Razones para decir NO a las represas
América Latina es una de las regiones del planeta sobre la cual han puesto su mirada lucrativa los grandes capitales del mundo. Y no es casual. Esta parte del continente posee enormes riquezas naturales tales como petróleo, gas, minerales, tierras y agua, que desde la implementación de las políticas neoliberales han sido vendidos y son explotados por empresas multinacionales y grandes grupos económicos nacionales, con la complicidad de los gobiernos de turno.
A pesar de esta entrega, todavía quedan recursos importantes resguardados, hasta ahora, de los intereses del gran capital. Sin embargo, frente a las posibilidades concretas de que se nos sigan expropiando esas riquezas, los pueblos latinoamericanos protagonizamos luchas y resistencias en defensa de nuestra soberanía, por la protección de nuestros recursos aún “libres” y por la recuperación de todo aquello que nos han expropiado con el objetivo de lograr la incesante acumulación capitalista.          
Uno de los recursos que es necesario defender es el agua a la cual, en busca de un supuesto desarrollo energético, han represado a través de megaproyectos hidroeléctricos que construyeron cárceles para los ríos y para los pueblos que se vieron imposibilitados de seguir utilizando el agua como un recurso económico. Pero esta no es la única consecuencia que trae la privatización del uso del agua. Como ocurre con otros recursos naturales, la expropiación de territorios y sus riquezas por los grandes capitales lleva implícita la ruptura de la relación de las comunidades con la naturaleza desde el punto de vista cultural. Es decir, no se trata sólo de perder la posibilidad de utilizar económicamente los recursos, sino de quebrar el sentido de la vida que los pueblos han construido históricamente (Ceceña, 2001) , en el cual los elementos de la naturaleza se convierten en elementos culturales.
Teniendo en cuenta que la defensa del agua es la defensa de la vida, nos parece importante hacer una síntesis de cuáles son las razones por las cuales decir NO A LAS REPRESAS, obras que en manos de los grandes capitales privados, nacionales y extranjeros, asesinan a los ríos, convirtiendo su aprovechamiento en un gran negocio que atenta contra la autodeterminación de los pueblos que han sabido convivir armónicamente con la naturaleza y sus recursos.
Para analizar las razones que explican la necesidad de luchar contra las mega represas en América Latina, es necesario partir de la base de que hay una tendencia actual en los países centrales a restaurar los ríos, considerando que el agua es un recurso a cuidar. Pero este preocupación por cuidar el agua se aplica hacia dentro de los países centrales, en los cuales los constructores de represas no pueden vender la tecnología hídrica porque la mayoría de los ríos ya han sido dañados y hay más conciencia de cuidado del medio ambiente. Siguiendo esta lógica, en Estados Unidos, por ejemplo, cerca de 500 represas han dejado de operar, permitiendo la restauración de la pesca y de los procesos ecológicos fluviales. Así, si las grandes represas ya no se construyen y se van desmantelado en las áreas centrales del mundo, es necesario consolidar la construcción de las mismas en regiones que todavía cuenten con “ríos libres” que puedan utilizarse para la obtención de energía aprovechable por las grandes empresas. Es en este escenario donde entra América Latina con la abundancia de sus ríos, convirtiéndose en un suelo fértil para los grandes constructores de represas. 
Los capitales que invierten en estos megaproyectos necesitan una puerta de entrada a la región y este papel lo desempeñan los estados nacionales que justifican la implementación de políticas neoliberales a través de discursos que sostienen que el “desarrollo económico” de los países latinoamericanos sólo puede lograrse a través de capitales privados. Basta analizar las consecuencias de la aplicación de estas políticas en la región para observar que las inversiones privadas no han implicado “desarrollo” alguno, que no han aumentado el empleo, sino al contrario, que no han abaratado los productos y que no han garantizado mejoras en las condiciones de vida de la población. No quedan fuera de esta lógica de las inversiones privadas las inversiones en represas que, por ser proyectos muy caros y que llevan muchos años de construcción, son realizados por grandes corporaciones transnacionales e implican fuertes endeudamientos externos para los estados nacionales.
A su vez, las empresas constructoras de represas obtienen ganancias, no sólo de la propia construcción de los megaproyectos, sino también del apoyo que reciben de los gobiernos de sus países de origen o de organismos multilaterales de crédito. El Banco Mundial así como la banca regional, como los Bancos Africano, Asiático e Interamericano de Desarrollo, siguen teniendo un papel esencial en la financiación de grandes proyectos hidroeléctricos.
La necesidad de invertir enormes capitales para la construcción de las grandes represas, que llegan a manos de las empresas constructoras a través del desembolso de la banca mundial y de los organismos internacionales de crédito y gracias a los argumentos técnicos, económicos y sociales que utilizan los gobiernos nacionales para convencer a la población de la necesidad de construirlas, ha llevado a que los proyectos vayan acompañados por actos de corrupción que involucran a las propias empresas y a los funcionarios que las publicitan. Según la Comisión Mundial de Represas(1) (CMR), la corrupción ha acompañado a muchos de los proyectos de grandes represas, pero rara vez se ha realizado un proceso judicial por incumplimiento contra las instituciones financieras, las empresas constructoras o los funcionarios de los gobiernos.           
Así, hay razones económicas y políticas de peso para decir no a las represas, que traen consigo impunes actos de corrupción y un aumento considerable de la deuda externa de los países que, a su vez, genera la implementación de más políticas de ajuste propuestas por los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.    
Otras razones para luchar contra las represas están relacionadas con las nefastas consecuencias que estos proyectos traen al medio ambiente, entre los cuales podemos citar la pérdida de ecosistemas, la extinción de animales, la salinidad de las tierras, la pérdida de cultivos, de bosques y de biodiversidad acuática y la deforestación provocada por la inundación de las zonas de embalse. Además, las investigaciones han demostrado que las grandes represas aportan al calentamiento global por los gases de efecto invernadero emitidos por la descomposición de materia orgánica en los embalses.
Si bien creemos que estas consecuencias para el medio ambiente son razones importantes para decir no a las represas, no todos son efectos cuyas consecuencias puedan verse en forma inmediata. Los que sí son más visibles rápidamente son los ocasionados sobre las poblaciones y comunidades que vivían en las zonas ribereñas o cercanas a los ríos.     
Para acercarnos a las razones sociales que explican la necesidad de luchar contra las represas, hay que tener en cuenta que más de 400 mil kilómetros cuadrados de tierra en el mundo fueron inundados por la construcción de 45 mil represas y que este hecho ocasionó el desplazamiento de sus tierras de entre 60 y 80 millones de personas, entre los cuales la mayoría son campesinos e indígenas. En un informe que la CMR presentó en el año 2000, asegura que se han represado la mitad de los ríos del mundo a la tasa de uno por hora, en 140 países, con represas de una altura de más de cuatro pisos.  
