Claudia Korol - “Desarrollo, militarización y criminalización” Imprimir E-Mail

Intervención en el Seminario realizado en el Foro Social de las Américas


Quisiera comenzar cuestionando el concepto de “modelo de desarrollo” construido por el capitalismo, concepto que conlleva una fuerte “marca” de la cultura civilizatoria eurocéntrica, occidental y colonial.
Quisiera cuestionarlo no sólo porque no es un ‘modelo’ que ayude al crecimiento y al bienestar de nuestros pueblos, sino porque por el contrario, ha estado asociado históricamente en nuestro continente, a las políticas violentas de la conquista, la colonización, y actualmente a la recolonización que llevan adelante los gobiernos imperialistas, las corporaciones transnacionales, los organismos internacionales que constituyen su gobierno mundial, en complicidad con las burguesías locales de nuestros países.
Saqueo, destrucción de los bienes de la naturaleza, despoblación de territorios, genocidios, golpes de estado, dictaduras, intervenciones militares, violaciones de mujeres, esterilizaciones en masa, feminicidios, contaminación de las tierras, las aguas, pérdida de bosques, negación de culturas e identidades… todo se ha realizado en nombre del “desarrollo”.
La violencia es parte central de los dispositivos coloniales y neocoloniales, y un medio principal de producción de sentidos que naturalizan las relaciones sociales de explotación, opresión y dominación.
En esta dinámica los Estados –que expresan supuestamente intereses “nacionales”- actúan prácticamente como disciplinadores del territorio y como legitimadores de los megaproyectos de las corporaciones transnacionales.
También se utiliza el concepto de “desarrollo” –y otros igualmente manipulados y alejados de su sentido original, como “progreso”, “civilización”, e incluso “libertad”- para justificar diferentes mecanismos de estigmatización y de criminalización de los pueblos que resisten en sus territorios, a los que los capitales saqueadores preferirían que se consideren como “desiertos” (y por esto algunos nombres tan significativos tenemos en la historia, como llamar “conquista del desierto” a las campañas de exterminio de los pueblos originarios).
En nombre del “desarrollo” se produjeron en América Latina los genocidios de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes. En nombre del “desarrollo” se realizó la criminal “Guerra de la Triple Alianza” contra el pueblo paraguayo… eliminando en esa guerra no sólo a gran parte de ese pueblo, sino también a una de las culturas políticas más desarrolladas autónomamente en el continente. (Una deuda que los pueblos de Argentina, Brasil y Uruguay tenemos con el pueblo de Paraguay ya que, si bien la guerra fue parte de los diseños de las políticas imperiales y los gobiernos locales, queda pendiente aportar ahora a sus posibilidades de recuperación, como un aspecto central de los proyectos populares que se proponen avanzar en políticas de unidad e integración. La lucha por la soberanía energética de Paraguay, por ejemplo, debería estar en los programas de nuestros movimientos).
Si pensamos en Perú, en la Masacre de Bagua, o en la guerra que se lleva adelante en Chile contra el pueblo mapuche, uno de los argumentos principales que se utiliza para criminalizar y reprimir hasta la muerte a esas comunidades, es que estos pueblos “están en contra del desarrollo”. En el caso de Argentina, militantes de asambleas ambientales que rechazan al extractivismo minero en Esquel, en Andalgalá, en diferentes localidades, o que se enfrentan a la contaminación producida por las pasteras –como en el caso de Gualeguaychú-, las organizaciones campesinas e indígenas que enfrentan los desmontes producido por el modelo agrario sojero y de monocultivos, que cuestionan el uso intensivo de agrotóxicos, las mujeres que se paran frente a las topadoras, o los movimientos que luchan contra las grandes represas, también son acusados de oponerse al “desarrollo”.
Sin embargo, es necesario subrayar que las poblaciones que se involucraron en estas luchas, lo hicieron desde la necesidad de asegurar su sobrevivencia, luchando con un modelo que, de avanzar, cambiaría de manera drástica sus condiciones de vida, elevando los niveles de contaminación que ya vienen afectando la salud, el trabajo, y las distintas formas de vida.
