L@s presos polític@s mapuche en Chile: no son terroristas ni deben estar pres@s Imprimir E-Mail

Informe de julio de 2006

Los hermanos mapuche Patricia Troncoso Robles, Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao y Patricio Marileo Saravia iniciaron una huelga de hambre el 13 de marzo en protesta por un fallo judicial que los acusó de incendio terrorista contra el fundo Poluco Pidenco de la empresa Forestal Mininco y los sentenció a diez años de cárcel y a pagar una indemnización de 400 millones de pesos chilenos a la empresa. Esta acusación y esta sentencia es producto de la aplicación de la Ley 18.314 sobre Conductas Terroristas, en vigencia desde la dictadura de Pinochet.
Luego de 63 días de huelga de hambre, el 14 de mayo, los cuatro prisioneros políticos mapuche decidieron suspender la huelga, luego de un acuerdo con los senadores del PS Alejandro Navarro y Jaime Naranjo y la participación del obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, en calidad de garante junto con José Cariqueo, vocero de los huelguistas. El acta de compromiso de ocho puntos establecía, entre sus principales puntos, que los huelguistas hacían un receso en la huelga a cambio de que el gobierno otorgue suma urgencia al proyecto de ley, presentado por el senador Navarro, que modifica el decreto N° 321 sobre libertad condicional. Este proyecto de ley permitiría a los presos políticos mapuches acceder al beneficio de la libertad condicional.
Si bien el gobierno chileno, el 15 de mayo, confirió suma urgencia al proyecto de ley, obligando a que la iniciativa se tramitara en cada Cámara en un plazo no superior a los tres días, el proyecto sólo fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado el día 17 de mayo. Para convertirse en ley faltaba la aprobación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y luego del Senado en su conjunto, para de allí pasar a la Cámara de Diputados.
Debido a que el Parlamento chileno entró en receso por 15 días desde el 22 de mayo, el proyecto debía tratarse recién los primeros días de junio, a pesar de haber sido clasificado como de suma urgencia.  
Frente a este juego con los tiempos, los presos mapuche decidieron reanudar la huelga por considerar que el gobierno no había cumplido con el acuerdo que los había llevado a la suspensión de la misma.
En una comunicado dirigido al mundo, con fecha del 19 de mayo, los presos políticos mapuches declaran:
"Que una vez mas como ha sucedido históricamente el Gobierno chileno, ha faltado a su palabra traicionándonos en nuestra buena voluntad y contestándonos con engaños. Hacemos un llamado a todo el Pueblo Mapuche, al pueblo chileno y a los pueblos del mundo a retomar la lucha y no bajar los brazos ya que nosotros retomamos la huelga a partir del día de hoy 19 de mayo de 2006, por tiempo indeterminado, poniendo en juego nuestra vida para alcanzar la libertad que nos merecemos".
Luego de un nuevo acuerdo con las autoridades, los huelguistas volvieron a levantar la huelga el 26 de mayo, en espera del cumplimiento de los compromisos asumidos relativos a la aprobación del proyecto de ley del Senador Navarro, que les permitiría obtener la libertad condicional, a pesar de haber sido condenados por la Ley Antiterrorista que los obliga a permanecer en prisión. Mediante el proyecto de ley, los mapuche obtendrían la libertad condicional al considerar que los delitos por los cuales se los condena no implican delitos contra personas y que se trata de causas relacionadas con la reivindicación de tierras indígenas ancestrales. Además, se incluyó como requisito para acceder al beneficio carcelario el cumplimiento de un año de privación de la libertad para los hechos punibles ocurridos entre el 1 de enero de 1997 y el 1 de enero de 2006. 
Frente a esta situación en el poder legislativo, la actitud del ejecutivo chileno ha tenido considerables idas y vueltas.
El 23 de mayo, la presidenta Michelle Bachelet manifestó "no están presos por ser mapuches o por sus posiciones ideológicas, ellos cometieron ilícitos", respondiendo a la presión generada por la huelga de hambre y por las manifestaciones de apoyo.
Luego de muchos días de silencio, el ejecutivo mostró un cambio de posición respecto al conflicto mapuche. El 21 de junio el gobierno llegó a un principio de acuerdo político con los senadores de la Comisión de Constitución que busca, tanto solucionar la situación de los condenados por la Ley Antiterrorista, como  evitar nuevos hechos de violencia. Como el objetivo final del acuerdo es discutir una ley que sea aplicable a la situación general -y no que beneficie sólo a determinadas personas, como ocurría con el proyecto Navarro- la propuesta es la modificación de la Ley Antiterrorista para que califique como delitos terroristas a aquellos que afecten a las personas, la salud, la libertad o la vida, frente a los cuales los condenados no tienen derecho a libertades condicionales ni a reducción de penalidades por vía del indulto o la amnistía. De esta manera, el resto de los delitos serían considerados delitos comunes, frente a los cuales no sería aplicable la ley 18.314.
En este cambio de rumbo, la presidenta sostuvo, el 23 de junio –en la ceremonia de celebración del Año Nuevo Mapuche y en la conmemoración del llamado “Día Nacional de los Pueblos Indígenas”-, el compromiso de impulsar el reconocimiento de los pueblos originarios en la Constitución y la ratificación del Convenio 169 de la OIT, que Chile no ha ratificado aún, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina. Este convenio ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en el año 2000 y requiere de la aprobación del Senado con 22 votos – de los cuales 20 pertenecen a la Concertación- para ser ratificado.   
La propuesta de reforma de la Ley Antiterrorista requiere un nuevo proyecto de ley que será presentado por el Poder Ejecutivo el próximo 3 de julio, con plazos de suma urgencia, y para cuya aprobación son suficientes los votos de la Concertación. 
Si este proyecto de ley va a permitir poner fin a la criminalización del pueblo mapuche y puede ser considerado, en este sentido, una victoria, no es una victoria del gobierno, es el fruto de la huelga de hambre, de las movilizaciones permanentes del pueblo mapuche y de la solidaridad nacional e internacional. 
Aún así, tenemos que ser cautos. No es fácil creer en el gobierno chileno, después de tantas represiones y trampas a las que fue sometido el pueblo mapuche. Por lo tanto sigue siendo necesaria la solidaridad de todos y todas para seguir sosteniendo la resistencia de un pueblo que sigue en pie, luego de más de 500 años de políticas de negación y exterminio.
Ya ha habido muestras en el mundo entero de la solidaridad de organizaciones mapuche, no mapuche, de intelectuales, artistas, estudiantes, con los presos mapuche en huelga de hambre, porque la lucha del pueblo mapuche no es sectorial, es trascendente porque tiene que ver con la defensa de la Tierra y de la Vida.      

¡¡Marici We!! 

LIBERTAD A LOS   MAPUCHE

Equipo de Educación Popular “Pañuelos en Rebeldía”

 
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