Si bien cada proyecto de construcción de megaproyectos hidroeléctricos tiene un programa de reasentamiento de la población que debe cumplir, ha habido diferentes casos de incumplimiento que perjudicaron a las comunidades afectadas. Uno de ellos es que muchos de los desplazados no fueron registrados como tales y por ende no fueron reasentados ni indemnizados. Incluso, muchos de los desplazados que fueron reconocidos como tales no fueron incluidos en programas de reasentamiento. Además, en muchos casos donde sí se entregó indemnización, ésta no fue suficiente para recomponer la vida económica de las comunidades.
En los casos en los que la población fue reubicada, pocas veces se les restituyeron sus medios de subsistencia, ya que los programas de reasentamiento se centran en el traslado físico de las comunidades y no en su desarrollo económico y social. De esta manera, las poblaciones reubicadas tienen peores condiciones de vida y de subsistencia que antes de ser forzados al traslado. Además, el deterioro de las condiciones de vida también se refleja en los problemas de salud que enfrentan las personas desplazadas y las poblaciones cercanas a los embalses por los cambios ambientales y sociales. 
El desplazamiento de población también trae consecuencias que afectan al medio ambiente, más allá de los daños ocasionados por las inundaciones de represas y embalses. Muchos de los agricultores desplazados se ven obligados a talar bosques en otras regiones para realizar sus cultivos y construir sus hogares, lo que ha provocado un aumento de la deforestación, que también se incrementa con la necesidad de construir nuevas rutas para poder llevar a cabo la construcción de las represas.
Un dato importante a tener en cuenta es que la mayoría de los usuarios de energía hidroeléctrica vive en las ciudades, lejos de las áreas afectadas, habitadas generalmente por comunidades pobres y pueblos indígenas, que con frecuencia se transforman en los opositores a los proyectos por ser los directamente involucrados en las nefastas consecuencias de los mismos. En el caso de los pueblos indígenas, la construcción de represas en las tierras que históricamente les pertenecen trae consecuencias negativas desde el punto de vista cultural ya que, por un lado, las zonas que quedan inundadas incluyen cementerios y lugares sagrados que forman parte de su cultura y por el otro, su cosmovisión basada en una relación armónica con la naturaleza se ve afectada por la imposición del aprovechamiento de los recursos según una lógica de rapiña.         
Uno de los mecanismos más utilizados por los gobiernos para convencer a la población nacional de la necesidad de producir “energía barata y renovable” a través de las represas, es argumentar que la oposición de las comunidades locales al proyecto se debe a que son “atrasados” y “opuestos al progreso”. Otro de los mecanismos utilizados por el estado en relación a la oposición local que generan los proyectos es mucho más categórico y directo: la represión física con el fin de obligar a las comunidades a abandonar el área, violando de esta forma los derechos humanos de las poblaciones locales.                
Los argumentos de que las represas permitirán la obtención de energía barata –perspectiva difícil de sostener si se analizan los precios de los servicios que se han privatizado en América Latina en los 90- y que darán lugar a que  “llegue la luz” a las poblaciones locales, son sólo parte de las argucias utilizadas por los gobiernos que se benefician con los negocios de las represas. La experiencia en los casos de represas ya terminadas y funcionando es que los costos de la energía eléctrica no han disminuido y que las poblaciones locales no se han visto inmediatamente beneficiadas con la obtención de luz eléctrica. En algunos casos, sólo obtuvieron electricidad muchas décadas más tarde.
Otro de los mecanismos que atenta contra los derechos de los pueblos es que no han participado en la toma de decisiones respecto a los proyectos que se pretenden implementar. A pesar de que quienes luchan contra las consecuencias de las represas y han sido afectados por las mismas expresaron en una declaración(2) del año 1994, que “las comunidades desplazadas deben participar en todo el proceso de identificación, diseño e implementación y monitoreo de los proyectos, y dar su consentimiento antes de que los proyectos se pongan en marcha”, el derecho a la participación en decisiones que afectan su presente y su futuro ha sido sistemáticamente violado.
Uno de los principales responsables de la construcción de grandes represas es el Banco Mundial, que sólo en 1992 otorgó más de 500 millones para la construcción de 500 represas en 92 países, según la Declaración de Manibeli. Allí también se expresa que esa institución ha financiado grandes represas que suministran electricidad a las empresas transnacionales, elites urbanas y a los productores de cultivos de exportación, sin considerar las necesidades de las poblaciones rurales y sectores populares urbanos. La planificación, el diseño y el monitoreo de esas grandes represas se ha hecho en secreto, negando información, sin consultar a las comunidades afectadas y violando los derechos humanos de quienes se manifiestan en contra de los proyectos. Además, el Banco Mundial no ha tenido en cuenta las costos sociales y ambientales de las represas que ha financiado, tolerando, a su vez, el robo de fondos en el proceso de diseño y construcción de las mismas. Las denuncias también se refieren a que, con esta política, el Banco Mundial ha obligado a desplazarse y perder sus tierras a aproximadamente 10 millones de personas desde 1948 y ha inundado tierras en las que había monumentos culturales, lugares religiosos y sagrados y parques nacionales, ignorando las consecuencias culturales, sociales y ambientales de los proyectos que apoya.(3)  En un informe elaborado por el propio banco en 1994, titulado “Reasentamiento y desarrollo”, tuvo que aceptar que las personas desplazadas por los proyectos que había financiado no lograron recuperar sus niveles de ingreso anteriores ni habían recibido ningún beneficio directo de las represas construidas.
El Banco Mundial también tuvo que admitir que 70 represas de las que había financiado eran en promedio treinta veces más costosas de lo que se había proyectado. Además del sobreprecio, otro problema que reveló la CMR es que muchas represas no cumplen con los objetivos de funcionamiento, generando menos energía que la proyectada.             
Todas estas razones nos parecen valederas para luchar contra estos enormes monstruos que dejan tras de sí un panorama desolador, con ríos apresados y pueblos con destino hipotecado. Los indígenas Embero-Katia de Colombia resumen lo que significa para sus víctimas la construcción de estas cárceles artificiales para el agua: “represar un río es como obstruir las venas de una persona. Afecta a todo el cuerpo y  después viene la enfermedad. Es lo mismo con el río. El agua, las montañas, la tierra, los animales es la vida de la gente indígena. La vida de la gente está en el agua. Somos como nutrias”.

