdo humanitario, una salida política al conflicto.
 
¿Qué evaluación existe sobre los acuerdos de paz realizados hace diez años con algunas de las guerrillas? ¿Qué se ha logrado que se cumpla de esos acuerdos?

Es compleja esta respuesta, cambios estructurales no se han dado. Hubo respuestas individuales a la desmovilización o inversión a las regiones donde operaban, como si fuera una ganancia y no una obligación del Estado. Las estructuras agrarias no se han modificado, la riqueza sigue en pocas manos, no hay derecho a ejercer oposición política, se está infiltrando al movimiento social como un eje que -según la política de seguridad democrática- debilitándolo, se tendrán las condiciones necesarias para imponer el autoritarismo que sea aprobado por la sociedad. 
 
¿Cuál es el impacto de la militarización del país en la subjetividad de los movimientos populares?

El incremento  de los actos de guerra que azotan al país y que dejan como resultado  hombres y mujeres, niñas y niños heridos, mutilados y muertos, a más de las miles de personas que a diario son desplazadas forzosamente, convierten a la población civil en víctima principal e indiscriminada del conflicto armado. Con la polarización del país, el  riesgo  de muerte para la población aumenta. Cualquier lugar y cualquier persona se pueden convertir en objetivo militar, las mujeres están siendo utilizadas por los grupos armados, el conflicto se degrada. Con el apoyo de la tecnología, las armas se hacen más sofisticadas, y el impacto sobre los cuerpos de hombres y mujeres es más intenso, rápido y eficaz. La guerra  cambia de forma, se pone otra máscara, y  multiplica la mutilación, la muerte, el hambre y la desolación. Colombia es un Estado sometido  a los intereses de  grupos de poder  internacional y nacional. El Gobierno de Estados Unidos ejerce especial influencia sobre el gobierno colombiano.  Atravesado por  la violencia y la desigualdad social, con el consiguiente  desarraigo  de las poblaciones y sus culturas, que dificultan el proceso de integración de las identidades,  y  que abren el espacio a la pérdida de soberanía, y a posibles di-visiones políticas del territorio nacional, según los diferentes intereses geopolíticos del hemisferio. En ese contexto nos preguntamos: ¿es legítimo que el gobierno continúe mirando como única salida al conflicto, la política de agudización de la guerra, aún a costa de las vidas que a diario se pierden sin cesar? ¿es conveniente seguir endureciendo la mano, fortalecer  los gastos de seguridad militar, el incremento del pie de fuerza y los incalculables gastos que debe asumir el estado por los daños causados sobre los bienes y las personas  víctimas de guerra? ¿se ha estudiado por qué se degrada el conflicto y cómo evitar que continúe  la degradación? ¿es legítimo que se esté legitimando una ley en el congreso de “justicia y paz”, que es sólo la legalización de la estructura paramilitar y para garantizar la reelección presidencial?
El problema de la  guerra y su solución, no pueden ser tratados como hechos netamente coyunturales, desconectados de la realidad histórica. Se deben remitir  a los factores de un conflicto no resuelto, que hunde sus raíces décadas atrás, en el surgimiento de los movimientos  políticos, económicos y sociales inconformes  con la distribución inequitativa de la tierra, la concentración de la riqueza, la multiplicación de la pobreza y la marginalidad social. Ante esta grave crisis, el ejercicio de la violencia  institucional por el Estado, frente al conflicto interno, debe  enmarcarse dentro de los parámetros que fija la Constitución Política. La seguridad es algo más que “autoridad efectiva, que sigue las reglas, contiene y disuade a los violentos..”, que significa incrementar la inteligencia y la fuerza militar. La seguridad, implica que el gobierno garantice la vida, la dignidad y los derechos fundamentales económicos y sociales de las mujeres y hombres de Colombia. El gobierno no es un sujeto más de guerra, es un sujeto especial, con funciones y obligaciones estrictas, entre ellas  alcanzar la paz, fomentar el desarrollo económico del país y la justicia social equitativa.
El recrudecimiento de los actos de guerra, la desprotección de la población civil, así como el aumento de la injusticia social,  evidencian un gran vacío de poder. Es paradójico que con el propósito de alcanzar la paz, se restrinjan los derechos fundamentales del pueblo, se limite la libertad de expresión, se continúe con la disminución del empleo y las condiciones  laborales  de la gran mayoría, así como con la privatización de la salud y la educación, con el consecuente desmejoramiento de la calidad de vida.