Muertes tempranas, malformaciones en recién nacidos, cáncer, leismaniasis, enfermedades evitables, se han multiplicado –tal como lo denuncian, entre otros, los “médicos de los pueblos fumigados”, profesionales que empiezan a romper los códigos del silencio impuesto por la corporación médica y por los centros de control del saber académico. También creció la denuncia sobre las consecuencias de estos modelos por parte de sectores universitarios que se negaron a recibir los fondos de las mineras como La Alumbrera.
En Argentina se ha ampliado el movimiento social y político que se opone a estos modelos, en la medida en que los pueblos van tomando conciencia de que en algún momento, o se enfrentan al modelo o desaparecen.
“Luchar o desaparecer” son –lamentablemente- las opciones que ofrecen el “modelo de desarrollo”, el “modelo civilizatorio”, en el que se conjugan el capitalismo y su sistema de explotación y desposesión, con la cultura patriarcal y racista heredada del colonialismo.
El pensamiento colonial, occidental, y los fundamentalismos religiosos que lo alimentan, resultan sumamente útiles para justificar estas lógicas absurdas, y para crear legitimidad hacia proyectos de destrucción de la vida.
Uno de los aspectos más complejos de estas políticas es la militarización de la vida cotidiana, que estructura las relaciones interpersonales y sociales sobre la base del control / la delación / el disciplinamiento / la exclusión.
La sociedad colombiana, por ejemplo, con la intervención directa norteamericana, es un gigantesco laboratorio de experiencias “ordenadoras”. Desplazamientos de la población, desapariciones, torturas, asesinatos en masa, tumbas colectivas, terrorismo de estado, asesinatos de líderes, son moneda corriente en una sociedad atravesada por el miedo y la descomposición del tejido social.
Donde no funciona el militarismo, se recurre crecientemente al paramilitarismo, y se valen cada vez más del factor “narcotráfico”, con el cual alteran la vida cotidiana de los pueblos y justifican las brutales represiones.
Vale reflexionar acá sobre la paradoja de que gobiernos que llevan adelante estas políticas de genocidio interno, y que con las bases militares norteamericanas amenazan a toda la región –como quedó claro también con la invasión al territorio ecuatoriano- sean considerados gobiernos “democráticos”, por el solo hecho de que se realizan elecciones; y sean parte del sistema de relaciones internacionales. El enfrentamiento a las distintas modalidades de militarización y criminalización debería llevar a una reflexión nueva sobre las características de la diplomacia de los países que se consideran con proyectos democráticos y populares.
Si hablamos de Baguá, de la persecución al pueblo Mapuche, o de la persecución a los pueblos originarios en cualquiera de nuestros países, quisiera que nos preguntemos cuánto hay de racismo y de colonialismo en las legitimaciones subjetivas que se realizan de estos hechos, cuánto hay de continuidad de la impunidad, de un capitalismo que en América Latina se levantó sobre la base del exterminio de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, y en donde  los feminicidios han sido parte también de las lógicas de exterminio y disciplinamiento de los cuerpos. Los cuerpos han sido ocupados -tanto como los territorios- por las políticas del orden colonial fundadas en la violencia.
Los cuerpos –especialmente los cuerpos de las mujeres- han sido sistemáticamente utilizados como trofeos de guerra, como lugares de reconstitución del orden jerárquico, como laboratorios de domesticación.
De esa memoria de derrotas y destrucciones se nutre una subjetividad dependiente, que es la que explica por un lado los obstáculos que encuentran los pueblos al querer desplegar procesos emancipatorios. Y también explica, de algún modo, los niveles de subordinación de las clases oligárquicas locales respecto a los centros del poder mundial con los que históricamente interactuaron como fuerzas serviles.
La pérdida de soberanía, las políticas de entrega, la complicidad con las lógicas de las transnacionales, la integración subordinada a proyectos como el ALCA y la IIIRSA (1), la participación en misiones neocoloniales como fuerza de choque, en casos como la invasión de la MINUSTAH (2) en Haití, la “distracción” frente a regímenes genocidas como el colombiano, son parte de las políticas neocoloniales de las burguesías locales. Son los proyectos que se enseñan en las universidades, son los modelos que se difunden a través de los medios de comunicación de masas.
El control de las poblaciones abarca diferentes modalidades, desde la militarización abierta hasta la criminalización de los movimientos populares, de la protesta social, y de la pobreza.
En el núcleo del proceso de criminalización de los movimientos populares y de judicialización de la protesta social, se encuentra la acción cultural dirigida a presentar las batallas por los derechos sociales como delitos y a los sujetos que las promueven como delincuentes.