Las luchas contra las represas
Negándose a seguir soportando sólo los efectos negativos de la construcción de represas y a ser desalojados de sus tierras frente a posibles nuevos proyectos, los pueblos han protagonizado importantes foros y encuentros internacionales de afectados por la muerte de los ríos.
El primer Encuentro Internacional de Poblaciones Afectadas por Represas, que reunió a afectados de 20 países, culminó en Curitiba, Brasil, el 14 de marzo de 1997 con una Declaración que describe las consecuencias ambientales y sociales de las grandes represas y reclama la reparación de los daños ocasionados. Desde ese año, fue elegido el 14 de marzo como el “Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida”.     
Se han organizado también foros en los que se encuentran afectados de varios países de una región determinada como es el caso de los Foros Mesoamericanos contra las represas, que comenzaron en el 2002.
Durante el año pasado se realizó el III Foro Mesoamericano en cuya declaración final se reprocha a los gobiernos la sordera frente a los reclamos de los afectados por los proyectos hidroeléctricos en los foros anteriores y a través de “las innumerables acciones regionales que muestran la oposición a las políticas neoliberales que atentan contra la naturaleza, la soberanía de nuestros pueblos y la existencia de la vida misma”. Se habla de un enemigo común que se esconde bajo el manto de un supuesto desarrollo y de la pérdida de paciencia de los pueblos mesoamericanos que se resisten a salir de sus pueblos y a someterse a la alteración de su vida social, cultural y natural. A su vez, exigen que se cancelen todos los proyectos hidroeléctricos y privatizadores del agua en Mesoamérica y que los gobiernos desarrollen programas que respondan a las necesidades de los pueblos y no a los intereses internacionales. En la parte final de la Declaración, El Movimiento Mesoamericano contra las Represas se compromete a luchar contra todos los intentos de robo de las riquezas naturales, culturales y territoriales desde México hasta Panamá.
Además de estos foros regionales, también se han ido constituyendo organizaciones de lucha contra las represas a nivel nacional.
En el caso de México, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2004 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, en Aguascalientes,  Municipio de Acapulco, estado de Guerrero, en tierras en conflicto por el proyecto de construcción de la represa La Parota.
En la Declaración Final del encuentro se establece que se ha podido cumplir con el objetivo central que era reafirmar la conformación del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Entre las razones que menciona para oponerse a las represas se destaca el hecho de que son el instrumento principal para llevar a cabo la privatización del agua, de la electricidad y de los recursos energéticos. Además de exigir la suspensión de todos los proyectos que están en construcción, se solicita el desmantelamiento de las represas que han desplazado a miles de mexicanos y mexicanas, especialmente indígenas, y la reparación de los daños a los afectados.  Entre los objetivos del MAPDER podemos mencionar, además de la defensa de los ríos, el agua, las tierras y los pueblos, el fortalecimiento de un espacio de lucha, reflexión e intercambio de estrategias de las diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional. Se trata de un movimiento autónomo, horizontal, que busca el fortalecimiento de las comunidades como sujetos históricos y defiende la necesidad de hacer alianzas para luchar contra el modelo de desarrollo neoliberal, según sus principios. Se propone crear cinco comisiones para lograr el objetivo principal de frenar las represas que son: de comunicación; de derechos humanos y defensa jurídica; de relaciones y alianzas; de impacto ambiental; y proyectos sociales y económicos viables y sustentables para los pueblos y las comunidades.  Entre las acciones inmediatas está la realización del segundo encuentro del MAPDER el 14 de marzo de 2005 en la Presa El Cajón, estado de Nayarit.           
En Brasil existe uno de los movimientos de lucha contra las represas más importantes de América Latina: el Movimiento de Afectados por Represas del Brasil (MAB: Movimento dos Atingidos por Barragens) que nuclea a más de un millón de agricultores, pescadores, trabajadores rurales y ribereños y pueblos indígenas, a quienes las grandes represas arruinaron sus condiciones de vida y de trabajo. Este movimiento, que nació en marzo de 1991 durante el Congreso Nacional de Afectados por Represas para enfrentar al modelo energético brasileño basado en la construcción de grandes y medianas represas, se define a sí mismo como un movimiento popular autónomo que lucha contra la construcción de represas, por la garantía de los derechos de los afectados y por la construcción de un nuevo modelo energético. Busca la organización de los afectados por las represas sin tener en cuenta las fronteras entre los países y sin distinción de color, sexo, religión o partidos políticos. Concibe a la lucha como un proceso en el cual los afectados van tomando conciencia de su situación, participando integralmente de su organización y decidiendo con responsabilidad sobre su destino colectivo.(4)  
