| El CAI ante los crímenes de Estado en Bariloche |  |
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El CAI ante los crímenes de Estado en Bariloche La fuerza policial contra el pueblo mapuche. Algunos casos en Río Negro San Carlos de Bariloche, 26 de agosto de 2010. Muchos de nuestros mayores tienen en su familia constancias propias de la cárcel como pago por resistirse a los desalojos y enfrentar el poder terrateniente: don Ñiripil desalojado de El Boquete y preso en Viedma en 1928, don Anaya, desalojado de Carrilafquen y preso en Jacobacci en la década del ’60, por citar dos casos que hoy continúan en conflicto y que comprueban la relación histórica entre violencia de estado/despojo del territorio/lucha del pueblo mapuche. En menos de una década un nuevo escenario de lucha y poder empezó a trazarse para los pueblos originarios en la región, tanto desde nuestras prácticas y avances, como desde el poder en la entrega del territorio y sus bienes. Así, como pueblo mapuche sabemos que hay un sustrato común en las prácticas terroristas cometidas por el GEOP en Corcovado (Chubut, enero 2009), en la militarización de los territorios de las comunidades Paisil-Antreao (Villa La Angostura, Neuquén) y Huenctru Trawel Leufu (Picún Leufú, Neuquén) y los casos que sufrimos en forma más directa en esta porción del territorio que se identifica como provincia de Río Negro. Con la intención de contribuir a tener una visión más amplia del conflicto por el territorio y el uso de la fuerza pública en ese conflicto estratégico con los pueblos originarios, explicamos dos casos en que interviene activamente la policía de RN contra el pueblo mapuche: contra la comunidad Kospi, en Fiske Menuco, y contra un peñi de la comunidad Lleiful-Cayumil, de la meseta de Somuncura. CASO KOSPI Desde mediados de 2005, la comunidad mapuche-tehuelche Kospi de Fiske Menuco (General Roca) sufre el avance territorial en su contra por parte de una firma empresaria que cuenta con el respaldo institucional del Estado para hacerlo. La policía de Río Negro es parte de ese respaldo activo a favor de Las Caletas SA, firma urbanizadora, que aparece abiertamente en el conflicto desde 2007, según el relato y la documentación de la propia comunidad. En 2005 se concreta una operación de compra-venta en subasta que ilegítimamente avanza sobre una fracción del territorio tradicional de Kospi, en zonas de chacras, junto a un brazo del río Negro, en jurisdicción del municipio de Roca. En esa fracción apropiada por Las Caletas SA, con el aval de distintas instituciones públicas, la empresa pretende realizar un barrio náutico para lo que ha destruido el suelo, las pasturas naturales y modificado toda la costa. La policía fue resorte estratégico en la persecución constante y sistemática contra esta comunidad, en la intimidación, ataque físico, armado de denuncias y causas falsas en su contra y allanamientos infundados. Kospi usó tradicionalmente esa fracción del territorio para el pastoreo de animales todo el año, siempre que el río lo permitía. En esta etapa de constitución como comunidad, retomaron el trabajo con animales para carne en 2002; antes, desde la década del ’60, se usaba como forestación para madera; antiguamente los abuelos para la cría de chivas y caballos. El sector es indispensable para el uso combinado y rotativo con otros sectores de chacra que proveen de pastos y verduras. La intervención de la policía de Río Negro a favor de la empresa apropiadora. Los hechos. En 2005, Daniel Flores, titular de la firma apropiadora, se asienta en una fracción junto a la costa norte del río Negro comprada en dudosas condiciones, desde donde avanzó a otras fracciones del territorio de Kospi que no estaban incluidas en esa supuesta operación de compra-venta original. Para ello contó con la intervención activa de la policía provincial y de personas armadas de origen desconocido, algunos de ellos supuestamente agentes de la policía federal. Durante los dos primeros años del conflicto, mantuvo una fuerte hostilidad como vecino, ingresando ilegal e ilegítimamente al territorio, sacándoles los animales del predio. “Flores venía casi a diario, personalmente con la policía o sus empleados con custodia privada”, asegura la comunidad. El empresario reconoce pedir asistencia policial en una denuncia por presunto delito contra la propiedad, del 30 de enero de 2006. El 24 de enero de ese año, el sargento Julio Cabral recorre el lugar en motocicleta. Dice que constató una