Esto es fácilmente observable en la manera en que los medios de comunicación informan (o desinforman) sobre las protestas, ocultando las motivaciones de las mismas, la legitimidad de las demandas, y enfatizando en las formas más o menos violentas de expresión del descontento social, abonando la idea de que lo que está en curso no es una reivindicación de derechos, sino un delito.
El papel de los medios de comunicación es central en la creación de un “sentido común” que estigmatiza a los movimientos en resistencia. Construye una demanda de “normalidad”, y tras las banderas de “seguridad ciudadana” organiza culturalmente las bases de un nuevo “partido del orden”.
La acción represiva del Estado tiende a transformar la cuestión social en cuestión penal. Se vuelven mecanismos principales de criminalización de la protesta social, la legislación –que va incrementando las medidas de penalización del “delito”-, y la interpretación que de la misma se hace en los ámbitos judiciales.
El movimiento popular se encuentra frente a la exigencia doble de expresar sus derechos, y de legitimar a esta expresión. Tiene que justificar las formas “plebeyas” de irrupción en la historia y en el presente cotidiano. Y esa manera de “existir”, en algunos casos, está asociada directamente a la oportunidad de “sobrevivir”.
Coincido por ello con el planteo realizado por el jurista Roberto Gargarella sobre la necesidad de reivindicar el derecho a la protesta, considerado como el “primer derecho”, como “el derecho a tener derechos” (3) .
Entiendo que hay que considerar también, en esta perspectiva, que entre las nuevas formas de represión que acompañan al modelo, la criminalización de la pobreza es absolutamente funcional al control de las poblaciones.
Toda la lógica represiva combina el discurso legitimador del “desarrollo”, con el discurso de la “seguridad democrática”. Este concepto –el de seguridad democrática- articula los diferentes dispositivos de ordenamiento del capital, desde la militarización, con bases y ejercicios militares conjuntos, hasta la criminalización de la pobreza.
El miedo “al otro” es uno de los datos significativos que “organizan” las relaciones de desigualdad, desconfianza, y dilución de las solidaridades. La fragmentación social funciona como estímulo de aquellos miedos que expresan la inseguridad generalizada frente al horizonte de exclusión. Quienes no habitan el “mundo” de la negación social, prefieren no reconocerlo como parte de su propio espacio posible. Los nuevos “desaparecidos sociales” configuran una fantasmática aterrorizante en un cuerpo social varias veces herido y vulnerado por una continuidad de pérdidas materiales y simbólicas.
La exclusión social empuja a satisfacer las carencias-urgencias de modo inmediato para garantizar la sobrevivencia, tanto en términos individuales como colectivos, generando en el imaginario construido desde la hegemonía cultural  la identificación de las zonas de pobreza con territorios de crimen.
Las exigencias de “seguridad” son entendidas en última instancia como garantías para los derechos del capital, especialmente la propiedad privada.
La naturalización de la exclusión vulnerabiliza no sólo a los y a las directamente afectados y afectadas por estas políticas. Quienes sienten la presión y la amenaza de quedar “afuera”, aumentan el miedo, lo que estimula la ruptura de solidaridades entre estos mundos cuyas fronteras se vuelven zanjas cada vez más profundas, que impiden que sean atravesadas físicamente, y evitan que quienes habitan de un lado y otro puedan “verse” mutuamente.
Considerar la relación entre la criminalización de la pobreza y de la protesta, es imprescindible –por ejemplo- para reformular aspectos de las políticas de derechos humanos, y de creación de movimientos populares. En algunos casos, los organismos de derechos humanos quedaron atados a un discurso y a una práctica que defiende los derechos humanos de un sector de la población, pero no tienen políticas de defensa de los derechos humanos de los sectores que no son claramente “militantes” o integrantes de organizaciones sociales y políticas.
Se llega incluso a jerarquizar las muertes. De esta manera, la muerte de un chico asesinado por el gatillo fácil, o de una mujer víctima de una red de trata, no tienen el mismo impacto ni son asumidas de la misma manera que si se mata a un militante.
La prisión de miles de mujeres y hombres en cárceles, hacinados, sin derecho a ningún derecho, no tienen tratamiento por algunos organismos que sólo hacen solidaridad y defensa de los presos políticos.