En Guatemala, la Coordinadora de las Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy, construida durante la dictadura militar en 1976 gracias a más de 300 millones en préstamos otorgados por el BID y el BM, que implicó la masacre de más de 400 personas de la etnia maya Achi(5), elaboraron un comunicado, que dieron a conocer el 7 de setiembre de 2004, ante la falta de voluntad política para reparar los daños ocasionados por la construcción de esa represa. En el mismo detallan los mecanismos que utilizan los interesados en la construcción de las grandes represas para amedrentar a las comunidades: “Con engaños entraron a nuestras comunidades ofreciendo muchas cosas para lograr su objetivo; resistimos frente a sus proyectos; sin embargo, el conflicto armado interno lo utilizaron como estrategia para acusarnos de ser guerrilleros y de esa forma practicar varias masacres para desalojarnos violentamente de nuestras tierras y por ende se apropiaron de nuestros derechos, sobre todo nuestras tierras, viviendas, cultivos y otros bienes que quedaron inundados”(6). Luego de tantos años de sufrir las consecuencias de la construcción de la represa, el documento reclama al estado de Guatemala, al BM y al BID por no reconocer la violación de los derechos de las comunidades ni los bienes inundados y por no haber cumplido con las promesas hechas durante el impulso del proyecto, y exige la reparación inmediata de los daños y pérdidas ocasionadas y que no se construyan más represas que no benefician en nada a la población afectada ya que, por ejemplo, las comunidades cercanas a la represa no cuentan con energía eléctrica y el costo de la misma se ha incrementado.     
En Colombia, el departamento de Córdoba está controlado por los paramilitares desde que se construyó, en 1999, la represa Urrá sobre el Río Sinu que afectó al pueblo indígena Embera Katio y a las comunidades de pescadores de la zona. El primero perdió la totalidad de sus tierras y ambos grupos enfrentan el descenso de la obtención del pez “bocachico”, importante fuente proteica para los Embera Katio y producto básico de la economía para los pescadores.   
Los daños irreparables para los Embera Katio –en salud, alimentación, pérdida del sistema ancestral de valores, desarraigo de sus costumbres, fragmentación de su cultura, desequilibrio espiritual y muerte progresiva de los ríos(7)- y la negativa a iniciar la reparación, mitigación e indemnización por la destrucción sufrida, llevaron a este pueblo indígena, representado en la autoridad de sus gobernadores locales y del Cabildo Mayor y en pleno uso de su derecho a la autonomía, la participación y la protesta, a tomar en forma pacífica y a declararse en asamblea permanente en las oficinas de la Empresa Urrá, en la ciudad de Montería, en octubre del año pasado, exigiendo el respeto a los derechos humanos y a sus derechos ancestrales, el cumplimiento de los acuerdos pactados en años anteriores y el desmantelamiento inmediato de la central hidroeléctrica Urrá. En una Carta Abierta al pueblo colombiano del 3 de noviembre de 2004 explican las razones por las cuales han tomado la empresa Urrá: “Dentro de dos días cumpliremos diez años de haber iniciado nuestra lucha y resistencia (...) Desde entonces, cuando el 4 de noviembre de 1994 realizamos la gran marcha fluvial de más de 600 Emberas denominada “Do Wabura”, nuestro país y nuestros antepasados nos preguntan en sueños porqué está tan herida y al borde de la muerte nuestra madre naturaleza. Los ancianos vivos todavía no entienden porqué el río se estancó en un gran hueco que nos ha traído enfermedades y sepultó bajo una mortaja líquida la mayoría de nuestros sitios sagrados”. Saben, y así lo expresan, que no son los responsables de los daños que se ha hecho a la naturaleza y que alguna vez los verdaderos  responsables deberán dar explicaciones, porque podrán mentir hoy pero “no podrán mentirle a la historia”.(8)   
En Ecuador, también se realizan acciones de protesta contra la construcción de una represa. El 31 de enero de este año varias organizaciones agrupadas en la Coordinadora Regional por el Agua y la Vida realizaron manifestaciones en la vía que une Guayaquil con Quito, contra el decreto presidencial que declara la Presa Baba como prioridad nacional. Los organizadores manifestaron que la construcción de la represa hará desaparecer reservas de bosque primario y humedales, que guardan especies endémicas en vías de extinción, y provocará el éxodo y la miseria de siete comunas tsáchilas y decenas de comunidades campesinas. Lo interesante de esta movilización es que de la misma participaron los afectados por la presa Daule Peripa, quienes ya conocen los daños irreparables de su construcción y el incumplimiento de las promesas de indemnización.    
Estas son algunas de las luchas que se están llevando a cabo en América Latina en contra de la construcción de mega proyectos hidroeléctricos que atentan contra el medio ambiente, las condiciones de vida y de trabajo de las comunidades afectadas y la cosmovisión de los pueblos indígenas que sufren la ruptura de la relación armónica con la naturaleza.
Algunas de las luchas no lograron sus objetivos, como ocurrió con la represa de Ralco, en el río Bío Bío de Chile, que finalmente fue construida por la corporación española Endesa, a pesar de la lucha de las comunidades mapuche pehuenches y del grupo de “Mujeres con la Fuerza de la Tierra” que protagonizaron la resistencia local, amparadas en la ley indígena nacional que impide que las compañías comiencen la construcción de proyectos como Ralco sin el consentimiento escrito de las comunidades indígenas que van a ser afectadas.    
Sin embargo, no son luchas que se perdieron porque no se perdió la fuerza de su ejemplo; se fueron multiplicando en otras luchas y resistencias contra los proyectos del gran capital a los que sólo interesa incrementar fortunas, nacionales y extranjeras, a cualquier precio, como el encarcelamiento y asesinato de los ríos, de los recursos naturales y de la vida misma.     