tala siendo que son plantaciones de don Mario Roja, autorizadas por bosques de la provincia. Al día siguiente, 25 de enero, Flores fue con escribano público a hacer una constatación de la supuesta tala para lo que también contó con la presencia policial; fue el sargento Daniel Ibáñez “para evitar agresiones por parte de los sujetos allí presentes”, como dejó escrito. Reconoce que sacó fotografía a las personas que estaban en el lugar, que son miembros de la comunidad. Reconoce también la irregularidad de que “el escribano interrogó a los individuos, uno de los que se autoidentificó como hijo de Mario Rojas”. La tala comenzó a comienzos de diciembre de 2005, asegurando que la madera es de propiedad de la provincia. El sargento Cabral labró actuaciones que sirvieron de base documental para la denuncia falsa de Flores contra Kospi. Según la documentación en poder de la comunidad, el sargento Julio Omar Cabral labra un acta de informe de verificación policial del 23 de enero que es ofrecida como prueba por Flores. Dice haber ido por instrucción de sus superiores a requerimiento de Flores y (Nidia) Povedano, ex legisladora provincial por la UCR y esposa de Flores. Constata la obra en construcción de ladrillos hecha hasta la altura del encadenado, rollos de alambre nuevo y establo de madera para animales, como informa al subcomisario de la comisaría 67 de Stefenelli Elba Fuentes. Con esta maniobra, Flores consigue de la comisaría con intervención en esa jurisdicción, un acta de notificación de comisaría a Rojas, prohibiéndole la tala de su propia plantación (21-9-2005). La policía legitima documentación en trámite y cuestionada: “En autos caratulados Castillo/Antonia sobre sucesión (el expediente de la supuesta operación de compra-venta dudosa) ha sido designado administrador judicial Flores y en tal carácter pone en conocimiento que se opone en forma expresa a que se conceda a Mario Rojas autorización alguna para proceder a la tala y desmonte de las fracciones de tierras linderas con el inmueble de autos y en la costa del río sobrantes fiscales”. Para ese momento Flores reconocía que no tenía derechos sobre la fracción lindera, lo que pocos años después le fue legitimado por la justicia y la fuerza de los hechos. En 2007 la policía realiza los primeros allanamientos irregulares en las rukas de la comunidad (15 de marzo). Ese mismo año, Flores ingresa con la policía en el territorio de Kospi. Arremete verbalmente contra Cristian Roja, miembro de la comunidad, quien con un compañero estaba trabajando con los animales. Se denunció el hecho en comisaría; no prosperó ninguna investigación. La BORA interviene por primera vez en el conflicto el 22 de setiembre del 2008. Flores ingresa con armas largas a una fracción del territorio llamada “el remanente”, que no compró en esa subasta pública dudosa sino que se la apropió por la fuerza, consiguiendo luego la transferencia a su nombre por parte de la justicia ordinaria. Ese lugar, de costa de río, era estratégico para la vida tradicional de Kospi, ya que las pasturas naturales permitían el sostén de los animales vacunos, uno de los pilares económicos fundamentales de esta comunidad mapuche. En esa oportunidad, Flores pretende iniciar una obra de modificación de la costa de aproximadamente 120 metros. Ese día, alrededor de las 10, cuando Rosana Roja cuidaba el lugar, ingresan cinco efectivos de la brigada BORA y un patrullero para garantizarle al empresario el avance sobre el territorio. Argumentan tener orden judicial para hacerlo. Ante el reclamo de Rosana, le exhiben una copia de resolución de una Cámara de Roca sin sellos que, a ese momento, estaba apelada. Pretendía tirar alambrados, iniciar una defensa y el desmonte para lo que tenían las máquinas pesadas. Se retiran finalmente ante la resistencia de la comunidad, que denuncia penalmente la intrusión armada, que fue archivada. A fines de 2007, la comunidad decidió dejar de pernoctar en ese lugar porque ya no existían garantías para sus vidas ni la de los animales. En diciembre, en el marco de una supuesta persecución por el robo de un caballo, la policía ingresó de noche al lugar, dejando incrustadas las balas del operativo. Esa noche no estaban en el lugar, por lo que la trampa fracasó. El hecho aumentó el tono de violencia cotidiana en el conflicto; a partir de entonces, solamente de día la comunidad iba con los animales al lugar. En 2008 la policía ataca a Alexis, un adolescente, dentro del territorio de la