Hay un corte de clase, un corte racista, y un corte patriarcal en esta mirada de los derechos humanos, que creo que tenemos que identificar y poner en debate. La masacre de pueblos originarios viene siendo considerada casi como parte de las noticias cotidianas, sin que se levante indignación, sin que se exprese una respuesta enérgica, desde otros sectores sociales. El asesinato de una travesti o de una mujer en estado de prostitución no “merecen” ningún análisis, y mucho menos solidaridades. Si se registra, es en las páginas policiales de los diarios.
Lo mismo sucede con los femicidios. Son “temas de mujeres” que no se integran en las agendas políticas de las izquierdas y de los movimientos populares.
En relación a los vínculos entre militarización, criminalización, represión y patriarcado, creo que tenemos un excelente ejemplo dado por las compañeras de Feministas en Resistencia de Honduras, cuando lanzaron la consigna: “Ni Golpe de Estado Ni Golpes a las Mujeres”. En este caso -también podemos verlo en Colombia o en México-, la militarización ha aumentado de manera considerable la violencia contra las mujeres, como consecuencia del incremento de la violencia general en la sociedad, y por la impunidad de la que gozan los efectivos policiales y militares. Violencia que se descarga de manera especial sobre los cuerpos de las mujeres, proceso que se produce no sólo en el tipo de represión callejera, en las violaciones producidas en las detenciones. La violencia crece también al interior de los hogares, y funciona como un mecanismo adicional de control de la población. La familia patriarcal es un fuerte dispositivo de ajuste y disciplinamiento de nuestros cuerpos, que actúa de manera activa para impedir u obstaculizar los procesos emancipatorios.
Por eso resulta altamente subversiva la consigna feminista de que “lo personal es político”, para poder pensar la relación entre las diferentes dimensiones con que se enfrentan las políticas de domesticación y control de la población. Teniendo en cuenta que una de las dimensiones de la batalla se encuentra en el enfrentamiento y la develación de las políticas del poder, y otras dimensiones se relacionan con la capacidad que tengamos para identificar las incrustaciones de la cultura dominante, en las construcciones de las organizaciones populares, en los vínculos que establecemos en nuestra vida cotidiana, y en la manera en que estamos pensando los caminos de creación de una nueva sociedad.
En esa perspectiva, los esfuerzos por la “descriminalización” de los movimientos populares requieren de una acción práctica, política y cultural que nos permita desencubrir las palabras que se utilizan para legitimar la dominación, y las ideologías que generan consenso a las mismas a través, no sólo de los medios de comunicación, sino también de los sistemas educativos, religiosos, etc.
La “descriminalización” de los movimientos populares, de los y las pobres, de los y las que desafían este orden, es también una acción dirigida a la relegitimación del derecho a la protesta, a la lucha social. Del derecho a la rebelión frente a un mundo que nos niega un espacio y un tiempo para existir en él.
Es aprender a politizar las demandas sociales, evitando que sean capturadas en las redes clientelares que las amordazan.
Es intentar desestatizar a las organizaciones de excluid@s, para recuperar la dimensión de autonomía que posibilite que sus energías no sean enajenadas por políticas de manipulación trazadas desde el poder.
Volver la lucha social no sólo legítima sino también deseable, nos exige explorar al máximo las dimensiones lúdicas, creativas, de una práctica política que no tenga una lógica sacrificial, que sea capaz de cautivar y de enamorar al imaginario colectivo, con la invitación a rehacer un espacio habitable. La idea es provocar un gran desorden mundial que cuestione y desafíe la lógica militar y coercitiva de la dominación, y encuentre maneras de relacionarnos y formas de militancia que desconozcan las jerarquías y órdenes con las que nos constituyeron y fragmentaron.
Un proyecto que no busque el “desarrollo” (o engorde) de unos pocos, a costa de la negación de los muchos y muchas que somos, sino que nos invite a crear las maneras de habitar el mundo sin destruirlo, sin destruirnos, en una apuesta a la vida, que puede resultar, aunque compleja, la única manera de sobrevivir.


Octubre 2010

Notas
 
1- IIIRSA, Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sud Americana.
2- MINUSTAH, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (sigla por su nombre en inglés).
3- Roberto Gargarella. El derecho a la protesta. El primer derecho. Bs. As. Ad Hoc. 2005. p. 142 y 31.

 
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