Un megaproyecto hidroeléctrico en la Patagonia Argentina
Esta región argentina es, desde hace un tiempo, una de las más codiciadas por las grandes corporaciones transnacionales y magnates extranjeros y argentinos, que se van adueñando de enormes extensiones de tierras como expresión de un nuevo proceso de colonización.
Además de las tierras, también están codiciando las grandes masas de agua que posee la Patagonia, tanto en lagos como en ríos. Y entre las formas de utilización del agua se encuentra su aprovechamiento como generador de energía. En este sentido, existe un proyecto denominado de Aprovechamiento Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Carrenleufú, que implicaría la construcción de seis represas en la zona de Corcovado, pueblo ubicado a 100 km.  al sur de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. Este proyecto impulsa, en primer término, la construcción del Sistema 1 de la cuenca que incluye la central hidroeléctrica La Elena y las denominadas Frontera y Río Hielo, que, según anunció el gobierno de Chubut, serán licitadas durante el primer semestre de este año; y posteriormente se licitará el Sistema 2, integrado por otras tres represas: Puesto Bustos, La Caridad y Jaramillo y un dique, asesinando de este modo la cuenca completa del río. 
Las consecuencias serán la inundación de 11.000 hectáreas aproximadamente, que implicarán la pérdida de masa boscosa nativa, el desalojo y relocalización de la población de la zona, que se verá obligada a abandonar las tierras donde trabajan y viven, la muerte del río y la contaminación de sus cuencas. 
Detrás del proyecto están los intereses transnacionales, particularmente la corporación española Santander, que es una de las tantas grandes empresas que se están adueñando de la energía eléctrica y otros recursos naturales en nuestro país y en América Latina. Una de las razones por la que se quiere realizar el proyecto es la ampliación de la planta de Aluar, -empresa productora de aluminio que ha sido privatizada y uno de cuyos accionistas es el grupo Santander-, que requiere de mayor volumen energético.  
Como ocurre con otros proyectos de explotación de nuestros recursos por corporaciones transnacionales, éstas están asociadas al poder político nacional, provincial y local que funciona como el trasmisor de un discurso que tiene como propósito convencer a la población de la necesidad de llevar a cabo el proyecto, a través de señuelos como la creación de puestos de trabajo, el desarrollo económico de la región, la obtención de nuevas fuentes de energía para la región; en definitiva, el llamado “progreso”(9), ocultando intencionadamente las consecuencias reales que trae consigo la construcción de estos megaproyectos hidroeléctricos.
Entre estas consecuencias, los problemas de salud de la población afectada no son los menos importantes. En la Patagonia, también en la provincia de Chubut,- y como un ejemplo de lo que puede venir en el caso de que se construyan las represas en el Carrenleufú- en el año 1978 fue construida la represa Futaleufú que provocó el desalojo de los pobladores de la zona que fueron obligados a asentarse en Aldea Escolar, un pueblo a pocos kilómetros de la ciudad de Trevelin. Una vez asentados, se construyeron, sobre sus cabezas –literalmente-, torres de alta tensión que tienen el propósito de llevar la energía hacia la costa de la provincia para alimentar la fábrica de aluminio Aluar, ubicada en Puerto Madryn. Las consecuencias para la población es un porcentaje importante de personas enfermas de cáncer, especialmente de leucemia y un aumento considerable de los suicidios entre la población joven del lugar. La población de la zona empezó a investigar el tema y obtuvieron datos interesantes sobre los efectos de las torres de alta tensión, que fundamentalmente afectan el funcionamiento celular, generando enfermedades y depresiones que terminan en suicidios.           
Las comunidades que serán afectadas por el proyecto de aprovechamiento del Carrenleufú son las poblaciones rurales de la zona, el pueblo de Corcovado y una comunidad mapuche ubicada a 10 km. de éste. 
Muchos de los habitantes de las zonas rurales de la zona están asentados en esas tierras hace muchos años y han desarrollado una forma de vida basada en la explotación ganadera extensiva y la agricultura de subsistencia.
El pueblo de Corcovado es un pequeño conglomerado de aproximadamente 1300 habitantes, de los cuales un porcentaje importante vive del empleo público, de planes asistenciales, del pequeño comercio y de una incipiente actividad turística. Este pueblo, como ocurre con muchas pequeñas localidades del interior del país, se haya gobernado por el poder centralizado del intendente del Partido Justicialista, Daniel Toledo, que está ejerciendo su segundo periodo consecutivo de gobierno. El autoritarismo ejercido por el gobierno local se manifiesta en la persecución y el atropello hacia quienes han mostrado algún tipo de oposición a las políticas implementadas o por implementarse, la violación de los derechos humanos de la población con total impunidad y el control sobre todos los resortes de poder local, que dan un dominio absoluto al intendente a través del uso de la violencia, directa o encubierta, y la manipulación de la población a través del manejo de los planes asistenciales.        