comunidad. Le sacan la cámara de fotos, le tuercen la mano. Kospi hace una denuncia penal junto con Ate, CTA y una oficina de derechos humanos regional. La subsecretaría de DD.HH. de la provincia, quien reclama por los hechos a Víctor Cufré, por entonces jefe de la policía, no logra que se modifique en nada la situación, por el contrario. (Se adjunta copia de esas actuaciones). Ese año, en la escalada de violencia, custodia privada vestida con ropa militar protege el ingreso de una máquina topadora con la que cerraron un paso al sector de pastaje de los animales. El 16-8 2008, militantes de la CTA denuncian en Fiscalía el caso; fue archivado. El empresario amenaza e intenta golpear a Mario Roja ante la policía el 24/ 10/2009, la que no intervino ni inició actuación de oficio. Una miembro del pueblo mapuche denuncia el caso, que no prosperó. Ese mismo día, amenaza e injuria a Rosana Roja también delante de dos policías. “Hija de puta, cavaste tu tumba. Negra de mierda. Sáquenme a todos estos indios de mierda, hay que matarlos a todos, ladrones…”, es la síntesis de la amenaza discriminadora y persecutoria a estos miembros del pueblo mapuche, que fue denunciada por tres personas ajenas a la comunidad, que jamás prosperó. (Se adjuntan algunas fotografías de ese día). Desalojo del 18 diciembre 2009. A las 7 de la mañana, cuando no había nadie en el lugar, ingresa una unidad de la Bora que rompe el candado para ingresar a la ruka. Alexis (15años) y Alan (12), miembros de Kospi, llevan, como era habitual, el arreo de vacas. Al llegar ven la puerta abierta y a desconocidos que están levantando el alambrado que está a unos 50 metros de la casa. Son empleados de Flores, con tractores. El personal avisa de la presencia de los menores y dos efectivos de la Bora se dirigen hacia los chicos. Para protegerse, los jovencitos ingresan a la casa mientras sacan fotografías con el teléfono celular cuando avanzan con armas largas en la mano, en actitud que ellos interpretaron de ataque. Alrededor de las 8.30 de esa mañana avisan de la usurpación y bloquean la puerta con una heladera en desuso. Los policías patean la puerta que no abre. Les exigen que abran y, ante la presión, lo hacen. Los hicieron poner contra la pared con las manos en alto. Alexis preguntó porqué, respondiéndole “no te hagas el agrandadito como tu hermano”, refiriéndose a Cristian Roja. Los agarraron del cuello contra pared; le pegan una cachetada a Alexis aclarándole:“decí que hay gente sino te pego una trompada”. Afuera Flores y otros filmaban. Arriba otro grupo de entre 10 y 12 BORA más. “Andá, hacé la denuncia y vas a ver lo que te pasa”, dijeron a los muchachos que después se dieron cuenta que era una amenaza. Primero dijeron que los iba a llevar a la alcaldía, después que los dejaban salir pero que se tenían que ir. Los siguen unos cuatro policías para asegurar que se fueran. Rosana iba al encuentro con los tres hijos menores y otra mujer y un muchacho. Exigieron la orden judicial de desalojo. Nunca nadie se identificó como el jefe responsable del operativo, que incluyó un centenar de efectivos que realizaron un cerrojo impidiendo la entrada y la salida del territorio en conflicto durante varias horas. En tanto, Don Mario Rojas acudió con un abogado al juzgado para impedir el desalojo y denunciar la actuación de la BORA. Concretado el desalojo, durante una semana permaneció la policía apostada con armas para impedir el reingreso al territorio usurpado; por las noches arribaba una trafic con efectivos de la BORA. CASO LLEIFUL-CAYUMIL El marco de un baile de pueblo rural fue el elegido por un policía de la provincia de RN para atacar violentamente y amenazar de muerte a un mapuche miembro del lof Lleiful-Cayumil de la meseta de Somuncura y del CAI, el 25 de mayo pasado. La acción ilegal e ilegítima de Daniel Montes, responsable del destacamento policial del paraje El Caín, fue convalidada y llevada adelante con el respaldo de la jueza de Paz local, Teresa Michelena, y la jefatura regional de la Policía con asiento en Ingeniero Jacobacci, de quien depende orgánica y administrativamente Montes y el personal de Maquinchao que actuó en el procedimiento. El caso de privación ilegítima de la libertad, tortura, lesiones, amenazas de muerte, discriminación, persecución política y vejámenes fue denunciado por el CAI en juzgados locales, en un proceso obstaculizado por el propio juez de la causa, Ricardo Calcagno. Hasta el momento de hacer este documento, el Ministerio