Es necesario parar la muerte y el hambre que vienen con la guerra y la inequidad social. La multiplicación del riesgo de muerte para la población civil, exige para enfrentar el conflicto por parte del gobierno, una política de alta responsabilidad que desafíe los espacios que contienen graves peligros para la población y sus recursos económicos. Evitar la muerte cuando es posible solucionar los conflictos de otra forma: la violencia no se para solo con violencia. Recordemos como Gandhi, con su política de no violencia, se enfrentó al enemigo, encontró otros caminos para alcanzar la paz. Ponderar los costes y los beneficios que la política de guerra genera para la sociedad es indispensable, pues la pérdida de vidas, el decrecimiento económico,  y especialmente la violación de los derechos de las mujeres -que resultan ser  la más  maltratadas y discriminadas- conlleva  la pérdida  de la identidad  y del sentido de vida de la población. Pues a ellas les toca  sobrellevar el duelo que causa el dolor de la muerte, encontrar nuevos espacios de producción, reconstruir la vida familiar y psicológica, asumir la doble jornada laboral, el trabajo y el hogar.
Es obligación de todos los actores del conflicto, respetar la vida del pueblo. Ni generando terror con actos de muerte masiva, ni fomentando políticas de seguridad armada para contrarrestarlas, se protege eficazmente la vida de la población. Solamente, con una política integral, que localice y desvele las razones del conflicto, que solucione los problemas de injusticia social, se puede desactivar la guerra sin tanto riesgo y  costo social.
La pérdida de una sola vida de las personas de la población civil, amerita detener la guerra. La guerra perjudica a todas y todos los colombianos sin excepción. La sociedad civil no puede seguir siendo sujeto pasivo de las decisiones políticas, ni de los efectos de la guerra. Está obligada a informarse, a participar en las decisiones con responsabilidad, a mediar en el conflicto, a expresarse  e incidir en la deslegitimación de la guerra y sus discursos. La palabra es el mejor instrumento para llegar a la paz.
La sociedad civil, con sus diversas manifestaciones, debe encontrar canales que le permitan recuperar los espacios públicos, para expresar su opinión, para construir pensamiento crítico,  pues prácticamente la población civil es excluida de la posibilidad de ser escuchada hasta en los medios de comunicación. Su opinión es silenciada por el poder excluyente de los medios, y por la lluvia de mensajes  que  controlan ideológicamente la información, que se transmite de forma parcializada, impidiendo su deliberación y su participación activa e igualitaria en los espacios del poder, en las opciones de vida política. La brutalidad y la violencia exacerbada de los conflictos bélicos, contribuyen a la descomposición  social. Los actores de la guerra, deben analizar cada factor de poder que profundice la inequidad, la desigualdad social y el hambre, y garantizar  la vida de cualquier colombiana o colombiano de la población civil. Por eso están obligados a pactar una agenda que  humanice el conflicto, con unos mínimos acuerdos que permitan respetar las normas del derecho internacional humanitario, garantizar los derechos fundamentales y  erradicar el terrorismo, que no es más que una de las formas en que se manifiesta la guerra, cuando de manera autoritaria se cierran  los espacios posibles de diálogo en condiciones de mínima igualdad.
Para lograr la paz es imprescindible la participación activa, consciente y responsable de la sociedad civil en los espacios que se delegan al poder en la toma de decisiones, movilización popular, cambiar las coordenadas de la guerra. No bastan las condolencias, ni las indemnizaciones, para rescatar el derecho a la vida. El silencio de la población lo hace responsable de la vida de los seres humanos que se lleva la guerra. La paz y la vida del pueblo le pertenecen al pueblo. Ningún sujeto, tiene el derecho de  arrebatárselas. Es imprescindible entonces, renovar la búsqueda de solidaridad en América Latina y el Caribe, potenciar los espacios de integración de los pueblos, para que desde cada país podamos invocar la salida política como imperativo ético hoy en el continente. No podemos permitir la profundización de la intervención militar del gobierno de los Estados Unidos.

 
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