La comunidad mapuche que quedará 60 metros bajo el agua de concretarse el proyecto, es la Comunidad Pillán Mahuiza, constituida por dos familias que, en 1999, recuperaron 150 hectáreas que estaban en posesión de la policía provincial desde 1939, luego del desalojo violento de 30 familias mapuche.
Para el pueblo mapuche la muerte de un río tiene un significado que va mucho más allá del daño causado a la propia naturaleza. Según su cosmovisión, los seres humanos y la naturaleza constituyen un todo indivisible, por lo que existe una relación circular y armónica con la naturaleza, de la que no se sienten dueños sino parte. Dice una huerquén (vocera) de la Comunidad Pillán Mahuiza:
“el pensamiento filosófico de nuestro pueblo indaga en la búsqueda de interpretar el orden natural, no nos preocupa quien creó la guenen mapu (el cosmos) sino cómo se relaciona armónicamente con el CHE (hombre), cuáles son las normativas y vínculos que relacionan los pu newen (las fuerzas) entre sí, en un todo, que constituye un círculo perfecto de vida”.(10) En esa relación armónica con la naturaleza, la comunidad es un concepto que se extiende más allá de la familia e incluye los árboles, el río, las montañas, que son parte de la comunidad, son nehuenes (fuerzas) con las que conviven los mapuches como una fuerza más.(11) 
El intercambio y la reciprocidad son dos conceptos que forman parte de la filosofía mapuche y significan la interacción entre las fuerzas, el dar y recibir, un diálogo respetuoso con el otro diferente. En esta relación de reciprocidad se ofrendan a la tierra los elementos sagrados y se reciben de ella los frutos. Estar bien, para los mapuches, es estar en armonía con el todo, con el espacio comunal entendido como las comunidades físicas, culturales y espirituales que, entrelazadas, crean la identidad. 
Considerando esta necesidad de tener una relación armónica con el todo es que  sostienen que cada vez que se pierde un elemento de la naturaleza, se pierde un elemento de su cultura. Así, no pueden permitir que se siga destruyendo el territorio. La lucha contra esta destrucción y para preservar cualquier elemento de la naturaleza se relaciona fuertemente con la propia identidad de este pueblo. Al oponerse a la explotación minera han expresado: “¿Cómo podemos permitir que dinamiten la montaña para sacar el oro? La montaña tiene newen, por lo tanto es sagrada, allí anida nuestra fuerza y nuestra identidad. Si muere la montaña morirá con ella nuestra cultura y lentamente morirá nuestro pueblo”.(12) Lo mismo ocurre con cualquier otro elemento de la naturaleza, como el agua, como los ríos. ¿Cómo dañar un río o cualquier elemento de la naturaleza sin quebrar el valor del intercambio y la reciprocidad? El río da vida, no se le puede devolver muerte. 
La necesidad de luchar para que no se asesinen más ríos y para recuperar todos los recursos de los que hemos sido despojados es lo que llevó a la comunidad Pillán Mahuiza  y a los pobladores campesinos de la zona a conformar el Frente de Lucha Mapuche Campesino que “es un espacio político, social y cultural, que reivindica el regreso a la tierra y a la vida en el campo, como un modelo alternativo al que impone el sistema. Es una alianza entre comunidades mapuche y compañeros campesinos”.(13) Este frente se propone construir un orden de relaciones basado en la reciprocidad entre la sociedad y la naturaleza, defiende el ejercicio de la autodeterminación, busca recuperar la identidad, espiritualidad y la cultura de quienes lo constituyen, promueve alternativas de desarrollo económico autónomo y el rescate de prácticas ancestrales de uso del territorio y de relación armónica con la naturaleza, objetivos que implican no sólo la recuperación de las tierras sino también el control sobre el territorio.
Esta es la lucha que se ha emprendido en el sur de nuestro país, con el apoyo de otras organizaciones sociales de varias provincias del país que han constituido el Frente en Defensa del Río Carrenleufú, con el convencimiento de que no se puede construir un mundo diferente si no preservamos nuestros recursos y recuperamos aquellos de los que hemos sido despojados por las grandes corporaciones transnacionales y los grandes capitalistas nacionales, con la complicidad de los funcionarios públicos que sólo ven grandes negocios cuando se sientan en sus escritorios a pensar cuál puede ser el destino de las riquezas de nuestra madre tierra.