de Gobierno no ha tomado ninguna medida respecto a Montes, quien continúa impunemente en sus funciones a metros de la vivienda familiar de la víctima. Una maniobra similar había intentado la policía local en octubre del año pasado, la que pudo ser desbaratada por los jóvenes miembros del lof. Los bailes populares, una de las escasas oportunidades de reunión y diversión para los jóvenes del campo, son utilizados sistemáticamente por la policía para reprimir y ejercer violencia indiscriminadamente. Ese método de sometimiento entra en crisis ante la conformación de lof en la zona que, por primera vez en décadas, saca a los mapuche de la humillación, conflicto con el poder que también se muestra en situaciones cotidianas como un baile de pueblo. En los hechos que relataremos a continuación intervienen, en perjuicio de los derechos y garantías de Cristian Lleiful, miembro del pueblo mapuche, la policía de Río Negro con funciones en El Caín y en Maquinchao; la jueza de Paz de El Caín; y el juez penal de Bariloche Calcagno. Los hechos El 25 de mayo, durante un baile organizado por la Comisión de Fomento del paraje El Caín, ubicado a unos 380 km al oeste de Bariloche, Daniel Montes, oficial de policía con funciones en el destacamento local, deja su papel de parroquiano para interceder en favor de un colaborador de la policía que agredió por sorpresa a Cristian Lleiful (30 años). De civil, luego de haber bebido y participado del baile popular, Montes –con la colaboración de una persona que sería ajena al plantel policial pero que actúa como si lo fuera- atenazan a Cristian, le doblan un brazo y golpean desde atrás sacándolo violentamente del local para llevarlo al destacamento del lugar. Ya en la comisaría del paraje, Montes amenazó de muerte a Cristian y a su familia; le reprochó su condición de mapuche y de miembro de nuestra organización; hizo la apología del genocidio contra nuestro pueblo; golpeó en la cara; sometió a vejámenes y humillaciones, tanto a Cristian como a sus padres y hermanas, que acudieron en su auxilio; privó de los más elementales derechos civiles al debido proceso, violando las garantías a la libertad y a la integridad física y psicológica. Al poco tiempo de estar en el destacamento, golpeado en la cara, logran irrumpir en el lugar los padres de la víctima, ante quienes Montes ratifica las amenazas y hace ostentación de su poder como policía. Montes, con un colaborador ad hoc de misión y origen confusos, labran una supuesta acta de contenido que jamás pudo leer Cristian ni siquiera cuando pretendieron que la firme. Al pedirle explicaciones sobre el acta y su condición de detenido, Montes dice que iba a “ir a hablar con su prima la juez de paz, Teresa Michelena, quien iba a arreglar todo”. Después de estar unas horas en esas condiciones, un patrullero lo traslada detenido e incomunicado a la comisaría de Maquinchao, localidad ubicada a 80 km al norte de El Caín. De civil Miguel Morales, de la comisaría de esa localidad que se encontraba haciendo adicionales en el baile del 25 según dijo, le informó a María que su hijo estaba incomunicado. Ya en Maquinchao fue revisado por personal del hospital público local, ante quien Cristian informó del origen de las lesiones que presentaba en la cara. La doctora Delia Duarte le realiza una revisación ocular, sin disponer en ningún momento de radiografías o tomografías para determinar los alcances de la eventual conmoción interna por los golpes recibidos por la víctima. Intervención de la juez de Paz de El Caín en la privación ilegítima de la libertad y en el encubrimiento de las torturas y golpes Al trasladarse detenido a Cristian a Maquinchao, la jueza de paz del paraje, Teresa Michelena, y según Montes autoridad que avalaba su actuación, le dijo, entre otras cosas, según asegura María: “que no sigamos reclamando o vamos a terminar presos” y “nos recomendó un psicólogo para mi hijo”. La justicia de RN ante el caso Como organización denunciamos el caso el 31 de mayo ante la fiscal Mirta Siedleky, quien inició el expediente CAI c/ Montes Daniel, Morales Miguel, Muñoz Claudio y Orellano Omar s/privación ilegítima de la libertad agravada por discriminación en razón de la identidad étnica, Exp. C3F3253-10. Cristian hizo entonces una primera declaración que incluyó a tres policías, a un auxiliar ad hoc que respondía a Montes, y a la jueza de paz de El Caín Teresa Michelena. A partir de iniciar la acción, el juez de la causa Ricardo Calcagno, con el secretario Sergio Picheto, se constituyen en El Caín para tomar declaraciones el 6 de julio en la causa CAI C/MONTES DANIEL Y OTROS S/DELITOS CONTRA LA LIBERTAD (Y VEJACIONES)” EXPTE. 07S10-0164. Para nuestra sorpresa, antes de tomar las declaraciones el juez almuerza en el domicilio particular de Michelena, una de las acusadas en la causa. Cuando la defensa de Cristian y el propio Cristian le señalan la cuestión, Calcagno se enfureció argumentando que la fiscal no acusó ni pidió investigarla. Cerró toda posibilidad de discusión al notificar a la defensa que había rechazado la solicitud del CAI de constituirnos como querellante en esa causa. La ley 532 de la dictura de Onganía Montes pretendió cubrir el ataque ilegal e ilegítimo contra Cristian argumentando que había actuado en función de la ley 532/69 Código de Faltas de la provincia de RN que autoriza a la policía a intervenir bajo el amplísimo paraguas de desorden y tumulto en la vía pública. Por esa misma ley, la autoridad de aplicación natural en el caso del paraje en cuestión es la justicia de paz. Las irregularidades y arbitrariedades del uso de esta ley en el caso de Cristian habremos de probarlo en la causa. Aquí denunciamos el uso de esta norma como cobertura legal a la violencia policial. La Legislatura provincial modificó algunos artículos de esta vetusta norma que violaban derechos y garantías consagrados por tratados internacionales. A partir de su entrada en vigencia en junio, la policía de RN reclamó por lo que consideró un recorte a sus funciones. Después que un cabo en funciones en la comisaría 28 de Bariloche mató de un disparo de arma de fuego a Diego Bonefoi el 17 de junio pasado, esa misma mañana, personal de esa misma comisaría y de la BORA se lanzó a la detención de personas bajo el amparo de la ley 532 que se usó contra Cristian. En este contexto, el propio gobernador Saiz asumió la defensa del poder de la policía e insiste en restablecerle cobertura legal a la violencia cotidiana. DE LA FRONTERIZA A LAS BRIGADAS ESPECIALES Para controlar la amplísima nueva frontera sur, a principios del siglo XX, el gobierno nacional creó las partidas o cuerpos especiales transitorios que quedaron en la memoria por su brutalidad: las partidas volantes, la gendarmería de línea, la policía fronteriza, las comisiones especiales. Para combatir el bandolerismo se creó la fronteriza que operó entre 1911 y 1914, popularizando la tortura, el uso del cepo, los simulacros de fusilamiento en el campo. Luego, en la región también actuó un grupo de la Liga Patriótica (Bariloche, hasta 1928), fracción civil armada, nacionalista, al servicio de los estancieros. Así es que las armas siempre velaron a los usurpadores del territorio ancestral mapuche. Hoy operan y actúan bajo distintas modalidades de “custodia armada”, algunas combinadas y otras mixtas entre los aparatos oficiales de Estado, los mercenarios o patotas de “civiles” dispuesto a todo y las fuerzas públicas al servicio de intereses privados. Como los agentes de Flores contra Kospi, lo sufrimos con un grupo no identificado en Quintupuray, Cuesta del Ternero (junio 2008); lo sufre la familia Loncón en el paraje Tres Cerros (100 km al oeste de Bariloche); lo mantiene el norteamericano William Fischer en Cerro Belvedere contra la comunidad Paisil-Antreao. A veces la policía común o los cuerpos especiales estatales actúan abiertamente en beneficio de un apropiador del territorio; otras, simplemente se repliega y “libera” una zona para que los particulares despojen; estrategias combinadas siempre en función de perfeccionar la protección del despojo del territorio y sus bienes. Con los medios de comunicación bajo su control y la manipulación de la opinión pública, los discursos de la inseguridad ganan terreno y sirven de cobertura a la vieja batalla central por la dominación del territorio. Desde nuestra experiencia, el análisis y la comprensión del papel estratégico histórico de las fuerzas policiales en la lucha por el wallmapu (territorio ancestral mapuche) es parte esencial de este conflicto planteado desde Bariloche, dado que gran parte de los “pibes chorros” que persigue la policía son mapuche expulsados del territorio, de la cultura, de la posibilidad de vida. Aunque extrema, la situación fortalece nuestra conciencia día a día y la conciencia alimenta la decisión de seguir viviendo, de seguir siendo pueblo, por lo que pelearon nuestros mayores. CAI, Puelmapu |
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