Seguir luchando por la tierra, por el agua, por la vida
La lucha contra las grandes represas tiene detrás de sí la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la tierra y a todos los recursos que ella alberga. Con estos megaproyectos los pueblos se ven obligados a abandonar sus tierras, sus modos de vida y su relación armónica con la naturaleza. Ésta es herida de muerte porque estos proyectos traen consigo la pérdida definitiva de los recursos, no el aprovechamiento temporal de los mismos. Porque los pueblos y las comunidades lo saben es que no se dejan convencer por los argumentos basados en los supuestos beneficios que traerá el “progreso” y la “modernización” para las sociedades. Saben que detrás de estos argumentos están los objetivos del gran capital que nunca fueron beneficiar a los pueblos y sí hacer un uso irracional de los recursos para hacer grandes negocios y negociados entre unos pocos. Las comunidades que ya han sido afectadas prestan testimonio permanente de estos mecanismos depredatorios del poder económico y político. Y los pueblos que quieren evitar convertirse en víctimas de los mismos mecanismos aprenden de estas experiencias, rescatan la historia de lucha de quienes los antecedieron y de quienes hoy, en otros contextos, emprenden el mismo camino de decir NO al saqueo de nuestros recursos, NO al asesinato de más ríos, NO al uso irracional de nuestro territorio, NO a la colonización y extranjerización de nuestras tierras.
El enemigo es imponente y usa métodos, a veces muy directos y a veces invisibles a una mirada ingenua de la realidad, que no son fáciles de resistir. Los costos de enfrentarlos suelen ser altos, porque muchas veces está la vida en juego. Sin embargo, creemos que sólo avanzando en la lucha, fortaleciendo la organización en la resistencia y articulando con otras muchas luchas que defienden la vida frente al modelo de muerte que nos imponen, es como vamos a poder construir un modelo alternativo de desarrollo que no dañe a la naturaleza, que respete sus leyes y que conviva con ella en armonía, haciendo prevalecer los derechos de los pueblos y de la propia naturaleza para seguir existiendo.

(1) La Comisión Mundial de Represas es un organismo que nació en 1997, paradójicamente auspiciado por el Banco Mundial, cuyo propósito es revisar la eficacia de las grandes represas para promover el desarrollo. En el año 2000 publicó un informe titulado “Represas y desarrollo: Un nuevo marco para la toma de decisiones”.

(2) Declaración de Manibeli, pueblo del Valle de Narmada, en la India, que sufrió las consecuencias de la construcción de la represa de Sardar Sarovar, financiada por el Banco Mundial.

(3) La Declaración de Manibeli se encuentra en: Gustavo Castro Soto: Resistencia indígena y la oposición a las represas y al Banco Mundial .http//www.ciepac.org

(4) MAB: uma história de lutas, desafios e conquistas. Cuaderno N° 7 del MAB.

(5)  La violencia comenzó en 1980 cuando la policía asesinó a 7 personas de la comunidad de Río Negro, continuó con el asesinato de dos representantes de la aldea que habían aceptado reunirse con el Instituto Nacional de Electricidad, llevando consigo documentos que contenían acuerdos propuestos por los pobladores en relación al reasentamiento y la compensación,  y se profundizó con la tortura y el asesinato de 70 mujeres y 107 niños y niñas llevados a cabo por los militares.

(6) Comunicado de la Coordinadora de las Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy, Pueblo Viejo, Guatemala, 7 de setiembre de 2004.

(7) Declaración de Cabildos Mayores de Río Sinu y Verde, Colombia,  25 de octubre de 2004.

(8) Carta Abierta a los Señores Ministros, Honorables Congresistas y Pueblo Colombiano. Cabildos Mayores del Río Sinu y Río Verde, 3 de noviembre de 2004.

(9) Comunicado elaborado durante el encuentro Abrazo al Río en la Comunidad Pillán Mahuiza. Chubut, 14 y 15 de enero de 2005.

(10) Ponencia de Moira Millán, Comunidad Pillán Mahuiza para el I Foro del No. Esquel, 7 de junio de 2003.  

(11) Ser mapuche. Entrevista a Moira Millán realizada por Miriam Libertad Djeordjian. www.ecoportal.net 

(12) Ibid.

(13) Declaración de Pillán Mahuiza ,Presentación  del Frente de Lucha Mapuche Campesino.  17 de enero de 2005.

Bibliografía
•    Carta abierta a los Señores Ministros, Honorables Congresistas y Pueblo Colombiano. Cabildos Mayores del Río Sinu y Río Verde, 3 de noviembre de 2004.
•    Castro Soto, Gustavo: Las represas ¿desarrollo para quién?. Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC). Chiapas, México, 5/6/03
•    Castro Soto, Gustavo: Resistencia indígena y la oposición a las represas y al banco mundial. http//www.ciepac.org
• Castro Soto, Gustavo: Salvemos los ríos y las aguas: efectos mundiales de las represas y en los pueblos indígenas y campesinos.  http//www.ciepac.org  
•    Ceceña, Ana Esther: La territorialidad de la dominación. Estados Unidos y América Latina.